CONSENTIMIENTO INFORMADO. ES INNECESARIO EL DE LOS MENORES DE EDAD PARA LA APLICACIÓN DE LA VACUNA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV-2, PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19, AL NO CONTAR CON LAS CONDICIONES DE MADUREZ, INTELECTUALES Y EMOCIONALES PARA COMPRENDER SU ALCANCE, POR LO QUE CORRESPONDE A SUS PADRES O TUTORES OTORGARLO, COMO MANIFESTACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD. RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. PUEDE DECLARARSE INFUNDADO EL INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS RESPONSABLES FEDERALES EN CONTRA DEL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO QUE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO A MENORES DE EDAD PARA QUE SEAN VACUNADOS EN CONTRA DEL VIRUS SARS-CoV-2, MEDIANTE ACUERDO PLENARIO EN EL MISMO AUTO QUE PROVEA SOBRE SU ADMISIÓN Y SIN NECESIDAD DE TRAMITARLO, A CONDICIÓN DE QUE LOS AGRAVIOS CONCUERDEN CON LOS TEMAS SOBRE LOS CUALES EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO HA EMITIDO JURISPRUDENCIA.
QUEJA 393/2022. SECRETARIO DE SALUD FEDERAL. 11 DE MAYO DE 2022. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JUAN CARLOS NAVA GARNICA, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 26, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ABROGADA.
CONSIDERANDO:
SEXTO.—Agravios y estudio. En virtud de que sobre los distintos temas abordados en el pliego recursal este Tribunal Colegiado ha integrado jurisprudencia por reiteración, por razón de técnica se procede a realizar la síntesis de los agravios, seguidos de la tesis que resuelve el argumento propuesto, los que se sintetizarán en un orden diverso al presentado en su escrito de queja.
Se adelanta que dichos agravios deben declararse inoperantes al existir jurisprudencia del Alto Tribunal, acorde con lo señalado en la tesis que se reproduce enseguida:
"Registro digital: 198920
"Instancia: Primera Sala
"Novena Época
"Materia: común
"Tesis: 1a./J. 14/97
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, abril de 1997, página 21
"Tipo: jurisprudencia
"AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA. Resulta innecesario realizar las consideraciones que sustenten la inoperancia de los agravios hechos valer, si existe jurisprudencia aplicable, ya que, en todo caso, con la aplicación de dicha tesis se da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado."
Tema: Suspensión de oficio que se decreta de plano. Vulneración del orden público e interés social.
Asegura la recurrente que con el otorgamiento de la suspensión el juzgador impide la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, en atención a que altera de modo sustantivo las etapas de la vacunación establecidas, en contravención con la fracción V del artículo 129 de la Ley de Amparo.
Incluso, afirma carecer de facultades para alterar las etapas de la vacunación establecidas en la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", o bien, de facto instruir que se vacune a la menor quejosa.
Además, refiere que dicha "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México" no contempla la vacunación de los menores de 12 años.
Alega que para evidenciar la transgresión al orden público y al interés social, debe atenderse al contenido de los artículos 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, fracciones I, VI, VII, VIII, XIII, XXI, XXV y XXVI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7, fracción I, 13, apartado A, fracciones III y VI, 31, 135, 141, 144 y 145 Bis 16 de la Ley General de Salud y 1, 3, 7, fracción X, 10, fracciones I, IV, XIV y XVIII, y 47, fracciones II, IV, VI, VII y VIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, ya que de esos preceptos se desprende que en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, entre las que se encuentra la aplicación de vacunas, las cuales deben ser de la mayor calidad disponible y cumplir con los requisitos sanitarios necesarios.
Señala que por ello, la concesión de la suspensión afecta el orden público y el interés social, pues es evidente que la política fue emitida con apego a lo señalado desde el ámbito constitucional, hasta los preceptos aplicables al caso concreto.
Aunado a lo anterior, arguye que se persigue un fin socialmente válido, ya que la priorización de la población a vacunar se realizó con base en las recomendaciones preliminares del grupo técnico asesor de vacunas en México y basándose en escenarios y supuestos que pueden cambiar conforme la evidencia científica sobre perfiles de eficacia y seguridad de las vacunas.
En apoyo a sus argumentos alude a varias fuentes de información de las que se observa en conjunto, que vacunar a las niñas, niños y adolescentes no ha sido una estrategia prioritaria contra la COVID-19 en varios países y ciudades del mundo; asimismo, inserta varios datos extraídos de la "Hoja de ruta Sage de la OMS para priorizar el uso de las vacunas COVID-19."
