SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SU CONCESIÓN EN CONTRA DE LA OMISIÓN DE APLICAR A MENORES DE EDAD LA VACUNA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV-2, PARA PREVENIR LA COVID-19, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL Y, POR ENDE, NO INVADE LA ESFERA COMPETENCIAL DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL. SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SU CONCESIÓN EN CONTRA DE LA OMISIÓN DE APLICAR A UN MENOR DE EDAD LA VACUNA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV-2, NO CONSTITUYE UN RIESGO O UNA AMENAZA A LA SEGURIDAD NACIONAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO. SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SU CONCESIÓN EN CONTRA DE LA OMISIÓN DE APLICAR A UN MENOR DE EDAD LA VACUNA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV-2, PARA PREVENIR LA COVID-19, NO VIOLA EL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO AL NO TENER COMO EFECTO CONSTITUIR EN SU FAVOR DERECHOS QUE NO TENÍA ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.
QUEJA 218/2021. 1 DE DICIEMBRE DE 2021. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ARIEL ALBERTO ROJAS CABALLERO. SECRETARIA: CLAUDIA ALONSO MEDRANO.
CONSIDERANDO:
SEXTO.—Estudio. Los anteriores motivos de desacuerdo son infundados, los cuales, para una mejor comprensión del asunto, se analizarán en un orden diverso al propuesto, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo.
Antecedentes
En la especie, de la demanda de amparo se advierte que la menor quejosa, por conducto de sus padres, reclamó de las autoridades responsables sustancialmente lo siguiente:
• La omisión de aplicar la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México; y,
• La negativa de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 a la persona menor de edad, así como informarle el lugar y fecha para la aplicación de ésta.
Esto con motivo de la situación sanitaria que vive el país y el mundo entero, causada por la epidemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) y las variantes que se han desarrollado a partir del inicio de la pandemia Alfa, Beta y Delta, esta última considerada de mayor transmisión y más severa en sus efectos, y en atención a que México y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han autorizado la vacuna Pfizer-BioNTech, como susceptible de ponerse a menores de edad de entre los 12 y 18 años, siendo el caso que la quejosa cuenta con trece años cumplidos a la fecha de presentación de la demanda.
Materia de la suspensión solicitada
La gravedad de la situación sanitaria y la falta de inoculación de la vacuna a la menor, lo que se estima la coloca en un inminente riesgo su vida, su salud y su integridad física; son las razones por las cuales en el capítulo de suspensión del acto reclamado se solicita que se conceda la suspensión de plano para que a la brevedad se proceda a vacunar a la menor quejosa, tomando en consideración, además, el regreso a las aulas.
De lo anterior se observa que los actos reclamados por la parte quejosa y el motivo de la suspensión solicitada se encuentran vinculados con la preservación de su vida, lo que a su vez se relaciona con la protección del derecho a la salud, bien jurídico consagrado y protegido por la Constitución Federal en su artículo 4o.
Luego, no es el caso, como lo expone la recurrente en una parte del tercer concepto de agravio, que la suspensión se haya solicitado a efecto de que no se aplique la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", mucho menos para que las vacunas dejen de proporcionarse al resto de la comunidad, concretamente al personal médico, puesto que claramente se solicitó para el único efecto de que se aplique una vacuna a la menor quejosa.
En ese sentido, es también infundada la otra parte del tercer agravio, respecto a que con la suspensión solicitada se pretende una invasión de esferas, con la consecuente violación al principio de separación de poderes, previsto en el artículo 49 de la Constitución Federal.
Esto es así pues, como se precisó, es un juicio sobre la protección del derecho fundamental a la salud, consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Federal, y con la medida cautelar, como también se destacó, se busca preservar ese derecho humano en su integridad y la materia del juicio.
Luego, si el Poder Judicial de la Federación es el competente, por la vía del juicio de amparo, para proteger al gobernado de la violación de sus derechos humanos por leyes o actos de autoridad, conforme al artículo 103, fracción I, constitucional, entonces, la medida cautelar que se dicte para suspender esos actos o sus consecuencias que violen tales derechos, no puede considerarse como una violación de esferas, pues tal facultad está reservada de igual forma al Poder Judicial de la Federación en la fracción X del artículo 107 de la Constitución Federal.
Ahora, es innegable que la expedición de leyes y la actuación de las autoridades tienen por objeto la ejecución de políticas públicas; en el caso concreto, de la estrategia para el control de la pandemia implementada en el documento "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México".
