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Modo: Corpus Pro

OMISIONES INHERENTES A CUESTIONES DE INTERNAMIENTO RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO O ASISTENCIA MÉDICA. A EFECTO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO ESTÉ EN CONDICIONES DE DECIDIR SI ADMITE O DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, DEBE REALIZAR UN JUICIO VALORATIVO DE LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS POR EL QUEJOSO.

Tipo de asunto: QUEJA 31/2021. · Registro digital (IUS): 29986
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2021-08-06
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Agosto de 2021, Tomo V, Pág. 4688.

QUEJA 31/2021. 4 DE MARZO DE 2021. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: FROYLÁN MUÑOZ ALVARADO. SECRETARIO: VÍCTOR JESÚS SOLÍS MALDONADO.

CONSIDERANDO:

QUINTO.—Estudio y determinación del asunto.

Previo a resolver lo conducente, a efecto de no partir de una premisa inexacta, es menester precisar en forma correcta los actos reclamados.

Al respecto, el Juez Octavo de Distrito en el Estado, en el auto que se analiza, precisó como actos reclamados:

"Las condiciones de internamiento a que se encuentra sometido, como lo son: la omisión de proporcionar al quejoso atención médica especializada en psiquiatría y no suministrarle medicamento controlado."

Luego, acorde con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que, en la especie, los actos reclamados por ********** son los siguientes:

Las condiciones de internamiento a que se encuentra sometido el quejoso consistentes en:

i) La omisión de proporcionarle atención médica especializada en psiquiatría;

ii) No suministrarle medicamento controlado; y,

iii) La forma en que se le suministran los medicamentos que sí se le proporcionan.

Lo anterior, con base en las directrices de la tesis P. VI/2004, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinticinco de marzo de dos mil cuatro, cuyos rubro y contenido son:

"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."(6)

Una vez precisado lo anterior, ahora resulta oportuno destacar que en el caso a estudio, mediante acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veinte,(7) el Juez Octavo de Distrito en el Estado, a quien por cuestión de turno le correspondió conocer del caso, determinó desechar de plano la demanda de amparo, pues estimó que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad, porque respecto de las cuestiones de internamiento aducidas por el impetrante de protección, proceden los recursos ordinarios conducentes previstos en los artículos 24, 107 a 117, 122, 124, 125, 138 y 139 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Al respecto, el Juez de amparo estableció que en el caso subsistía una "causa manifiesta e indudable de improcedencia", porque el solicitante de amparo debió previamente acudir ante el Juez de la causa o de Ejecución para plantear su petición relacionada con sus condiciones de internamiento y, en todo caso, de tratarse de una cuestión urgente, promover lo conducente ante la autoridad penitenciaria y, de no ser favorable su determinación, plantear su controversia al Juez de la causa o de Ejecución, porque al respecto la Ley Nacional de Ejecución Penal le permite acceder a una serie de medidas de protección y mecanismos legales de corrección en el ámbito de la justicia ordinaria.

En virtud de lo anterior, determinó desechar la demanda de amparo, pues consideró que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece:

"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.

"No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.

"Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior."

Acorde con lo anterior, para actualizar de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia invocada, es necesario que desde la presentación de la demanda se tenga certeza sobre la existencia, procedencia y características del medio de defensa ordinario que debió agotarse previo a acudir al juicio de amparo, así como que no se materializa alguna de las causas de excepción previstas en la citada fracción XX, de manera que se llegue al pleno convencimiento de que la tramitación del juicio, en el que se rindan los informes justificados y se alleguen, en su caso, las constancias de las que emanen los actos reclamados, en nada cambien esa determinación.

De tal suerte, los integrantes de este Tribunal Colegiado determinan que la apreciación del juzgador federal recurrido es inexacta, porque en el caso a estudio no se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia.

Es así, pues por una parte no existen elementos plenos que justifiquen que en la especie se actualiza de forma notoria y manifiesta la causa de improcedencia invocada, además de que existe jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, en un momento dado, cobraría aplicación al caso concreto, que actualiza la excepción al principio de definitividad tratándose de reclamos en materia de omisión de brindar atención médica a personas privadas de la libertad; veamos porqué.

En primer término, se hará mención a la determinación a que arribó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 57/2018, para después contrastarlo con los argumentos expuestos en la diversa 42/2018, resuelta por la misma Sala, pues de la interpretación y aplicación integral de ambas resoluciones y criterios jurisprudenciales que de ellas emanaron, se advierte la existencia de excepciones al principio de definitividad, que podrían actualizarse en el caso particular.

