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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE APLICAR LA VACUNA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV-2 A MENORES DE EDAD QUE PRESENTAN ALGUNA ENFERMEDAD O COMORBILIDAD DE LAS CONSIDERADAS COMO DE RIESGO CONFORME A LAS REGLAS DE VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 PARA ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2021. · Registro digital (IUS): 30918
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2022-09-09
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER, EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Septiembre de 2022, Tomo V, Pág.4661.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER, EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 12 DE JULIO DE 2022. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JUAN CARLOS AMAYA GALLARDO Y ESTEBAN ÁLVAREZ TRONCOSO. DISIDENTE: ROGELIO CEPEDA TREVIÑO, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: JUAN CARLOS AMAYA GALLARDO. SECRETARIO: JESÚS ROSALES IBARRA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41-Ter, fracción I, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, porque se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Cuarto Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción proviene de parte legítima, porque fue formulada por un secretario en funciones de Juez de Distrito en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

TERCERO.—Existencia de la contradicción. Del análisis de los criterios contendientes, se advierte que existe parcialmente la contradicción de tesis denunciada sobre uno de los puntos a dilucidar.

En efecto, el Máximo Tribunal de la Nación(1) ha establecido que para que exista una contradicción de criterios, es necesario que se cumplan las exigencias siguientes:

a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

A continuación, se expone por qué en el caso se actualizan todos los requisitos aludidos sólo respecto de uno de los puntos en controversia.

I. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de este Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, los tribunales contendientes al resolver las cuestiones litigiosas presentadas se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis, tal como se verá a continuación.

A. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

1. Recurso de queja 306/2021.

1.1. El juicio de amparo indirecto se promovió contra la negativa, por parte de las autoridades señaladas como responsables, de aplicar la vacuna BioNTech Pfizer, a la quejosa menor de edad.

1.2. En la demanda de amparo se solicitó la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, para el efecto de que le fuera aplicada a la impetrante la vacuna contra el virus denominado SARS-CoV-2.

1.3. El Juez de Distrito negó la suspensión de plano y de oficio solicitada, al considerar que el acto reclamado no se ubicaba dentro de las hipótesis previstas en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Contra esta determinación, la parte interesada interpuso recurso de queja.

1.4. Al resolver el recurso de queja, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito declaró infundados los agravios planteados, al considerar:

- Que la omisión de contemplar a la menor quejosa en el Plan Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, no es un acto que directa o indirectamente importe peligro de privación de la vida, por lo tanto, no se actualiza alguno de los supuestos de procedencia de la suspensión de oficio y de plano, previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo.

- Que en la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, publicado el ocho de diciembre de dos mil veinte, se determinó ejecutar el plan de vacunación en cinco etapas por grupos poblacionales, priorizados como sigue:

"Etapa 1: diciembre 2020-febrero 2021 Personal de salud de primera línea de control de la COVID-19.

"Etapa 2: febrero-abril 2021 Personal de salud restante y personas de 60 y más años.

"Etapa 3: abril-mayo 2021 Personas de 50 a 59 años.

"Etapa 4: mayo-junio 2021 Personas de 40 a 49 años.

"Etapa 5: junio 2021-marzo 2022 Resto de la población."

- Que la designación de grupos prioritarios por parte de la autoridad sanitaria no es arbitraria, sino que se realizó después de un análisis minucioso, a partir de estudios científicos, buscando obtener los mejores resultados posibles con el fin de proteger la salud de la población, y para ello tomó en consideración diversos estudios de carácter médico científico, realizados por grupos de expertos tanto nacionales como internacionales.

- Que el esquema de vacunación tiende a salvaguardar el derecho a la salud de la población en general, por lo que su implementación y, por ende, la omisión de contemplar a la menor quejosa de manera prioritaria, no refleja una acción de privación de la vida, es decir, que no constituye por sí mismo un peligro para la privación de la vida.

