SUSPENSIÓN DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE, POR REGLA GENERAL, CUANDO SE RECLAMEN ACTOS DE ACOSO U HOSTIGAMIENTO ESCOLAR (BULLYING). SUSPENSIÓN INCIDENTAL DE OFICIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 127 DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE EN FAVOR DE LOS MENORES DE EDAD QUEJOSOS CUANDO SE RECLAMEN ACTOS DE ACOSO U HOSTIGAMIENTO ESCOLAR (BULLYING), QUE NO SE EQUIPAREN A LAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE LA MATERIA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 217/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO. 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LA MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y DEL MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA. DISIDENTE: MAGISTRADA ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA. SECRETARIA: KAREN AIDEÉ ÁLVAREZ AGUILAR.
CONSIDERANDO:
13. PRIMERO.—Competencia. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; así como lo establecido en los diversos numerales 6o., fracción I, 7o., 9o., 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1o., fracción I, punto 2, y 2o. del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia y jurisdicción territorial, publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente.
14. El asunto que nos ocupa se ubica en los supuestos de las normas invocadas, en razón de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Quinto y Decimosexto Circuito, los cuales se encuentran dentro de la demarcación territorial y respecto de la especialidad sobre las que este Pleno ejerce jurisdicción; puesto que si bien uno de los tribunales contendientes tiene una competencia mixta –penal y administrativa–, el asunto que integra el criterio contendiente es de naturaleza administrativa.
15. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, toda vez que, fue formulada por **********, en representación de su hija menor de edad de iniciales **********, quien es la quejosa en el juicio de amparo indirecto **********; de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
16. Es oportuno precisar que, tomando en cuenta que en la presente denuncia de contradicción de criterios se encuentra involucrada una menor de edad, debe reservarse la información en cuanto a su nombre o características, en acatamiento a la regla 8.1, de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, conocidas como "Reglas de Beijing", adoptadas por la Asamblea General en su resolución 40/33, de veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.(4)
17. Así como de conformidad con el punto 7, del Capítulo III, del Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en casos que involucren Niñas, Niños y Adolescentes, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.(5)
18. Por lo anterior, el nombre de la menor se sustituye por las iniciales **********.
19. TERCERO.—Transcripción de las ejecutorias contendientes. En el presente asunto, no se transcriben las consideraciones de las resoluciones contendientes, por no exigirlo la normativa que rige las ejecutorias que se emitan al resolverse las contradicciones de criterios y las facultades de este Pleno Regional; es decir, no existe precepto legal alguno que establezca dicha obligación; ya que el cumplimiento a los principios de exhaustividad y congruencia se satisface al atender en su totalidad los puntos litigiosos a consideración del órgano jurisdiccional, efectuando un análisis exhaustivo y emitiendo una respuesta a cada uno de ellos.
20. Apoya lo anterior, en lo conducente y por identidad jurídica de razón, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 164618, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN."(6)
21. CUARTO.—Criterios contendientes. Previo a determinar si los criterios denunciados se encuentran vigentes o, si en su caso, existe o no la contradicción de criterios denunciada y, si se emite o no pronunciamiento respecto del fondo para unificar los criterios, se estima necesario precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones que sustentaron los Tribunales Colegiados de Circuito para emitirlas.
22. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito al resolver el recurso de queja 282/2023.
23. Juicio de amparo indirecto. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades siguientes:
24. Autoridades responsables: 1. El Secretario de Educación de Guanajuato. 2. El Subsecretario de Educación Básica. 3. El Especialista en Información de Educación Básica. 4. El Director General de Educación Básica. 5. El Director de Gestión y Supervisión Escolar. 6. El Jefe de Seguimiento a la Autonomía de Gestión Escolar. 7. El Jefe de Planeación y Organización Escolar. 8. El Jefe de Fortalecimiento de la Función Directiva y Supervisor. 9. El Jefe de Impulso al Logro Educativo. 10. El Director de Profesionalización y Desarrollo Docente. 11. El Jefe de Asistencia Técnica a las Escuelas. 12. El Jefe de Fortalecimiento de Competencias Docentes. 13. El Jefe de Formación Continua. 14. El Jefe de Profesionalización para la Reforma Educativa. 15. Director de Cobertura en Básica. 16. La Jefa de Validación y Asignación. 17. El Jefe de Cobertura en Básica. 18. El Jefe de Infraestructura en Básica. 19. El Director General para el Desarrollo Integral de la Comunidad Educativa. 20. El Director de Participación Social. 21. El Director de Formación Integral en Educación Básica. 22. El Director de Medios, Métodos y Materiales Educativos. 23. El Director Transversal para la Convivencia y la Cultura de la Paz. 24. El Jefe del Centro de Aprender a Convivir. 25. El Jefe de Educación en Derechos Humanos. 26. El Director General de Política Educativa. 27. El Coordinador de Información Estratégica. 28. El Director de Planeación. 29. El Director de Evaluación. 30. El Director de Servicios Escolares. 31. El Director de Incorporaciones. 32. El Coordinador de Atención a Particulares y Vinculación. 33. El Director General de Consejería Legal. 34. Director de lo Contencioso. 35. El Jefe de Procedimientos Disciplinarios. 36. El Jefe de Procedimientos Administrativos y Disciplinarios. 37. El Instituto ********** de Guanajuato.