De modo que si con la medida de suspensión se involucra algún aspecto relacionado con la implementación de dicha política, específicamente con la aplicación de las vacunas, no puede afirmarse que por esta razón el juzgador federal invada la esfera jurídica de otros Poderes, toda vez que la encomienda para la protección y salvaguarda de la Constitución Federal y de los derechos humanos ahí consignados, a través del juicio de amparo, es exclusiva del Poder Judicial de la Federación.
Ahora, habiendo quedado establecido que con el otorgamiento de la suspensión no queda sin efecto, ni se anula o se deja insubsistente la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", resulta entonces que tampoco se constituye en una amenaza a la nación, a la población, al territorio nacional ni al orden constitucional, como se alega en el cuarto agravio.
El artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional establece:
"Artículo 3. Para efectos de esta ley, por seguridad nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a:
"I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país;
"II. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio;
"III. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno;
"IV. El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
"V. La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional, y
"VI. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes."
Por su parte, en el artículo 5 de dicho ordenamiento legal se enumeran los supuestos que se consideran como amenazas a la seguridad nacional, a saber:
"Artículo 5. Para los efectos de la presente ley, son amenazas a la seguridad nacional:
"I. Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional;
"II. Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado Mexicano;
"III. Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada;
"IV. Actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación, señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
"V. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada;
"VI. Actos en contra de la seguridad de la aviación;
"VII. Actos que atenten en contra del personal diplomático;
"VIII. Todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva;
"IX. Actos ilícitos en contra de la navegación marítima;
"X. Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas;
"XI. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia;
"XII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos, y
"XIII. Actos ilícitos en contra del fisco federal a los que hace referencia el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales."
Conforme a esta transcripción, la seguridad nacional tiene como objetivo mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano.
Ahora, es cierto que con motivo de la situación sanitaria el Consejo de Seguridad Nacional, con fecha 24 de diciembre de 2020, estableció la campaña nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, como un asunto estratégico de seguridad nacional, en los términos del artículo 3, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Seguridad Nacional mencionado.
Sin embargo, contrario a lo alegado, no todas las acciones que involucren dicha campaña quedan amparadas bajo los supuestos de dicha ley.
Esto, pues como la propia recurrente lo refiere, sólo las instalaciones donde se efectúe, los efectivos del personal e instituciones que involucre, los procesos operativos que demande para el correcto resguardo y aprovechamiento de los insumos, los trámites administrativos y jurídicos que implique, así como las determinaciones de Estado que imponga quedan amparados bajo los supuestos de la ley.
De manera que el mencionado acuerdo se circunscribe a los aspectos relativos a la utilización de recursos correspondientes a institutos de salud u hospitales que resulten necesarios para la implementación de la estrategia nacional de vacunación en cuestión.
En ese orden de ideas, si bien la aplicación de la vacuna es la parte primordial dentro de la campaña de vacunación, por lo que forma parte de la estrategia nacional contra el virus, lo cierto es que la acción de vacunar a un menor de edad no constituye un asunto estratégico de seguridad nacional en los términos que precisó el Consejo de Seguridad Nacional, pues no involucra alguna de aquellas acciones administrativas ni jurídicas.
Asimismo, debe subrayarse que inmunizar a una menor no representa ni podría llegar a potenciar algún riesgo o amenaza a la seguridad nacional; dicho en otras palabras, no se revela que la aplicación de una vacuna a la quejosa genere un riesgo a la seguridad nacional que, por ejemplo, ocasione la destrucción, inhabilitación o sabotaje de infraestructura para la provisión de bienes o servicios médicos o que obstaculice el funcionamiento de los hospitales ni que impida a la Secretaría de Salud conducir la política nacional en materia de salud, como lo dispone el artículo 7o. de la Ley General de Salud.
Menos aún se advierte que pueda representar una amenaza a la soberanía e independencia de la nación ni a la defensa del territorio mexicano, o que ponga en riesgo el orden constitucional a que aluden las fracciones I, II, III y IV del artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional.
La aplicación de una vacuna tampoco representa un enorme déficit o pérdida de insumos que anule la capacidad del Estado para seguir haciendo frente a la pandemia o que contribuya al fracaso de la campaña de vacunación y a la desestabilización regional o nacional, de modo que se constituya en una amenaza inmediata y directa a la seguridad nacional, como lo refiere la recurrente.
De ahí lo infundado del argumento.
• Suspensión de oficio que se decreta de plano.
