SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA EN CONTRA DE LA OMISIÓN DE APLICAR LA VACUNA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV-2, PARA PREVENIR LA COVID-19, A MENORES DE 12 A 16 AÑOS DE EDAD, AL ACTUALIZARSE EL SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE LA MATERIA.
QUEJA 175/2021. 8 DE OCTUBRE DE 2021. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: NELSON JACOBO MIRELES HERNÁNDEZ, SECRETARIO DE TRIBUNAL ENCARGADO DEL DESPACHO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SECRETARIA: ESTHELA GUADALUPE ARREDONDO GONZÁLEZ.
CONSIDERANDO:
QUINTO.—Estudio. Los agravios son fundados, suficientes para modificar el acuerdo recurrido.
En el escrito respectivo, la parte quejosa aduce, en esencia, que los valores jurídicos que se vulneran con los actos reclamados, como son la salud, la integridad personal, la dignidad y la vida de los menores quejosos, de manera opuesta a lo aducido en el acuerdo impugnado, permiten ubicar el asunto en los supuestos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo, atendiendo al interés superior de la infancia y a la protección de su derecho a la salud.
Tal aserto es suficiente para conceder la suspensión de plano a los quejosos.
Para dar sustento a lo anterior, es menester señalar que la suspensión en el juicio de amparo constituye una medida cautelar cuyo objetivo no sólo es preservar la materia de la litis del medio de control constitucional mientras se resuelve el asunto –al impedir la ejecución de los actos reclamados que pudieran ser de imposible reparación–, sino también evitar que se causen al quejoso daños de difícil resarcimiento, al ordenarse, a través de la misma, que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentren al momento de su concesión.
I. Suspensión de plano
Los artículos 125 y 126, primer y segundo párrafos, de la Ley de Amparo –este último en el que se funda la concesión de la medida cautelar– disponen:
"Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso."
"Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.
"En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento.
"La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal."
El primer numeral señala la forma en que se decretará la suspensión de los actos reclamados, esto es, de oficio o a petición de parte. En lo que interesa, el artículo 126, párrafos primero y segundo, dispone que la suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.
Por otro lado, la suspensión se decretará a instancia de parte, en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo, que establece como requisitos la solicitud del quejoso y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
En relación con lo anterior, ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la existencia de esa regulación diferenciada responde, por lo que hace a la suspensión de oficio y de plano, a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia, como la vida, la libertad o la integridad personal, de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del amparo.
Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 25/2018 (10a.), determinó que el órgano de control constitucional debe proveer sobre la suspensión de oficio y de plano, no sólo cuando admite la demanda, sino en el acuerdo por el que se requiere a la parte quejosa para que subsane alguna irregularidad de su escrito inicial.
Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia 1a./J. 25/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 58, Tomo I, septiembre de 2018, página 827, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO PREVISTA EN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE AMPARO. SI NO SE ADMITE LA DEMANDA Y SE PREVIENE AL QUEJOSO PARA QUE SUBSANE ALGUNA IRREGULARIDAD, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEBE PROVEER SOBRE LA CITADA MEDIDA CAUTELAR EN EL PROPIO AUTO EN QUE FORMULA ESE REQUERIMIENTO."
Ahora, la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados en el juicio de amparo, como se señaló en líneas precedentes, se rige por lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Amparo.
La diversidad de los supuestos mencionados en ese dispositivo guarda relación con actos de autoridad cuyos efectos no sólo son de imposible o difícil reparación sino que, además, se encuentran expresamente prohibidos por el orden jurídico nacional y, por tanto, su reclamo amerita la inmediata intervención del órgano de control constitucional para que ordene su suspensión, a fin de evitar que se ejecuten o se sigan ejecutando; de ahí que en esos supuestos sea, inclusive, innecesaria la solicitud del interesado para que se otorgue la indicada medida cautelar, o bien, que se condicione su disfrute.
La gravedad de los actos a que se refiere la suspensión de oficio y de plano es tan elevada que incide en la vida y dignidad de las personas, y por referirse a esos valores primordiales, cuando se trata de dicha suspensión, no tiene lugar el análisis de la no contravención a disposiciones de orden público o de afectación al interés social. El requisito de que la medida cautelar no contravenga disposiciones de orden público o que no sea contraria al interés social está previsto para la suspensión a petición de parte, porque los actos que pueden ser materia de ella no son de los prohibidos por el artículo 22 constitucional.
La naturaleza omisiva de los actos no es un factor que determine la procedencia de la medida cautelar, sino el contenido que adoptará dicha medida. Es decir, la naturaleza del acto reclamado no debe entenderse como una condición que permita o proscriba la suspensión en función de que el acto sea calificado como omisivo, sino como un elemento que define el tipo de medida suspensiva que se requiere, precisamente ante ese carácter.