25. Actos reclamados: De las autoridades 1 a la 36: I. La omisión, en el ámbito de sus competencias, de supervisión, evaluación y control de la prestación del servicio educativo, de acuerdo al artículo 3o. Constitucional.
26. II. La omisión, en el ámbito de sus competencias de proteger y garantizar los derechos humanos en términos del artículo 1o. de la Ley Fundamental.
27. III. La omisión, en el ámbito de sus competencias, de supervisión y erradicación de prácticas sistemáticas equiparables al artículo 22 de la Carta Magna.
28. IV. La omisión, de erradicar actos de discriminación, tratos crueles, inhumanos o degradantes, consistentes en la vejación, maltrato, desprecio y humillaciones, así como el ataque a la dignidad e integridad personal.
29. V. La omisión de impedir o detener actos de tortura.
30. VI. La omisión de supervisión, evaluación y control para que la educación impartida se base en respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva.
31. VII. La omisión de priorizar el interés superior de la menor en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos.
32. VIII. La omisión de implementar las medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación.
33. IX. La omisión de garantizar la permanencia y conclusión de la educación obligatoria, en virtud de que se señalaba como acto inminente la negativa, rechazo o resultado desfavorable de la admisión al nivel de preparatoria que también presta la institución señalada como responsable.
34. X. La omisión de erradicar prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes, que atenten contra la dignidad humana o integridad, especialmente los tratos humillantes y degradantes.
35. Señalando que los actos omisivos, se vinculaban con los actos ejecutados por la autoridad denominada Instituto ********** de Guanajuato, a través de su personal administrativo y docente, reclamando de su personal administrativo y docente:
36. XI. La prestación del servicio educativo, sin cumplir los parámetros del artículo 3o. de la Constitución Federal.
37. XII. La falta de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en términos del artículo 1o. Ley Suprema.
38. XIII. La práctica sistemática equiparable de conductas prohibidas conforme al artículo 22 Constitucional.
39. XIV. Los actos de discriminación, tratos crueles, inhumanos o degradantes, consistentes en la vejación, maltrato, desprecio y humillaciones, así como el ataque a la dignidad e integridad personal.
40. XV. Los actos de tortura.
41. XVI. La prestación del servicio educativo sin respeto de la dignidad de las personas, alejados de un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva.
42. XVII. La desatención de priorizar el interés superior de la menor en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos.
43. XVIII. La omisión de implementar las medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación.
44. XIX. La falta de garantizar la permanencia y conclusión de la educación obligatoria, en virtud de que se señala como acto inminente la negativa, rechazo o resultado desfavorable de la admisión al nivel de preparatoria que presta la institución señalada como responsable.
45. XX. La ejecución de prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes que atentan contra la dignidad humana o integridad, especialmente los tratos humillantes y degradantes.
46. Solicitó la suspensión de plano para el efecto de que cesaran de inmediato la discriminación, tratos crueles, inhumanos o degradantes consistentes en la vejación, maltrato, desprecio y humillaciones, así como ataques a la dignidad e integridad personal de la menor quejosa, garantizando la permanencia y conclusión de la educación obligatoria en su etapa de secundaria, así como de preparatoria, cuyo servicio educativo brinda la autoridad responsable.
47. De dicho juicio de amparo indirecto correspondió conocer al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre; y por auto de cinco de julio de dos mil veintitrés, ordenó la formación del cuaderno incidental y en esa fecha determinó que no era procedente conceder la suspensión de plano solicitada, por estimar que los actos reclamados no actualizaban los supuestos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo.