Tema: La menor quejosa se encuentra en un rango de edad del cual todavía no se autoriza la vacuna para su uso de emergencia.
Refiere la recurrente que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió el comunicado 23/2021, en el que se indicó: "La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha dictaminado procedente la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los 12 años", supuesto en el cual no se encuentra la menor quejosa, al tener menos de la edad señalada, por lo que hay imposibilidad para suministrarle el biológico si no está autorizado para su uso de emergencia.
Tema: Interés superior del menor.
Sostiene la inconforme que para el otorgamiento de la suspensión debe ponderarse el interés superior del menor y el derecho a la salud, por lo que es improcedente concederla.
Cita la tesis de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES."
Añade que el comunicado 23/2021 emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ha dictaminado procedente la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los doce años; empero, no hay evidencia de que la Cofepris ni alguna otra autoridad sanitaria mexicana haya permitido la aplicación de la vacuna para menores de 12 años.
En ese sentido, la vacuna solamente es viable para mayores de 12 años; no obstante, la menor quejosa aún no tiene esa edad, por lo que se pondría en riesgo su salud y posiblemente su vida, pues se desconoce cuántos gramos de biológico deben ser suministrados.
Estima que es aplicable la tesis XVII.2o.P.A.5 A (11a.), de rubro: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA OMISIÓN DE APLICAR A UN MENOR DE EDAD LA VACUNA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV-2, PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19.", así como la jurisprudencia 2a./J. 40/2020 (10a.), titulada: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE OTORGARSE PARA QUE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE, DE INMEDIATO, ANALICE Y CERTIFIQUE EL MEJOR MEDICAMENTO PARA EL PADECIMIENTO DEL QUEJOSO, EN COMPARACIÓN CON LOS MEDICAMENTOS PREVISTOS EN EL CUADRO BÁSICO O COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD."
Como se adelantó, los planteamientos formulados por la autoridad recurrente son inoperantes, al haberse integrado jurisprudencia por parte de este órgano colegiado que los atiende de forma integral.
La tesis respectiva con el número de identificación XVI.1o.A. J/5 A (11a.), aprobada en sesión de tres de febrero de dos mil veintidós, pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación, sostiene:
SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA EN CONTRA DE LA OMISIÓN DE APLICAR LA VACUNA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV-2, PARA PREVENIR LA COVID-19, A MENORES DE EDAD DENTRO DEL RANGO DE CINCO A DOCE AÑOS, AL ACTUALIZARSE EL SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE LA MATERIA.
Hechos: Varios menores de edad, por conducto de sus representantes, interpusieron recursos de queja en contra del auto por el que el Juez de Distrito negó la suspensión de plano en un juicio de amparo indirecto promovido contra la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", en el que se solicitó la medida cautelar para el efecto de que se inoculen a la brevedad posible, teniendo en cuenta el interés superior de la niñez para tutelar, proteger y garantizar su derecho humano a la salud, pues se excluyó a los menores de doce años en las etapas de vacunación.
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que procede conceder la suspensión de oficio y de plano en contra de la omisión de aplicar la vacuna a menores de edad dentro del rango de cinco a doce años, contra el virus SARS-CoV-2, para prevenir la COVID-19, al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, pues de no tutelarse el derecho a la salud se pondría en peligro su vida, que constituye el bien jurídico de más alto valor contenido en la Constitución General.
Justificación: Lo anterior, porque el Gobierno de México emitió el documento denominado "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", actualizado el once de mayo de dos mil veintiuno, que constituye el documento rector que contiene las directrices bajo las cuales México desplegará sus acciones en lo relativo a la aplicación de las vacunas contra la COVID-19. Dicho plan de vacunación consiste en 5 etapas por grupos poblacionales, priorizados de la siguiente manera: 1. Personal sanitario que enfrenta la COVID-19; 2. Personas adultas mayores: mayores de 80 años, de 70 a 79 años y de 60 a 69 años; 3. Personas con comorbilidad o comorbilidades; 4. Personal docente de las entidades federativas en semáforo epidemiológico verde; y, 5. Resto de la población (mayor a doce años). De lo anterior se desprende que los menores de esta edad quedaron excluidos del mencionado plan de vacunación, a pesar de existir evidencia científica en el sentido de que también pueden contraer el virus, enfermar gravemente e, incluso, fallecer; lo que demuestra que la omisión reclamada es susceptible de poner en peligro su vida y, por lo mismo, la ubica dentro de los supuestos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión de plano y de oficio, esto es, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida; de tal suerte que procede conceder la medida cautelar para el efecto de que las autoridades sanitarias competentes dictaminen la viabilidad, seguridad, condiciones y dosis aplicable al menor de la vacuna Pfizer-BioNTech, en el entendido de que deberán hacer saber al Juzgado de Distrito la conclusión médica adoptada; en el caso de que se concluya que la inoculación no es dañina para la salud del menor, deberán proceder a su aplicación.