- Que el esquema de vacunación no coloca a la menor quejosa en una mayor probabilidad de contagio, debido a que éste depende de qué tanto se encuentre expuesta al virus, lo cual depende de las circunstancias en que desempeñan sus actividades y los cuidados diarios.

- Que el único impacto que pudiera tener el acto reclamado es retrasar la aplicación de la vacuna a la menor quejosa, sin que ello se pueda considerar un peligro inminente relacionado con la privación de su vida.

- Que a diferencia de lo expuesto por la recurrente, la negativa de acceder de manera prioritaria a la inmunización, incluso antes de grupos poblacionales considerados prioritarios, no importa privación de la vida o un trato cruel e inhumano, ni afecta la dignidad humana e integridad personal en perjuicio de la menor quejosa.

- Que el solo hecho de que no se aplique la vacuna a la quejosa hasta la fecha establecida en el calendario de vacunación, no implica necesariamente, que ésta se contagie ni mucho menos que de hacerlo pierda la vida, por lo que no es posible considerar que su situación actualice la hipótesis de concesión de plano de la medida cautelar.

- Que la circunstancia de que las autoridades educativas hubiesen señalado el inicio de clases presenciales no significa que la menor quejosa tenga mayor riesgo de contagiarse de la COVID-19, en relación con la demás población mexicana.

- Que en el caso no se advierte alguna urgencia para que de manera prioritaria se aplique a la menor quejosa la vacuna que menciona, y que haga procedente la suspensión de plano; pues de accederse a ello, sería priorizar un interés particular sobre el colectivo.

- Que el acto reclamado no se ubica en algún supuesto de los previstos en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 constitucional; por lo tanto, resulta procedente confirmar el auto impugnado y negar la suspensión de plano solicitada.

2. Recurso de queja 311/2021.

2.1. El juicio de amparo indirecto fue promovido por una persona menor de edad, que se dijo era mayor de catorce años, quien padecía una comorbilidad (**********), contra la omisión por parte de las autoridades señaladas como responsables, de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2.

2.2. En la demanda de amparo, la parte quejosa solicitó la suspensión de plano de los actos reclamados, para el efecto de que le fuera aplicada a la impetrante la vacuna contra el virus denominado SARS-CoV-2.

2.3. El Juez de Distrito negó la suspensión de oficio y de plano solicitada, al considerar que no se satisfacía alguno de los supuestos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo, pues en su opinión, aunque la menor quejosa padece ********** (sic), lo cierto es que el solo hecho de que no se aplique la vacuna solicitada, no significa que se ponga en riesgo su vida o salud. Contra esta determinación, la parte interesada interpuso recurso de queja.

2.4. Al resolver el medio de defensa, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito declaró infundados los agravios planteados, al considerar, en esencia:

- Que la omisión de contemplar a la menor quejosa en el Plan Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, por presentar la enfermedad crónica de **********, no es un acto que directa o indirectamente importe peligro de privación de la vida, pues no alega la omisión de recibir la atención médica para controlar su enfermedad; por lo que, en su opinión, no se actualiza alguno de los supuestos de procedencia de la suspensión de oficio y de plano, previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo.

- Que el solo hecho de que no se aplique la vacuna a la quejosa, no implica necesariamente, que ésta se contagie ni mucho menos que de hacerlo pierda la vida, por lo que no es posible considerar que su situación actualice la hipótesis de concesión de plano de la medida cautelar.

- Que la circunstancia de que las autoridades educativas hubiesen señalado el inicio de clases presenciales, no significa que la menor quejosa tenga mayor riesgo de contagiarse de la COVID-19, en relación con la demás población mexicana, ya que este acontecimiento bien puede evitarse por derivar de un aspecto totalmente voluntario y no obligatorio impuesto por las autoridades educativas del país; aunado a que las autoridades sanitarias han establecido un protocolo de cuidado al cual se encuentran obligadas las instituciones educativas para procurar la salud de los menores.

