TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL DEBER DE GARANTIZAR ESE DERECHO CONFORME A LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 43/2019 (10a.), SI EL ESTUDIO OFICIOSO DE LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN, ORIGINA EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA, AL DERIVAR DE LA INTERPRETACIÓN JURISPRUDENCIAL DE LA NORMA APLICABLE REALIZADA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
QUEJA 55/2021. 10 DE JUNIO DE 2021. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JUAN GABRIEL SÁNCHEZ IRIARTE. SECRETARIO: ÓSCAR JESÚS SEGUNDO SUÁREZ.
CONSIDERANDO:
CUARTO.—Estudio. En principio, precisa señalar que sólo constituirá materia de análisis en este medio de impugnación el desechamiento parcial de la demanda pronunciado en el acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, mas no las diversas consideraciones que el a quo plasmó en ese auto, dado que la procedencia del recurso debe limitarse, en el caso, a la aludida decisión, conforme a lo dispuesto en el inciso a) de la fracción I del artículo 97(1) de la Ley de Amparo, puesto que es la única determinación desfavorable a los intereses del peticionario quien, además, externó que interponía este medio de defensa con motivo de aquélla.
Asimismo, debe destacarse que la parte recurrente propiamente no esgrimió agravios, pues en el acta de notificación del auto recurrido se limitó a exponer que interponía el recurso de queja en contra de la determinación por la que el Juez de Distrito desechó el recurso intentado en cuanto al acto reclamado, que se hizo consistir en la implementación del procedimiento denominado "código negro" y solicitó que se supliera la deficiencia de la queja.
Es oportuno hacer notar que la queja es un recurso previsto en la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través del cual, quien tiene interés en el juicio puede impugnar las resoluciones que dicten los órganos de control constitucional, en los supuestos que de manera precisa se establecen, y su objeto es que se reexaminen los motivos y fundamentos que la autoridad constitucional (biinstancial) considera para resolver de determinada forma, en los supuestos que al respecto establece la propia normativa.
De esta manera, debe decirse que la materia del recurso de queja consiste en el acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, pronunciado en el juicio de amparo indirecto **********, por el Juez Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, en el cual parcialmente desechó de plano, por su manifiesta e indudable improcedencia, la demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho, contra actos del director general del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México y otra autoridad, consistentes en la implementación del procedimiento carcelario denominado "código negro" que, a decir del quejoso, se traduce en incomunicación telefónica, aislamiento, confinamiento, suministro irregular de alimentos, condiciones de detención antihigiénicas, baños de agua fría, privación del derecho a recibir el sol y actividad al aire libre, así como tortura psicológica.
Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, dado que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción XX, de la referida legislación.
Esas consideraciones se estiman acertadas, por ello se declara infundado el recurso de queja, sin que se advierta algún motivo razonable para suplir la ausencia de agravios, de conformidad con lo previsto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.
Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 154/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 25, Tomo I, diciembre de 2015, página 317, con número de registro digital: 2010623, cuyo contenido es como sigue:
"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE ANALIZARSE ACORDE CON EL MARCO SOBRE DERECHOS HUMANOS RESGUARDADO POR EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. En la tesis aislada 2a. LXXXII/2012 (10a.) (*), esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó que si bien la reforma indicada implicó un cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional –principio pro persona–, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la reforma citada, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional. Bajo esa directriz, se advierte que los artículos 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, consagran la igualdad, en su acepción universal, que debe existir entre todas las personas, sin distinción alguna. Por su parte, la propia Sala en la diversa tesis aislada 2a. XCII/2013 (10a.) (**), interpretó el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el sentido de que prevé un principio de reserva legal del orden interno del Estado Parte, con arreglo al cual se instrumentará el derecho al recurso, reconociendo, en este aspecto, la prevalencia del orden interno. Ahora bien, el principio de suplencia de la queja deficiente en el juicio de amparo se erige como una institución de capital importancia dentro de nuestro sistema jurídico, con características particulares, con el fin de impedir la denegación de justicia por razones de carácter meramente técnico-jurídicas; por ello, dicha institución debe analizarse desde la perspectiva constitucional y legal nacional, y es en función de ese examen interno como debe contrastarse si efectivamente tal principio satisface el mandato universal de igualdad, o si existe una justificación razonable en la distinción de trato que respecto de ciertas personas o grupos establece el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, sustituido por el precepto 79 en la ley de la materia en vigor a partir del día siguiente."
Establecido lo anterior, debe puntualizarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone:
"Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."