Queja 200/2021. 16 de noviembre de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Nelson Jacobo Mireles Hernández, secretario de tribunal en funciones de Magistrado, en términos del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretaria: Maira Yasmín Cruz Zúñiga.
Queja 254/2021. 22 de diciembre de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretaria: Claudia Alonso Medrano.
Queja 269/2021. 23 de diciembre de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Emilio Carmona. Secretario: Juan Carlos Nava Garnica.
Queja 17/2022. 27 de enero de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Emilio Carmona. Secretario: Gracia Alexandra Muñoz Vilches.
Queja 26/2022. 3 de febrero de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Emilio Carmona. Secretario: Gracia Alexandra Muñoz Vilches.
Además, contrariamente a lo que afirma el representante de la recurrente, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ya ha autorizado la vacuna BNT162b2, Pfizer, Inc./BioNTech, en los siguientes términos:
Ver términos de la autorización
Tal y como se desprende de la información publicada el pasado tres de marzo de dos mil veintidós de las vacunas autorizadas para uso de emergencia y sus principales características.(5)
Tema: Contravención del artículo 131 de la Ley de Amparo.
La recurrente aduce que con el otorgamiento de la medida se contraviene lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley de Amparo, pues se constituye a favor de la menor quejosa un derecho que no tenía antes de la promoción del juicio constitucional.
En apoyo a lo anterior, invoca la tesis aislada de rubro: "INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. NO DEBEN EXAMINARSE CUESTIONES QUE CORRESPONDEN AL JUICIO PRINCIPAL."
Dicho planteamiento es inoperante, al haberse integrado la tesis con el número de identificación XVI.1o.A. J/4 A (11a.), aprobada en sesión de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación y que enseguida se reproduce:
SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SU OTORGAMIENTO DE OFICIO Y DE PLANO A UN MENOR DE EDAD PARA QUE SEA VACUNADO CONTRA EL VIRUS SARS-CoV-2, NO IMPLICA CONSTITUIRLE DERECHOS QUE NO HAYA TENIDO ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO.
Hechos: Derivado de la solicitud de amparo promovida por menores de edad en contra de la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", específicamente, en contra de la omisión de aplicarles la vacuna contra el virus mencionado, el Juez de Distrito concedió la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que las autoridades sanitarias los inoculen a la brevedad posible. Inconformes con esa determinación, las autoridades de salud interpusieron recursos de queja aduciendo, entre otras cosas, que su otorgamiento viola lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley de Amparo, al constituir con dicha determinación en favor de los menores quejosos, un derecho que no tenían antes de la promoción del juicio constitucional.
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la concesión de la suspensión de oficio y de plano en contra de la omisión de aplicar la vacuna a menores de edad contra el virus SARS-CoV-2, para prevenir la COVID-19, no vulnera lo previsto en el aludido precepto, el cual prohíbe que el otorgamiento de la medida cautelar pueda tener como efecto modificar o restringir derechos, así como constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda.
Justificación: Ello es así, debido a que el derecho a la salud y a la vida que se pretenden proteger con la concesión de la medida cautelar, son derechos fundamentales con que cuentan todas las personas en el territorio nacional, por el simple hecho de serlo, en términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de tal manera que lo único que se busca con dicha determinación es preservarlos.
Queja 218/2021. 1 de diciembre de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretaria: Claudia Alonso Medrano.
Queja 232/2021. 13 de diciembre de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimienta. Secretaria: Esthela Guadalupe Arredondo González.
Queja 236/2021. 14 de diciembre de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Emilio Carmona. Secretaria: Gracia Alexandra Muñoz Vilches.
Queja 246/2021. 20 de diciembre de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretario: Javier Cruz Vázquez.
Queja 268/2021. 23 de diciembre de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimienta. Secretaria: Karla Montaño Ascencio.