- Que en el caso no se advierte alguna urgencia para que de manera prioritaria se aplique a la menor quejosa la vacuna que menciona, y que haga procedente la suspensión de plano; pues de accederse a ello, sería priorizar un interés particular sobre el colectivo.

- Que aun considerando el interés superior de la niñez en favor de la quejosa, ello no implica que sea procedente cualquier petición realizada por un menor de edad. Por lo tanto, aunque exista la suplencia de la queja deficiente a favor de la impetrante, no debe soslayarse que en el caso no se actualiza supuesto alguno de procedencia de la suspensión de oficio y de plano que establece el artículo 126 de la Ley de Amparo.

- Que en el caso, el órgano jurisdiccional no debe sustituir a la autoridad administrativa en materia de vacunación, porque de conceder la suspensión de plano para que se vacune de inmediato a la menor de edad, se desatenderían las etapas y esquemas previstos en la política nacional de vacunación, es decir, se traduciría en una variación en la ejecución de la política nacional de vacunación que obligaría a la autoridad a modificar o paralizar los esquemas previamente establecidos para inocular a las personas que insten el juicio de amparo, como la menor quejosa.

Como se ve, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito llevó a cabo un ejercicio interpretativo, a través del cual determinó que no procede la suspensión de oficio y de plano contra la omisión o negativa de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 a un menor de edad (de doce a diecisiete años), aunque padezca una comorbilidad, como puede ser ********** porque, en la especie, no se actualiza alguna de las hipótesis de procedencia previstas en el artículo 126 de la Ley de Amparo.

Asimismo, cabe precisar que el propio Tribunal Colegiado señaló que similar criterio adoptó al resolver los diversos recursos de queja 14/2021 y 124/2021.

B. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

1. Recurso de queja 305/2021.

1.1. El juicio de amparo indirecto se promovió contra la negativa por parte de las autoridades señaladas como responsables, de aplicar la vacuna BioNTech Pfizer, a la quejosa menor de edad (doce años), sin enfermedad o comorbilidad alguna.

1.2. En la demanda de amparo se solicitó la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, para el efecto de que se ordenara la inoculación inmediata a la menor quejosa, con la vacuna Pfizer, contra el virus denominado SARS-CoV-2, ante el inminente peligro de enfermar de gravedad y de tener consecuencias en su salud que afecten órganos vitales en caso de un contagio con la variante Delta y perder la vida.

1.3. El Juez de Distrito negó la suspensión de plano y de oficio solicitada, porque el acto reclamado no se ubicaba dentro de las hipótesis previstas en el artículo 126 de la Ley de Amparo, pues el único impacto posible que pudiera tener la negativa cuestionada consiste en no contar con un beneficio clínico que puede aminorar la transmisión del virus o sus consecuencias, sin que ello se pueda considerar un peligro inminente relacionado con la privación de la vida de la quejosa.

Contra esta determinación, la parte interesada interpuso recurso de queja.

1.4. Al resolver el referido medio de defensa, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito declaró fundados los agravios planteados, al considerar:

- Que del análisis del documento denominado "POLÍTICA NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-CoV-2, PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19 EN MÉXICO. DOCUMENTO RECTOR Versión 6 (actualizado al 11 de mayo de 2021)", publicado a través de la liga http://vacunacovid.gob.mx/wordpress/documentos-de-consulta/ se advierte que dentro de los grupos de atención prioritaria se encuentran los niños, niñas y adolescentes, los cuales no pueden ser vacunados, porque ninguna de las vacunas autorizadas para su uso de emergencia a nivel mundial, tienen autorizada su aplicación en menores de edad (si acaso la edad mínima de aplicación de alguna de las vacunas es de dieciséis años), "por lo que un grupo considerado especialmente vulnerable, como la niñez que vive con cáncer no podrán ser considerados para la vacunación mientras no se cuente con estudios y análisis específicos de seguridad y eficacia de las vacunas en menores de 16 años".

