SUSPENSIÓN DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA OMISIÓN DE INCLUIR A LOS MENORES DE ENTRE CINCO Y ONCE AÑOS DE EDAD EN LA "POLÍTICA NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-CoV-2, PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID 19 EN MÉXICO" Y DE VACUNARLOS, AL NO CONSTITUIR ACTOS QUE NECESARIAMENTE PONGAN EN PELIGRO SU VIDA O INTEGRIDAD FÍSICA.
QUEJA 93/2022. SECRETARIO DE SALUD Y OTROS. 23 DE MARZO DE 2022. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: SALVADOR ALVARADO LÓPEZ. SECRETARIA: MARÍA GUADALUPE MONTOYA ALDACO.
CONSIDERANDO:
SEXTO.—Estudio de fondo. A juicio de este Tribunal Colegiado son esencialmente fundados los agravios formulados por las autoridades recurrentes, en atención a las consideraciones siguientes:
En principio, debe tenerse en cuenta que, en términos generales, la suspensión en el juicio de amparo constituye una medida cautelar cuyo objetivo no sólo es preservar la materia de la litis del medio de control de constitucionalidad mientras se resuelve el asunto –al impedir la ejecución de los actos reclamados que pudieran ser de imposible reparación–, sino también evitar que se causen a los quejosos daños de difícil resarcimiento.
De ahí su carácter instrumental en relación con la efectividad del juicio de amparo como garantía jurisdiccional por excelencia de los derechos humanos, pues de llegar a consumarse irreparablemente la violación a éstos durante el transcurso del juicio o causarse daños difícilmente reparables, el juicio de amparo sería un instrumento inútil para garantizar una tutela jurisdiccional efectiva.
Ahora, en el caso se trata de una suspensión de oficio y de plano prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo, por lo que es necesario tener en cuenta los artículos 125 a 127 de la Ley de Amparo,(7) en los cuales fueron establecidos tres tipos de suspensión:
a) La suspensión de plano establecida en el artículo 126 de la Ley de Amparo.
b) La suspensión de oficio pero no de plano regulada en el artículo 127 de la Ley de Amparo.
c) La suspensión a petición de parte establecida en el artículo 121 y regulada en el artículo 128 y subsecuentes de la Ley de Amparo.
Así, cada tipo de suspensión tiene un tratamiento diferente, por lo que no es correcto jurídicamente mezclar o confundir sus principios reguladores.
Concretamente, la existencia de esta regulación diferenciada obedece, por lo que hace a la suspensión de oficio y de plano, a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia, como ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución General,(8) así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.
En efecto, la suspensión de oficio y de plano está prevista para actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, de acuerdo con el artículo 126 de la Ley de Amparo.
Fuera de esos casos, la suspensión se decretará de oficio o a instancia de parte, en términos de los artículos 127 y 128 de la Ley de Amparo, en los cuales se dispone que esa medida cautelar será resuelta en el incidente de suspensión que sea abierto, en el primer caso, por el propio Juez y, en el segundo caso, a solicitud del quejoso.
En relación con lo anterior, el criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que la existencia de esa regulación diferenciada responde, respecto de la suspensión de oficio y de plano, a la necesidad de tutelar los derechos fundamentales de especial relevancia –como la vida, la libertad o la integridad personal– de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso y que harían imposible su restitución a través del amparo.
Al respecto, son aplicables los criterios siguientes:
"SUSPENSIÓN DE PLANO Y DE OFICIO, CUÁNDO PROCEDE. La fracción II del artículo 123 de la Ley de Amparo, toma como base para conceder la suspensión de plano y de oficio, que se trate de un acto que si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada; caso en el cual no se encuentra la orden de una autoridad del orden administrativo, para que se desaloje a los quejosos de los terrenos que dicen estar poseyendo; pues es indudable que si el acto llegara a ejecutarse, no sería imposible restituirlos de nuevo en el goce de la posesión; de manera que la suspensión debe resolverse en los términos del artículo 124 de la citada ley, o sea, concederse la suspensión provisional y no de plano y de oficio." (Registro digital: 334093. Instancia: Segunda Sala. Tipo de tesis: aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XLIX, materias común y administrativa, página 1698).