48. Recurso de queja. Inconforme con la determinación anterior, **********, en representación de su hija menor de edad de iniciales **********, interpuso recurso de queja, del que por razón de turno correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, quien lo registró bajo el número de expediente ********** y seguida la secuela procesal, en sentencia de once de julio de dos mil veintitrés, declaró infundado el recurso de queja y confirmó el acuerdo pronunciado el cinco de julio de dos mil veintitrés, por el juez del conocimiento, bajo las siguientes consideraciones:
49. Indicó que los conceptos de agravio eran infundados, precisando que no se advertía que existiera un motivo para suplir la deficiencia de la queja, en favor de la menor de edad quejosa, conforme a lo dispuesto por el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo.
50. Señaló en principio que el padre de la menor de edad quejosa, quien tiene catorce años de edad y concluyó el tercer año de educación secundaria, promovió juicio de amparo indirecto en contra de diversos actos del Secretario de Educación de Guanajuato y otros funcionarios estatales en el ramo de la educación, así como del Instituto ********** de Guanajuato, con sede en esta ciudad capital, acontecidos en el año dos mil veintidós y de enero a junio del año dos mil veintitrés, que en opinión de la quejosa, dieron por un lado lugar al maltrato de dicha adolescente, equiparable al tormento o a la tortura, y por otro, podrían ser la causa de que no se admitiera a la menor en la "preparatoria" del mencionado plantel educativo, en el siguiente ciclo escolar; además, la solicitante de la protección de la Justicia Federal solicitó la suspensión de plano de tales actos.
51. Al respecto el juez de distrito, determinó que no era procedente conceder la suspensión de plano de los actos reclamados, al considerar que no se actualizaban los supuestos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo, porque no se advertían circunstancias de las que se infiriera que se estaba frente a alguno de los actos a que se refiere dicho numeral, incluyendo los señalados en el precepto 22 de la Constitución Federal, ya que se trataba de acciones en el ámbito estudiantil, al interior del centro educativo donde la adolescente quejosa cursaba sus estudios, relacionadas con temas de disciplina, impartición de clases, calidad y nivel educativo, así como comportamiento de maestros, tutores, directivos y compañeros de estudio, que vinculara la promovente con la figura de "bullying escolar".
52. En ese sentido el tribunal colegiado sostuvo que la suspensión de plano se encuentra regulada por lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo, que dispone:
53. "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. ..."
54. Agregó que esta suspensión también se concede de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal.
55. Los actos a que se refiere el párrafo primero de dicho precepto también los menciona el artículo 15 del mismo ordenamiento legal, el cual prevé el supuesto en el que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover personalmente el juicio constitucional.
56. Por otra parte, se señaló que el artículo 22, párrafo primero, de la Constitución Federal, a que alude el arábigo 126 de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente:
57. "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. ..."
58. En ese tenor, se sostuvo que de los preceptos destacados se desprende que la suspensión de plano procede de manera específica contra los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; asimismo, contra actos de mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes y cualesquiera otros inusitados y trascendentales.
59. Así, el órgano colegiado determinó que, como acertadamente lo apreció el juez de distrito, los actos reclamados en el juicio de amparo de que derivaba el recurso de queja, en sí mismos no encuadraban en los previstos en los artículos 22 Constitucional, 15 y 126 de la Ley de Amparo, contra los cuales procede la suspensión de plano; toda vez que no ponían en peligro la vida de la menor quejosa ni atacan su libertad personal fuera de procedimiento; además, no implicaban incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición o desaparición forzada de personas, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se trataba de actos de mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes, ni otros inusitados y trascendentales.
60. Al respecto, se agregó que los actos reclamados por la quejosa tampoco se equiparaban a los señalados en los preceptos 22 Constitucional, 15 y 126 de la Ley de Amparo, toda vez que tal como lo consideró el juzgador federal, se trataba de acciones en el ámbito estudiantil, al interior del centro educativo donde la adolescente quejosa cursaba sus estudios, relacionadas con temas de disciplina, impartición de clases, calidad y nivel educativo, así como comportamiento de maestros, tutores, directivos y compañeros de estudio.
61. Indicó que de las expresiones del propio padre de la quejosa, esos actos no se equiparaban de manera particular a un tormento o tortura, bajo la figura de "bullying escolar", puesto que de la demanda de amparo sólo se advertía que tales actos tenían relación con temas de disciplina, impartición de clases, calidad y nivel educativo, así como comportamiento de maestros, tutores, directivos y compañeros de estudio.
62. Citó que los actos respecto de los cuales el artículo 126 de la Ley de Amparo establece que procede la suspensión de plano, tienen como denominador común su gravedad y la necesidad de actuar de inmediato para detenerlos, con la finalidad de evitar al gobernado daños de imposible reparación, lo cual pone de manifiesto que el elemento que determina la procedencia de esa medida cautelar es la imposibilidad material y física de reparar la violación del derecho humano en que incurrió la autoridad responsable; por tanto, el juzgador federal, como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, debe examinar siempre si entre los hechos expuestos por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad que justifique la adopción de esa suspensión.