- Que la omisión de vacunar a los menores de edad, especialmente a partir de los doce años apreciada en relación con las circunstancias que la rodean, constituye un acto que trae consigo el riesgo de poner en peligro la vida, porque contraen y también propagan el SARS-CoV-2, aunado a que una eventual reincorporación a clases presenciales implica que se movilicen en las calles, diseminen, enfermen y enfermen a sus familias y a terceros.

- Que el derecho a la salud tutelado por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conlleva, entre otras obligaciones del Estado Mexicano, brindar los servicios y prestaciones para garantizar el más alto nivel de protección a la salud de las personas. Por lo tanto, cuando en el amparo indirecto se reclame la omisión de otorgar los servicios médicos para prevenir el contagio de una enfermedad que pone en peligro la vida del quejoso, debe decretarse la suspensión de plano, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo.

- Que con esa medida no sólo se privilegia la salud y la vida de la quejosa, sino que, paralelamente y en modo indirecto, también tiene impacto positivo en el control y mitigación de la pandemia correspondiente, como un problema de salud pública que aqueja a la humanidad en su conjunto.

- Que a través del comunicado 23/2021, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), se hizo del conocimiento del público en general, el dictamen en el cual se declaró procedente la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando su indicación terapéutica para la aplicación a los menores de edad a partir de los doce años de edad.

- Que en atención al interés superior de la niñez, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas –en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la migración y el acceso a la nacionalidad, entre otras– deben evaluarse en función de dicho interés y estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, dado el interés reforzado que tiene el Estado por preservar y privilegiar la especial condición de desventaja y vulnerabilidad de los menores de edad.

- Que es procedente conceder la medida cautelar solicitada de oficio y de plano, atento a lo previsto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, dado que se solicitó y justificó que se encuentra en grave riesgo la salud y la vida de la menor de edad quejosa, con lo cual se surte uno de los supuestos contenidos en el artículo 22 de la Constitución Federal, en armonía con el numeral 15 de la Ley de Amparo y último párrafo del 147 de la ley de la materia, al indicar que el órgano jurisdiccional tomará las medidas necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo.

De lo anterior se aprecia, que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito llevó a cabo un ejercicio interpretativo, a través del cual determinó que procede conceder la suspensión de oficio y de plano, contra la omisión de aplicar a la quejosa menor de edad, la vacuna contra el SARS-CoV-2, elaborada por Pfizer-BioNTech, al actualizarse la causa de su procedencia prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo, pues consideró que se encuentra en grave riesgo la salud y la vida de la impetrante, con lo cual se surte uno de los supuestos contenidos en el artículo 22 constitucional.

C. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

1. Recursos de queja 258/2021 y 265/2021.

1.1. El juicio de amparo indirecto se promovió contra la negativa de llevar a cabo el registro y aplicación de la vacuna contra la SARS-CoV-2, al quejoso menor de edad (entre doce y diecisiete años), sin enfermedad o comorbilidad alguna.

1.2. En la demanda de amparo se solicitó la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, para el efecto de que se aplicara al menor quejoso la vacuna contra el virus denominado SARS-CoV-2.

1.3. El Juez de Distrito negó la suspensión de plano y de oficio solicitada, al considerar que el acto reclamado no se ubicaba dentro de las hipótesis previstas en el artículo 126 de la Ley de Amparo, pues el único impacto posible que pudiera tener la negativa cuestionada consistía en no contar con un beneficio clínico que puede aminorar la transmisión del virus o sus consecuencias, sin que ello se pueda considerar un peligro inminente relacionado con la privación de la vida de la quejosa.

Contra esta determinación, la parte interesada interpuso recurso de queja.

1.4. Al resolver los referidos medios de defensa, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito declaró infundados los motivos de agravio planteados, al considerar, en esencia: - Que en el caso no se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 126 de la Ley de Amparo.

- Que según el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no toda omisión por parte de las autoridades de proporcionar atención médica necesariamente coloca al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, como aquellos casos en que dicha omisión se relacione con actividades preventivas. Sin embargo, existen casos en que la atención médica requerida puede relacionarse con alguna lesión o padecimiento que requiera actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, puede tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de la vida; lo cual desde luego, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento.