"SUSPENSIÓN DE OFICIO. CONTRA LA RESOLUCIÓN EN LA QUE EL JUEZ DE DISTRITO OMITE PRONUNCIARSE EXPRESAMENTE RESPECTO DE SU CONCESIÓN O NEGATIVA, PROCEDE EL RECURSO DE QUEJA. La suspensión de oficio procede en los asuntos que no admiten demora alguna, en tanto que de no ordenarse podrían ocasionarse al gobernado perjuicios de imposible reparación. Ahora bien, la omisión del pronunciamiento expreso del Juez de Distrito respecto de la suspensión de oficio no está contenida en las hipótesis que limitativamente prevé el artículo 83 de la Ley de Amparo, por lo que en su contra no procede el recurso de revisión; en cambio, en términos del artículo 95, fracción VI, de la citada ley, contra dicha omisión procede el recurso de queja, ya que se trata de una resolución del Juez de Distrito, durante la tramitación del juicio de amparo, que no admite expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza puede causar daño o perjuicio al quejoso, no reparable en la sentencia definitiva que se dicte en el juicio. No es obstáculo a lo anterior que el artículo 89 del mencionado ordenamiento legal aluda al recurso de revisión "tratándose del auto en que se haya concedido o negado la suspensión de plano, ya que no contempla el caso en el que ocurra la referida omisión." (Registro digital: 164665. Instancia: Primera Sala. Tipo de tesis: jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, materia común, tesis 1a./J. 15/2010, página 356).
Así, dentro de la tutela de derechos de especial relevancia a los que responde la suspensión de oficio y de plano regulada en el artículo 126 de la Ley de Amparo están aquellos actos que signifiquen peligro a la vida, lo que se logra mediante la paralización de cualquier acto que la ponga en riesgo, siempre y cuando haya sido admitida la demanda y satisfechos los requisitos formales.
Además, si bien es factible que algunos actos que impliquen afectación a derechos humanos –como en la especie, el derecho a la salud– pueden encuadrar en alguno de los supuestos de procedencia previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo, no debe pasarse por alto que ello obedece a cada caso concreto, a partir de un juicio valorativo en el que se ponderen las manifestaciones formuladas en la demanda de amparo, tal como lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 42/2018.
En efecto, en dicha resolución la Primera Sala sostuvo, esencialmente, que la omisión de las autoridades penitenciarias de proporcionar atención médica a una persona privada de su libertad podía entenderse como un tormento, entendiendo por éste aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales, como podían ser, los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Por tanto, la Sala consideró que la omisión de proporcionar atención médica es un acto que abarca una gama amplia no reducible a un solo supuesto, pues abarca desde los casos en que la atención médica es pedida en relación con medidas preventivas no derivadas de una situación en la que su dignidad e integridad personal estén comprometidas gravemente, hasta aquellas medidas relacionadas con cuidados curativos, de rehabilitación o de urgencia médica cuya falta de atención oportuna somete a las personas a cierto dolor físico o estado patológico, la cual puede tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, supuesto este último en que sí es factible considerar esa omisión como un tormento.
Con base en lo anterior, la Sala determinó que en ese supuesto la procedencia de la suspensión de oficio y de plano debe otorgarse de acuerdo con las circunstancias que imperaran en cada asunto en concreto, por lo que corresponde al Juez de amparo su concesión a partir de un juicio valorativo en el que ponderará las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo para determinar si la falta de atención médica que se reclamaba encontraba relación con alguna lesión o padecimiento que causara al quejoso una aflicción física o mental que afecte gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse a un tormento.
Consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 55/2019 (10a.),(9) de rubro y texto siguientes:
"SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el Juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento."
Por ende, el Juez de Distrito al conocer de un amparo indirecto, está obligado a proveer de plano sobre la suspensión únicamente cuando se trate de los actos a que se refiere el artículo 126 de la Ley de Amparo, así como los descritos en el párrafo que antecede.
En este contexto, en el caso, en el escrito inicial de demanda se señaló que la quejosa menor de edad cuenta con once años y como actos reclamados se señalaron la omisión de las autoridades responsables de aplicar la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México" a los niños de cinco años en adelante, específicamente la omisión de aplicar la vacuna Pfizer-BioNTech a la quejosa menor de edad.
