SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 42/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PLENO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 7 DE NOVIEMBRE DE 2018. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. DISIDENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: RICARDO MONTERROSAS CASTORENA.
CONSIDERACIONES:
4. PRIMERA.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre los criterios de un Pleno de Circuito y un Tribunal Colegiado de diferente Circuito, ambos en materia penal, competencia exclusiva de esta Primera Sala.
5. La competencia de este Alto Tribunal para conocer de contradicciones entabladas en los términos expuestos fue sostenida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintiséis de enero de dos mil quince, al resolver la contradicción de tesis 271/2014, sustentada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito y el Pleno del Trigésimo Circuito, en cuya sesión se decidió, por mayoría de nueve votos, que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus Salas, atendiendo a su especialidad, tienen competencia para resolver contradicciones de tesis suscitadas entre un Pleno de Circuito y un Tribunal Colegiado de diverso Circuito.
6. SEGUNDA.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa.
7. TERCERA.—Existencia de la contradicción. Del análisis de los criterios contendientes, se advierte que existe la contradicción de tesis denunciada, al cumplirse con los requisitos que para ello ha fijado esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
8. En efecto, este Alto Tribunal ha establecido que para que exista una contradicción de criterios es necesario que se cumplan las exigencias que se precisan:(5)
a) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
9. A continuación, se expone por qué en el caso se actualizan todos los requisitos aludidos:
10. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala, los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo, para llegar a una solución determinada. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis, tal como se verá a continuación:
11. Decisión del Pleno en Materia Penal del Decimosexto Circuito. El Pleno de Circuito resolvió la contradicción de tesis **********. Los elementos que incidieron en su decisión fueron los siguientes:
12. Materia de la contradicción de tesis. El problema jurídico se analizó a partir de la pregunta ¿en el juicio de amparo indirecto, cuando el acto reclamado por el quejoso, quien se encuentra interno en algún centro penitenciario, sea la falta de atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, la suspensión debe otorgarse de oficio y de plano en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo?
13. Consideraciones de la contradicción de tesis. El Pleno de Circuito determinó que debía prevalecer su criterio, bajo los argumentos que se precisan:
• El derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud.
• Dicho derecho no tiene restricción ni limitación, aun para las personas en reclusión, pues se trata de un derecho humano cuya consecución y garantía en el más alto grado, constituye un objetivo social de suma importancia que el Estado tiene la obligación de salvaguardar y garantizar a partir del derecho interno como el externo. Tal como se advierte de los artículos 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2, 3, fracciones I y II, 34, fracción I, de la Ley General de Salud y 11 del Reglamento de la Ley General de Salud.
• Las disposiciones destacadas cobran mayor relevancia con los criterios que sobre el derecho a la protección de la salud para personas internas en un centro carcelario, ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
• Entre otros asuntos, citó el Caso Vélez Loor contra Panamá, el cual resolvió la Corte Interamericana por sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil diez, en la que indicó que la posición de garante que tiene el Estado respecto de toda persona que se halle bajo su custodia, implica el deber del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de los reclusos, brindándoles, entre otras cosas, la asistencia médica requerida y de garantizar que la manera y el método de privación de la libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la detención; por lo que su falta de cumplimiento puede resultar en una violación a la prohibición absoluta de aplicar tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
• En atención al asunto aludido, determinó que el acto reclamado consistente en la falta de brindar atención médica a una persona que se encuentre privada de su libertad personal, bajo la tutela del Estado, puede ser considerado un trato o pena cruel, inhumano o degradante, de aquellos que prohíbe el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por ende, es incuestionable que esa falta queda comprendida dentro de los actos contemplados por el numeral 126 de la Ley de Amparo, como acto contra el cual procede conceder la suspensión de oficio y de plano.
• Para la concesión de la suspensión de oficio y de plano, se debe atender a las manifestaciones del quejoso, respecto de la certidumbre del acto reclamado, contenidas en la demanda y formuladas bajo protesta de decir verdad, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta el juzgador para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar.
