CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LOS MENORES DE CINCO A ONCE AÑOS DE EDAD PARA LA APLICACIÓN DE LA VACUNA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV-2, PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19. ES INAPLICABLE A ESE GRUPO ETARIO, AL NO TENER LAS CONDICIONES DE MADUREZ, INTELECTUALES Y EMOCIONALES PARA COMPRENDER SU ALCANCE, POR LO QUE SU VOLUNTAD SE SUPLE MEDIANTE EL CONSENTIMIENTO DE SUS PADRES, COMO MANIFESTACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD.
QUEJA 138/2022. SUBDIRECTOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS, ADSCRITO A LA OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL, EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DEL SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD, TODOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD. 4 DE ABRIL DE 2022. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: PATRICIO GONZÁLEZ-LOYOLA PÉREZ. SECRETARIO: ELÍAS ELÍAS BROWN GUERRERO.
CONSIDERANDO:
OCTAVO.—Los agravios son por una parte inoperantes y por la otra infundados, de conformidad con las consideraciones siguientes:
8.1. Antecedentes.
Para una mejor comprensión del asunto, se estima conveniente hacer una breve referencia a los antecedentes de los actos reclamados, según se advierte de las constancias de autos consultadas vía electrónica, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo permite el artículo 2o. de este último ordenamiento.
1. F.J.H.M., en representación de su menor hijo F.J.H.G., demandó la protección de la Justicia Federal, entre otros actos reclamados por la elaboración, revisión y autorización de la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", ya que no contempla que se aplique alguna vacuna en personas menores de dieciséis años, situación que pudiera afectar los derechos a la salud y a la vida del menor quejoso.
El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, bajo el número de expediente 332/2022, cuyo titular, mediante proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, entre otras cosas, concedió la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que las autoridades responsables en un plazo de veinticuatro horas incluyeran al menor quejoso en la calendarización para la aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech, en los términos autorizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, biológico que deberá suministrarse en una dosis diferenciada, acorde a la edad, peso y demás condiciones del menor.
3. Inconforme con la anterior determinación, la autoridad recurrente interpuso el presente recurso de queja.
8.2. Síntesis de los agravios.
La autoridad recurrente medularmente aduce que:
En el primer agravio:
• La suspensión otorgada por el juzgado federal, dado sus efectos, impide la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, en atención a que altera de modo sustantivo las etapas de la vacunación ahí establecidas en contravención con la fracción V del artículo 129 de la Ley de Amparo, siendo el caso que tampoco cuenta con las responsabilidades para poder alterar tanto las etapas de la vacunación establecidas en la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", o bien, de facto instruir que se vacune al menor quejoso.
• La "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México" al día de la fecha no contempla la vacunación de los menores de edad, en razón de que no se cuenta con estudios y análisis específicos a gran escala de seguridad y eficacia de las vacunas en menores, por lo que la falta de datos de ensayos clínicos no hace viable por el momento su aplicación a menores, como en el caso, del menor quejoso, ya que contrario a beneficiarlo podría serle perjudicial; luego entonces, la medida adoptada por el a quo es improcedente, porque más allá de brindar una protección al menor quejoso se podría dar una consecuencia fatal, ya que no existen estudios y análisis específicos a gran escala de seguridad y eficacia de las vacunas en menores de 12 años.
• Se puede concluir que fue con base en lo anteriormente expuesto y en aras de proteger el derecho a la salud de la población mexicana que se expidió el documento que hoy es impugnado. Asimismo, hay que resaltar que el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como obligación del Estado garantizar a toda persona el derecho a la protección de la salud. En ese orden de ideas, la eventual concesión de la suspensión implicaría desatender que las disposiciones reclamadas tienen como origen la responsabilidad del Gobierno Federal de procurar las medidas que sean necesarias para garantizar y definir la política nacional de vacunación contra el virus que ocasiona la enfermedad infecciosa COVID-19.