Precisado lo anterior, si bien este Tribunal Colegiado considera que el acceso a la vacuna en contra del virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19, está relacionado con el derecho a la salud, previsto en el artículo 4o. constitucional, el no aplicarle en este momento la vacuna a la quejosa menor de edad no constituye un acto que importe peligro de privación de la vida por sí mismo.
Al respecto, la Organización Mundial de la Salud ha establecido que por vacuna se entiende:
"Cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. El método más habitual para administrar las vacunas es la inyección, aunque algunas se administran con un vaporizador nasal u oral."
La vacunación es una forma sencilla, inocua y eficaz de proteger al ser humano contra enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con ellas.
Las vacunas activan las defensas naturales del organismo para que aprendan a resistir a infecciones específicas y fortalecen el sistema inmunitario. Tras la aplicación de la vacuna, el sistema inmunitario produce anticuerpos, como ocurre cuando se expone a una enfermedad, con la diferencia de que las vacunas contienen solamente microbios (como virus o bacterias) muertos o debilitados y no causan enfermedades ni complicaciones como regla general.
Asimismo, la Organización Mundial de la Salud estableció las medidas necesarias para mantenerse y mantener a los demás a salvo de la COVID-19. En México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ha autorizado el uso de las vacunas de Pfizer, Astra-Zeneca, Sputnik V, Moderna, Cansino y Sinovac, contra el coronavirus.
De manera específica, el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió el Comunicado 23/2021, mediante el cual modifica la autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, cuyo contenido se encuentra publicado en la página oficial del Gobierno Federal, del que se advierte que, bajo su más estricta responsabilidad, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios dictaminó procedente la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech y amplió la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los doce años.
En ese sentido, en el caso, si bien no existe la posibilidad de vacunar a la quejosa menor de edad de iniciales ********** porque es menor de doce años, la razón por la que la suspensión de plano es improcedente no es que no estén dentro de los supuestos definidos por la autoridad, dado que ésa es una cuestión que atañe a la afectación al orden público y al interés social, que son cuestiones que deben ponderarse en la suspensión a petición de parte, mas no en la medida cautelar de que se trata.
Así, la razón que hace improcedente la suspensión de plano radica en que el riesgo de contagio que pudiera presentar la quejosa menor de edad por sí mismo no justifica que se actualicen los requisitos de esa medida cautelar para ordenar a las autoridades responsables con la sola presentación de la demanda que les apliquen en forma preferente la vacuna en cuestión.
Lo anterior porque el riesgo de contagio, por sí mismo, no implica que la quejosa se encuentre en una situación de riesgo inminente de pérdida de la vida o de afectación a su integridad física en los términos previstos para la suspensión de plano, en tanto el riesgo que enfrenta atiende a particularidades distintas en razón de la mayor o menor exposición que tenga, al considerar, además, las medidas preventivas que adopte y las necesidades o circunstancias en que deba o no realizar sus actividades.
Ahora, no pasa inadvertido que en el escrito inicial de demanda, bajo protesta de decir verdad, se manifestó que la quejosa menor de edad padece resistencia a la insulina.
Por tanto, a efecto de acreditar tal circunstancia, las quejosas exhibieron el resultado de diversos análisis clínicos, así como un informe médico de uno de febrero de dos mil veintidós, emitido por la doctora **********, con cédula profesional **********, en el que manifiesta que la quejosa menor de edad fue diagnosticada con obesidad, resistencia a la insulina, hipertrigliceridemia, hipoalfalipoproteinemia e hipovitaminosis D, lo que se considera como factores de riesgo para COVID grave, lo que se advierte de la imagen inserta a continuación:
–Se suprime imagen–
Al respecto, es de indicarse que el Gobierno Federal emitió el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, entre ellas, el resguardo domiciliario de toda persona mayor de 60 años, en estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardiaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática.(10)
Posteriormente, el veintisiete de julio de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de los criterios para las poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Entre los criterios para las poblaciones en situación de vulnerabilidad que pueden desarrollar una complicación o morir por COVID-19 en la reapertura de actividades económicas en los centros de trabajo fueron incluidas las personas que por su condición o padecimientos son consideradas como condiciones de vulnerabilidad ante el virus referido, a saber: embarazo, lactancia materna, obesidad, mayores de sesenta años sin comorbilidades, diabetes mellitus descontrolada, hipertensión arterial sistemática, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, enfermedad cardiovascular o cerebrovascular, enfermedad renal crónica, estados patológicos con tratamiento inmunosupresor, infección por VIH y cáncer.(11)
Ese criterio prevalece, ya que el treinta de julio de dos mil veintiuno fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se determinan los criterios para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la administración pública federal con el objeto de reducir el riesgo de contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV-2,(12) del cual este tribunal advierte que ante el repunte de casos de contagio ocasionado por la variación del SARS-CoV-2 denominada Delta es necesario continuar con el esquema de trabajo a distancia respecto de aquellos grupos vulnerables.