Las consecuencias que caso a caso puedan producir ese tipo de actos deben ser consideradas para decidir si las cosas deben mantenerse en el estado en que se encuentran o si debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. De este modo, lo relevante es que exista o no una imposibilidad jurídica o material para otorgar la suspensión, lo cual no obtiene un resultado distinto en función de la naturaleza omisiva o no del acto reclamado.
Así, es claro que dentro de la tutela de derechos de especial relevancia que contempla la suspensión de oficio y de plano regulada en el numeral 126 de la Ley de Amparo, se encuentran aquellos actos que importen peligro a la vida, lo que se logra a través de la paralización de cualquier acto que la ponga en riesgo, como ocurre con la tutela, a su vez, del derecho a la salud consagrado en el artículo 4o. constitucional, en tanto que su desconocimiento puede poner en peligro la vida y ocasionar la muerte, lo que de consumarse haría imposible su reparación.
En efecto, el derecho a la salud consagrado en el artículo 4o., párrafo cuarto, constitucional, el cual encuentra armonía con lo dispuesto en los diversos numerales 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", debe entenderse como un derecho fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano, lo que se traduce en el disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud y, en consecuencia, hacer posible la tutela de los más relevantes derechos consagrados en la Constitución, como la vida.
En relación con los alcances del derecho a la salud, se invoca la tesis 1a. LXV/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS."
Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando en la demanda de amparo se reclaman actos como los señalados en el artículo 126 de la Ley de Amparo u otros de supuestos de una regulación similar, en caso de que sea necesario que, previo a la admisión, la demanda sea aclarada o se regularice, los juzgadores de amparo, en atención a los bienes de más alto nivel que se protegen a través de la suspensión de plano, deben decretar la suspensión de los actos en el propio auto de prevención, sin que sea viable postergar su otorgamiento, pues de lo contrario esa medida cautelar no operaría "de plano", permitiéndose indebidamente su ejecución.
A la luz de las premisas indicadas, de acuerdo con las características de los actos reclamados, sí trascienden a la esfera jurídica de los menores quejosos, cincuenta y tres de los cuales actualmente cuentan con doce años cumplidos, de acuerdo con su acta de nacimiento, poniendo en riesgo su salud, lo que hace factible decretar la medida suspensiva para que cese ese peligro; documental que se adjuntó a la demanda de amparo, con pleno valor probatorio conforme a lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por otra parte, diez de ellos cuentan con edades que oscilan entre los once años y los cinco años de edad; respecto de tales menores, se realizará una consideración especial en la parte final de esta resolución.
Así, este Tribunal Colegiado estima que las particularidades del caso sí permiten ubicar el asunto en los supuestos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo, con base en el cual, contrariamente a lo que estimó el secretario del Juzgado Primero de Distrito, en el caso concreto, sí es procedente la medida cautelar solicitada, como se verá en seguida:
Interés superior del menor
El interés superior del niño es un principio de rango constitucional, previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consiste en que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.
Dicho principio implica que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, y debe guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
En el artículo 4o. constitucional nuestro país recogió el interés superior del niño que es uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos del infante, admitido expresamente en varios instrumentos y constantemente invocado por los órganos internacionales encargados de aplicar esas normas.
Se afirma esto, porque el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que en cualquier medida que tomen las autoridades estatales deberán tener en cuenta de forma primordial el interés superior del niño.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el interés superior del niño es un "punto de referencia para asegurar la efectiva realización de todos los derechos contemplados en ese instrumento, cuya observancia permitirá al sujeto el más amplio desenvolvimiento de sus potencialidades", y ha dicho también que se trata de un criterio al que "han de ceñirse las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos."
Por su parte, el Comité para los Derechos del Niño ha señalado que "el principio del interés superior del niño se aplica a todas las medidas que afecten a los niños y exige medidas activas, tanto para proteger sus derechos y promover su supervivencia, crecimiento y bienestar, como para apoyar y asistir a los padres y a otras personas que tengan la responsabilidad cotidiana de la realización de los derechos del niño". De esta forma, el contenido del artículo 4o. constitucional acogió el marco internacional de los derechos del niño y colocó a nivel constitucional el interés superior del menor.
A nivel secundario, los artículos 2 y 6 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevén que uno de los principios rectores de esa legislación es precisamente el interés superior de la niñez, el que deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes.
Así, la normativa internacional, constitucional y legal citada permite establecer que a la luz del interés superior de la niñez, todos los entes estatales, en sus respectivos ámbitos, deben otorgar prioridad a los temas relacionados con la niñez.
De modo que el principio del interés superior del menor ordena a todas las autoridades estatales que la protección de los derechos del niño se realice a través de medidas "reforzadas" o "agravadas" y la idea que subyace a este mandato es que los intereses de los niños deben protegerse con la mayor amplitud posible.
Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias 1a./J. 25/2012 (9a.), 1a. LXXXIII/2015 (10a.), 1a./J. 18/2014 (10a.) y 1a. CCCLXXIX/2015 (10a.), de rubros: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO.", "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR COMO ELEMENTO DE INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL.", "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL." e "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. DIMENSIONES EN QUE SE PROYECTA LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO."
Derecho a la salud
El artículo 4o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé lo siguiente:
"Artículo 4o.
"... Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución."
Esta disposición constitucional contiene el derecho humano a la salud y su protección, el cual se sustenta en el postulado de que todas las personas tienen derecho a vivir en condiciones óptimas de salud física y mental, en un medio ambiente adecuado para ese fin, lo que representa para el Estado la obligación de crear mecanismos, planes y programas de gobierno tendentes a conseguir ese objetivo.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud(1) señala que este derecho significa una obligación de los gobiernos de crear las condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible. Esas condiciones incluyen la disponibilidad garantizada de servicios de salud, condiciones de trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos.
Ahora bien, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica lo siguiente.
"Artículo 25
"1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
"2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social."
A su vez, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece:
"Artículo 12
"1. Los Estados Partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
"2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:
"a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;
"b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;
"c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;
"d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad."
Asimismo, en la Observación General 142 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas se observan, entre otros, los siguientes lineamientos:
• El derecho a la salud no debe entenderse como un derecho a estar sano, sino que entraña libertades y derechos. Entre las libertades figura el derecho de las personas a controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, como el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratamientos y experimentos médicos no consensuales. En cambio, entre los derechos figura el relativo "a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud."
• El concepto del "más alto nivel posible de salud" a que se hace referencia en el párrafo primero del artículo 12, tiene en cuenta tanto las condiciones biológicas y socioeconómicas esenciales de la persona como los recursos con que cuenta el Estado y, por ende, "el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud."
• El Comité interpreta el derecho a la salud, definido en el párrafo 1 del artículo 12 como un derecho inclusivo que no sólo abarca la atención de salud "oportuna y apropiada", sino también los principales factores determinantes de la salud, como el acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente, y acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva.
• Por otra parte, "la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas" exigen que se establezcan programas de prevención y educación para hacer frente a las preocupaciones de salud que guardan relación con el comportamiento, como las enfermedades de transmisión sexual, en particular el VIH/SIDA, y las que afectan de forma adversa a la salud sexual y genésica, y que se promuevan los factores sociales determinantes de la buena salud, como la seguridad ambiental, la educación, el desarrollo económico y la igualdad de género.
• El derecho al tratamiento comprende la creación de un sistema de atención médica urgente en los casos de accidentes, epidemias y peligros análogos para la salud, así como la prestación de socorro en casos de desastre y de ayuda humanitaria en situaciones de emergencia. La lucha contra las enfermedades tiene que ver con los esfuerzos individuales y colectivos de los Estados para facilitar, entre otras cosas, las tecnologías pertinentes, el empleo y la mejora de la vigilancia epidemiológica y la reunión de datos desglosados, la ejecución o ampliación de programas de vacunación y otras estrategias de lucha contra las enfermedades infecciosas. "La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad" incluye el acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos preventivos, curativos y de rehabilitación, así como a la educación en materia de salud; programas de reconocimientos periódicos; "tratamiento apropiado de enfermedades, afecciones, lesiones y discapacidades frecuentes", preferiblemente en la propia comunidad; el suministro de medicamentos esenciales; y, el tratamiento y atención apropiados de la salud mental.
• Los Estados pueden conculcar el derecho a la salud "al no adoptar las medidas necesarias dimanantes de las obligaciones legales.". Entre las violaciones por actos de omisión figuran "el no adoptar medidas apropiadas para dar plena efectividad al derecho universal a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental", el no contar con una política nacional sobre la seguridad y la salud en el empleo o servicios de salud en el empleo, y el no hacer cumplir las leyes pertinentes.
• Al igual que todos los derechos humanos, el derecho a la salud impone tres tipos o niveles de obligaciones a los Estados Partes: la obligación de respetar, proteger y cumplir. A su vez, la obligación de cumplir comprende la obligación de facilitar, proporcionar y promover. La obligación de respetar exige que los Estados se abstengan de injerirse directa o indirectamente en el disfrute del derecho a la salud. La obligación de proteger requiere que los Estados adopten medidas para impedir que terceros interfieran en la aplicación de las garantías previstas en el artículo 12. Por último, la obligación de cumplir requiere que los Estados adopten medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole para dar plena efectividad al derecho a la salud.