De la transcripción que antecede se desprende que el Juez Federal está facultado para desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, entendiéndose por "manifiesto", lo que se observa en forma patente, notoria y absolutamente clara y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es.
En ese orden de ideas, para examinar lo correcto o incorrecto del auto materia de la queja se destaca, en primer lugar, que por disposición de la fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal, el hecho de no agotar todos los recursos o medios de defensa previstos en la ley ordinaria contra el acto reclamado, previamente a la promoción del juicio de amparo, por regla general, conduce a declarar su improcedencia.
Lo que se reitera con el contenido de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala que el juicio constitucional es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados.
Prevención que puntualiza la naturaleza del juicio de amparo, como un medio de control constitucional de carácter extraordinario, y que se identifica como el principio de definitividad, el cual consiste en que previo a instar la acción constitucional, el quejoso debe agotar todos los recursos o medios ordinarios de defensa, que son aquellos que se encuentran establecidos dentro del procedimiento regulado por la ley que rige el acto, y que tienen por objeto modificar, revocar o nulificar dicho acto.
De esa manera, el juicio constitucional sólo se ocupará de analizar resoluciones que ya no admitan medios de defensa que puedan modificarlos.
Sin embargo, de los citados numerales se desprenden excepciones al principio de definitividad, es decir, que puede acudirse al juicio constitucional sin necesidad de agotar previamente los medios de defensa ordinarios cuando:
A) Las leyes ordinarias no suspendan los efectos del acto reclamado, ya sea oficiosamente o a través de los juicios, recursos o medios de defensa que en las mismas se establecen; los alcances de esa suspensión no sean los mismos que prevé la Ley de Amparo, o exija mayores requisitos que los que se consignan en la Ley de Amparo para la concesión de la suspensión definitiva, o un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, con independencia de que el acto reclamado, en sí mismo, sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la Ley de Amparo.
B) Y cuando el acto reclamado carezca de fundamentación, se aleguen violaciones directas a la Constitución, o el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.
En ese tenor, se considera que, como legalmente lo expuso el juzgador de amparo, se actualizó –de manera notoria e indudable– la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo.
Sin que el quejoso se ubique en alguno de los supuestos de excepción a que alude la fracción XX del numeral 61 de la ley de la materia, como se precisa en esta ejecutoria de amparo.
En principio, se destaca que la implementación del procedimiento penitenciario denominado "código negro" que, a decir del quejoso, se traduce en incomunicación telefónica, aislamiento, confinamiento, suministro irregular de alimentos, condiciones de detención antihigiénicas, baños de agua fría, privación del derecho a recibir sol y actividad al aire libre, así como tortura psicológica, desde el punto de vista de control constitucional, constituye una acción inherente a su condición de internamiento, en tanto que el quejoso indica que la autoridad carcelaria actuó en contravención al principio de legalidad que rige el sistema penitenciario, pues limitó ciertas actividades de los internos para descartar la existencia de algún riesgo o peligro a la seguridad y al orden en el centro federal en que se encuentra recluido.
En efecto, en el escrito inicial el propio promovente de la acción constitucional informó que la limitación de ciertas actividades, como el no tener comunicación telefónica, encontrarse recluido en los límites de su estancia, lugar en el que recibe alimentos escasos a través de la reja y los consume en ese lugar, al lado del excusado, así como que no se le permite salir al patio a realizar actividades, ni utilizar las regaderas, se gestó porque, a su decir, un interno llevó a cabo actos de indisciplina y, como consecuencia, se les está aplicando dicho procedimiento.
De ahí que la pretensión del accionante del juicio constitucional tiende a combatir la actuación de la autoridad penitenciaria y de custodia del centro de reclusión en donde se encuentra, pues el personal carcelario, de manera prolongada, limitó su derecho a realizar actividades fuera de su estancia en donde se encuentra ubicado porque, a su decir, un interno cometió actos de indisciplina.
