INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. PROCEDE ORDENAR SU APERTURA, EN TÉRMINOS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 127 DE LA LEY DE AMPARO CUANDO SE SOLICITE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO, TRATÁNDOSE DEL RECLAMO DE LA OMISIÓN DE APLICAR LA VACUNA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV-2 PARA LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD COVID-19, A LOS MENORES DE EDAD, ATENTO AL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ Y AL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD, TUTELADOS EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO ACORDE CON LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN FAVOR DE LOS MENORES DE EDAD, PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL PRECEPTO 79 DE LA LEY DE AMPARO. SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE SU OTORGAMIENTO CONTRA LA OMISIÓN DE APLICAR LA VACUNA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV-2 PARA LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD COVID-19, A LAS Y LOS MENORES DE EDAD, DADO QUE TAL ACTO RECLAMADO NO ENCUADRA EN ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN EL ORDINAL 126 DE LA LEY DE LA MATERIA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 2/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 5 DE ABRIL DE 2022. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JULIA MARÍA DEL CARMEN GARCÍA GONZÁLEZ, MÓNICA ALEJANDRA SOTO BUENO, VÍCTOR MANUEL ESTRADA JUNGO Y MANUEL MUÑOZ BASTIDA. DISIDENTE Y PONENTE: BERNARDINO CARMONA LEÓN, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. SECRETARIO: JOSÉ ISAAC ANTEMATE MENDOZA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. El Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito es constitucional y legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (ultractivamente aplicable en términos de los artículos primero, fracción II y quinto transitorios de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación),(5) 3, 5, 9 y 45, fracción III, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; en virtud de que se trata de una probable contradicción de criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados Segundo y Cuarto, ambos en Materia Administrativa del Segundo Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada para ello, en términos de los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al haber sido formulada por el Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca.(6)
TERCERO.—Criterios contendientes. En principio, es pertinente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados expusieron en las ejecutorias de las que emanaron los criterios que el denunciante considera contrarios.
Así, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, al resolver el uno de diciembre de dos mil veintiuno, el recurso de queja **********, interpuesto por la directora contenciosa de la Oficina del abogado general, en representación del secretario, del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, y del Director General de Epidemiología, todos de la Secretaría de Salud; sostuvo, en lo que al caso interesa, lo siguiente:
"NOVENO.—Estudio de los agravios.
"En el agravio denominado único, la autoridad recurrente aduce, en esencia, que en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito proveerá la medida cautelar de plano solamente cuando advierta que las consecuencias inminentes de los actos reclamados pueden generar el peligro de privación de la vida o de la libertad personal de los gobernados; y, en el caso, la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables la denegación de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV2 (COVID-19), por lo que, si se toma en consideración que, acorde con el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, una vacuna es un preparado de antígenos que, aplicado a un organismo, provoca en él una respuesta de defensa, resulta que su aplicación constituye un mecanismo preventivo del contagio del virus multicitado, de ahí que sus consecuencias únicamente podrían tener por efecto no acceder a un beneficio clínico y, por ende, una posible afectación a la salud en caso de contraer la enfermedad.
"Se duele que no se satisface alguno de los supuestos contenidos en el artículo 126 de la Ley de Amparo que haga procedente la concesión de la suspensión de oficio, toda vez que el único posible impacto que pudiera tener la negativa cuestionada es no contar con un beneficio clínico que puede aminorar la transmisión del virus o sus consecuencias, sin que ello pueda considerarse un peligro inminente relacionado con la privación de la vida de los menores quejosos.
"Que aun cuando no se desconoce la situación sanitaria que impera en el país, lo cierto es que la posibilidad que existe de contraer el virus SARS-CoV2 no conlleva indefectiblemente a la pérdida de la vida y, por tanto, como se indicó, no se actualiza alguno de los supuestos contenidos en el artículo 126 de la Ley de Amparo.