Al resolver la contradicción de tesis 57/2018, la Primera Sala precisó lo siguiente:

Conforme al artículo primero transitorio del decreto publicado el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, y los artículos 1 y 2 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, los actos suscitados en relación con las cuestiones de internamiento de las personas privadas de su libertad, sean procesadas o sentenciadas, se rigen por las disposiciones de la aludida ley, a partir de su entrada en vigor (día siguiente de su publicación).

Una condición de internamiento es cualquier medio o acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación del servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, instrumentos de trabajo, artículos para el deporte y la recreación, lo cual se desprende de los artículos 3, 9, 10 y 30 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

La Ley Nacional de Ejecución Penal establece en su título cuarto denominado: "Del procedimiento de ejecución", en la parte correspondiente a su capítulo III, relativo al "Procedimiento administrativo", un mecanismo de control mediante el cual una persona privada de su libertad, sea en su carácter de procesada o sentenciada, tiene el derecho de reclamar, entre otras, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, esto es, cualquier omisión que impida que la persona interna tenga una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social.

Ese mecanismo debe regirse por los principios de dignidad, igualdad, legalidad, debido proceso, transparencia, confidencialidad, publicidad, proporcionalidad y reinserción social. El mismo faculta a la persona privada de su libertad a formular peticiones denominadas "administrativas" ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, por lo que el mismo inicia con la presentación de una petición ante la autoridad correspondiente.

Las peticiones administrativas pueden ser presentadas por el interno, sus familiares o defensores, entre otros. Ésta tiene por objeto que la autoridad penitenciaria declare si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura del interno, o bien, si existió afectación a los derechos de terceras personas y, en caso de existir, lograr la subsanación de dicha afectación.

Asimismo, tal mecanismo de control establece dos modalidades, a saber, las peticiones no urgentes y las urgentes, cuyo trámite dependerá del carácter apremiante de la petición realizada.

No obstante, el mecanismo de control otorga la facultad a la parte legitimada para que sea ella quien decida optar por la petición administrativa no urgente, o bien, la petición por caso urgente, así como la posibilidad de que el acto sea suspendido mediante acciones positivas necesarias, a fin de que la omisión reclamada cese de inmediato o deje de existir.

Cuando las peticiones recaigan sobre casos urgentes, siendo éstos, entre otras, omisiones relativas a condiciones de internamiento que por su carácter deban ser atendidas de inmediato, la petición se hará directamente ante el Juez para plantearle su petición quien, tratándose de actos de carácter positivo, suspenderá el hecho o acto, así como sus efectos; tratándose de actos omisivos determinará las acciones a realizar por parte de la autoridad penitenciaria, en aras de lograr que dicha omisión cese. De ser procedente la petición, el Juez reparará la afectación.

Si el Juez determina que la petición no es de carácter urgente, redirigirá la petición al centro de reinserción para su tramitación.

Con motivo de ello, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que cuando una persona privada de su libertad reclame omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, antes de acudir al juicio de amparo indirecto debe agotar el mecanismo de control previsto en el procedimiento de ejecución que regula la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual inicia con una petición denominada "administrativa" ante la autoridad correspondiente.

Lo anterior, porque éste constituye un verdadero procedimiento conformado por diversas etapas, a través de las cuales los internos pueden ofrecer pruebas y la autoridad recabarlas de oficio; que el acto, de ser urgente, sea suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que el mismo cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, establece la posibilidad de que la respuesta a la petición sea impugnada a través de los recursos correspondientes, en caso de que considere que vulnera sus derechos; de ahí que se estime, como regla general, que el mismo debe ser agotado previamente a acudir al juicio de amparo indirecto.

En tales supuestos, siguió señalando la Corte, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que se trata de un acto reclamado a autoridades distintas de los tribunales judiciales, y el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual la persona privada de su libertad puede reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que estima vulneran sus derechos, el cual, además, prevé la posibilidad real de que el acto sea suspendido con la finalidad de que la omisión reclamada cese de inmediato o deje de existir, con todo lo cual se cumple con lo exigido por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo.

Concluyó señalando lo siguiente:

"144. Con el presente criterio, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación busca darle funcionalidad y coherencia a las reformas constitucionales de los artículos 18, 21 y 73, fracción XXI, de la Constitución Federal, que en su conjunto, como ya se examinó, implementaron un modelo penitenciario de reinserción social, la judicialización del régimen de penas, control judicial de las cuestiones inherentes a las condiciones de internamiento, así como la creación de un Juez cuya función primordial sería, entre otras, la de proteger y velar por los derechos humanos de quienes en su condición de interno acuden ante su potestad.