63. En ese sentido, se señaló que según se narró en la demanda de amparo, las actuaciones que se atribuyen a la institución educativa en comento, no tenían equiparación con la tortura o tormento, precisamente porque no toda omisión por parte de las autoridades coloca necesariamente a la parte quejosa en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta el grado de tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de la vida y equipararse a un tormento o tortura.
64. Además, se precisó que la suspensión de plano derivaba directamente de la naturaleza de los actos reclamados, no de las razones aducidas por la solicitante del amparo con base en enfoques subjetivos; de ahí que, atento a lo manifestado por el padre de la menor quejosa, los actos impugnados no se equiparaban a alguno de los previstos por los artículos 22 Constitucional, 15 y 126 de la Ley de Amparo. 65. Se expuso que era importante decir que de los artículos destacados en párrafos precedentes se desprendía también que atento a la naturaleza grave y trascendental de los actos a que éstos se refieren, la suspensión de plano tiene como objeto que cesen de inmediato los actos reclamados (actuales o inminentes), que importen peligro de privación de la vida o la pongan en riesgo, ataques a la libertad o integridad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas; o se trate de mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes y cualesquiera otros actos inusitados y trascendentales.
66. Lo anterior, precisamente porque con la suspensión de plano se evitará que continúen ejecutándose o tengan verificativo de manera inmediata, actos que son de naturaleza y consecuencias graves y trascendentales, en relación principalmente con la vida, la salud física y psicoemocional, y la libertad en toda su extensión, que son derechos humanos tutelados por la Constitución; de otra manera no se justificaría jurídicamente la urgencia y la inmediatez de la medida cautelar denominada "suspensión de plano", la cual debe otorgarse en el propio acuerdo donde se provea sobre la admisión de la demanda de amparo.
67. Sin embargo, se agregó que en el caso concreto, de lo narrado en la demanda no se desprendía que los actos reclamados fueran actuales o inminentes; ya que de acuerdo a lo afirmado por la peticionaria del amparo, el alegado maltrato a la adolescente aconteció en el año dos mil veintidós y de enero a junio del año dos mil veintitrés; los cuales constituían hechos pasados que sucedieron previamente a que se presentara la demanda de amparo.
68. Además, se consideró que no existían elementos suficientes para evidenciar la inminencia de que no se le admitiera para cursar la "preparatoria" en el instituto de referencia; máxime que ni siquiera existía algún indicio de que se hubiera solicitado su ingreso a ese grado escolar, o bien, que se le negara.
69. Con base en lo anterior, el órgano colegiado sostuvo que no se contaba con datos que tornaran inminente la materialización de los actos que se califican como maltrato equiparado al tormento o a la tortura; inclusive, que no se podía presumir, y menos tener la certeza de que en el siguiente ciclo escolar la menor ingresara a la mencionada institución, o bien, que continuaran en el plantel los docentes a quienes se les atribuía la conducta reprochada.
70. Por tanto, se consideró que la sola manifestación de que el padre quiere que la menor continúe en esa escuela, era insuficiente para poner de manifiesto la inminencia de los actos reclamados.
71. En este orden de ideas, se concluyó que si los actos reclamados no eran de aquellos a lo que se refieren los artículos 22 Constitucional, 15 y 126 de la Ley de Amparo, ni se equiparaban a éstos, aunado a que no se ponía de manifiesto lo actual o inminente de tales actos, ni siquiera de las omisiones atribuidas a diversas autoridades; entonces, había sido ajustado a derecho que se considerara que no era procedente conceder la suspensión de plano, precisamente porque atento a la gravedad y a la trascendencia de ese tipo de actos, el objeto de tal medida cautelar era que no siguieran teniendo verificativo, o bien, no que no sucedieran en caso de ser inminentes, lo que no acontecía en el caso.
72. Se añadió que no pasaba inadvertido para ese Tribunal Colegiado, que tratándose de menores de edad, debía atenderse primordialmente a su interés superior, en la especie, desde la perspectiva de su derecho a la educación, a la salud (física y emocional), al bienestar y al libre desarrollo; sin embargo, se consideraba que atento a las circunstancias de facto que prevalecían hasta el momento, no era jurídicamente viable otorgar la suspensión de plano, en términos de lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo.
73. Señalando que las consideraciones que sustentaban su determinación se limitaban a la materia del recurso de queja de mérito, en torno a la suspensión de plano; aclarando que ello no eximía a las autoridades responsables de su obligación, en torno a salvaguardar los derechos humanos de los alumnos, principalmente relacionados con la educación, incluyendo desde luego a la quejosa en su calidad de estudiante, conforme a los estándares nacionales e internacionales aplicables.