"Los anteriores motivos de disenso resultan fundados, por las consideraciones siguientes:
"Se tiene que el artículo 126 de la Ley de Amparo, prevé la suspensión de oficio y de plano, señalando una serie de supuestos en los que la suspensión deberá ser otorgada respecto de actos que, por su naturaleza claramente contraria a la Constitución, o bien, porque afectan bienes jurídicos irreductibles y de preservación preponderante, imponen el otorgamiento de la cautelar sin mayor trámite o ponderación.
"‘Artículo 126. (Lo transcribe)’
"El artículo anterior determina que para decretar la suspensión de oficio y de plano, tiene lugar cuando se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el diverso 22 de la Constitución Federal, a saber, penas de muerte, mutilación, infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentales, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales.
"Por su parte, el artículo 22 de la Constitución Federal, en la parte que interesa, establece lo siguiente:
"‘Artículo 22. (Lo transcribe)’
"De la correlación de ambas disposiciones se desprende que la suspensión de oficio y de plano, procede cuando se trate de actos:
"a) Que importen peligro de privación de la vida;
"b) Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento;
"c) Incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales;
"d) Que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal.
"Así, se tiene que es verdad que el legislador ordinario estableció la procedencia de la suspensión de oficio o de plano en los juicios de amparo, en relación con los actos expresamente establecidos y constriñó a que tal medida se decretara inexcusablemente por el juzgador, de oficio y de plano, siempre que se estuviera en alguno de los supuestos previstos en el aludido precepto legal.
"No obstante, la razón que subyace en dicha norma y su finalidad, pone de manifiesto que la suspensión de oficio y de plano está prevista para situaciones excepcionales, pues tiene como razón de ser la protección de una situación de hecho que atenta contra derechos fundamentales que pueden derivar en perturbaciones que pongan en peligro el orden social en relación con la protección de derechos de alta relevancia, como son la vida, la libertad, la dignidad o la protección de grupos vulnerables reconocidos por la Norma Fundamental.
"Como se advierte, los fundamentos de la suspensión de oficio y de plano se vinculan con el interés de la sociedad en dicha medida, la naturaleza de los derechos afectados y la necesidad urgente de salvaguardarlos; en esas condiciones, los Jueces deben concederla, aunque el interesado no la solicite, en aras de prevenir la posibilidad de que se verifique un daño extremo e irreparable.
"Cabe señalar que la procedencia de la suspensión de oficio en el juicio de amparo indirecto depende de dos factores:
"a) La naturaleza del acto reclamado, que acusa gravedad en cuanto a los efectos de su ejecución para el agraviado; y,
"b) La necesidad de conservar viva la materia de amparo, para asegurar que se restituya al quejoso en el uso y goce de la garantía constitucional violada si obtiene la protección.
"En tales condiciones, para los efectos de conceder la suspensión de oficio y de plano, contemplada en el referido artículo 126 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe analizar si en el caso se satisface el presupuesto a que se refiere ese numeral, esto es, que los actos reclamados importen de algún modo peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, o sean de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, o bien, se trate de la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales.
"De donde se obtiene, por exclusión, que cuando los actos reclamados no revistan las características señaladas, no podrá concederse la suspensión de plano, sino que, de ser procedente, deberá otorgarse la medida provisional y, en su momento, la definitiva a través del incidente de suspensión correspondiente, de conformidad con los artículos 127, 128, 138 y 146 de la Ley de Amparo.
"Es pertinente destacar que, al resolver la contradicción de tesis 42/2018, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que el listado de actos contenido en el artículo 126 de la Ley de Amparo, respecto de los cuales debe concederse la suspensión de oficio y de plano, comprende también aquellos actos u omisiones que comprometan gravemente la dignidad e integridad personal, al grado de equipararse a un tormento, prohibido en el artículo 22 constitucional.