En ese contexto, resulta apegada a la normativa aplicable la consideración que expuso la autoridad de amparo revisada, relativa a que el acto reclamado constituye una acción inherente a las condiciones de internamiento susceptible de combatirse, de inicio, mediante el mecanismo de control denominado "peticiones administrativas", previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, tal como lo ha desarrollado jurisprudencialmente la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.),(2) donde interpretó el procedimiento y los alcances jurídicos del referido mecanismo previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
En efecto, en esa ejecutoria, entre otras consideraciones, la superioridad definió las condiciones de internamiento de la siguiente manera:
"106. Una condición de internamiento es cualquier medio u acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo, y artículos para el deporte y la recreación, conclusión a la que se conduce después de realizar una interpretación sistemática, en la parte conducente, de los artículos 3, fracciones XVII y XXV; 9, fracciones I, II, III, VI y VII; 10, fracciones II, IV y V; y 30, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal." (lo resaltado no es de origen)
Es por ello que desde esa perspectiva jurisprudencial, este órgano revisor advierte que la definición que hizo la superioridad guarda correspondencia con lo previsto en los artículos 4, 6, 9, párrafo primero, fracción V, párrafo último, 11, párrafo primero, fracciones I y X, 16, fracción V, 20, párrafo primero, fracción III, 37 y 38 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en consonancia con lo previsto en los artículos 1, 2 y 14 del Manual de Seguridad de los Centros Federales de Readaptación Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de noviembre de dos mil seis, que disponen:
Ley Nacional de Ejecución Penal
"Artículo 4. Principios rectores del sistema penitenciario.
"El desarrollo de los procedimientos dentro del sistema penitenciario debe regirse por los siguientes principios:
"...
"Legalidad. El órgano jurisdiccional, el Juez de Ejecución y la autoridad penitenciaria, en el ámbito de sus atribuciones, deben fundar y motivar sus resoluciones y determinaciones en la Constitución, en los tratados, en el código y en esta ley."
"Artículo 6. Organización del centro penitenciario.
"El régimen de planeación, organización y funcionamiento de la autoridad penitenciaria y de los centros penitenciarios estará sujeto a su normatividad reglamentaria respectiva, siempre de conformidad con la presente ley."
"Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario.
"Las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas.
"Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos:
...
"V. Ser informada de sus derechos y deberes, desde el momento en que sea internada en el centro, de manera que se garantice el entendimiento acerca de su situación. La información deberá ser proporcionada conforme al artículo 38 de esta ley y a las demás disposiciones aplicables;
"...
"Toda limitación de derechos sólo podrá imponerse cuando tenga como objetivo garantizar condiciones de internamiento dignas y seguras, en su caso, la limitación se regirá por los principios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad."
"Artículo 11. Obligaciones de las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario.
"Las personas privadas de su libertad tendrán las siguientes obligaciones:
"I. Conocer y acatar la normatividad vigente al interior de los centros penitenciarios;
"...
"IX. Las demás previstas en las disposiciones legales aplicables."
"Artículo 16. Funciones del titular de los centros penitenciarios.
"Los titulares de los centros penitenciarios, tendrán las siguientes obligaciones:
"...
"V. Declarar al centro en estado de alerta o de alerta máxima, e informar inmediatamente a su superior jerárquico, en términos de las normas aplicables."
"Artículo 20. Funciones de la custodia penitenciaria.
"La custodia penitenciaria tendrá las funciones siguientes:
"...
"III. Vigilar el estricto cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables."
"Artículo 37. Medidas de vigilancia especial.
"Las personas privadas de la libertad por delincuencia organizada y aquellos que requieran medidas especiales de seguridad compurgarán sus penas en espacios especiales, de conformidad con el artículo 18 constitucional.
"...
"Sin menoscabo de lo anterior, la autoridad penitenciaria podrá decretar en cualquier momento estado de alerta o, en su caso, alerta máxima cuando exista riesgo o amenaza inminente que ponga en peligro la seguridad del centro penitenciario, de la población penitenciaria, de su personal o de las visitas."
"Artículo 38. Normas disciplinarias.
"El Poder Ejecutivo Federal y de las entidades federativas establecerán en el ámbito de su respectiva competencia, las normas disciplinarias que rijan en el centro penitenciario, de conformidad con el artículo 18 y el párrafo tercero del artículo 21 de la Constitución, mismas que se aplicarán de acuerdo con los procedimientos establecidos en esta ley.
"La autoridad penitenciaria estará obligada a hacer saber a las personas privadas de la libertad, al momento de su ingreso y por escrito, las normas disciplinarias, asegurándose en todo momento que éstas se encuentren disponibles para su consulta. En el caso de personas con alguna discapacidad, la autoridad penitenciaria deberá proveer los medios necesarios para su comprensión. De necesitar un traductor o intérprete, la autoridad penitenciaria deberá proporcionarlo.
"Desde el momento de su ingreso, la persona privada de su libertad, estará obligada a cumplir con las normas de conducta que rijan en el centro, así como las disposiciones que regulen la convivencia interior."
Manual de Seguridad de los Centros Federales de Readaptación Social
"Artículo 1. El presente manual tiene por objeto establecer los procedimientos operativos de seguridad interior y exterior de los Centros Federales de Readaptación Social."