De igual manera, debe considerarse que del portal electrónico de la Secretaría de Salud(13) se advierte que para efectos de la vacunación para menores de 12 a 17 años se establecieron como enfermedades o factores de riesgo que serán consideradas para la vacunación de adolescentes, entre ellas, condiciones cardiacas crónicas, enfermedad pulmonar crónica, afección crónica de riñón, hígado y sistema digestivo, enfermedad neurológica crónica, enfermedades endocrinológicas, inmunosupresión moderada o grave, asplenia o difusión de bazo y enfermedades hematológicas, anomalías genéticas graves y embarazo adolescente.
Como se ve, el diagnóstico médico de resistencia a la insulina no está catalogado por el Gobierno Federal como padecimiento que represente vulnerabilidad en las personas que lo tengan para efectos del COVID-19.
Máxime que de la consulta realizada a la página de Internet del Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales(14) se advierte que la resistencia a la insulina es una alteración metabólica que se produce cuando las células de los músculos, grasa e hígado no responden bien a la insulina y no pueden absorber la glucosa de la sangre fácilmente, como resultado el páncreas produce más insulina para ayudar a que la glucosa entre a las células, denominada también prediabetes, ya que ocasiona que los niveles de glucosa en la sangre sean más altos de lo normal, pero no lo suficiente para ser diagnosticados como diabetes.
Con base en lo anterior, a juicio de este Tribunal Colegiado, en este momento no puede considerarse que el padecimiento referido por las quejosas en el escrito inicial de demanda –resistencia a la insulina– haga posible la inclusión de la menor de edad en los supuestos considerados como grupos vulnerables, pues si bien es un padecimiento relacionado con los niveles altos de insulina en la sangre, no encuadra en ninguno de los supuestos expresamente previstos en las disposiciones referidas. Además, es importante señalar que el médico particular que suscribió la opinión exhibida como prueba con la demanda de amparo se limita a indicar que la quejosa menor de edad fue diagnosticada con obesidad, resistencia a la insulina, hipertrigliceridemia, hipoalfalipoproteinemia e hipovitaminosis D, por lo que considera que presenta factores de riesgo para COVID grave y recomienda que se le aplique la vacuna contra el SARS-CoV-2; sin embargo, no justifica por qué a pesar de que los padecimientos que refiere no están considerados por el Gobierno Federal como aquellos que ponen en estado de vulnerabilidad a las personas que los presentan, sí representan un riesgo de pérdida de la vida en aquellas personas que los padezcan.
Incluso, si bien la obesidad se considera un factor de riesgo que será considerado para la vacunación de adolescentes, en todo caso, debió justificar si se trata de obesidad grave conforme a los parámetros de referencia emitidos por la Organización Mundial de la Salud, tal como se señala en los criterios emitidos por la Secretaría de Salud Federal.
Bajo tales condiciones, no es posible asumir que la quejosa menor de edad esté necesariamente en peligro de perder la vida por el riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2 y que, por ello, sea factible decidir sobre la suspensión de plano para salvaguardar su salud, integridad física o la vida misma, pues el que se le aplique o no la vacuna no necesariamente impide que pueda contagiarse o que se reduzca esa posibilidad.