• Del documento denominado "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", versión 6.0 del 11 de mayo de 2021, se desprende del apartado de Priorización de población a vacunar que con base a las recomendaciones preliminares del Grupo Técnico Asesor de Vacunas (CTAV) en México y basándose en escenarios y supuestos que pueden cambiar conforme a la evidencia científica sobre perfiles de eficacia y seguridad de las vacunas, que se definió la priorización de vacunación, por ende, se considera que con la medida cautelar se contravienen disposiciones de orden público e interés social, pues como se ha detallado, la política aludida se emite en concordancia con el marco constitucional y normativo aplicable al caso específico, así como que con el mismo se persigue un fin socialmente válido, en el que se valoraron diversos escenarios analizados por las instancias competentes.
• La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió el Comunicado 23/2021, en el que se indicó: "La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ha dictaminado procedente la modificación a las condiciones de autorización para el uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los 12 años", supuesto en el cual no se encuentran los menores quejosos al tener menos de 12 años.
• En efecto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios autorizó para uso de emergencia la vacuna Pfizer-BioNTech para mayores de 12 años de edad; por su parte, de la demanda de amparo se advierte que el menor quejoso cuenta con menos de 12 años de edad, por lo que está imposibilitado para suministrar el referido biológico al menor, ya que el mismo no está autorizado, lo que podría poner en riesgo la salud o la vida del menor quejoso, máxime que la autorización para uso de emergencia del referido biológico es únicamente en lo que dura la contingencia sanitaria y sólo cuando el Gobierno Federal así lo autorice, por lo que considerando el beneficio menor del quejoso, estas autoridades están imposibilitadas para poder gestionar lo solicitado en la suspensión concedida.
• Conforme a la ponderación que en el caso debe hacerse velando por el interés superior del menor quejoso y su salud, no procede determinarse la aplicación de la vacuna por no estar autorizada aún por las autoridades sanitarias para personas menores de 12 años, ya que se advierte que dicho menor quejoso tiene 8 años.
• Toda vez que para determinar el otorgamiento o no de la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados debe ponderarse el interés superior del menor y el derecho a la salud, se estima que derivado de esa ponderación, en el presente asunto resulta improcedente conceder esa medida, atento a las razones siguientes: En principio, tiene relevancia mencionar que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente como pandemia la enfermedad por el virus SARS-CoV-2.
• El 24 de junio de 2021 la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió el Comunicado 23/2021, mediante el cual modificó la autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los 12 años. Por su parte, la Guía Técnica para la Aplicación de la Vacuna BNT152b2 Pfizer-BioNTech contra el virus SARS-CoV-2 señala –entre otros pormenores– que está indicada para ser aplicada a personas a partir de los 15 años cumplidos. En ese sentido, si bien conforme a los documentos técnicos precisados en párrafos precedentes, la edad autorizada para la aplicación de la vacuna está entre los mayores de 12 y menores de 15 años, no hay evidencia de que la Cofepris, ni alguna otra autoridad sanitaria mexicana haya permitido la aplicación de la vacuna para menores de 12 años, entre los que se encuentra el menor quejoso quien tiene una edad de 8 años.
• Existe imposibilidad para cumplir con lo ordenado en la suspensión de plano, ya que la autorización de la vacuna Pfizer-BioNTech, emitida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, únicamente es viable para mayores de 12 años, y tomando en cuenta que el quejoso cuenta con menos de 12 años al día de hoy, se pondría en riesgo la salud y posiblemente la vida del menor de edad, pues se desconoce cuántos gramos del biológico deben ser ministrados al menor, en todo caso.
• En caso de insistir en la aplicación de la vacuna al menor, se solicita se indique al suscrito, bajo plena responsabilidad del quejoso, cuántos gramos del biológico deben ser ministrados al menor, forma de preparación, así como procedimiento que debe seguirse para la descongelación del frasco del ámpula de Pfizer; esto considerando que se carece de información y conocimientos técnicos científicos para determinar dicha situación, mi representado no puede exceder sus atribuciones. Situación con la cual, solicito se dé vista al Ministerio Público como máximo garante de la más alta protección al derecho humano de la vida y la salud del menor quejoso, a efecto de que se pronuncie respecto de la permisibilidad de la aplicación de la vacuna, cuando se desconocen los gramos que deben aplicarse al menor del biológico, así como la manera en que debe aplicarse.
