SUSPENSIÓN DE PLANO EN AMPARO INDIRECTO. AL PROVEER SOBRE SU PROCEDENCIA CONTRA ACTOS DE VIOLENCIA DIGITAL, A TRAVÉS DE UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS DEBE REDIMENSIONARSE LA PELIGROSIDAD DE DICHOS ACTOS A PARTIR DEL ANÁLISIS DE INTERSECCIONALIDAD DE LOS FACTORES DE IDENTIDAD QUE COLOCAN A LA PERSONA EN UNA SITUACIÓN VULNERABLE. VIOLENCIA DIGITAL. EN CONTEXTOS DE INTERSECCIONALIDAD PUEDE GENERAR RIESGOS GRAVES A LA VIDA E INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS CUANDO REPLICA DISCURSOS HOMÓFOBOS, DE ODIO SEXISTA O APOLOGISTAS A LA COMISIÓN DE DELITOS, O INCITA A LA VIOLENCIA.
QUEJA 277/2024. 4 DE JUNIO DE 2024. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: SALVADOR ALVARADO LÓPEZ, QUIEN EMITIÓ VOTO CONCURRENTE. SECRETARIO: HÉCTOR JESÚS REYNA PÉREZ GÜEMES.
Ciudad de México. Acuerdo del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión por videoconferencia de cuatro de junio de dos mil veinticuatro.
Sentencia definitiva que declara fundado el recurso de queja Q.A.I.B. 277/2024, interpuesto contra el auto de veinticuatro de mayo de dos mil veinticuatro por la Juez Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en el juicio de amparo **********, mediante el cual negó la suspensión solicitada en dicho asunto.
ANTECEDENTES
PRIMERO. Hechos. El cuatro de marzo de dos mil veinticuatro, **********, mujer, periodista deportiva, defensora de derechos humanos e integrante de la comunidad LGBTQ+, solicitó su incorporación al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación por haber recibido constantes ataques en redes sociales que afectaban su desempeño profesional, le generaban angustia, miedo e inseguridad y, desde su perspectiva, podían poner en riesgo su vida e integridad.
El siete de dicho mes y año, formalizó su solicitud y en fechas posteriores exhibió varias pruebas supervenientes sobre tales ataques.
El trece de mayo de dos mil veinticuatro, la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida de la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación negó la solicitud de incorporación expresada por la persona mencionada y, debido a ello, también negó las diferentes medidas preventivas y de protección previstas en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos que podía haber implementado a su favor.
A fin de reclamar esa negativa, el veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro, la abogada de la persona solicitante intentó interponer el medio ordinario de defensa (recurso de inconformidad) y, según lo relata bajo protesta de decir verdad, el personal encargado de recibir el escrito de agravios (previo rechazo inicial) estampó una fecha posterior a la de su efectiva presentación, de modo que lo recibió como si hubiera sido presentado a la primera hora del día hábil siguiente: veinticuatro de mayo de dos mil veinticuatro.
En esta última fecha, veinticuatro de mayo de dos mil veinticuatro, la abogada de ********** promovió juicio de amparo con fundamento en lo previsto en el artículo 15 de la legislación aplicable y reclamó lo siguiente: la negativa a recibir la inconformidad con fecha de veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro, es decir, el hecho de haberla recibido con fecha posterior distinta a la de su presentación, la omisión de garantizar medidas de protección urgentes, la omisión de admitir dicho recurso y sus consecuencias.
Asimismo, solicitó la suspensión provisional a efecto de que fueran implementadas medidas idóneas para salvaguardar a la quejosa, concretamente, para garantizar su derecho a una vida libre violencia, su derecho a la vida, su derecho a la seguridad e integridad física y su derecho a la libertad de expresión dada la interseccionalidad de diversos contextos de violencia en su persona: violencia contra mujeres, contra periodistas, contra defensoras de derechos humanos y contra integrantes de la comunidad LGBTQ+.
La Juez Décimo Tercera de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veinticuatro, registró el asunto bajo el expediente **********, requirió a la promovente para que acreditara fehacientemente su calidad de representante legal y negó la suspensión de plano bajo el argumento de que las omisiones y los actos reclamados no encuadraban en el supuesto previsto en el artículo 126 de la Ley de Amparo porque no importaban un peligro inmediato y directo a la vida e integridad de la quejosa.(1)
SEGUNDO. Secuela procesal. En contra de la negativa de suspensión de plano y la prevención sobre la representación, por escrito presentado vía electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, la quejosa, por conducto de una persona autorizada en términos de lo previsto en el artículo 12 de la Ley de Amparo, interpuso este recurso de queja.