Por otra parte, son infundados los argumentos esgrimidos por la recurrente, en una parte del primer concepto de agravio, respecto a que con el otorgamiento de la medida cautelar se contravienen disposiciones de orden público y en perjuicio del interés social.
Para dar sustento a lo anterior, es menester señalar que la suspensión en el juicio de amparo constituye una medida cautelar cuyo objetivo no sólo es preservar la materia de la litis del medio de control constitucional mientras se resuelve el asunto –al impedir la ejecución de los actos reclamados que pudieran ser de imposible reparación–, sino también evitar que se causen al quejoso daños de difícil resarcimiento al ordenarse, a través de la misma, que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentren al momento de su concesión.
Ahora, los artículos 125 y 126, primer y segundo párrafos, de la Ley de Amparo, este último en el que se funda la concesión de la medida cautelar, disponen:
"Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso."
"Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.
"En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento.
"La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal."
El primer numeral señala la forma en que se decretará la suspensión de los actos reclamados, esto es, de oficio o a petición de parte.
En lo que interesa, el artículo 126, párrafos primero y segundo, dispone que la suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.
Por otro lado, la suspensión se decretará a instancia de parte, en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo, que establece como requisitos la solicitud del quejoso y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
Con relación a lo anterior, ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la existencia de esa regulación diferenciada responde, por lo que hace a la suspensión de oficio y de plano, a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia, como la vida, la libertad o la integridad personal de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del amparo.
Además, de acuerdo con la jurisprudencia 1a./J. 25/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 58, Tomo I, septiembre de 2018, página 827, con número de registro digital: 2017844, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO PREVISTA EN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE AMPARO. SI NO SE ADMITE LA DEMANDA Y SE PREVIENE AL QUEJOSO PARA QUE SUBSANE ALGUNA IRREGULARIDAD, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEBE PROVEER SOBRE LA CITADA MEDIDA CAUTELAR EN EL PROPIO AUTO EN QUE FORMULA ESE REQUERIMIENTO.", el órgano de control constitucional debe proveer sobre la suspensión de oficio y de plano no sólo cuando admite la demanda, sino en el acuerdo por el que se requiere a la parte quejosa para que subsane alguna irregularidad de su escrito inicial.
La suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados en el juicio de amparo, como se señaló en líneas precedentes, se rige por lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Amparo.
La diversidad de los supuestos mencionados en ese dispositivo guarda relación con actos de autoridad cuyos efectos no sólo son de imposible o difícil reparación sino que, además, se encuentran expresamente prohibidos por el orden jurídico nacional y, por tanto, su reclamo amerita la inmediata intervención del órgano de control constitucional para que ordene su suspensión, a fin de evitar que se ejecuten o se sigan ejecutando; de ahí que en esos supuestos sea inclusive innecesaria la solicitud del interesado para que se otorgue la indicada medida cautelar, o bien, que se condicione su disfrute.
La gravedad de los actos a que se refiere la suspensión de oficio y de plano es tan elevada que incide en la vida y dignidad de las personas, y por referirse a esos valores primordiales, cuando se trata de dicha suspensión no tiene lugar el análisis de la no contravención a disposiciones de orden público o de afectación al interés social.
El requisito de que la medida cautelar no contravenga disposiciones de orden público o que no sea contraria al interés social está previsto para la suspensión a petición de parte, porque los actos que pueden ser materia de ella no son de los prohibidos por el artículo 22 constitucional.
La naturaleza del acto reclamado no debe entenderse como una condición que permita o proscriba la suspensión en función de que el acto sea calificado como omisivo, sino como un elemento que define el tipo de medida suspensiva que se requiere precisamente ante ese carácter.
Las consecuencias que caso a caso puedan producir ese tipo de actos deben ser consideradas para decidir si las cosas deben mantenerse en el estado que se encuentran o si debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado.
De este modo, lo relevante es que exista o no una imposibilidad jurídica o material para otorgar la suspensión, lo cual no obtiene un resultado distinto en función de la naturaleza omisiva o no del acto reclamado.
Así, es claro que dentro de la tutela de derechos de especial relevancia que contempla la suspensión de oficio y de plano regulada en el numeral 126 de la Ley de Amparo, se encuentran aquellos actos que importen peligro a la vida, lo que se logra a través de la paralización de cualquier acto que la ponga en riesgo, como ocurre con la tutela, a su vez, del derecho a la salud consagrado en el artículo 4o. constitucional, en tanto que su desconocimiento puede poner en peligro la vida y ocasionar la muerte, lo que de consumarse haría imposible su reparación.