"145. Asimismo, con la presente resolución cobra sentido uno de los objetivos por los cuales fue expedida la Ley Nacional de Ejecución Penal, esto es, la transformación del sistema penitenciario, entre otros, a través de mecanismos y procedimientos eficientes, rápidos y sencillos que logren la reinserción social del sentenciado y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad a través de los Jueces penales correspondientes."

Finalmente, el criterio que prevaleció es el siguiente:

"OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad."

Ahora, la propia Primera Sala, al resolver la diversa contradicción de tesis 42/2018 determinó que:

La omisión de las autoridades penitenciarias, dentro del contexto de las peticiones y omisiones administrativas, de proporcionar atención médica, es un acto que puede equipararse a los previstos en el numeral 22 de la Carta Magna, por cuanto a que tal omisión puede afectar gravemente la dignidad e integridad personal; así, refirió que el acto reclamado, incluso, puede entenderse y equipararse a un tormento.

Ello, bajo el entendido, dijo, de que tal afirmación no es absoluta, pues el tormento se refiere a actos graves que atentan contra los derechos humanos a la dignidad e integridad personal, que no pueden equipararse a cualquier molestia –justificada o no– derivada de la reclusión en un centro penitenciario.

Agregó que en diversa ejecutoria ya estableció que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud.

Precisó que la atención médica forma parte del derecho a la salud, derecho que tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud, entendidos como las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de las personas, los cuales dentro de su clasificación, contemplan la atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias.

Señaló que la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, que abarca desde la atención médica preventiva, hasta la intervención de carácter curativa, de rehabilitación y de urgencia.

Añadió que la atención médica comprende una gran diversidad de actividades, desde preventivas hasta de urgencia, por lo que no resultaba conveniente fijar una regla general en relación con la procedencia, tratándose de la suspensión de plano, en los casos en que un interno reclame la falta de atención médica.

Por lo que estableció que no toda omisión por parte de las autoridades penitenciarias de proporcionar atención médica, necesariamente coloca al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, como aquellos casos en que dicha omisión se relacione con actividades preventivas.

Sin embargo, reconoció que tampoco se desconoce que la atención médica requerida puede relacionarse con alguna lesión o padecimiento que requiera actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, todo lo cual, desde luego, dijo, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento.

Concluyó que en este tipo de casos, la procedencia de la suspensión de oficio y de plano deberá otorgarse de acuerdo con las circunstancias que imperen en cada asunto en concreto, por lo que corresponderá al Juez de amparo su concesión a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, para determinar si la falta de atención médica que se reclama encuentra relación con alguna lesión o padecimiento que cause al quejoso una aflicción física y/o mental que afecte gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse a un tormento.

Ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia siguiente:

"SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el Juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento."

Como puede advertirse, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2018, de la que emanó la tesis de jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), previamente transcrita, interpretó la Ley Nacional de Ejecución Penal y estableció, como regla general, que tratándose de actos reclamados que constituyan omisiones inherentes a condiciones de internamiento, en su contra procede el mecanismo de control previsto en la norma en cita, denominado "peticiones administrativas", bien sea a través de una petición de carácter urgente ante la autoridad penitenciaria, o de naturaleza urgente ante la autoridad judicial, con la posibilidad, en este último supuesto, de suspender los actos reclamados con los efectos ya descritos.

De igual manera, definió que una condición de internamiento es cualquier medio o acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación del servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones, ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros, útiles escolares, instrumentos de trabajo, artículos para el deporte y recreación.

En tanto que al fallar la contradicción de tesis 42/2018, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 1a./J. 55/2019 (10a.) antes citada, en relación con el tema que nos ocupa, puntualizó que la atención médica forma parte del derecho a la salud, derecho que tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud, entendidos como las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de las personas, los cuales dentro de su clasificación contempla la atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias.

Así, concluyó que cuando la omisión de proporcionar atención médica se relacione con actividades preventivas, no necesariamente coloca al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren comprometidas, lo que no acontece cuando la atención medica esté relacionada con alguna lesión o padecimiento que requiera actividades curativas, de rehabilitación o de urgencia médica, cuya falta de atención someta al quejoso a dolor físico, incluso de consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de la vida, pues en estos casos sí compromete la dignidad e integridad personal, al grado de equipararse a un tormento.