La presidencia de este Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por auto de treinta y uno de mayo de dos mil veinticuatro, registró el asunto bajo el expediente Q.A.I.B. 277/2024, lo admitió a trámite, tuvo por rendido el informe justificado de la juez de distrito y, finalmente, turnó los autos a la ponencia para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERACIONES PROCESALES
PRIMERA. Competencia. Este Tribunal Colegiado es legalmente competente para conocer del recurso de queja, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso b); 98, fracción I; 99; y, 100 de la Ley de Amparo, en relación con el 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por ser interpuesto contra una resolución en la que fue concedida una suspensión provisional emitida por una Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que reside dentro del territorio en el que ejerce jurisdicción.
SEGUNDA. Legitimación. El recurso de queja es interpuesto por persona legitimada porque lo suscribe la quejosa, a quien perjudica la negativa de suspensión, por conducto de **********, autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y quien está registrada en el sistema respectivo.
TERCERA. Oportunidad. El recurso de queja es oportuno porque fue presentado el veintinueve de mayo de dos mil veinticuatro vía electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, dentro del plazo de dos días hábiles previsto en el artículo 98, fracción I, de la Ley de Amparo.
CUARTA. Procedencia. El recurso de queja es procedente en términos de lo previsto en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, porque es interpuesto contra un acuerdo por medio del cual una juez de distrito negó la suspensión de plano (no solicitada) y no concedió la suspensión provisional (sí solicitada).
CONSIDERACIONES DE FONDO
PRIMERA. Planteamientos del recurso. La recurrente plantea, por un lado, que la juez de distrito sustentó su determinación a partir de una interpretación inadecuada de lo previsto en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo porque inobservó (i) que sí era jurídicamente viable conceder la suspensión de plano dado que las omisiones y los actos reclamados podían poner en riesgo la vida e integridad de la quejosa y (ii) que no era necesario acreditar la representación legal de su abogada dada la mecánica con la que había sido promovida la demanda.
Por otro lado, plantea que la juez de distrito no analizó los hechos con base en una perspectiva que tomara en cuenta los factores de identidad relevantes que convergen en la quejosa como mujer periodista defensora de derechos humanos e integrante de la comunidad LGBTQ+ y que, por esa razón, no pudo dimensionar la trascendencia de las omisiones y de los actos reclamados a partir del impacto diferenciado que generan en su perjuicio, como tampoco el alcance, la magnitud, los riesgos y los peligros del contexto de violencia específico que vive.
Así, la recurrente plantea que la juez de distrito negó la suspensión de plano y requirió a quien promovió la demanda que acreditara su personería (con lo que además dejó de aperturar el incidente respectivo), sin realizar antes un estudio interseccional para corroborar si existían o no amenazas a la vida e integridad de la quejosa que hubieran sido detonadas o agravadas por ciertas reacciones sociales expresadas en el espacio digital acerca de sus preferencias personales, su trabajo y las diferentes facetas de su vida.
En esa tesitura, a juicio de este Tribunal Colegiado, la resolución del asunto implica dilucidar si en el expediente había elementos suficientes para considerar que las omisiones y los actos reclamados importaban un peligro contra la vida e integridad de la quejosa, o bien, algún otro supuesto análogo a los previstos en los citados artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, que no nada más justificaran la concesión de la suspensión de plano, sino que además posibilitaran la presentación de la demanda a su nombre por parte de cualquier persona.(2)
Punto litigioso a dilucidar
¿Existen elementos suficientes en el expediente que generen indicios sobre la posible actualización de alguno de los supuestos previstos en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo para, primero, justificar la concesión de la suspensión de plano a la quejosa a partir de su situación particular y de la confluencia de diversos factores de identidad que la hubieran colocado en una situación de vulnerabilidad interseccional que pusiera en riesgo su vida y, segundo, para justificar la posibilidad de que la demanda fuera presentada a su nombre por cualquier persona?
La dilucidación de ese punto litigioso requiere, a su vez, de un estudio cuidadoso de los elementos del expediente a partir de un enfoque de derechos humanos y de una perspectiva de género que permitan descubrir si la superposición de los factores de identidad de la quejosa, tanto en lo individual (cada uno) como en lo general (todos en conjunto), podía propiciar afectaciones específicas, o bien, inclusive, potenciar cierto tipo de agresiones en principio inocuas hasta convertirlas en amenazas serias a su vida o a su dignidad en su particular contexto.