• En ese sentido, tratándose de los actos previstos en los artículos 126 de la ley de Amparo y 22 de la Constitución Federal, bastará con la sola afirmación del quejoso en la demanda, para conceder la suspensión de oficio y de plano, pues el estándar probatorio requerido para su concesión debe ser mínimo y se limita prácticamente a las manifestaciones del quejoso, las cuales, desde luego, deberán ser motivo de un ejercicio, aunque mínimo, de ponderación por parte del juzgador.
• Por lo expuesto, concluyó que debía prevalecer como criterio, la jurisprudencia PC.XVI.P. J/1 P (10a.), que se transcribe:
"SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. PROCEDE OTORGARLA CUANDO QUIEN LA SOLICITA SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO PENITENCIARIO Y SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA POR LAS AUTORIDADES DE ÉSTE, PUES ESA OMISIÓN CONLLEVA UN TRATO CRUEL E INHUMANO. El artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, el cual abarca a quienes se encuentran privados de su libertad en un centro penitenciario y, por lo mismo, en estado de vulnerabilidad, situación esta última que convierte al Estado en garante de ese derecho. Ahora bien, el artículo 126 de la Ley de Amparo, dispone que la suspensión se concederá de oficio y de plano, entre otros casos, cuando se trate de actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre ellos, los que implican un trato o pena cruel, inhumano o degradante; así, si se atiende a que acorde con el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el Caso Vélez Loor Vs. Panamá, el Estado tiene el deber de salvaguardar la salud y el bienestar de los reclusos brindándoles, entre otras cosas, asistencia médica, cuyo incumplimiento puede resultar en una violación a la prohibición absoluta de aplicar tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se concluye que el Juez de Distrito que conozca del amparo promovido por un interno en algún centro carcelario que señale como acto reclamado la falta de atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, a partir de las manifestaciones y los elementos contenidos en su demanda, debe conceder la suspensión de oficio y de plano, ya que el hecho de continuar con esa situación, implica un trato cruel e inhumano y, por ende, se actualiza un caso de excepción que torna procedente la medida suspensional, dada su gravedad, notoria urgencia e imposible restitución, que debe paralizarse inmediatamente, sin necesidad de contar con pruebas acerca de la existencia y consecuencias del acto reclamado, ya que en esos casos el nivel probatorio debe ser mínimo."
14. De lo anterior, se aprecia que el Pleno en Materia Penal del Decimosexto Circuito llevó a cabo un ejercicio interpretativo, a través del cual determinó que procede conceder la suspensión de oficio y de plano, al actualizarse la causa de su procedencia prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo, consistente en actos prohibidos en el artículo 22 constitucional, en específico, los que impliquen un trato o pena cruel, inhumano o degradante, cuando el quejoso se encuentre privado de su libertad en un centro penitenciario y reclame la falta de atención médica.
15. Decisión emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito. El órgano de amparo resolvió el recurso de queja ********** de su índice. Los elementos que incidieron en su decisión fueron los siguientes:
16. Materia del recurso. La concesión de la suspensión de oficio y de plano, respecto del acto que reclamó el quejoso –interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "Oriente", Villa Aldama, Veracruz–, relativo a la negativa de proporcionar una dieta hipercalórica e hiperproteica, poniendo en riesgo su salud y su vida, al exponerlo a un cuadro de desnutrición.
17. Criterio de la determinación recurrida. El Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, con fundamento en los artículos 125 y 126, en relación con el diverso 15 de la Ley de Amparo, determinó que procedía decretar la suspensión de plano, pues señaló que la falta de suministro de una dieta adecuada pone en riesgo la salud del quejoso, así como que aun cuando el acto reclamado no encuadra en las hipótesis del artículo 22 constitucional, procedía conceder la suspensión de plano, porque se aducen violaciones a derechos humanos y la medida es acorde con el principio pro persona.
18. Consideraciones del recurso de queja. El Tribunal Colegido (sic) decidió declarar fundado el recurso intentado, bajo los argumentos que se precisan:
• Del análisis comparativo entre la naturaleza del acto reclamado y los artículos 126 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que no procede conceder la suspensión de oficio y de plano, si se tiene en cuenta que el acto reclamado consiste en la negativa de proporcionar al quejoso una dieta normal hipercalórica e hiperproteica no es de aquellos a los que se refieren los preceptos aludidos.