En ese sentido, el derecho a la salud implica una diversa gama de acciones dirigidas a promover las condiciones en las cuales se desarrollan las personas, a fin de que puedan llevar una vida sana, lo cual implica un estado de bienestar físico, mental y social, así como el ejercicio de otros derechos, en particular el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo y a la educación.
Ahora, la extensión de la obligación de salvaguardar el derecho al disfrute del más alto nivel posible a la salud, en su vertiente de tratamiento de enfermedades y condiciones de asistencia y servicios médicos, puede colegirse del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales citado, en cuanto dispone:
"Artículo 2
"1. Cada uno de los Estados Partes en el presente pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.
"2. Los Estados Partes en el presente pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
"3. Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente pacto a personas que no sean nacionales suyos."
Del precedente artículo se advierte que el Estado Mexicano se encuentra obligado a: (I) adoptar medidas –tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas–; (II) hasta el máximo de los recursos de que disponga; y, (III) para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, la plena efectividad de los derechos humanos reconocidos en la Convención.
En relación con esas obligaciones, en la diversa Observación General Número 33, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales sostuvo, en esencia, lo siguiente:
• Aunque el Pacto contempla una realización paulatina de los derechos humanos y tiene en cuenta las restricciones derivadas de la limitación de los recursos con que se cuentan los Estados, también "impone varias obligaciones con efecto inmediato", una de ellas es que tales derechos se ejerciten "sin discriminación".
• La otra obligación inmediata consiste en el compromiso contraído en virtud del párrafo primero del artículo 2o., en el sentido de "adoptar medidas", compromiso que en sí mismo no queda condicionado ni limitado por ninguna otra consideración y, por ende, tales medidas deben adoptarse dentro de un plazo razonablemente breve tras la entrada en vigor del Pacto para los Estados interesados, en el entendido de que deben ser deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente posible hacia la satisfacción de las obligaciones reconocidas en el propio tratado internacional.
• Si bien cada Estado Parte debe decidir por sí mismo qué medios son los más apropiados de acuerdo con las circunstancias y en relación con cada uno de los derechos contemplados, la "propiedad" de los medios elegidos no siempre resultará evidente, por consiguiente, conviene que los Estados indiquen en sus informes no sólo las medidas que han adoptado, sino también en qué se basan para considerar tales medidas como las más "apropiadas" a la vista de las circunstancias.
• El concepto de progresiva efectividad constituye un reconocimiento del hecho de que la plena efectividad de todos los derechos económicos, sociales y culturales en general no podrá lograrse en un breve periodo de tiempo; sin embargo, la progresividad no se ha de interpretar equivocadamente como que priva a la obligación de todo contenido significativo, "ya que requiere un dispositivo de flexibilidad necesaria que refleje las realidades del mundo real y las dificultades que implica para cada país el asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales."
• Por otra parte, la frase debe interpretarse a la luz del objetivo general, en realidad la razón de ser del Pacto, que "es establecer claras obligaciones para los Estados Partes con respecto a la plena efectividad de los derechos de que se trata. Éste impone así una obligación de proceder lo más expedita y eficazmente posible con miras a lograr ese objetivo."
• Corresponde a cada Estado Parte una obligación mínima de asegurar la satisfacción de por lo menos niveles esenciales de cada uno de los derechos. Así, por ejemplo, un Estado Parte en el que un número importante de individuos está privado de alimentos esenciales, de atención primaria de salud esencial, de abrigo y vivienda básicos o de las formas más básicas de enseñanza, prima facie, no está cumpliendo sus obligaciones en virtud del Pacto.
• Para que cada Estado Parte pueda atribuir su falta de cumplimiento de las obligaciones mínimas a una falta de recursos disponibles "debe demostrar que ha realizado todo esfuerzo para utilizar todos los recursos que están a su disposición en un esfuerzo por satisfacer, con carácter prioritario, esas obligaciones mínimas."
• De ahí que aunque se demuestre que los recursos disponibles son insuficientes, "sigue en pie la obligación de que el Estado Parte se empeñe en asegurar el disfrute más amplio posible de los derechos pertinentes dadas las circunstancias reinantes."
Más aún, de ninguna manera se eliminan, como resultado de las limitaciones de recursos, las obligaciones de vigilar la medida de la realización, o más especialmente de la no realización de los derechos económicos, sociales y culturales y de elaborar estrategias y programas para su promoción.
De los artículos transcritos se obtienen las siguientes premisas:
• La Ley General de Salud es reglamentaria del derecho a la protección de la salud, reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
• Las finalidades del derecho a la protección de la salud son, entre otras, el bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, la prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana y el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población.
• El Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y entidades de la administración pública federal y local, así como por las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios de salud.
• El Sistema Nacional de Salud tiene como objetivo primario proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos.
• Los servicios de salud son aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad.
• La atención médica in
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30402-0e04834f/suspension-de-oficio-y-de-plano-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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