En otras palabras, analizar los elementos del expediente en función de los factores de identidad de la quejosa para determinar si, como lo plantea quien promueve en su nombre, por el solo hecho de ser una mujer periodista defensora de derechos humanos e integrante de la comunidad LGBTQ+, que vive una combinación de factores de riesgo, resultaba indispensable redimensionar la peligrosidad subyacente a las constantes agresiones y a los reiterados ataques expresados en su contra vía redes sociales para conocer realmente su trascendencia.
Por tanto, a fin de dilucidar de manera cabal el punto litigioso identificado, es conveniente considerar a modo de marco de aproximación al estudio del recurso algunas características relevantes del contexto de violencia en el espacio digital contra mujeres, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y personas integrantes de la comunidad LGBTQ+ con la idea de visibilizar el daño que puede causar a su dignidad, desarrollo pleno, disfrute de derechos humanos y, en casos graves, a su vida e integridad física o emocional.
SEGUNDA. Aclaración sobre la suspensión de plano contra omisiones o actos de violencia digital o vinculados con ella. Ahora, como lo indica la doctrina, la violencia digital es una forma relativamente novedosa de silenciar, excluir y desprestigiar que por sí misma es nociva y debe ser erradicada en tanto fomenta la desigualdad, promueve estereotipos, discrimina y atenta en contra la dignidad y los derechos humanos, pero ello no significa que siempre pueda motivar el otorgamiento de una suspensión de plano dentro de un juicio de amparo.
Lo anterior, pues, conforme a lo previsto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, la suspensión de plano es una figura jurídica cuya concesión presupone cierto grado de afectación a sólo cierto tipo de bienes jurídicos primarios, es decir, cierto grado de afectación a ciertos derechos humanos de especial relevancia (vida o libertad) cuya transgresión, según la línea jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede además comprometer o socavar profundamente la dignidad o integridad de las personas involucradas.(3)
Actos que pretende evitar la suspensión de plano por vulnerar bienes jurídicos o derechos humanos de especial relevancia
Aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales
Por tanto, no cualquier tipo de violencia digital puede afectar los bienes jurídicos o los derechos humanos que busca proteger la figura de la suspensión de plano ya que existen manifestaciones de violencia digital que afectan otros de menor importancia y, consecuentemente, no cualquier manifestación de esa violencia debe ser objeto de dicha medida cautelar porque sólo debe ser concedida contra aquellos que propicien, vía los actos especificados, la transgresión de bienes jurídicos primarios o de derechos de especial relevancia en detrimento de la dignidad humana.
Lo que puede suceder de dos supuestos que producen efectos sustancialmente iguales: en primer lugar, cuando la violencia digital es reclamada de manera destacada en el juicio de amparo y las omisiones o los actos reclamados vinculados con ella afectan directamente los referidos bienes jurídicos y derechos humanos; o bien, en segundo lugar, cuando la violencia digital no es reclamada de manera destacada, pero afecta esos mismos bienes o derechos y las omisiones o los actos reclamados pueden evitar dicha afectación.
Ello, a juicio de este Tribunal Colegiado, porque el propósito de la disposición que contempla el otorgamiento de la suspensión de plano es evitar la afectación de esos bienes jurídicos primarios o derechos humanos de especial relevancia al igual que la afectación a la dignidad: evitar que las personas padezcan los actos a los que hace referencia y ese objetivo puede lograrse o bien con la paralización de aquello que propicie o provoque su realización (primer supuesto) o bien con la paralización de aquello que impida evitarla (segundo supuesto).
De manera que en aquellos casos en los que la parte quejosa pretenda reclamar omisiones o actos vinculados con diferentes tipos de violencia digital es imprescindible identificar la situación de las personas involucradas para entender cómo y en qué grado es que las diferentes manifestaciones de esa violencia pueden afectarles, especialmente, en situaciones de interseccionalidad, como la que vive la quejosa, porque en éstas el daño causado por los diferentes tipos de violencia digital es sinérgico y de crecimiento no lineal.