"A fin de ilustrar lo anterior, se cita la jurisprudencia 1a./J. 55/2019 (10a.), de título, subtítulo y texto siguientes:
"‘SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO.’ (La transcribe)
"Asimismo, se citan las jurisprudencias 1a./J. 26/2018 (10a.) y 1a./J. 35/2018 (10a.), de títulos, subtítulos y textos siguientes:
"‘SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. POR REGLA GENERAL, NO ES PROCEDENTE CONCEDERLA DE PLANO Y DE OFICIO TRATÁNDOSE DE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA DE PROVEER A LOS INTERNOS ROPA Y ZAPATOS EN BUEN ESTADO.’ (La transcribe)
"‘SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE, ES PROCEDENTE CONCEDERLA DE PLANO Y DE OFICIO TRATÁNDOSE DE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA DE PROVEER A LOS INTERNOS ROPA Y ZAPATOS EN BUEN ESTADO.’ (La transcribe)
"Sin embargo, en esas hipótesis, es claro que lo relevante para la concesión de la suspensión de oficio y de plano sigue siendo que los actos u omisiones reclamados afecten gravemente los derechos o bienes jurídicamente tutelados, prioritarios e imprescindibles para las personas, es decir, los derechos y bienes relacionados con la dignidad e integridad de éstas, equiparándolos a una especie de tormento o que, en su caso, conlleven la privación de la vida, evidentemente prohibido por el artículo 22 constitucional.
"Una vez precisado lo atinente a los mecanismos que el legislador estableció para que el operador jurídico pueda resolver sobre la suspensión y teniendo como parámetro que son canales procesales que no pueden obviarse, conforme al artículo 2o. de la Ley de Amparo, es factible concluir que los actos reclamados no están dentro de los supuestos que el legislador federal previó para los casos de la suspensión de oficio y de plano a que se ha hecho alusión.
"En efecto, como puede advertirse de la lectura de la demanda de amparo, la omisión de la autoridad responsable de aplicar a los menores quejosos la vacuna Pfizer y, se les inmunice contra el virus que ocasiona la enfermedad infecciosa COVID-19, al encontrarse en edad de entre doce a diecisiete años, no es un acto que directa o indirectamente importe peligro de privación de la vida.
"Por tanto, no se satisface alguno de los supuestos contenidos en el artículo 126 de la Ley de Amparo, que haga procedente la concesión de la suspensión de oficio y de plano, toda vez que el único posible impacto que pudiera tener el acto reclamado es retrasar la aplicación de la vacuna en sus personas, sin que ello se pueda considerar un peligro inminente relacionado con la privación de sus vidas, de modo que no se advierte ningún nexo de causalidad que justifique la medida cautelar de carácter extraordinario solicitada.
"Lo anterior, pues no debe pasarse por alto que la palabra ‘peligro’, según la define el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, Vigesimotercera Edición, Espasa Libros, Barcelona 2014, Real Academia Española (sic), implica la existencia de un ‘riesgo o contingencia inminente de que suceda algún mal’, cuestión que en el caso no se actualiza, porque no existe indicio alguno que lleve a este tribunal a considerar la existencia de la ‘inminencia’ del contagio de la quejosa con el virus, ni menos la de su muerte por causa de aquél.
"Sirven de apoyo a lo anterior, y en lo conducente, el criterio contenido en la tesis VI.1o.A.19 K, que se comparte, de contenido siguiente:
"‘SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO.’ (La transcribe)
"Por lo que contrario a lo resuelto en el auto recurrido, no se satisface alguno de los supuestos contenidos en el artículo 126 de la Ley de Amparo que haga procedente la concesión de la suspensión de oficio y de plano, toda vez que el único impacto posible que pudiera tener la negativa cuestionada, es no contar con un beneficio clínico, que puede aminorar los efectos provocados por el virus COVID-19, sin que ello se pueda considerar un peligro inminente relacionado con la privación de la vida de los menores quejosos; de ahí lo sustancialmente fundado del agravio hecho valer por la autoridad recurrente, en el sentido de que no debió concederse la medida cautelar solicitada de plano.