Ahora bien, en cuanto hace al argumento consistente en que no se aportó prueba alguna con la que se acreditara el carácter de representante de quien compareció en nombre de la menor quejosa, ni prueba tendiente a comprobar su edad, ese planteamiento es infundado, pues contrariamente a lo sostenido por la recurrente, la representante de la quejosa anexó a la demanda de amparo, según se advierte de la foja 13 del legajo de copias certificadas correspondiente al juicio de amparo de origen, acta de nacimiento de la que se observa que es la madre de la menor de edad de iniciales ********** y que ella cuenta con ocho años de edad cumplidos a la fecha de la presentación de la demanda –once de marzo de dos mil veintidós–, pues nació el **********.
Tema: Materia de la suspensión solicitada.
En otro aspecto, la recurrente señala que el Juez de amparo se extralimitó en facultades que no le corresponden, sino sólo a las autoridades sanitarias, pues únicamente tiene la facultad de verificar la constitucionalidad o legalidad de los actos, mas no para suplir las facultades administrativas de las autoridades.
En apoyo a lo anterior invoca la tesis aislada de rubro: "JUECES DE DISTRITO. NO PUEDEN SUSTITUIRSE EN EL CRITERIO DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y APRECIAR DIRECTAMENTE LAS PRUEBAS PRESENTADAS POR LAS PARTES EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS."
Tema: Invasión de competencias.
Añade que al conceder la suspensión, el resolutor de amparo dejó de atender el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues contravino el diverso 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la división de poderes, específicamente por la invasión de las facultades que competen al Poder Ejecutivo Federal, específicamente, por paralizar una política pública en la que el Poder Judicial de la Federación no tiene injerencia, violentando con ello el principio de división de poderes.
Tales planteamientos también devienen inoperantes, pues al respecto existe la tesis jurisprudencial con el número de identificación XVI.1o.A. J/3 A (11a.), aprobada por este órgano jurisdiccional en sesión de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno y pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación, que se transcribe a continuación:
INVASIÓN DE ESFERAS DE COMPETENCIA. EL OTORGAMIENTO DE UNA MEDIDA CAUTELAR PARA SUSPENDER LOS ACTOS O CONSECUENCIAS DE ÉSTOS QUE VIOLEN DERECHOS HUMANOS DE LOS GOBERNADOS ES UNA FACULTAD RESERVADA PARA EL PODER JUDICIAL FEDERAL Y NO VULNERA EL PRINCIPIO DE SEPARACIÓN DE PODERES CONFORME A LOS ARTÍCULOS 103 FRACCIÓN I Y 107 FRACCIÓN X DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Hechos: Derivado de la solicitud de amparo promovido por varios menores de edad en contra de la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", específicamente, en contra de la omisión de aplicarles la vacuna contra el virus mencionado, el Juez de Distrito concedió la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que las autoridades sanitarias los inoculen a la brevedad posible. Inconformes con esa determinación, las autoridades de salud interpusieron recursos de queja aduciendo, entre otras cosas, que su otorgamiento viola lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, y contraviene lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la división de poderes, específicamente, por la invasión de las facultades que competen al Poder Ejecutivo Federal.
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la concesión de la suspensión de oficio y de plano en contra de la omisión de aplicar la vacuna a menores de edad contra el virus SARS-CoV-2, para prevenir la COVID-19, no significa una violación al artículo 49 de la Constitución Federal, que prevé la división de poderes, específicamente, por la invasión de las facultades que competen al Poder Ejecutivo Federal.
Justificación: Esto es así, debido a que se trata de un juicio sobre la protección del derecho fundamental a la salud, consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con el otorgamiento de la medida cautelar se busca preservar ese derecho humano en su integridad y la materia del juicio. Luego, si el Poder Judicial de la Federación es el competente, por la vía del juicio de amparo, para proteger al gobernado de la violación de sus derechos humanos por leyes o actos de autoridad, conforme al artículo 103, fracción I, constitucional; entonces, la medida cautelar que se dicte para suspender esos actos o sus consecuencias que violen tales derechos, no puede considerarse como una invasión de esferas de competencia, pues tal facultad está reservada de igual forma al Poder Judicial de la Federación, en la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De modo que, si con la suspensión se involucra algún aspecto relacionado con la implementación de dicha política, específicamente, con la aplicación de las vacunas, no puede afirmarse que por esta razón el juzgador federal invada la esfera jurídica de otros poderes. Queja 218/2021. 1 de diciembre de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretaria: Claudia Alonso Medrano.