En otras palabras, es imprescindible identificar la situación particular de quienes resientan los diferentes tipos de violencia digital porque en tales situaciones de interseccionalidad, en las que convergen diferentes factores de identidad que en conjunto colocan a una persona en una situación de mayor vulnerabilidad a la generada por cada uno de ellos individualmente, los efectos de la violencia digital son superiores a la suma de los efectos individuales y el grado de afectación incrementa exponencialmente o cada vez más rápido.
De ahí que en casos en los que la parte quejosa pretenda reclamar omisiones o actos vinculados con violencia digital, además de identificar la situación particular de la persona involucrada, es imprescindible clasificar los diferentes grados de afectación que aquélla genera para definir si en el caso concreto algunas de sus manifestaciones pueden y deben ser objeto de suspensión de plano y, de no ser así, definir si pueden y deben ser objeto de una suspensión incidental (sea por solicitud de parte o por apertura oficiosa).
TERCERA. Análisis de planteamiento: argumentos fundados. Entonces, como fue relatado, la recurrente plantea que la juez de distrito negó la suspensión de plano y requirió la acreditación de la representación legal de la quejosa a pesar de que las omisiones y los actos reclamados implicaban un peligro de privación de la vida en perjuicio de ésta dada su situación particular y de que, por ende, sí procedía el otorgamiento de dicha medida cautelar así como la promoción de la demanda por cualquier persona en su nombre.
Tal planteamiento, a juicio de este Tribunal Colegiado, es fundado porque la juez de distrito inobservó que las características de la quejosa, como mujer periodista defensora de derechos humanos e integrante de la comunidad LGBTQ+, la han colocado en una posición muy riesgosa en la que ciertos ataques digitales (los que evidencian un discurso homófobo e inclusive de odio sexista al igual que una apología a delitos contra la mujer) recobran una potencia de suficiente entidad para considerar que pueden poner en riesgo su vida o integridad.
En efecto, según lo previsto en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, a prevenir, investigar, sancionar y reparar su transgresión, así como a interpretar, dentro de su ámbito competencial, las disposiciones normativas generales de manera que favorezcan siempre la protección más amplia.(4)
O sea que deben de salvaguardar progresivamente los derechos humanos de todas las personas en su ámbito competencial (5)
Bajo esa lógica, los órganos jurisdiccionales del país están obligados a ejercer sus facultades legales y a emplear técnicas argumentativas para cumplir con esas obligaciones y, en sintonía, deben de estudiar la pretensión sometida a su competencia con base en una apreciación cuidadosa de los hechos que les permita identificar en cada caso si existen elementos que puedan colocar a alguna de las partes en una situación de especial vulnerabilidad, o bien, en algún contexto de desigualdad, de discriminación o de violencia.
Lo anterior, no sólo para saber si debido a tales circunstancias personales es indispensable suplir o complementar los argumentos que hayan expresado, así como para saber si es necesario implementar a su favor mecanismos de protección especial o ajustes de procedimiento para salvaguardarlas, sino también para saber qué enfoque utilizar con miras a identificar sus factores de identidad relevantes y, con ello, tomarlos en cuenta para promover su acceso a la justicia en condiciones de igualdad sustantiva y, en lo posible, empoderarlas. (6)
De ahí que desplegar una aproximación al caso que sea sensible a los diferentes factores circunstanciales y personales que integran los contextos objetivo y subjetivo de quien participa en un procedimiento jurisdiccional resulta imprescindible para establecer cuál es la pretensión que efectivamente ha planteado y cómo es que las omisiones o los actos reclamados le afectan de manera diferenciada en función de los argumentos que hubiera formulado y de sus factores de vulnerabilidad.
Esto último porque es fundamental considerar esos factores para evitar la emisión de resoluciones que, en la práctica, dadas las características o el contexto de la persona justiciable, no tengan alguna utilidad o no le generen un beneficio real, así como para evitar, por mayoría de razón, la emisión de resoluciones que, precisamente dadas esas características y contexto, puedan generarle un perjuicio que no surgiría en el caso de personas en otras circunstancias.