74. Puesto que dichas autoridades están obligadas a ajustarse a la siguiente normatividad:
75. 1. Artículos 1o., 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
76. 2. Artículo 19, fracción III, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato.
77. 3. Artículos 7, fracción II, y 8, de la Ley General de Educación.
78. 4. Artículos 1, 2, 4, fracción IV, 5, fracciones III, VI, VII y X, y 7 de la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato.
79. 5. Artículos 1, fracción II, 6, fracciones I, IV, V, VI, XIII y XV, 13, fracciones VIII y XI, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
80. 6. Artículos 1, fracción II, 4, fracciones I, V, VII y XIV, 19, fracciones I y VI, 21, fracciones VIII y XI, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato.
81. 7. Artículos 3, 19 y 28, de la Convención sobre los Derechos del Niño.
82. Precisando que los aspectos de fondo a los que aludía la parte recurrente en su escrito de agravios y la eventual restitución en el derecho violado, serían materia en todo caso de la sentencia definitiva que se dictara en el juicio principal, no así de la suspensión.
83. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito al resolver la queja 243/2022.
84. Juicio de amparo indirecto. La parte actora demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades siguientes:
85. Autoridades responsables y actos reclamados: Del profesor de Educación Física y la Prefecta, ambos de la **********, del turno **********, en su doble aspecto de autoridades ordenadoras y ejecutoras, a quienes atribuyó los actos de discriminación, crueles, inhumanos o degradantes cometidos en perjuicio del menor **********, consistentes en la vejación, maltrato, insultos o humillaciones, así como el ataque a su dignidad e integridad personal.
86. Asimismo, la omisión de impedir o detener los actos de tortura que sufre el meno a manos de otros adolescentes compañeros de escuela.
87. De igual forma reclamó: a) La baja o expulsión de la Escuela Secundaria **********. b) La omisión de proporcionar al menor **********, una educación basada en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. c) La omisión de priorizar el interés superior del menor **********, en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. d) La omisión de implementar las medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación del menor **********. e) La omisión de garantizar la permanencia y conclusión de la educación obligatoria del menor **********. f) La omisión de administrar la disciplina escolar de modo compatible con la dignidad humana, impidiendo la imposición de medidas de disciplina que no estén previamente establecidas, sean contrarias a la dignidad humana o atenten contra la vida o la integridad física o mental del menor **********; y, g) La omisión de erradicar las practicas pedagógicas discriminatorias o excluyentes que atenten contra la dignidad humana o integridad, especialmente los tratos humillantes y degradantes.
88. Solicitando la suspensión de plano para el efecto de que inmediatamente cesaran los actos de discriminación, crueles e inhumanos, o degradantes, consistentes en la vejación, maltrato, insultos o humillaciones; así como los ataques a la dignidad e integridad del menor, además, para que se impidan los actos de tortura que sufre el menor a manos de sus compañeros de escuela y para que lo reintegren inmediatamente como alumno de la escuela para que continúe con sus clases de forma ordinaria; para que cesen los actos que vayan en contra de su dignidad personal o limiten su acceso y permanencia en dicho plantel educativo o que impidan el ejercicio pleno de su derecho a la educación, así como para que cesen todas aquellas medidas de disciplina que no están previamente establecidas y que son contrarias a la dignidad humana y que atenten contra la integridad física o mental, así como las practicas pedagógicas discriminatorias o excluyentes, especialmente los tratos humillantes y degradantes.
89. De dicho juicio de amparo indirecto correspondió conocer al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales; quien lo registró con el número 129/2022, donde la demanda se admitió a trámite por acuerdo de tres de junio de dos mil veintidós, en el que, sin pronunciarse sobre la suspensión de plano solicitada, la Jueza de Distrito ordenó la apertura y tramitación del incidente de suspensión.
90. Cuaderno en el que negó la suspensión provisional y la definitiva.
91. Inconforme con ello, la parte quejosa interpuso recurso de queja en el que se inconformó con:
92. a) La determinación adoptada en el referido incidente de suspensión, sobre la referida medida provisional.
93. b) La omisión de proveer la suspensión de plano.
94. Inconforme con el proveído de tres de junio de dos mil veintidós, **********, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, interpuso recurso de queja del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, y se registró con el número de queja **********.
95. En proveído de trece de junio de dos mil veintidós, la j
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32475-01d02bf6/suspension-de-plano-en-el-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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