- Que según dicho criterio, la suspensión de oficio y de plano deberá otorgarse de acuerdo con las circunstancias que imperen en cada asunto en concreto, por lo que los juzgadores de amparo, a partir de un juicio valorativo en el que se pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, deberá determinar si la falta de atención médica que reclama, encuentra relación con alguna lesión o padecimiento que cause al quejoso una aflicción física y/o mental que afecte gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse a un tormento.

- Que en el caso, la omisión de aplicar la vacuna a la menor de edad quejosa no es acto que importe peligro de privación de la vida al menor, pues no obra en autos prueba alguna de que ello cause necesaria y directamente la muerte de la impetrante. Esto es, que la omisión reclamada no importa un peligro de que el Estado provoque la muerte de la quejosa. Máxime, cuando la vacuna no garantiza inmunidad contra la enfermedad COVID-19, sino que sólo disminuye el riesgo de complicaciones graves a quien la contraiga.

- Que en la especie, los menores quejosos gozaban de un estado de salud de excelencia, sin enfermedad o comorbilidad alguna; lo cual evidencia que la aplicación de la vacuna a la que buscaban acceder era únicamente con fines preventivos, pero que, de no aplicarse, no generaba consecuencias irreversibles en su salud ni les provoca dolor debido a una aflicción física; de ahí que no puede equipararse a que se les someta a un tormento.

- Que el regreso a clases presenciales no ubica a la parte quejosa en una situación de mayor riesgo de contraer la enfermedad COVID-19, porque en los acuerdos 22/2021, 23/2021 y 24/2021, la autoridad sanitaria estableció como criterio el aforo del treinta por ciento de la capacidad de los planteles escolares, precisando que la asistencia sería voluntaria y mediante un sistema híbrido, respetando los protocolos de seguridad.

- Que según la Organización Mundial de la Salud, la vacunación a los menores de edad no es prioridad, al tener menor riesgo de desarrollar una enfermedad grave en comparación con los adultos mayores.

- Que el solo hecho de que por el momento no se aplique al menor quejoso la vacuna solicitada, no lo ubica en uno de los supuestos extraordinarios previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo.

Como se ve en estos asuntos, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito llevó a cabo un ejercicio interpretativo, a través del cual determinó que no procedía la suspensión de oficio y de plano, contra la omisión o negativa de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 a un menor de edad (de doce a diecisiete años), porque no se actualiza alguna de las hipótesis de procedencia previstas en el artículo 126 de la Ley de Amparo.

2. Recurso de queja 266/2021.

2.1. El juicio de amparo indirecto se promovió contra la negativa de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, a la quejosa menor de edad (quince años), que ha sido diagnosticada con **********, por lo que a nivel neuropsicológico presenta déficit severo en el lenguaje receptivo a nivel semántico, pragmático y sintáctico, déficit severo en el lenguaje expresivo a nivel fonológico, sintáctico y pragmático, déficit moderado de atención, déficit severo en la memoria a corto y largo plazo y en aspectos secuenciales visual y auditivo, déficit severo de las habilidades motoras gruesas y finas, déficit severo en las habilidades visuoperceptuales y visuoespaciales, así como bajo nivel social adaptativo. Asimismo, sufre de crisis convulsivas, lo cual le impide usar cubrebocas.

2.2. En la demanda de amparo se solicitó la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, para el efecto de que se aplicara a la menor quejosa la vacuna contra el virus denominado SARS-CoV-2, con el biológico Pfizer.

2.3. El Juez de Distrito negó la suspensión de plano y de oficio solicitada, al considerar que el acto reclamado no se ubicaba dentro de las hipótesis previstas en el artículo 126 de la Ley de Amparo, pues el único impacto posible que pudiera tener la negativa cuestionada consistía en no contar con un beneficio clínico que puede aminorar la transmisión del virus o sus consecuencias, sin que ello se pueda considerar un peligro inminente relacionado con la privación de la vida de la quejosa.