Por estas razones, si la suspensión de plano prevista en el artículo 126, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo está prevista para aquellos actos que importen peligro de privación de la vida, entre otros, entonces es claro que la quejosa menor de edad no encuadra en la hipótesis prevista en esa disposición normativa, en tanto que el acto que reclama es la omisión de aplicarle la vacuna contra el virus denominado SARS-CoV-2, el cual no importa por sí mismo peligro de privación de la vida, pues se trata del acceso a un beneficio clínico que no actualiza la hipótesis de suspensión de plano en los términos que prevé dicho artículo.
Por tal motivo, no era procedente proveer sobre la suspensión de plano contra la omisión reclamada, pues en sí no tiene vinculación directa con los derechos fundamentales que se pretenden preservar con la suspensión que contempla el numeral 126 de la legislación en cita, en razón de que sus efectos o consecuencias no generan un riesgo inminente de peligro en la vida de la quejosa, en tanto que el riesgo de contagio dependerá de la mayor o menor exposición que tenga considerando, además, la atención que preste a las medidas de prevención que ha publicado la Organización Mundial de la Salud, retomadas por el Gobierno Federal, y otros factores que no dependen exclusivamente de la vacunación.
Además, como lo señalan las autoridades recurrentes, actualmente en el país no existe autorización por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para vacunar a niños y niñas menores de doce años, lo que implica que no existen disposiciones de orden público que fundamenten el tipo de vacuna (marca) y la dosis que debe aplicarse en esos casos, además de que no hay información disponible en cuanto a que la formulación pediátrica de la vacuna en la dosis correspondiente (10mcg) haya sido importada al país.
Aunado a que si bien se debe salvaguardar el interés superior de los menores, la determinación anterior no implica por sí misma la pérdida de la vida, ni prejuzga acerca de la constitucionalidad o no de ese acto, lo que, en su caso, constituirá la materia del fondo del juicio de amparo.
En las relatadas consideraciones, este Tribunal Colegiado declara fundado el recurso de queja y, en consecuencia, lo procedente es negar la suspensión de plano a la quejosa menor de edad de iniciales **********.
Por lo expuesto y fundado, con fundamento en lo establecido en los artículos 97, fracción I, inciso b) y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve:
ÚNICO.—Es fundado el recurso de queja, para los efectos indicados en el último considerando de esta sentencia.
Notifíquese, con testimonio de esta resolución al juzgado de origen, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este toca como asunto concluido, el cual es susceptible de depuración conforme a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte.
Así por unanimidad de votos del Magistrado presidente Salvador Alvarado López, la Magistrada Martha Llamilé Ortiz Brena y la Magistrada Ma. Gabriela Rolón Montaño, lo resolvió en sesión celebrada por videoconferencia el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, fue relator el primero de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 42/2018 citada en esta sentencia, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 16 de agosto de 2019 a las 10:24 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 69, Tomo II, agosto de 2019, página 1252, con número de registro digital: 28939.
La tesis de jurisprudencia 1a./J. 55/2019 (10a.) citada en esta sentencia, también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 16 de agosto de 2019 a las 10:24 horas.
________________
7. "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso."
"Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.
"En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento.
"La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal."
"Artículo 127. El incidente de suspensión se abrirá de oficio y se sujetará en lo conducente al trámite previsto para la suspensión a instancia de parte, en los siguientes casos:
"I. Extradición; y
"II. Siempre que se trate de algún acto que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado."
8. "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado."
9. Datos de localización: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Tomo II, agosto de 2019, página 1270, registro digital: 2020430.
10. "Artículo primero. Se establece como acción extraordinaria, para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, que los sectores público, social y privado deberán implementar las siguientes medidas:
"...
"V. El resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial. El personal esencial de interés público podrá, de manera voluntaria, presentarse a laborar;"
11. https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/06/Criterios_Vulnerabilidad_01Jun21.pdf.
12. "Artículo primero. De conformidad con las necesidades del servicio y sin alterar el debido cumplimiento de las funciones institucionales que garanticen en todo momento la prestación de los servicios públicos de manera permanente y oportuna, los titulares de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de las Unidades de Administración y Finanzas o equivalentes en la administración pública federal, podrán autorizar o facilitar a las personas servidoras públicas:
"...
"II. El trabajo a distancia –en aquellos casos en los que sea posible y
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30552-83cdaa28/suspension-de-plano-en-el-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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