Así, al valorar esos factores de vulnerabilidad para identificar la pretensión material y resolver integralmente la litis, los órganos jurisdiccionales están obligados a verificar cómo cada uno de ellos afecta a la persona justiciable cuando surgen individualmente y, por supuesto, cómo le afectan cuando surgen en conjunto y de manera simultánea, pues sólo con esa aproximación pueden detectar los perjuicios específicos y adicionales que únicamente esa concurrencia propicia. Por tanto, de conformidad con los razonamientos expuestos, los órganos jurisdiccionales deben llevar a cabo un análisis interseccional de los hechos del caso con el objeto de evidenciar cómo la confluencia de múltiples factores de vulnerabilidad genera una afectación diferenciada, esto es, una afectación que no existiría de no haber surgido alguno de ellos, y cómo al interactuar entre sí colocan a la persona justiciable en una situación de vulnerabilidad única. (7)
En otras palabras, deben analizar la interacción de factores de vulnerabilidad o condiciones de identidad que conlleven un riesgo de discriminación o trato desigual injustificado cuando incidan en la vida de las personas justiciables y cuando, por la combinación de sus efectos nocivos, es decir, por su influencia recíproca dadas ciertas dinámicas de poder, las coloquen en una situación de mayor vulnerabilidad o en una situación de vulnerabilidad única o de discriminación múltiple.
Lo anterior, en armonía con las exigencias que imponen los derechos a la igualdad, a la seguridad jurídica y acceso a la justicia para estar en posibilidad de incorporar a la solución del caso los parámetros nacionales e internacionales de derechos humanos que ofrezcan a las personas justiciables una protección reforzada o especializada vía la aplicación de un enfoque general de derechos humanos y vía la aplicación de una perspectiva de género específica.
A la par, los órganos jurisdiccionales están obligados a implementar un enfoque de derechos humanos para analizar un caso y aproximarse a los elementos que lo integran (personas, hechos y derechos) desde una postura favorable a la disminución o eliminación de la desigualdad, la corrección de las asimetrías de poder y de los problemas estructurales que las propician, el empoderamiento de todas las personas y la erradicación de los riesgos intrínsecos a los diversos tipos de violencia.
Por último, están obligados a implementar una perspectiva de género para analizar un caso y articular marcos de protección más específicos, identificar estereotipos y sesgos, disposiciones normativas y culturales de índole patriarcal, situaciones de discriminación interseccional y un contexto estructural de opresión y desigualdad, así como para fomentar la sensibilización a las repercusiones motivadas por género y la importancia que tiene su atención para salvaguardar derechos humanos.(8)
En el caso, la juez de distrito incumplió con tales obligaciones porque no aplicó ninguna de esas herramientas analíticas (interseccionalidad, enfoque de derechos humanos y perspectiva de género) para estudiar integralmente la situación particular de la quejosa a la luz de la superposición de los diferentes contextos que vive y, por ende, inobservó que la confluencia de múltiples factores de identidad la han colocado en una especial situación de vulnerabilidad de la que sin duda pueden surgir escenarios que pongan en riesgo su vida y su dignidad.
Más aún, como consecuencia de no haber aplicado tales herramientas de análisis y de no haber calibrado adecuadamente la especial situación de vulnerabilidad de la quejosa, la juez de distrito también dejó de atribuir un valor probatorio adecuado a los elementos exhibidos con la demanda para demostrar las diferentes aristas de un serio problema de violencia de género, promoción de la intolerancia, discurso homófobo e inclusive de odio sexista y, como consecuencia, también dejó de redimensionar su peligro potencial.
Lo anterior, porque inadvirtió que si bien algunos de los mensajes manifestados contra la quejosa estarían amparados por la libertad de expresión contemplada en los artículo 6 y 7 de la Constitución General (por más fuertes, incómodos o molestos que le resultasen); otros estarían excluidos de su protección porque contenían manifestaciones claramente ofensivas y vejaciones injustificadas, que evidenciaban un menosprecio personal tan contundente como impertinente para expresar una opinión o información.(9)
Pero además, porque inadvirtió que algunos otros de los mensajes manifestados contra la quejosa no sólo eran gratuitamente ofensivos y sin fines artísticos, literarios o científicos, por lo que estarían excluidos del ámbito protector de la libertad de expresión, sino que contenían componentes homófobos y discriminatorios encaminados a imponerle una situación de inferioridad y a incitar o justificar la intolerancia a su preferencia sexual en perjuicio de su derecho a la igualdad, por lo que estarían expresamente prohibidos a nivel constitucional.(10)
Inclusive, porque inadvirtió que dada la interseccionalidad de los diversos factores de identidad de la quejosa y su contexto particular (configurado por la combinación de múltiples elementos de riesgo directamente potenciados por la creciente violencia digital contra mujeres, periodistas, personas defensoras de derechos humanos e integrantes de la comunidad LGBTQ+) ese último tipo de mensajes tenía el potencial de trascender el ámbito valorativo y desencadenar acciones abiertamente hostiles en su ámbito personal fuera del espacio digital.