• La naturaleza del acto reclamado, de carácter omisivo o negativo, hace improcedente la concesión oficiosa de la suspensión solicitada, pues se estaría otorgando a la suspensión recurrida efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio principal.
• Los actos que respecto de los cuales el artículo 126 de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio y de plano, tienen como denominador común su gravedad y la necesidad de actuar de inmediato para detenerlos con la finalidad de evitar al gobernado daños de imposible reparación, lo cual ponen de manifiesto que el elemento que determina la procedencia de la suspensión de oficio es la imposibilidad material y física de reparar la violación al derecho humano en que incurra la autoridad responsable.
• El juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos expuestos por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar de que se trate.
• No se advierte cómo es que los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión atribuida a las autoridades responsables de que se trata, pueda –a más de su naturaleza negativa– dar lugar a decretar la suspensión de oficio y de plano, máxime que de hacerlo prácticamente se dejaría sin materia el fondo del asunto, aunado a que el quejoso en su demanda no señaló que le hayan negado de manera absoluta los alimentos correspondientes a la dieta estándar que provee dicha institución a los internos.
19. Como se observa, el Tribunal Colegiado, a través de un ejercicio interpretativo, determinó que no procedía conceder la suspensión de oficio y de plano, toda vez que el acto reclamado, consistente en la negativa de proporcionar al quejoso una dieta normal hipercalórica e hiperproteica, no es de aquellos a los que se refieren los artículos 126 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que el elemento que determina la procedencia de dicha suspensión es la imposibilidad material y física de reparar la violación al derecho humano en que incurra la autoridad responsable, el cual no se actualiza en el caso en concreto, aunado a que, al tratarse de un acto de carácter omisivo o negativo, resulta improcedente su concesión, pues se estarían dando efectos restitutorios que únicamente corresponden a la sentencia.
20. Asimismo, cabe precisar que el propio Tribunal Colegiado en la resolución aludida, señaló que similar criterio adoptó, al resolver los diversos recursos de queja **********, **********, **********, ********** y **********.
21. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Lo expuesto permite a esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecer que el segundo requisito se encuentra acreditado en el caso, pues las interpretaciones que realizaron cada uno de los órganos colegiados encuentran un punto de toque, en cuanto a un mismo problema jurídico a resolver, y los criterios que adoptaron son contradictorios entre sí.
22. En efecto, de lo sintetizado en este apartado se aprecia que el pronunciamiento del Pleno de Circuito y del Tribunal Colegiado contendientes, encuentran un punto de toque respecto de un mismo problema jurídico, pues se enfrentaron a la necesidad de determinar si procede conceder la suspensión de plano, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, cuando un quejoso interno en un centro penitenciario reclame la falta de atención médica.
23. No es obstáculo para arribar a la conclusión anterior, que el recurso de queja **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, derive de un juicio de amparo en el que el quejoso no señaló expresamente como acto reclamado la falta de atención médica, sino la negativa de proporcionarle una dieta hipercalórica e hiperproteica.
24. Ello es así, dado que, a partir de las manifestaciones que el quejoso realizó en la demanda, se aprecia con relativa facilidad que dicho acto se traduce en una falta de atención médica, pues señaló que la solicitud de tal dieta obedecía a que está bajo de peso, ya que mide un metro sesenta y ocho centímetros de estatura, y pesa sesenta kilogramos, lo cual aseguró se podía comprobar con su expediente médico clínico que consta en el servicio médico del centro penitenciario en que se encuentra recluido, de manera que la omisión reclamada pone en riesgo su salud y su vida, al exponerlo a un cuadro de desnutrición.
25. De igual forma, se aprecia que en los ejercicios interpretativos realizados por los órganos jurisdiccionales contendientes existe diferendo de criterios con respecto a la resolución del problema jurídico apuntado, pues mientras que para el Pleno en Materia Penal del Decimosexto Circuito la falta de atención médica a una persona privada de su libertad en un centro penitenciario constituye un trato o pena cruel, inhumano o degradante prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que debe suspenderse de oficio y de plano en términos del diverso 126 de la Ley de Amparo; para el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito dicho acto reclamado no es susceptible de suspenderse de plano y de oficio en términos de los artículos 126 de la Ley de Amparo y 22 constitucional, en razón de que no existe imposibilidad material y física de reparar la violación al derecho humano en que incurra la autoridad responsable, aunado a que como el acto reclamado es de carácter omisivo o negativo, de concederse tal medida, se darían efectos restitutorios que únicamente corresponden a la sentencia.