El derecho a la salud consagrado en el artículo 4o., párrafo cuarto, constitucional, el cual encuentra armonía con lo dispuesto en los diversos numerales 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", debe entenderse como un derecho fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano, lo que se traduce en el disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud y, en consecuencia, hacer posible la tutela de los más relevantes derechos consagrados en la Constitución, como la vida.
Con relación a los alcances del derecho a la salud, se invoca la tesis 1a. LXV/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época, Tomo XXVIII, julio de 2008, página 457, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 169316, de rubro: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS."
A la luz de las premisas indicadas y de acuerdo con las características de los actos reclamados ya precisados, sí trascienden a la esfera jurídica de la quejosa, quien actualmente cuenta con trece años cumplidos, poniendo en riesgo su salud, lo que hace factible decretar la medida suspensiva para que cese ese peligro (la edad se acredita con la copia certificada del acta de nacimiento respectiva que se adjuntó a la demanda de amparo, la cual detenta valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo). Así, al ubicarse el asunto en los supuestos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo, debe atenderse a lo dispuesto por la citada legislación, en cuanto a la suspensión de plano, por la gravedad de los actos respecto de los cuales procede este tipo de suspensión.
Ahora, si bien el solo hecho de que proceda la suspensión de oficio no puede justificar conductas irregulares o perjudiciales para la sociedad, lo cierto es que, en la especie, el otorgamiento de la medida para el efecto de que se aplique la vacuna a la menor quejosa no viola el orden público ni el interés social, por las razones que destaca la autoridad en su primer agravio.
Lo anterior es así, ya que parte de una idea inexacta.
En principio, debe tenerse presente que el documento rector para hacer frente a la situación sanitaria originada por la pandemia, denominado "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", se publicó por primera vez el ocho de diciembre de dos mil veinte, y desde esa fecha se han tenido varias versiones.
Es cierto como lo señala la recurrente, que en dicho documento se establecieron los ejes de priorización para la aplicación de la vacuna, conforme a la Secretaría de Salud; en ellos se determinó como primer grupo prioritario al personal sanitario que enfrenta el virus (COVID-19) y en último lugar se dejó a la población de 16 años y más cumplidos.
En una nueva versión, el once de mayo de dos mil veintiuno, se precisó que hasta el momento ninguna de las vacunas disponibles en México podían ser utilizadas en personas menores de 16 años, por lo que aún no se contemplaba una etapa específica para esta población en condición de vulnerabilidad, pues se trata de niñas, niños y adolescentes.
No obstante, mediante el Comunicado a la población 23/2021, emitido por la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se señala que, a partir de esa fecha, la referida comisión ha dictaminado procedente la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los 12 años.
Es un hecho notorio que la política rectora de vacunación se ha estado implementando desde diciembre de dos mil veinte y que en los últimos meses, a nivel nacional, más del 50% de la población ha sido vacunada; e incluso para diciembre de este año dos mil veintiuno se han programado las fechas de vacunación para la población que oscila entre los quince y los diecisiete años de edad.
En el Estado de Guanajuato, según informe de la Secretaría de Salud publicado en su página oficial, se aplicaron las vacunas al 93% de la población, entre los que se incluyen a adultos entre 18 y 29 años, con esquema completo (dos dosis).
De acuerdo con lo anterior, es infundado que la concesión de la medida para efecto de que se aplique la vacuna a la quejosa impida la ejecución de la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", pues ésta se ha venido aplicando desde hace casi un año.
También es inexacto que con la aplicación de la vacuna a la quejosa se altere de modo sustantivo el orden y las etapas de vacunación previsto en aquel documento y con esto se prive de vacunas a todo el personal de salud y al resto de la población, pues la recurrente parte de la idea inexacta de que dicha política está por aplicarse, cuando lo cierto es que, al menos en materia de vacunación, está por concluir, puesto que al día de hoy los únicos miembros de la población pendientes de recibir la vacunación son los menores de dieciséis años.
Por lo que se cumple la premisa que plantea la recurrente de que los niños y niñas deberían ser los últimos en vacunarse.
En esa medida, tampoco se vulnera el interés social, puesto que con la medida no se busca privar a la población vulnerable de ser vacunada; por el contrario, se pretende que dentro de ese grupo protegido con la vacuna se incluya a la quejosa; en este sentido, la sociedad también está interesada en que los niños, niñas y adolescentes gocen de salud y en que se apliquen las medidas necesarias para proteger ese derecho fundamental.
De igual forma, es inexacto que no existan estudios científicos para que la vacuna pueda ser aplicada a menores de edad; por el contrario, toda vez que el problema sanitario se ha prolongado por más de un año, sin que se encuentre la cura definitiva, la investigación continúa, como lo demuestra el Comunicado 23/2021, emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en el que, como también lo destaca la recurrente, se establece que a partir del veinticuatro de junio de dos mil veintiuno se amplía el rango de las condiciones de autorización para el uso de la vacuna Pfizer-BioNTech a menores a partir de los 12 años.
Cuya aplicación, dispone, será conforme a la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de COVID-19 en México".
Lo cual puede considerarse como una autorización o certificación, como lo denomina la revisionista, de viabilidad para que la menor quejosa pueda ser vacunada, pues como se precisó, cuenta con trece años cumplidos.
En este orden de ideas, debe desestimarse el segundo y la otra parte del tercero de los agravios, relativos a que con el otorgamiento de la medida se contraviene lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley de Amparo, pues se constituye a favor de la quejosa un derecho que no tenía antes de la promoción del juicio constitucional.
Lo anterior, toda vez que los derechos a la salud y a la vida que se pretenden proteger con la medida, son derechos fundamentales con que cuentan todas las personas en el territorio nacional, en términos del artículo 4o. constitucional, de manera que al igual que con la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", lo único que se busca es preservar ese derecho fundamental inmerso en toda persona, por el simple hecho de serlo.
• Interés superior del menor
Por otra parte, son infundados los argumentos contenidos en otra parte del primer agravio, relativos a que no es procedente conceder de plano la medida cautelar en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, porque en el caso no se surte alguno de los supuestos contenidos en dicho precepto, en virtud de que los actos reclamados únicamente podrían tener por efecto no acceder a un beneficio clínico (por el momento), y que no puede considerarse que la posibilidad de contraer el virus SARS-CoV-2 conlleve indefectiblemente a la pérdida de la vida de la menor quejosa o que represente un peligro inminente de privación de la misma.
Agregan que sostener lo contrario es suponer que de aplicarse la vacuna se garantiza no contagiarse y eventualmente no perder la vida, lo cual carece de base científica, ya que sólo es un mecanismo que reduce los efectos del virus; de suerte que la inoculación tampoco garantiza la salud y la vida.
Se explica.
En el artículo 4o. constitucional, nuestro país recogió el interés superior del niño que es uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos del infante, admitido expresamente en varios instrumentos y constantemente invocado por los órganos internacionales encargados de aplicar esas normas.
A nivel secundario, los artículos 2o. y 6o. de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevén que uno de los principios rectores de esa legislación es precisamente el interés superior de la niñez, el que deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes.
Así, la normativa internacional, constitucional y legal citada permite establecer que, a la luz del interés superior de la niñez, todos los entes estatales, en sus respectivos ámbitos, deben otorgar prioridad a los temas relacionados con la niñez.
El principio de interés superior del menor ordena a todas las autoridades estatales que la protección de los derechos del niño se realice a través de medidas "reforzadas" o "agravadas" y la idea que subyace a este mandato es que los intereses de los niños deben protegerse con la mayor amplitud posible.
Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (9a.) de la Primera Sala del Alto Tribunal, consultable en la Décima Época, Libro XV, Tomo 1, diciembre de 2012, página 334, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 159897, de epígrafe: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO.", así como la tesis 1a. LXXXIII/2015 (10a.), visible en la Décima Época, Libro 15, Tomo II, febrero de 2015, página 1397 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital: 2008546, intitulada: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR COMO ELEMENTO DE INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL."
• Derecho a la salud
Como se mencionó en líneas anteriores, el artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho humano a la salud y a su protección, el cual se sustenta en el postulado de que todas las personas tienen derecho a vivir en condiciones óptimas de salud física y mental en un medio ambiente adecuado para ese fin, lo que representa para el Estado la obligación de crear mecanismos, planes y programas de gobierno tendentes a conseguir ese objetivo.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud señala que este derecho significa una obligación de los gobiernos de crear las condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible.
Esas condiciones incluyen la disponibilidad garantizada de servicios de salud, condiciones de trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos;(1) de manera que el derecho a la salud no debe entenderse como el derecho a estar sano. Conforme a los artículos 25 de la Declaración
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30585-9c1d3551/suspension-de-oficio-y-de-plano-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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