Luego, el ejercicio interpretativo realizado a ambos criterios permite a este tribunal concluir que cuando un interno promueva la demanda de amparo indirecto, en la que reclame omisiones inherentes a las condiciones de internamiento, previo a instar la acción constitucional debe agotar el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, denominado "peticiones administrativas", así como los medios de impugnación previstos en su contra; sin embargo, cuando tal omisión esté relacionada con la prestación del servicio médico o asistencia médica, el Juez de Distrito, a fin de estar en condiciones de pronunciarse en relación con la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, deberá realizar un estudio preliminar de las circunstancias particulares y los elementos vertidos por el quejoso en su escrito, bajo protesta de decir verdad, a fin de ponderar si la atención médica solicitada tiene correspondencia con alguna lesión o padecimiento que requiera de cierta atención curativa, de rehabilitación o urgencia médica, verbigracia, cuando el interno precise de un procedimiento para el restablecimiento de su salud, para tratar una enfermedad, o bien, de alguna acción tendiente a corregir las invalideces físicas o mentales que sufra, que de no prestarse oportunamente, cause al quejoso un dolor físico o un estado patológico que pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de la vida, juicio valorativo que le permitirá decidir al juzgador, atendiendo al caso particular, si se está o no ante una excepción al principio de definitividad, que consienta al interno a acudir directamente al juicio de amparo.

Atento a lo anterior, analizado el presente asunto a la luz de las consideraciones expuestas, se concluye que en el caso particular la causa de improcedencia invocada por el Juez de Distrito no es notoria ni manifiesta.

En efecto, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que el acto reclamado por el quejoso está vinculado con la omisión de proporcionarle atención médica especializada en "psiquiatría", no proveerle los medicamentos controlados que sus "trastornos o padecimientos mentales" requieren y la forma de suministro de los medicamentos que sí se le proporcionan, cuya desatención somete al quejoso, al menos, a psicosis, síntomas de ansiedad, trastornos depresivos y estrés postraumático, derivados del aislamiento al que está sujeto, en virtud de su internamiento y a la falta de medicamentos controlados; ello, si se toma en consideración que en su libelo constitucional manifestó, bajo protesta de decir verdad, que tiene los siguientes padecimientos:

"Presento diversos síntomas, ansiedad, trastorno depresivo, TDM, estrés postraumático, así como muchos más derivados del aislamiento y falta de medicamentos controlados, como lo son: Rivotril 2mg... lo consumo desde ace (sic) más de 10 años o más... se puede constatar en mi expediente del reclusorio de Tecoman... tengo expediente psiquiátrico... además, debido a la psicosis que vivimos los privados de la libertad... me es de muchísima ayuda contar con tal medicamento para estar tranquilo... nos pueden apoyar con este medicamento de Rivotril 2mg, Clonasepan (sic), ya que mi familia no puede comprar este medicamento... se me haga entrega de los medicamentos controlados enteros, ya que si los quieren moler, que sea en mi presencia, ya que de cer (sic) medicamento Ribotril 2mg o Clonasepan (sic), lo conozco y no pueden suplir con ningún otro."

Cuestiones que el quejoso, argumenta, ha reportado con el personal del área médica del centro federal, a efecto de que tomen en consideración su situación de salud y le proporcionen la atención médica especializada "en psiquiatría" y los medicamentos controlados que, en específico, requiere para sus padecimientos mentales, así como la forma en que se le suministran las medicinas que sí se le proveen.

Luego, haciendo un juicio valorativo de las manifestaciones vertidas por el quejoso en su demanda de amparo, es claro que la falta de atención médica que reclama, la omisión de proporcionarle los medicamentos requeridos y la forma en que se le suministran algunos medicamentos, puede relacionarse con la necesidad de tratamiento a su enfermedad psiquiátrica, o bien, de alguna acción tendiente a corregir las invalideces mentales que sufra, mismas que, de no prestarse oportunamente, es razonable concluir que bien pueden "causar al quejoso un estado patológico de psicosis, estrés, ansiedad o trastornos, que pudieran tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de la vida"; circunstancias que, en su conjunto, permiten hasta este momento visualizar una excepción al principio de definitividad, que admite que el interno acuda directamente al juicio de amparo.

Lo anterior, en el entendido puntual de que no en cualquier caso aplica la excepción al principio aludido, pues ello depende, precisamente, del juicio valorativo del asunto en particular, como se precisa en la tesis aislada de este Tribunal

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29986-8464e37d/omisiones-inherentes-a-cuestiones-de-internamiento-relacionadas-con · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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