"Artículo 2. La aplicación de este manual le corresponde al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública a través de los directores generales de los Centros Federales de Readaptación Social."
"Artículo 14. El director general puede declarar el estado de alerta o de alerta máxima, previa consulta con el coordinador general.
"El estado de alerta se declarará en caso de que el director general o quien legalmente lo sustituya, tenga noticia de algún evento que pudiere afectar la seguridad o el orden de la institución. En este caso, se puede ordenar la suspensión de ciertas actividades o movimientos de servidores públicos, internos y visitas por el tiempo estrictamente indispensable para descartar la existencia de algún riesgo o peligro a la seguridad y al orden en el centro federal.
"El estado de alerta máxima se declarará en caso de que exista riesgo inminente a la seguridad del centro federal, así como a la vida o integridad física de las personas que se encuentren dentro de él. En este supuesto, se ordenará la suspensión de todas las actividades de los internos, entrada y salida de visitas del centro federal por el tiempo estrictamente indispensable para eliminar o descartar la existencia del riesgo."
De esos preceptos se advierte que las autoridades penitenciarias tienen como principal obligación la de observar el principio de legalidad, así como la normatividad reglamentaria respectiva, siempre de conformidad con la legislación en cita, la cual prevé, entre otros derechos de las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario, que al momento de su ingreso y por escrito, deben ser informados de sus derechos y deberes, cuyas prerrogativas y obligaciones de los internos deberán estar disponibles para su consulta, de manera que, desde el momento de su ingreso, la persona privada de su libertad estará obligada a conocer y acatar las normas que rijan en el lugar de su reclusión.
De igual forma, la normativa legal aplicable prevé que la custodia penitenciaria tendrá, entre otras funciones, la de vigilar el estricto cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables.
En consonancia con ello, el manual de seguridad de dichos centros de readaptación social prevé, entre otros aspectos, que el "estado de alerta o de alerta máxima" es susceptible de declararse en caso de que el director general o quien legalmente lo sustituya, tenga noticia de algún evento que pudiere afectar la seguridad o el orden de la institución.
Así, la legislación revisada prevé que toda limitación de derechos sólo podrá imponerse cuando tenga como objetivo garantizar condiciones de internamiento dignas y seguras, en su caso, la limitación se regirá por los principios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad.
En tanto que, en el caso de que la autoridad penitenciaria competente declare el estado de alerta o de alerta máxima, con motivo de que exista riesgo inminente a la seguridad del centro federal, así como a la vida e integridad física de las personas que se encuentren dentro de él, dicha autoridad puede ordenar la suspensión de ciertas actividades o movimientos de servidores públicos, internos y visitas por el tiempo estrictamente indispensable para descartar la existencia de algún riesgo o peligro a la seguridad y al orden en el centro federal.
De lo antes expuesto es dable colegir que la acción de internamiento que propone el quejoso en esta instancia de control constitucional tiene que ver con la eventual violación al principio de legalidad que rige el actuar de la autoridad peticionaria, pues en el juicio de amparo pretendió reclamar la implementación del procedimiento carcelario denominado "código negro", por el que, a decir del peticionario de amparo, la autoridad decretó el estado de alerta o de alerta máxima, con motivo de que un interno cometió actos de indisciplina, lo cual trajo como consecuencia que se ordenara la suspensión de ciertas actividades o movimientos de los internos, para descartar la existencia de algún riesgo o peligro a la seguridad y al orden en el centro de reclusión.
Empero, ese acto se advierte relacionado con la contravención al principio de legalidad, la falta de observancia por parte de la autoridad del contenido del manual referido que prevé que el estado de alerta máxima se declarará en caso de que exista riesgo inminente a la seguridad del centro carcelario, así como a la vida o integridad física de las personas que se encuentren dentro de él, lo cual traerá como consecuencia que se ordene la suspensión de todas las actividades de los internos, lo que es legalmente posible, por el tiempo estrictamente indispensable para eliminar o descartar la existencia del riesgo, pues de lo contrario, la autoridad de custodia, de corregir tal irregularidad, de manera desmedida ejercería su facultad mediante la limitación de las prerrogativas penitenciarias de los internos, previstas en la normatividad revisada.
De ahí que la acción inherente a las condiciones de internamiento que pretende combatir el peticionario en la instancia constitucional se considera susceptible de revisarse, inicialmente, en la sede ordinaria, pues el mecanismo de control denominado "peticiones administrativas", previsto en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es la instancia, por excelencia, donde se puede resolver la ilegal actuación que le atribuye a la autoridad de custodia penitenciaria, mediante la formulación de la figura jurídica de petición administrativa, tal como lo interpretó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la referida ejecutoria.