"En ese sentido, como se indicó en párrafos anteriores, contrario a lo resuelto por el juzgador federal, en el auto recurrido en queja no se actualiza alguno de los supuestos contenidos en el artículo 126 de la Ley de Amparo.
"Con base en las consideraciones expuestas, al ser sustancialmente fundado el agravio de la autoridad recurrente, en cuanto a que no procedía la suspensión de plano para la aplicación de la vacuna Pfizer contra el virus COVID-19 a los quejosos, debe declararse fundado el recurso de queja, no obstante, lo cierto es que subsiste la solicitud de la medida suspensional formulada por la parte quejosa en términos del numeral 127 de la Ley de Amparo; por lo que, en atención al principio de expeditez en la impartición de justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, este Tribunal Colegiado procede a determinar lo conducente en relación con la medida cautelar de manera provisional, en razón de que no existe reenvío en el recurso de queja que nos ocupa, en términos de lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley de Amparo.
"DÉCIMO.—Reasume jurisdicción. Se reasume jurisdicción y a continuación se determina lo conducente en relación con la apertura de oficio del incidente de suspensión sujeto, en lo conducente, al trámite previsto para la suspensión a instancia de parte en el presente asunto, conforme lo establece la fracción II del numeral 127 de la Ley de Amparo (al no existir petición del quejoso sobre la concesión de la suspensión provisional y atendiendo a la naturaleza del acto reclamado en donde sería imposible restituir al quejoso en el goce del derecho a la salud que aduce violado con la omisión de vacunar a sus menores hijos).
"Para determinar si en el caso procede aperturar de oficio el incidente de suspensión que se sujetará en lo conducente al trámite previsto para la suspensión a instancia de parte, se toma en consideración que en este asunto se encuentra involucrado el derecho a la salud de un menor de edad.
"La suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo participa de los efectos prácticos de la resolución definitiva del juicio constitucional; es decir, en casos como el presente en que el acto reclamado es un acto negativo, no se limita sólo a las medidas de conservación, sino también a las de restablecer a la parte quejosa en el goce del derecho afectado con el acto reclamado, con lo cual se anticipa la tutela constitucional sobre la base del aparente derecho advertido en un estudio minucioso y preliminar del asunto.
"En términos del artículo 138 de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión se debe realizar un análisis ponderado de: (i) la apariencia del buen derecho: y, (ii) la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público; con el fin de asegurar que la medida cautelar no lesionará el orden público o el interés social sin alguna justificación adecuada, como lo es el derecho aparente del quejoso.
"Al respecto, la Segunda Sala del Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 31/2007-PL, sostuvo que ese análisis lo debe realizar el juzgador mediante un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, análisis que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida.
"Es necesario entonces determinar en primer orden, si se encuentra acreditada la apariencia del buen derecho del menor quejoso, lo que consiste en determinar, con base en un conocimiento superficial del caso, la existencia del derecho cuestionado y las probabilidades de que la sentencia de amparo declare la inconstitucionalidad del acto; así como la existencia de un peligro en la demora o el surgimiento de perjuicios de difícil reparación que la negativa de esa medida pudieran ocasionar al quejoso, pues sólo analizando en su conjunto tales aspectos, se podrá ponderar su situación concreta frente al perjuicio que la medida cautelar puede ocasionar al interés social.
"Apariencia del buen derecho.
"Se encuentra acreditada la apariencia del buen derecho y a fin de evidenciar lo anterior. Respecto de tal figura jurídica, es ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 204/2009(13), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"‘SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO.’ (La transcribe)
"El artículo 128 de la Ley de Amparo, aplicable en lo conducente, de conformidad con el primer párrafo del diverso 127, fija los requisitos de procedencia de la suspensión, a saber: no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; requisitos que están cumplidos, pues no se observa que con el otorgamiento de la medida cautelar en relación con los efectos del acto reclamado se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, conforme a lo previsto en el diverso numeral 129 de la Ley de Amparo.