Lo anterior, dado el alto grado de escalabilidad de la violencia digital que ha sido documentado por diversos organismos internacionales.
Esto es, porque inadvirtió que ese último tipo de mensajes,(11) configuraban un discurso de odio sexista y claramente apologista a la violencia contra la quejosa, cuyas repercusiones, a juicio de este Tribunal Colegiado, no podían ser menospreciadas ni minimizadas y, menos aún, excluidas de pronunciamiento alguno como lo fueron por la juez de distrito dada precisamente esa característica de escalabilidad y su posible materialización en agresiones físicas que pudieran poner en riesgo la vida y la dignidad de la quejosa.
Aunado a ello, porque la juez de distrito inobservó que, dada la situación de la quejosa, en el caso existían dos tipos de manifestaciones de violencia digital cuya paralización oficiosa debía ser analizada: por un lado, en términos de lo previsto en el artículo 127 de la Ley de Amparo, aquellas excluidas del ámbito protector de la libertad de expresión que ocasionaran una afectación de imposible restitución sin poner en riesgo su vida y, por otro, en términos de lo previsto en el artículo 126 de ese ordenamiento, aquellas que sí importaran dicho riesgo.(12)
Todavía más, porque inobservó que ambas manifestaciones de violencia digital, por mayoría de razón esta última que puede desencadenar agresiones físicas que pongan en riesgo la vida, integridad y dignidad de la quejosa dada su referida escalabilidad, colocan a las personas que las padecen en una grave situación de vulnerabilidad y, por ende, contravienen los valores que rigen el ordenamiento jurídico mexicano, entre otros, los derechos humanos y a la democracia constitucional (plural y tolerante a la diversidad).(13)
Finalmente, porque la juez de distrito inobservó que si bien la línea jurisprudencial de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación indica que no todo discurso de odio debe ser reprimido porque es necesario analizar el contexto al igual que las condiciones sociales históricas y políticas del lugar en los que es expresado y la existencia de conflictos sociales vinculados con la discriminación, el discurso detectado en este caso sí debe ser inmediatamente atendido dada la reconocida peligrosidad del ámbito periodístico en el que labora la quejosa.(14)
Máxime que la combinación de los factores de identidad de la quejosa provoca una necesidad excepcional de salvaguardar su integridad.(15)
DECISIÓN
En conclusión, los planteamientos son fundados porque la juez de distrito llevó a cabo un análisis inadecuado de los hechos del caso que le impidió detectar los riesgos y los peligros intrínsecos a ciertas manifestaciones de violencia digital acreditadas en el expediente (dada su escalabilidad, el anonimato y la impunidad que puede propiciar el uso de redes sociales para realizarlas); y, por consiguiente, dejó de apreciar su verdadera trascendencia en la vida e integridad de la quejosa para efectos de la tramitación del asunto y la suspensión de plano.(16)
De ahí que lo procedente es declarar fundado el recurso para el efecto de que la juez de distrito lleve a cabo lo siguiente.
En primer lugar, conceda la suspensión de plano contra las omisiones y los actos reclamados a fin de que las responsables, en un ejercicio de tutela anticipada encaminado a proteger bienes jurídicos de primer orden y derechos humanos de especial relevancia resuelva sobre las medidas de protección urgentes y suficientes que solicitó para evitar las manifestaciones de violencia digital expresadas en su contra.
En segundo lugar, asuma como premisas que si bien la quejosa no reclamó la violencia digital que ha padecido, ésta afecta los bienes jurídicos de primer orden y derechos humanos de especial relevancia que son objeto de protección de la suspensión de plano porque generan un riesgo de afectación a su derecho a una vida libre de violencia dado la ausencia de acceso a la justicia e inseguridad de las personas periodistas.
Por lo expuesto y fundado, este Tribunal Colegiado resuelve:
ÚNICO. Es fundado el recurso de queja para los efectos precisados.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, remítanse los autos a su lugar de origen; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico; en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido y determínese el criterio de valoración que le corresponda en términos de lo dispuesto en el artículo 14 y demás relativos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés.
Así por unanimidad de votos del Magistrado Fernando Silva García Presidente, la Magistrada Martha Llamile Ortiz Brena, y el Magistrado Salvador A
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33525-a12df084/suspension-de-plano-en-amparo-indirecto-al-proveer · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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