En efecto, en las consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia transcrita, el Máximo Tribunal del País destacó que ese procedimiento administrativo sujeto al control judicial constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio.
En el supuesto de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez de Control o Ejecución, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, en ese mecanismo de control judicial del sistema penitenciario, el legislador estableció que en caso de que la respuesta sea contraria a los intereses del promovente, podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución, quien además conocerá, entre otras hipótesis, de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento, el plan de actividades de la persona privada de su libertad, y aquellas relacionadas que impliquen violación a los derechos fundamentales, y la resolución que emita el Juez de Ejecución, en la que dirima las cuestiones debatidas, podrá impugnarse mediante el recurso de revocación o el de apelación, según corresponda.
Esa interpretación que hizo el Máximo Tribunal del País es acorde con las reformas a los artículos 18, 21 y 73, fracción XXI, constitucionales, publicadas el dieciocho de junio de dos mil ocho en el Diario Oficial de la Federación que, en su conjunto, implementaron un modelo penitenciario de reinserción social, control judicial de las cuestiones inherentes a las condiciones de reclusión y la creación de Jueces de Ejecución, cuya función primordial es, entre otras, ejercer un efectivo control de legalidad de los actos de las autoridades penitenciarias y velar por los derechos de las personas privadas de la libertad, previo a su control constitucional; con lo cual adquiere sentido uno de los objetivos para los que fue expedida la Ley Nacional de Ejecución Penal, esto es, la implementación de mecanismos eficientes, rápidos y sencillos a cargo de los Jueces en mención, para la protección de las prerrogativas de los sentenciados y procesados que se hallan en centro de reinserción social.
En el caso, como bien lo precisó el juzgador de Distrito, el quejoso accionó el juicio constitucional, de manera directa, sin que previamente hubiere instado el referido mecanismo de control denominado "peticiones administrativas" y, eventualmente, la controversia judicial ante el Juez de Control o de Ejecución, lo cual torna improcedente el juicio constitucional, por no haberse agotado el principio de definitividad, previsto en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo.
Se sostiene así, porque de la información proporcionada en el escrito inicial se advierte que el promovente no ha solicitado a las autoridades administrativas carcelarias, de manera formal, que garanticen el derecho fundamental de legalidad en su estancia de reclusión, que le asiste de ser informado de sus derechos y deberes carcelarios, así como la posibilidad de que se ordene la suspensión de todas las actividades de los internos, lo que es legalmente posible; empero, por el tiempo estrictamente indispensable para eliminar o descartar la existencia del riesgo inminente a la seguridad del centro carcelario, así como a la vida o integridad física de las personas que se encuentren dentro de él, como lo exige el manual correspondiente, el cual probablemente tiene que ver con la facultad de las autoridades penitenciaria y de custodia, de corregir tal irregularidad, mediante la limitación de acceso provisional a otras áreas del centro penitenciario, diversas a las de la estancia en que ha sido ubicado y que trae como consecuencia, que no pueda realizar llamadas telefónicas, reciba sus alimentos en su estancia, no tenga acceso a regaderas, no le sea permitido trasladarse al área de patio y, por ende, no tenga actividad al aire libre.
Ello, porque del escrito inicial de demanda se aprecia que el quejoso únicamente se ha dirigido de manera escrita a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues se advierte que, a decir del peticionario, el dieciocho de julio de dos mil veinte, con apoyo en el artículo 27 de la ley de dicha Comisión, presentó una queja y/o denuncia por los actos reclamados.
Esa información es insuficiente para considerar que el quejoso ha efectuado una petición formal sobre la tutela del derecho fundamental de legalidad, es decir, por escrito, en los términos en que lo autoriza a su favor la legislación de ejecución penal revisada y que las autoridades hubieran incurrido en omisión de contestar dicha petición administrativa, o bien, que se hubieren negado a atenderla, pues instó ante autoridad diversa a la penitenciaria.
De igual forma, del escrito inicial se advierte que el quejoso no ha instado la controversia judicial sobre el respeto a ese derecho fundamental de legalidad, a que alude la legislación en cita, ya sea ante el Juez de Control, en caso de que se encuentre recluido por prisión preventiva, o bien, ante el Juez de Ejecución, de ser el caso en que se encuentre compurgando una pena de prisión, a efecto de solicitar el inmediato cese de la eventual violación al derecho humano de legalidad, en los términos que prevé la norma aplicable a s
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30205-01a6a0be/tutela-jurisdiccional-efectiva-se-actualiza-una-excepcion-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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