"La concesión de la suspensión para que le sea aplicada la vacuna contra la COVID-19 a los menores quejosos, no contraviene el interés social ni disposiciones de orden público, y se emite con base en la obligación que tiene el Estado Mexicano de garantizar la salud de toda su población, atendiendo a que es posible incluir a los quejosos en el plan de vacunación derivado de que ya existe la aprobación de la aplicación de una vacuna a los menores de entre doce y diecisiete años de edad. "Lo anterior, en razón de que prevalece el derecho del menor y su interés superior, cuando el acto reclamado pone en peligro la salud de los menores quejosos y, por ende, debe salvaguardarse ese derecho por encima de los demás.
"La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 173/2008, consideró que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de bienestar.
"Esa ejecutoria dio lugar a la tesis: 1a. LXV/2008(14), de rubro siguiente:
"‘DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.’ (La transcribe)
"De lo que resulta evidente que dentro del derecho fundamental a la salud, se encuentra contemplada la vacunación, porque conforme a los artículos 24, fracción I, 27, fracciones II y III, 32, párrafo primero y 33 de la Ley General de Salud, dicho derecho tiene como finalidad el disfrute de servicios de salud, entendidos como las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de las personas, los cuales dentro de su clasificación contemplan a la atención médica, que comprende actividades:
"a) Preventivas, que incluyen las de promoción general y las de protección específica, como la prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención prioritaria;
"b) Curativas;
"c) De rehabilitación; y,
"d) Paliativas, que engloban el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente, a través de la prevención, tratamiento y control del dolor, y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas.
"De acuerdo con los numerales 134, fracciones II y XIV, de la legislación en consulta, las enfermedades transmisibles, respecto de las cuales la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control, se encuentran la influenza epidémica, otras infecciones agudas del aparato respiratorio, infecciones meningocócicas y enfermedades causadas por estreptococos, así como las demás que determinen el Consejo de Salubridad General y los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean Parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Federal.
"La vacunación en contra de alguna de esas enfermedades transmisibles, prevenibles por ese medio de inmunización, que estime necesaria la Secretaría de Salud, será obligatoria (arábigo 144 del ordenamiento citado). El derecho de recibir las vacunas –de manera universal y gratuita en cualquiera de las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, del Sistema Nacional de Salud– lo tiene toda persona residente en el territorio nacional, independientemente del régimen de seguridad social o protección social al que pertenezca (en términos del numeral 157 Bis 1 de la ley en mención).
"Conforme a los preceptos 157 Bis 3 y 157 Bis 10 de la legislación en cita, los establecimientos y el personal de salud de los sectores público, social y privado deberán registrar y notificar a la Secretaría de Salud la presencia de casos de enfermedades prevenibles por vacunación y eventos supuestamente atribuibles a dicha inmunización, así como informar sobre los beneficios de las vacunas y el riesgo que representa tanto para la persona, como para la comunidad, la falta de inmunización oportuna. De acuerdo con los diversos preceptos 157 Bis 12 y 157 Bis 13 de la Ley General de Salud, el Estado Mexicano procurará el abasto y la distribución oportuna y gratuita, así como la disponibilidad de los insumos necesarios para las acciones de vacunación, para ello la Cámara de Diputados asignará en cada ejercicio fiscal, los recursos presupuestarios suficientes para ese fin. Bajo esa óptica, entre las enfermedades transmisibles aludidas se encuentra la del Covid-19, puesto que el diecinueve de marzo de dos mil veinte, el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2, ‘COVID-19’, en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, según se aprecia en el ‘Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de marzo de dos mil veinte.
"Como se dijo, es obligación del Estado Mexicano salvaguardar el derecho a la salud contenido en el numeral 4o. constitucional, para lo cual deben emitirse las resoluciones necesarias para lograr este fin. El derecho a la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud, a través de la implementación de acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud del individuo y de la sociedad en general, lo que implica información, prevención, atención, control de enfermedades y otorgamiento de medicamentos y otros insumos esenciales requeridos para el diagnóstico y tratamiento de los padecimientos, cuya existencia y disponibilidad debe estar garantizada.