En el segundo agravio:
• El a quo en el proveído que se impugna otorgó la suspensión de plano para efectos que no corresponden a una suspensión, pues se está constituyendo un derecho al hoy quejoso, lo cual resulta violatorio del artículo 131 de la Ley de Amparo.
En el tercer agravio:
• El juzgado de mérito, al decretar la suspensión provisional mediante el acuerdo de mérito, se extralimitó al haber tomado facultades que le corresponden a las autoridades administrativas y no así a las autoridades jurisdiccionales, siendo que el juzgado no cuenta con las facultades administrativas para determinar que se debe aplicar la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", ya que el a quo únicamente se debe limitar a verificar la constitucionalidad y legalidad del acto en la carpeta principal, mas no suplir las facultades de las autoridades administrativas; sin embargo, contrariamente a determinar que se debe aplicar dicha política, cuando en dicho documento rector no se ha incluido al menor quejoso por el momento, determinación que es competencia exclusiva de las autoridades sanitarias que han emitido dicho documento.
• El a quo decidió conceder la suspensión cometiendo una flagrante invasión a las atribuciones de la Secretaría de Salud como autoridad perteneciente del Poder Ejecutivo Federal y, en consecuencia, al principio de división de poderes, pues en términos del entramado normativo transcrito con anterioridad, en principio, dentro del marco de atribuciones exclusivas de la Secretaría de Salud, se encuentra la de expedir lo referente a la política nacional de vacunación para prevenir, controlar o erradicar enfermedades transmisibles.
• El Juez pasa por alto el derecho humano que tiene también el menor quejoso a ser escuchado y decidir, incluso, libremente si quiere vacunarse, lo cual no fue tomando en cuenta, pues a la fecha de la demanda de amparo y sus anexos no se advierte que el menor manifestara que quiere vacunarse. El consentimiento informado se considera una herramienta para incorporar al sujeto y/o sus familiares o representantes a un proceso que reconoce sus intereses y les permite ponderar situaciones y elegir en consecuencia. Cualquier acto médico realizado sin la previa autorización o consentimiento del enfermo puede constituir un delito contra la libertad del paciente. Firmar el documento de asentimiento informado significa que el chico o chica entiende en qué va a consistir el estudio o medicamento y quiere participar o su aplicación del medicamento, en este caso, de la vacuna. El médico será el primero en dar la información a los padres y al paciente, y les explicará las posibles cosas que podrán suceder durante el ensayo, además de responder las preguntas que puedan tener.
• El juzgador sin ser una autoridad médica ordenó a las autoridades responsables que le aplicaran la vacuna a la menor quejosa, sin conocer o sin determinar qué vacuna es viable para la aplicación de menores de 12 años, poniendo con ello en peligro la salud del menor quejoso. En efecto, si bien es cierto que como refiere la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México" versión 7.0, publicada el 28 de septiembre de 2021, y en la cual se señala que "ninguna de las vacunas disponibles en México pueden ser utilizadas en personas menores de 16 años", lo cierto es que no todas las marcas de vacunas contra el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), han sido probadas, ni se ha demostrado que su uso es seguro en menores de 19 años, por lo que si el a quo ordenó a las autoridades responsables para que aplicaran cualquier vacuna contra el COVID-19 a la hoy menor quejosa, es evidente lo ilegal de la resolución, pues el juzgador no es ninguna autoridad médica ni sanitaria para decretar la aplicación a la menor de "la vacuna Pfizer autorizada para menores de 12 años".
NOVENO.—Estudio.
Conviene señalar que el examen de los agravios expresados por la autoridad recurrente se realizará conforme a los hechos, puntos debatidos y planteamientos torales, sin necesidad de atenderlos renglón por renglón ni en el orden en que se propusieron, en términos de lo establecido en los artículos 74, fracción II, 76 y 189, párrafo primero, de la Ley de Amparo, lo que no implica soslayar su derecho de defensa y los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos consagrados en el artículo 17 constitucional, dado que éstos se cumplen al estudiarse en su integridad el problema materia del recurso.