Contra esta determinación, la parte interesada interpuso recurso de queja.

2.4. Al resolver el referido medio de defensa, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito declaró fundado el único agravio planteado, al considerar, en esencia:

- Que en el contexto específico en el que se encuentra la menor quejosa, al encontrarse en un alto estado de vulnerabilidad (por padecer diversas comorbilidades), sí se actualiza el supuesto excepcional previsto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, por lo que procede conceder la suspensión de plano solicitada.

- Que de considerar lo contrario, se afectaría de manera grave la dignidad e integridad personal de la menor quejosa, lo que incluso pudiera llegar a poner en riesgo su vida, atendiendo al contexto en el cual se ubica en un grado de vulnerabilidad evidente que constituye un grupo de atención prioritaria.

- Que la política de vacunación del Gobierno Federal estableció cuatro ejes de priorización para la vacunación contra el virus SARS-CoV-2, que son: a) la edad de las personas; b) comorbilidades; c) grupos de atención prioritaria, y d) comportamiento de la pandemia.

- Que en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, se ha reconocido que las personas con discapacidades incrementan su riesgo personal de presentar complicaciones de la COVID-19.

- Que a través del comunicado 23/2021, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), hizo del conocimiento del público en general, el dictamen en el cual se declaró procedente la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando su indicación terapéutica para la aplicación a los menores de edad a partir de los doce años de edad.

- Que en atención a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad y a las probanzas allegadas, se advierte que la menor de edad quejosa presenta un alto grado de vulnerabilidad ante sus distintos padecimientos y su discapacidad permanente, los cuales le impiden, incluso, por sí sola llegar a cuidarse o tomar las precauciones necesarias para evitar el contagio, dado incluso lo dicho en la demanda de que no le es posible la utilización del cubrebocas, que es una de las medidas para evitar el contagio, o seguir siquiera las demás prescripciones de salud, como guardar la sana distancia, ni comprender a cabalidad el riesgo y la necesidad de cuidarse.

- Que por las condiciones excepcionales del caso, debía considerarse procedente la suspensión de plano de los actos reclamados, dada la urgencia de recibir el esquema de vacunación, derivado de su estado patológico, lo cual puede tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, todo lo cual compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento.

De lo anterior, se aprecia que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito llevó a cabo un nuevo ejercicio interpretativo, a través del cual determinó que la suspensión de oficio y de plano contra la negativa de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 a un menor de edad (de doce a diecisiete años), sólo procede de manera excepcional, cuando la quejosa se encuentra en una situación de comorbilidad que podría poner en riesgo su integridad física, psicológica y su derecho a la salud y a la vida, en caso de contraer la COVID-19; pues ello comprometería gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento.

II. Segundo requisito: Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Lo expuesto permite a este Pleno establecer que el segundo requisito se encuentra acreditado en el caso, pues, por una parte, los tres tribunales contendientes realizaron interpretaciones que encuentran un punto de toque, en cuanto a un mismo problema jurídico a resolver (suspensión de plano solicitada por menor de doce a diecisiete años, sin comorbilidad alguna, para aplicar vacuna contra la COVID-19), y los criterios que adoptaron son contradictorios entre sí; y, por otra, el Primer Tribunal Colegiado y el Tercer Tribunal Colegiado, ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito llevaron a cabo una interpretación que encuentra un punto de toque, respecto de un mismo tópico a resolver (suspensión de plano solicitada por menor de doce a diecisiete años, con comorbilidad, para aplicar vacuna contra la COVID-19), adoptando criterios contradictorios.

En efecto, en un primer aspecto, de lo sintetizado en este apartado se aprecia que los criterios sustentados por los tres Tribunales Colegiados contendientes encuentran un punto de toque respecto de un mismo problema jurídico, pues se enfrentaron a la necesidad de det

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30918-557a2051/suspension-de-oficio-y-de-plano-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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