Queja 232/2021. 13 de diciembre de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimienta. Secretaria: Esthela Guadalupe Arredondo González.
Queja 236/2021. 14 de diciembre de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Emilio Carmona. Secretaria: Gracia Alexandra Muñoz Vilches.
Queja 246/2021. 20 de diciembre de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretario: Javier Cruz Vázquez.
Queja 268/2021. 23 de diciembre de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimienta. Secretaria: Karla Montaño Ascencio.
Falta de consentimiento informado.
La recurrente aduce en esencia que el acuerdo controvertido vulnera los derechos de la menor quejosa a ser escuchada y decidir si quiere vacunarse a través del consentimiento informado.
En apoyo a sus argumentos invoca las tesis P./J. 7/2016 (10a.) y 2a. CXLI/2016 (10a.), de rubros: "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERÉSES." y "DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE."
Son ineficaces tales argumentos.
La Primera Sala del Máximo Tribunal, en la tesis aislada 1a. XLIII/2012 (que puede verse en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XI, agosto de 2012, Tomo 1, página 478, registro digital: 2001271), sostuvo, en lo que interesa destacar, que el consentimiento informado es consecuencia necesaria o explicitación de los derechos a la vida, a la integridad física y a la libertad de conciencia, el cual consiste en el derecho del paciente de otorgar o no su consentimiento válidamente informado en la realización de tratamientos o procedimientos médicos. En tal sentido, consideró que para que se pueda intervenir al paciente es necesario que se le den a conocer las características del procedimiento médico, así como los riesgos que implica tal intervención.
En la diversa tesis 1a. CCLIX/2016 (consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 36, noviembre de 2016, Tomo II, página 892), la referida Primera Sala estimó que pueden existir supuestos en los que el titular del consentimiento informado tenga una limitación para ejercer totalmente su derecho a la decisión, como es el caso de la minoría de edad, y concluyó que no es necesario el consentimiento de los menores de edad para adelantar los procedimientos hospitalarios o quirúrgicos que se requieran, pues su voluntad se suple mediante el consentimiento de sus padres como manifestación de la patria potestad, y es a éstos a quienes les corresponde manifestar su aquiescencia para legitimar la realización de los tratamientos destinados a mejorar las condiciones de salud de sus hijos.
Trasladadas tales consideraciones al supuesto sometido a estudio, contrariamente a lo aducido por la autoridad inconforme, tratándose de la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 a menores que conforman el grupo etario de cinco a once años, no es necesario contar con el consentimiento informado de los menores como condición previa para su inoculación, pues al no tener las condiciones de madurez, intelectuales y emocionales para comprender su alcance, son los padres de los menores quienes deben otorgarlo, como manifestación de la patria potestad.
Luego, será a los padres o a quienes ejerzan la patria potestad sobre los menores directos quejosos a quienes corresponda exteriorizar su aquiescencia para legitimar la vacunación, ya sea de manera expresa o a través de la promoción del juicio de amparo pertinente para obtenerla, pues debe entenderse que la mera promoción del juicio de amparo para el efecto de lograr la vacunación del menor contra el virus SARS-CoV-2, conlleva la intención de los padres de favorecer la salud de sus menores hijos.
Sobre el particular, es aplicable la tesis de jurisprudencia que este tribunal comparte y que enseguida se reproduce:
"Registro digital: 2024491
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Undécima Época
"Materia: administrativa
"Tesis: I.4o.A. J/2 A (11a.)
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Tomo III, abril de 2022, página 2484.
"Tipo: jurisprudencia
"CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LOS MENORES DE CINCO A ONCE AÑOS DE EDAD PARA LA APLICACIÓN DE LA VACUNA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV-2, PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19. ES INAPLICABLE A ESE GRUPO ETARIO, AL NO TENER LAS CONDICIONES DE MADUREZ, INTELECTUALES Y EMOCIONALES PARA COMPRENDER SU ALCANCE, POR LO QUE SU VOLUNTAD SE SUPLE MEDIANTE EL CONSENTIMIENTO DE SUS PADRES, COMO MANIFESTACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD.
"Hechos: Una persona, en representación de su hija menor de edad, perteneciente al grupo etario de cinco a once años de edad, promovió juicio de amparo indirecto contra la omisión de las autoridades de salud del Estado Mexicano de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, por no estar comprendido en la política pública de prevención de la enfermedad. El Juez de Distrito concedió la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que se inocule a la menor de edad; sin embargo, las autoridades sanitarias se niegan a aplicarla, al considerar que se viola su derecho humano a ser escuchada y a decidir a través del consentimiento informado, si quiere recibir la vacuna.
"Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que, tratándose de la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 a menores que conforman el grupo etario de cinco a once años, no es aplicable el consentimiento informado, al no tener las condiciones de madurez, intelectuales y emocionales para comprender su alcance, por lo que son los padres de los menores quienes deben otorgarlo, como manifestación de la patria potestad.
"Justificación: Lo anterior, porque conforme a las tesis aisladas 1a. XLIII/2012 (10a.) y 1a. CCLIX/2016 (10a.), sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el consentimiento informado es el derecho del paciente de otorgar o no su aprobación válidamente informada en la realización de tratamientos o procedimientos médicos, y pueden existir supuestos en los que su titular tenga una limitación para ejercer totalmente su derecho a la decisión, dentro de estos supuestos destaca la minoría de edad; al respecto, el artículo 23 del Código Civil Federal prevé, como regla general, que los menores de edad son incapaces y ello supone que no es necesario su consentimiento para adelantar los procedimientos hospitalarios o quirúrgicos que requieran, pues su voluntad se suple mediante el consentimiento de sus padres, como manifestación de la patria potestad. Empero, el Máximo Tribunal también sostuvo que si el menor de edad tiene las condiciones de madurez, intelectuales y emocionales para comprender el alcance del acto médico sobre su salud, se debe tomar en cuenta su opinión en el momento del otorgamiento del consentimiento. En este contexto, la Secretaría de Salud ha señalado que la edad para considerar la capacidad intelectual, la madurez emocional y el estado psicológico para determinar el peso de la opinión del menor de edad en la decisión final, es cuando se trata de niños de doce años o mayores, quienes expresan su decisión de aceptar participar en un procedimiento firmando el documento de consentimiento informado, junto con sus padres. Consecuentemente, acorde con la propia praxis de la secretaría citada, tratándose de la vacunación de menores de cinco a once años de edad contra la COVID-19, no es aplicable su consentimiento informado, ya que no tienen las condiciones de madurez, intelectuales y emocionales para comprender el alcance del acto médico sobre su salud. En estos casos, su voluntad se suple mediante el consentimiento de sus padres, como manifestación de la patria potestad, y es a éstos a quienes les corresponde exteriorizar su aquiescencia para legitimar la vacunación, ya sea de manera expresa o a través de la promoción del juicio pertinente para obtenerla y, en tales circunstancias, la intervención de los padres debe favorecer, en todo momento, la salud del representado.
"Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito."
Consideraciones a mayor abundamiento.
A mayor abundamiento y con fines de exhaustividad, debe referirse que en el Estado de Guanajuato, según informe de la Secretaría de Salud publicado en su página oficial el dos de marzo de este año,(6) se aplicaron ocho millones setecientos noventa y tres mil quinientas ochenta y siete vacunas, entre los que se incluyen a adultos entre 18 y 29 años, con esquema completo (dos dosis) y refuerzo, lo que denota un avance significativo en el plan de inoculación; de tal suerte que ante tal escenario ya no se justifica el argumento de que debe darse prioridad a otros grupos poblacionales, ya que en su mayoría ya fueron inoculados.
De acuerdo con lo anterior, es infundado que la concesión de la medida para efecto de que se aplique la vacuna a la menor quejosa impida la ejecución de la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", pues ésta se ha venido aplicando desde hace más de un año.
También es inexacto que con la aplicación de la vacuna a la solicitante del
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31320-4eee127f/consentimiento-informado-es-innecesario-el-de-los-menores · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. PROCEDE ORDENAR SU APERTURA, EN TÉRMINOS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 127 DE LA LEY DE AMPARO CUANDO SE SOLICITE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO, TRA (PC.II.A. J/3 A (11a.))
- SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA OMISIÓN DE APLICAR A UN MENOR DE EDAD LA VACUNA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV-2, P (XVII.2o.P.A. J/6 K (11a.))
- SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA OMISIÓN DE APLICAR A UN MENOR DE EDAD LA VACUNA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV-2, P (XVII.2o.P.A.5 A (11a.))
- RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. PUEDE DECLARARSE INFUNDADO EL INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS RESPONSABLES FEDER (XVI.1o.A. J/8 K (11a.))
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