26. Tercer requisito: pregunta genuina sobre el punto de contradicción. Lo expuesto demuestra que las posturas del Pleno de Circuito y del Tribunal Colegiado contendientes, al reflejar contradicciones en sus consideraciones, dan lugar a la formulación de la pregunta que se precisa:
¿Procede conceder la suspensión de oficio y de plano en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, cuando un quejoso privado de su libertad en un centro de reclusión reclama la falta de atención médica?
27. Cuarta. Criterio que debe prevalecer. Debe prevalecer el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por las razones jurídicas que se exponen.
28. Para responder la interrogante planteada en el apartado anterior, es necesario enmarcar la institución de la suspensión del acto reclamado en el contexto del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.
29. Al respecto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 266/2017,(6) explicó que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, en sentido amplio, puede entenderse como el derecho de las personas a formular pretensiones –y a defenderse de ellas– ante un órgano jurisdiccional, a través de un juicio en el que se respeten las garantías del debido proceso, en el que se emita una sentencia y, en su caso, se logre su plena y efectiva ejecución.
30. Dicho derecho se reconoce en nuestro sistema jurídico en los artículos 17 constitucional, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ha sido desarrollado por la jurisprudencia nacional e internacional, especialmente la emanada del Poder Judicial de la Federación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.(7)
31. Así, en el precedente aludido, se afirmó que, en términos generales, el derecho a la tutela jurisdiccional puede descomponerse en varios subconjuntos integrados por haces de derechos específicos, a saber: el derecho de acceso a la justicia, el derecho al debido proceso, el derecho a obtener una sentencia jurisdiccional fundada en derecho y el derecho a la plena eficacia o ejecución de la misma.
32. Además, esos subconjuntos del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva pueden analizarse a partir de elementos más básicos, entre otros, el derecho a un recurso efectivo, el cual se garantiza a través de estándares mínimos que implican no sólo el que esté previsto formalmente en la ley, sino el que materialmente sea idóneo para logar el objetivo para el que fue diseñado, es decir, para obtener una tutela efectiva en contra de actos o normas de derechos fundamentales.(8)
33. Al respecto, se dijo que esta Primera Sala ha interpretado que el derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos, lo que, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conlleva a que ese recurso sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla.(9)
34. En ese sentido, esta Sala asumió el criterio de que el derecho humano referido está estrechamente vinculado con el principio general relativo a la efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los instrumentos internacionales en la materia. Así, para que exista dicho recurso, no basta con que lo prevea la Constitución o la ley, o que sea formalmente admisible, sino que se requiere que realmente sea idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla.(10)
35. En ese plano explicativo, se identificó a las medidas cautelares, como un instrumento jurídico con que se garantiza la efectividad del recurso, además, se afirmó que la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, en tanto medida cautelar, tiene como finalidad conservar la materia del juicio de amparo y evitar la consumación de daños irreparables o difícilmente reparables, a los derechos del quejoso.
36. De ahí su carácter instrumental en relación con la efectividad del juicio de amparo, como garantía jurisdiccional por antonomasia de los derechos humanos, pues de llegar a consumarse irreparablemente la violación a éstos durante el transcurso del juicio o causarse daños difícilmente reparables, el juicio de amparo sería un instrumento inútil para garantizar una tutela jurisdiccional efectiva.
37. En cuanto a la suspensión del acto reclamado, se expuso que, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo, puede decretarse de oficio o a petición del quejoso.
38. Así como que el numeral 126 de la ley especial aludida establece que la suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales.
39. Que, en ese caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento.
40. Y que la suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal.
41. También se enfatizó que la parte relevante del artículo 22 constitucional a la que alude esa disposición de la Ley de Amparo es el párrafo primero, que prohíbe las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.