9.1. Derecho a la salud y seguridad en la aplicación de la vacuna a menores de entre cinco y once años.
En la especie, convergen dos figuras trascendentales en la protección de los derechos humanos, a saber: el interés superior de la parte quejosa menor de edad como criterio rector para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y el derecho a la salud que se pone en serio peligro mientras subsistan las omisiones que aquéllos reclaman.
El interés superior de la niñez es un principio de rango constitucional, previsto en el artículo 4o. constitucional, basado en que todas las decisiones y actuaciones del Estado velarán y cumplirán con dicho principio, garantizando de manera plena sus derechos.
Este principio implica que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, lo que debe guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez, así como ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que los involucre.(3)
El interés superior de la niñez, enfocado al deber estatal, se actualiza cuando en la normativa jurídica se reconoce expresamente el cúmulo de derechos y se dispone el mandato de efectivizarlos, y actualizado el supuesto jurídico para alcanzar la función de aquel principio, surge una serie de obligaciones para las autoridades estatales, entre los cuales se encuentra analizar, caso por caso, si ante situaciones conflictivas donde existan diversos intereses de terceros que no tienen el rango de derechos deben privilegiarse los de las personas menores o cuando se trate de contraponer contra los de otras, el alcance de este interés superior deberá fijarse según las circunstancias particulares del asunto y no podrá implicar la exclusión de los derechos de terceros.
Dicha dimensión conlleva el reconocimiento de un "núcleo duro de derechos", esto es, aquellos que no admiten restricción alguna –como el derecho a la salud– y, por tanto, constituyen un límite infranqueable que alcanza, particularmente, al legislador; además, el interés superior de la niñez como principio garantista también implica la obligación de priorizar las políticas públicas destinadas a garantizar el núcleo mencionado.(4)
La jurisprudencia ha reconocido que el interés superior de la niñez permite y, en ciertas circunstancias, obliga al Juez a actuar oficiosamente en los litigios que conozca, entendiendo que, de lo contrario, no se hace efectivo tal principio.(5)
A su vez, el Pleno del Máximo Tribunal del País ha reconocido que el interés superior de la persona menor implica tomar medidas reforzadas para la protección de los derechos de la niñez.(6)
Se colige que en toda actuación concerniente a niñas, niños y adolescentes que asuman los órganos jurisdiccionales, como toda autoridad, se deben considerar primordialmente el interés superior de la niñez y la prioridad que demandan sus derechos y necesidades más básicas, lo que obliga a realizar las interpretaciones y modulaciones en favor de su bienestar pleno, incluso, a tomar medidas "reforzadas" o "agravadas" que hagan efectivo ese interés superior.
Ello no implica que el juzgador se esté sustituyendo en las facultades de la autoridad administrativa y con ello invada las atribuciones propias del Poder Ejecutivo, convirtiéndose en un tribunal supremo; por el contrario, únicamente se está cerciorando de salvaguardar un derecho superior inalienable a los menores de edad, ante la inactividad del Estado.
A lo anterior se suma lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (i) un derecho sustantivo; (ii) un principio jurídico interpretativo fundamental; y, (iii) una norma de procedimiento.
El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial que se atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas.
Las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas –en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras– deben evaluarse en función del interés superior de las personas menores de edad y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, dado el interés reforzado que tiene el Estado por preservar y privilegiar su especial condición de desventaja y vulnerabilidad.(7)
En el ámbito jurisdiccional, el interés superior es el principio rector de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño, niña o adolescente en un caso concreto o que pueda afectar sus intereses y que ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de las personas menores y sus derechos especiales previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez.
Tal principio ordena a todas las autoridades estatales que la protección de los derechos de la niñez se realice a través de medidas "reforzadas" y la idea que subyace a este mandato es que sus intereses deben protegerse con la mayor intensidad posible.
El artículo 4o., párrafo cuarto, constitucional establece que es obligación del Estado garantizar el disfrute de los servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, entendiéndose como tal, las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona.
Las autoridades responsables deberán tener como referente el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física, para lo cual deberán atender su obligación inmediata de asegurar el pleno ejercicio por todos los medios apropiados, hasta el máximo de los recursos que dispongan, a fin de garantizar la práctica de todas las medidas necesarias que permitan la óptima salud de la parte quejosa menor.(8)
Explicado lo anterior, se tiene que, como parte de las medidas de control para enfrentar la COVID-19, se encuentra la aplicación de una vacuna contra esta enfermedad y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad.
La distribución de las vacunas se rige por lo dispuesto en la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", publicada en la página de Internet oficial www.coronavirus.gob.mx, que constituye el documento rector que contiene las directrices bajo las cuales México desplegará sus acciones en lo relativo a la aplicación respectiva.
La política en consulta no contempla la aplicación de vacunas a los menores de entre cinco y once años de edad, como el menor quejoso.
Es oportuno tener como hecho notorio, en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo que el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno la Cofepris emitió el Comunicado 23/2021, cuyo contenido establece que, bajo su más estricta responsabilidad, se dictaminó procedente la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los doce años.
Al momento no existe un pronunciamiento de la autoridad mexicana especializada en la evaluación de los riesgos a la salud que haya definido la seguridad de la aplicación del biológico en menores de doce años, como es el caso del menor quejoso, quien a la fecha tiene 8 años.
También es un hecho notorio que el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU. –FDA, por sus siglas en inglés– autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech, para incluir a niños de cinco a once años de edad; dicha autoridad emitió un comunicado(9) en el que señaló, en lo que interesa, que:
"Hoy, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech para la prevención del COVID-19 para incluir a niños de 5 a 11 años de edad. La autorización se basó en la evaluación exhaustiva y transparente de la FDA de los datos que incluyó aportes de expertos del comité asesor independiente que votaron contundentemente a favor de poner la vacuna a disposición de los niños en este grupo de edad ..."
Con la finalidad de cumplir con el escrutinio estricto a que los órganos de impartición de justicia se encuentran obligados conforme a la jurisprudencia P./J. 7/2016 (10a.), tratándose de la protección de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, este Tribunal Colegiado estimó indispensable recabar la información técnica-científica pertinente para definir si la aplicación de tal vacuna es segura respecto de menores de edad entre cinco y once años, en su caso, tomando como sustento lo determinado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU.
Mediante oficio INER/DI/JAZR/254/2021, de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, el doctor Joaquín Alejandro Zúñiga Ramos, director del Área del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, informó –en la queja 245/2021– textualmente lo siguiente:
"En respuesta al oficio 16734/2021, emitido dentro de los autos del expediente de la queja 245/2021, recibido con fecha 15 de diciembre del año en curso, signado por el Lic. Arturo Muñoz Cuevas, actuario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, me permito dar una opinión científica en relación con la utilidad de la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech, como una medida de protección en menores de un rango de edad de 5 a 11 años. Quiero mencionar que esta opinión la emito en base al análisis de la literatura publicada y del ensayo clínico realizado por la compañía Pfizer y las recomendaciones emitidas por los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos, dado que no existen estudios clínicos de esta vacuna en la población mexicana.
"Es importante mencionar que la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 (también conocida como BNT162b2) es una vacuna basada en tecnología novedosa de RNAm que codifica para una secuencia de la proteína S del virus SARS-CoV-2 y que está formulada con nanovesículas lipídicas como medio de transporte del RNAm. Esta vacuna ha sido utilizada a nivel global, con una buena eficacia mayor al 90%, generando buena protección contra el virus SARS-CoV-2 y el desarrollo de formas graves de la enfermedad conocida como COVID-19. En este sentido, en agosto de 2021 la FDA aprobó el uso de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19, en personas mayores de 16 años y también en adolescentes de 12 a 15 años bajo una autorización de uso de emergencia. El esquema de vacunación recomendado en este grupo de adolescentes >12 años es de 2 dosis de 30 microgramos cada una con una diferencia de 3 semanas entre la primera y segunda dosis.
"Posterior a esto, la compañía Pfizer comenzó a evaluar la eficacia y seguridad de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 en niños de un rango de edad de 5 a 11 años mediante un ensayo clínico de fase II/III aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que originalmente incluyó a un poco más de 2,000 participantes de edades entre 5 y 11 años.
"Dos tercios de esos niños recibieron dos dosis de la vacuna con tres semanas de diferencia mientras que un tercio recibió dos inyecciones de un placebo.
"Según los datos de Pfizer para este grupo etario de 5 a 11 años, la vacuna tuvo un 90.7% de efectividad en la prevención del COVID-19 sintomático con buena producción de anticuerpos, similar a los niveles de protección observados en jóvenes vacunados de 16 a 25 años. Los niños del grupo de 5 a 11 años de Pfizer recibieron dos dosis de 10 microgramos y se observó que esta dosis más pequeña produce una fuerte respuesta inmune.
"Pfizer amplió su estudio a un tamaño de muestra de 4,500 niños con la finalidad de tener más fuerza estadística para detectar posibles efectos adversos a la vacuna.
"Según los resultados de Pfizer, la vacuna es segura y bien tolerada sin casos de enfermedades graves o afecciones cardíacas. En este comunicado de la FDA de los Estados Unidos publicado el 29 de octubre de 2021 (https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-authorizes-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-emergency-use-children-5-throuqh-11-years-age), se concluye que los beneficios de prevenir casos graves de COVID-19 con la vacuna de Pfizer generalmente superan los riesgos de los posibles efectos secundarios en ese grupo de edad.
"Finalmente, a principios de noviembre de 2021, después de una exhaustiva revisión de los datos disponibles del ensayo clínico del uso de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 en menores de 5 a 11 años ... por parte del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización del CDC, conformado por un grupo de expertos de reconocimiento internacional, recomendó´ el uso de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 en niños de 5 a 11 años en los Estados Unidos para la prevención de la COVID-19 ...
"Derivado de lo anterior, considero que las evidencias publicadas hasta hoy, suponiendo sin conceder, apoyarán el uso, la eficacia y la seguridad de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 en niños de un rango de edad de 5 a 11 años. Los datos del ensayo clínico fase II/III de la eficacia de la formulación de dos dosis de 10 microgramos administradas con 21 días de diferencia en este grupo de niños fueron publicados en la revista New England Journal of Medicine son serios y de alta calidad científica.
"Otros aspectos relevantes en relación con la protección de este grupo etario son la posibilidad de reducir algunas complicaciones derivadas de la infección por el virus SARS-CoV-2 en niños como miocarditis o síndromes inflamatorios generalizados que, aunque son complicaciones poco frecuentes sí pueden aparecer en un pequeño porcentaje de niños infectados con este virus y finalmente reducir la transmisibilidad del virus a los familiares o compañeros de escuela de estos niños."
Del informe anterior destaca que, en opinión del experto del INER, la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer- BioNTech en niños de cinco a once años es segura y eficaz, en atención a lo siguiente:
• La vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19, también conocida como BNT162b2 "Comirnaty", tiene una eficacia mayor al 90%, generando buena protección contra el virus SARS-CoV-2 y el desarrollo de formas graves de la enfermedad conocida como COVID-19.
• Según los datos de Pfizer, para el grupo etario de cinco a once años, la vacuna tuvo un 90.7% de efectividad en la prevención del COVID-19 sintomático, con buena producción de anticuerpos, similar a los niveles de protección observados en jóvenes vacunados de dieciséis a veinticinco años. Los niños del grupo de cinco a once años recibieron dos dosis de 10 microgramos y se observó que esta dosis más pequeña produce una fuerte respuesta inmune.
• Según los resultados de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30505-711934ad/consentimiento-informado-de-los-menores-de-cinco-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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