"El precepto 4o. constitucional reconoce el derecho fundamental del que gozan todos los gobernados a tener servicios de salud, los cuales deben ser proporcionados por el Estado a través de instituciones públicas que se establezcan para tal efecto. Al respecto, el Estado Mexicano ha suscrito convenios que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel de ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho.
"La COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo coronavirus que emergió recientemente (SARS-CoV-2); por lo cual, la pandemia de COVID-19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el once de marzo de dos mil veinte, la primera pandemia no debida a influenza que afecta a más de doscientos países, y con más de sesenta millones de casos hasta diciembre de dos mil veinte. Así, debe considerarse a la vacuna contra esta enfermedad como una de las medidas más costo-efectivas para controlar la pandemia, y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad. Luego, entre los principales desafíos que se anticipan para la vacunación contra la enfermedad COVID-19, se encuentran el acceso oportuno, equitativo y suficiente a las vacunas; aspectos técnicos y logísticos, tales como el desarrollo de vacunas con nuevas tecnologías; la definición de grupos prioritarios para la vacunación; el número de dosis a administrar para lograr una protección adecuada, así como la seguridad y la efectividad de las vacunas.
"Para dar cumplimiento a las obligaciones descritas en párrafos anteriores específicamente brindar la vacunación, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas, el secretario y subsecretario de Salud, así como el director general de Promoción de la Salud emitieron la ‘Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la Covid-19 en México’, cuya última actualización efectuada el veintiocho de septiembre del presente año, así como la ‘Guía estratégica de vacunación contra COVID-19 en adolescentes de 12 a 17 años con factores de riesgo’(15), constituyen un hecho notorio, de conformidad con los artículos 88 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2o.
"El primero de los documentos de referencia, reitera el público primario para recibir la vacuna que incluye los grupos prioritarios entre los que se encuentran los menores de edad.
"En otra parte del documento rector, se justificó de la siguiente forma:
"‘Población menor de 18 años.
"‘El grupo menormente afectado por la pandemia de COVID-19, es el de las niñas, niños y adolescentes. ... la carga de mortalidad es de menos del 2% ...’
"Hasta el momento sólo una vacuna pudiera ser utilizada en la población menor de edad y en un grupo específico de entre 12 y 17 años de edad. ... Para la vacunación de personas de entre 12 y 17 años de edad, se contempla una priorización de acuerdo a sus condiciones de vida, por ejemplo las comorbilidades con las que viven, como lo recomienda el grupo de expertos de asesoramiento estratégico (SAGE) de la OMS que ha llegado a la conclusión ... . Se puede ofrecer esta vacuna a los niños de 12 a 15 años que corren un mayor riesgo, junto con otros grupos prioritarios en la vacunación. Asimismo, el GTAV ha recomendado que la vacunación de personas de 12 a 17 años con comorbilidades que incrementan el riesgo de enfermedad grave, se lleve a cabo una vez que se cumpla con una cobertura mínima del 70% del grupo de personas de 40 años y más.
"Como se ve, no toda omisión de las autoridades sanitarias de proporcionar la vacuna contra el COVID-19 –como parte de su obligación de prevenir y controlar las enfermedades transmisibles de atención prioritaria– coloca a las personas en una situación en que sus vidas se encuentren en peligro.
"Sin embargo, la propia ‘Política Nacional de Vacunación’ citada, corrobora que la falta de atención médica integral requerida para la prevención y protección de la enfermedad provocada por el COVID-19 a través de la vacunación, puede someter a ciertos grupos a tener consecuencias en su salud, aunque de manera indirecta. En
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30644-56b1b39d/incidente-de-suspension-procede-ordenar-su-apertura-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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