42. Fuera de esos supuestos, la suspensión se decretará a instancia de parte, en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo, que establece como requisitos la solicitud del quejoso y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
43. Finalmente, se puntualizó que ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(11) que la existencia de esta regulación diferenciada obedece, por lo que hace a la suspensión de oficio y de plano, a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia, como la vida, la libertad o la integridad personal, de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del amparo (la privación de la vida, de la libertad, etcétera). En tanto que, en los demás casos, ante la ausencia de ese riesgo de consumación irreparable de la violación a derechos fundamentales de especial relevancia, la suspensión procede a petición de parte.
44. En el presente caso, el punto de contradicción radica en determinar si la omisión de la autoridad penitenciaria de proporcionar atención médica, constituye un acto que pueda entenderse como de aquellos que prohíbe el artículo 22 constitucional, para efectos de la procedencia de la suspensión de oficio y de plano en términos del numeral 126 de la Ley de Amparo.
45. En principio, es claro que la omisión de las autoridades penitenciarias de proporcionar atención médica, no es un acto de los que se encuentran expresamente previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo o en el diverso 22, párrafo primero, de la Constitución, respecto de los cuales se establece que procede conceder la suspensión de oficio y de plano, en los términos que se precisan:
"Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales.
"En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento.
"La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal."
"Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. ..."
46. En ese sentido, el punto a determinar es si la omisión de las autoridades penitenciarias de proporcionar atención médica, es un acto que pueda equipararse a alguno de los previstos en dichos preceptos pues, además, en uno de los criterios contendientes se sostuvo que constituye un trato o pena cruel, inhumano o degradante prohibido por el precepto constitucional aludido; en tanto que, en el otro, se dijo que no encuadraba en ninguno de esos supuestos.
47. Al respecto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el acto reclamado aludido puede entenderse como un tormento, en la medida que por éste se entiende aquellos actos y omisiones que afecten gravemente a la dignidad e integridad personales, como pueden ser, por mencionar algunos ejemplos, los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
48. Ello, en el entendido que tal afirmación no es absoluta, pues el tormento se refiere a actos graves que atentan contra los derechos humanos a la dignidad e integridad personales y, en principio, no puede equipararse, sin trivializarlo, a cualquier molestia –justificada o no– derivada de la reclusión en un centro penitenciario.
49. Por lo tanto, es necesario contextualizar el acto reclamado en análisis, consistente en la omisión de las autoridades penitenciarias de proporcionar atención médica; por lo que es preciso señalar que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 173/2008, del que derivó la tesis 1a. LXV/2008, estableció que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud.(12)
50. Asimismo, cabe precisar que la atención médica forma parte del derecho a la salud, pues el Pleno de este Alto Tribunal ha determinado que dicho derecho tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud, entendidos como las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28939-824fc217/suspension-de-oficio-y-de-plano-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE, ES PROCEDENTE CONCEDERLA DE PLANO Y DE OFICIO TRATÁNDOSE DE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA DE PROVEER A LOS INTERNOS (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA URGENTE AL G (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAME UNA ORDEN DE APREHENSIÓN POR UN DELITO QUE NO AMERITE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, EL ALCANCE DE LOS EFEC (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CONTRA ÓRDENES DE APREHENSIÓN, REAPREHENSIÓN Y MEDIDAS CAUTELARES QUE IMPLIQUEN LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. ESTÁ REGULADA EXCLUSIVAMENTE POR LAS (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE A (1a./J. 55/2019 (10a.))
- CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE AMPARO. NO SE SATISFACE PLENAMENTE CON LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN QUE SE ESTIMÓ ILEGALMENTE DESECHADO, SINO HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN E (IV.1o.A.65 A (10a.))
- SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS CONTRA LA PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA, AUN CUANDO SE HUBIERE EJECUTADO, PUE (XXIV.1o.14 P (11a.))
- SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA DECIDIR SOBRE LA SUSPENSIÓN DE ACTOS RECLAMADOS NO PREVISTOS EN LA PARTE ESPECIAL DE LA LEY DE AMPARO ("EN MATERI (1a./J. 50/2017 (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis