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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. DEBE CONCEDERSE CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE APLICAR LA VACUNA EN CONTRA DEL VIRUS SARS-CoV-2 PARA LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD COVID-19 A NIÑAS Y NIÑOS DE CINCO A ONCE AÑOS DE EDAD CON COMORBILIDADES O ENFERMEDADES SUBYACENTES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2022. · Registro digital (IUS): 31194
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2023-01-20
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO; EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA; Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Enero de 2023, Tomo V, Pág.5453.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2022. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO; EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO, TODOS DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. 31 DE AGOSTO DE 2022. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS CARLOS HERNÁNDEZ GARCÍA, ENRIQUE VILLANUEVA CHÁVEZ Y EUSTACIO ESTEBAN SALINAS WOLBERG Y LA MAGISTRADA MARISOL CASTAÑEDA PÉREZ. DISIDENTE: RAMIRO RODRÍGUEZ PÉREZ, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: ENRIQUE VILLANUEVA CHÁVEZ. SECRETARIA: MARCELA CAMACHO MENDIETA.

Querétaro, Querétaro. Acuerdo del Pleno del Vigésimo Segundo Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós.

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Denuncia de la posible contradicción. Mediante oficio **********, de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, recibido en la Secretaría de Acuerdos del Pleno del Vigésimo Segundo Circuito el veintiocho de marzo siguiente, la Jueza Tercera de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver el recurso de queja administrativo 45/2022 y el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Circuito indicado al emitir resolución en el diverso recurso de queja administrativo 57/2022.(1)

2. SEGUNDO.—Trámite. En acuerdo de treinta de marzo de la presente anualidad, el presidente del Pleno del Vigésimo Segundo Circuito registró la denuncia de posible contradicción de tesis con el expediente 2/2022 y la admitió a trámite; además, solicitó a los órganos jurisdiccionales contendientes que informaran sobre la vigencia de los criterios materia de la contradicción y al Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil de este Circuito, para que remitiera copia certificada de la resolución dictada en el recurso de queja administrativo 57/2022.

3. De igual manera, requirió a las presidencias de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa, y Materias Administrativa y de Trabajo, así como del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil, todos de este Circuito para que informaran si han resuelto asuntos relacionados con los criterios contendientes, en cuyo caso, debían remitir copia certificada de éstos y precisar si los criterios se encuentran vigentes.(2)

4. En proveído de cuatro de abril de dos mil veintidós, el presidente del Pleno de Circuito incorporó como criterio contendiente lo resuelto en el recurso de queja administrativo 71/2022, del índice del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa indicado; asimismo, añadió a la contradicción, como punto novedoso, el consistente en que, si ante la negativa de la suspensión de plano en contra de la omisión de tener acceso a la vacuna contra el COVID-19 a niños de cinco, nueve y catorce años, la suspensión provisional debía examinarse a petición de parte o de oficio.

5. Aunado a lo anterior, el referido presidente requirió al órgano jurisdiccional indicado, para que informara si dicho criterio se encontraba vigente y para que remitiera copia certificada de la resolución correspondiente; asimismo, requirió a las presidencias del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, así como del Primero, Segundo y Tercero Tribunales Colegiados en Materias Administrativa y Civil, todos de este Circuito, para que informaran si habían resuelto asuntos sobre dicho tema, en cuyo caso remitieran testimonio de las resoluciones correspondientes.(3)

6. Posteriormente, mediante acuerdos de ocho y veintiséis de abril, así como de once de mayo y seis de junio de la presente anualidad, se tuvieron por rendidos los informes del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, de los Tribunales Colegiados en Materias Administrativa y Civil, Primero, Segundo y Tercero, así como del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, respecto de los temas que integran la contradicción.(4)

7. Integrado el asunto, en proveído de seis de junio del presente año, los autos se turnaron al Magistrado Enrique Villanueva Chávez, para su estudio y formulación del proyecto de resolución respectivo.(5)

CONSIDERANDO:

8. PRIMERO.—Norma aplicable. Para la tramitación y resolución de la presente contradicción de criterios se aplica la Ley de Amparo en su texto anterior al siete de junio de dos mil veintiuno, en términos del artículo transitorio primero, fracción II, del decreto que reforma diversas disposiciones de dicha norma, publicado en el Diario Oficial de la Federación en esa fecha, que señala que las disposiciones relativas a los Plenos Regionales en sustitución de los Plenos de Circuito, entrarán en vigor en un plazo no mayor a dieciocho meses contados a partir de la entrada en vigor del propio decreto, de conformidad con los Acuerdos Generales que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal; así como de acuerdo con la Circular SECNO/17/2021 de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal que informó que por Acuerdo 26/2021 dicha Comisión determinó que los Plenos de Circuito continuarán operando en los términos en los que lo venían haciendo, en tanto entran en funciones los Plenos Regionales. Así como en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en su texto anterior a la referida fecha, por las mismas razones.

9. SEGUNDO.—Competencia. Este Pleno del Vigésimo Segundo Circuito es competente para resolver la presente contradicción de tesis, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el 9 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos en materia administrativa resueltos por los Tribunales Colegiados pertenecientes a este Circuito.

10. TERCERO.—Legitimación. La denuncia proviene de parte legítima, de conformidad con los preceptos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, debido a que fue presentada por la Jueza Tercera de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, autoridad jurisdiccional que tramitó los juicios de amparo indirecto ********** y **********, en los que se interpusieron los recursos de queja administrativos que motivaron la posible contradicción de tesis.

11. CUARTO.—Antecedentes. En autos se observan los antecedentes comunes siguientes:

a) Diversos niños, niñas y adolescentes (en lo sucesivo NNA), en un rango de edad de cinco a diecisiete años, promovieron, por conducto de sus progenitores (representantes legales), amparo indirecto en contra de la omisión de diversas autoridades de salud de aplicarles la vacuna en contra del virus SARS-CoV-2 y de la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México" (en adelante Política Nacional de Vacunación).(6)

b) Al proveer sobre la demanda, los correspondientes Juzgados de Distrito concedieron, negaron u omitieron proveer sobre la suspensión de plano en contra de los actos indicados; en cuatro asuntos,(7) las personas juzgadoras ordenaron la apertura del incidente respectivo, en el que otorgaron la medida cautelar provisional.

c) Inconformes con esas decisiones, incluidas las que implicaban una omisión, los quejosos y las autoridades responsables, según la parte a cuyos intereses afectó, interpusieron los recursos de queja 71/2022, 30/2022, 41/2022, 53/2022 y **********, del registro del Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa; **********, **********, **********, 24/2022 y 35/2022, del índice del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo; 45/2022, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil; 57/2022 y **********, de la estadística del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil; y, 29/2022, 33/2022, 34/2022, **********, 40/2022, ********** y 48/2022, del registro del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil, todos de este Circuito.

d) Las resoluciones dictadas en los medios de impugnación citados constituyen la materia de análisis de la presente contradicción de tesis.

12. QUINTO.—Consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito.

a) Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil

13. Ese órgano jurisdiccional, al resolver el recurso de queja 45/2022, confirmó el auto que concedió la suspensión de plano en contra de la omisión de aplicar a la niña (de cinco años once meses de edad) la vacuna en contra de la enfermedad denominada COVID-19.

14. Justificó esa decisión en que las "Recomendaciones provisionales sobre el uso de la vacuna BNT162b2 de Pfizer y BioNTech contra la COVID-19 en el marco de la ‘Lista de Uso de Emergencias’ de la Organización Mundial de la Salud", en donde se autorizó el uso de emergencia del biológico en niños y niñas mayores de cinco años, no obligan ni vinculan al Estado Mexicano para aplicar la vacuna a ese sector; sin embargo, son un elemento a considerar en cuanto a la eficacia y seguridad de ésta (noventa punto siete por ciento en enfermedades sintomáticas), con la finalidad de salvaguardar su salud e integridad, pues las niñas y niños pueden experimentar una morbilidad significativa como el síndrome inflamatorio multisémico después de una infección leve o asintomática por la COVID-19.

15. Refirió que dos organismos internacionales, a saber, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de Norteamérica y la Agencia Europea de Medicamento han autorizado la vacuna Pfizer para personas de entre cinco a once años con dosis inferiores a las aplicadas a personas mayores de doce años, dada su eficacia y seguridad.

16. Precisó que atender lo anterior en el país no transgrede contra la soberanía nacional, dado que se trata de información orientada para resolver en favor del interés superior de la infancia.

17. Destacó que las condiciones han variado, debido a que en la actualidad ya se ha protegido a un gran número de la población; además, en la publicación "Declaración provisional sobre las vacunas contra la COVID-19, en el contexto de la circulación de la variante ómicron del SARS-CoV-2, del Grupo Consultivo Técnico de la OMS sobre la Composición de las Vacunas contra la COVID-19 (TAG-CO-VAC)" de once de enero de dos mil veintidós, la Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS) indicó que las vacunas que han sido incluidas en la "lista OMS" de uso de emergencia proporcionan un elevado nivel de protección en contra de las formas graves de la referida enfermedad y muerte debido a variantes preocupantes; respecto a la variante ómicron, el perfil de mutaciones y los datos preliminares refieren que la vacuna será menos eficaz en contra de la enfermedad sintomática causada por esta variante, pero es más probable que siga protegiendo de las formas graves de la enfermedad.

18. Explicó que la niña (quejosa) manifestó bajo protesta de decir verdad que tiene cinco años cumplidos, de manera que en atención a su edad es viable que se le aplique la vacuna en contra del virus SARS-CoV-2 con la finalidad de que no se ponga en riesgo su salud, esto es, se evite que enferme gravemente de COVID-19, como podría ser que desarrolle el síndrome inflamatorio multisémico.

19. Puntualizó que, en los amparos directos en revisión 12/2010 y 1038/2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que conforme al interés superior de la niñez basta con que el niño o niña se ponga en una situación que incremente el riesgo de comprometer sus bienes y derechos, sin que sea necesario que se actualice el daño, lo que tratándose de las condiciones para la vacunación contra la COVID-19, debe interpretarse en el sentido de que, ante la posibilidad real de que los menores de edad desarrollen el síndrome inflamatorio multisémico después de una infección típica o asintomática provocada por el virus aludido y que la OMS haya autorizado la aplicación de la vacuna en contra de éste para mayores de cinco años, debe tutelarse su derecho a la vida, a la salud y, por ende, debe autorizarse su vacunación.

b) Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil

20. Al resolver el recurso de queja 57/2022, interpuesto por la autoridad responsable en contra del auto que otorgó la suspensión de plano respecto de la omisión de aplicar la vacuna en contra del virus SARS-CoV-2 y sus variantes a un niño de ocho años, el órgano colegiado aludido revocó la resolución recurrida tras declarar fundado ese medio de impugnación.

21. Sustentó esa decisión en que el niño (promovente) no se encuentra en la hipótesis prevista en el precepto 126 de la Ley de Amparo, en virtud de que la omisión reclamada no importa, por sí misma, peligro de privación de la vida, pues no implica necesariamente que la persona menor de edad quejosa se contagiará, ni que de hacerlo exista riesgo inminente de que pierda la vida, a diferencia de alguien diagnosticado con el virus aludido a quien se le niega atención médica, o bien, que padezca alguna enfermedad crónica o que afecte su sistema inmunológico o respiratorio que provoque vulnerabilidad más allá del que tiene el resto de la población mayor de dieciocho años e infantil derivado de la pandemia.

22. Sobre todo, destacó, porque existen medidas para reducir el número de contagios, entre ellas, el Acuerdo "23/08/2021", emitido por la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de agosto de dos mil veintiuno, en el que se observa que para el periodo dos mil veintiuno a dos mil veintidós, el servicio público educativo del país se prestará mediante la utilización de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, así como el uso y aprovechamiento de programas de educación a distancia y otras estrategias desarrolladas por las comunidades escolares.

23. Refirió que tampoco se actualiza alguno de los restantes supuestos previstos en el numeral 126 citado, porque no existe constancia de que con motivo del acto reclamado, la parte quejosa se encuentra en peligro de privación de su libertad personal, ni está incomunicada; tampoco se trata de un asunto en el que se reclame la deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 constitucional, ni de la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, ni se alegan violaciones a derechos agrarios.

24. En ese sentido, reasumió jurisdicción e indicó que no se actualiza el supuesto de procedencia de la suspensión de oficio tramitada vía incidental (a petición de parte) a que se refiere el precepto 127, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, la contemplada para aquellos actos que si llegaran a consumarse harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado.

25. Lo anterior, señaló por dos razones, por una parte, en atención al interés superior de la infancia resulta inviable vacunar al niño con un biológico que no ha sido autorizado por las autoridades sanitarias del país, específicamente por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (en lo sucesivo COFEPRIS), esto es, no se ha demostrado que sus procesos de producción y las sustancias que contengan reúnan las características de seguridad, eficacia y calidad exigidas en los artículos 13, 221, fracción I, 157 Bis 11 y 222 de la Ley General de Salud; 2, fracción XI, 3, fracción I, inciso b), 4 y 14, fracción I, del Reglamento de la COFEPRIS, a fin de salvaguardar la seguridad en su administración.

26. Por otra, explicó, porque el Grupo Técnico Asesor de Vacunación creado el dieciocho de agosto de dos mil veinte, con motivo de la implementación de la vacuna contra el COVID-19 en nuestro país, al actualizar la "Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2", al veinticinco de enero de dos mil veintidós, ha recomendado no aplicar la vacuna en menores de doce años, ante la falta de evidencia científica sobre sus efectos.

27. Puntualizó que el hecho de que el veintiuno de enero de dos mil veintidós, la OMS haya recomendado la vacunación a personas a partir de los cinco años de edad es insuficiente para considerar la aplicación del biológico correspondiente, pues la autoridad sanitaria del Gobierno Federal es la encargada de verificar la pertinencia de la vacuna en grupos etarios menores de doce años y verificar bajo los estándares establecidos en las normas que rigen en el Estado si es segura o no su aplicación.

28. Concluyó que el niño involucrado en el caso tiene ocho años, es decir, se encuentra en el rango de edad respecto del cual no existe una vacuna autorizada por la autoridad sanitaria del país; por tanto, resulta inviable que se conceda la suspensión para que se le aplique el biológico, pues de hacerlo se contravendría el interés social y las disposiciones de orden público, como lo prevé el artículo 129, fracción VII, de la Ley de Amparo, ya que de efectuarlo podría impactar de manera negativa o implicaría un riesgo desmedido a su integridad o salud física, al someterlo a aplicación de biológicos no autorizados, por no haber pasado los procedimientos de verificación de calidad y seguridad.

29. Posteriormente, al resolver el recurso de queja ********** interpuesto por la autoridad responsable en contra del auto que concedió la suspensión de plano a un niño de once años respecto de la omisión de aplicar la vacuna referida y de la "Política Nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México", dicho tribunal confirmó la resolución recurrida, tras calificar de ineficaces los agravios, porque la autoridad recurrente no controvirtió las consideraciones sustentadas por la Jueza de Distrito en la resolución impugnada, además de que los planteamientos consistentes en que la juzgadora federal debió examinar la afectación tanto al interés social como a las disposiciones de orden público, ponderar la apariencia del buen derecho y demostrar la difícil reparación de los daños y perjuicios, son requisitos ajenos a la suspensión de plano otorgada.

c) Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil

30. El referido órgano jurisdiccional, al resolver los recursos de queja 29/2022, 33/2022, 34/2022, 40/2022 y 48/2022, algunos interpuestos por la parte quejosa y otros por las autoridades responsables en contra del auto que negó, concedió u omitió promover sobre la suspensión de plano a niños y niñas entre cinco a doce años de edad,(8) respecto de la omisión de suministrar a éstos la vacuna en mención y de la "Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para la Prevención de la COVID-19 en México. Documento Rector",(9) sostuvo que la suspensión de plano es improcedente cuando la parte quejosa no manifiesta menos (sic) acredita indiciariamente que tienen una enfermedad subyacente o comorbilidad que la ponga en alto riesgo de contagio.

31. Justificó esa decisión en que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 22 constitucional, ni en el artículo 15 de la Ley de Amparo, porque el acceso al biológico en contra del virus aludido está relacionado con el derecho a la salud previsto en el artículo 4 de la Constitución Federal, pero no constituye un acto que importe peligro de privación de la vida, dado que el riesgo de contagio por sí mismo no implica peligro inminente de perder la vida o de afectación a su integridad física, aunado a que es un hecho notorio que los insumos y vacunas son escasos a nivel mundial y, por ende, las organizaciones y secretarías de salud han implementado un plan estratégico a fin de aminorar o terminar con el virus SARS-CoV-2, en el que comenzaron con los que han sido y fueron mayormente afectados, en atención a la tasa de mortandad que es más habitual en adultos mayores. 32. Señaló que los niños y niñas involucrados no están en peligro o riesgo inminente que comprometa su vida, dignidad, integridad o salud que requiera atención urgente, porque en autos no consta que estén diagnosticados con la enfermedad provocada por el virus y se les haya negado atención médica, ni que tengan de (sic) algún padecimiento crónico que afecte su sistema inmunológico o respiratorio que les haga vulnerable más allá de la que tiene el resto de la población mayor de dieciocho años e infantil.

33. Además, destacó que los quejosos sólo pretenden que se les vacune de manera inmediata ante la posibilidad de contagiarse de dicho virus, de enfermarse y de que se ponga en riesgo su vida, a pesar de que existe una política nacional de vacunación, en la que se ponderó una orden de prelación entre los habitantes de la población mexicana, a partir de características especiales, por ejemplo, mayor grado de exposición que presentan frente al virus y con miras a reducir el contagio y la mortalidad, así como de la limitación en la disponibilidad de vacunas por la alta demanda internacional, la restricción en las cadenas de producción, infraestructura tanto para la recepción, distribución y almacenaje, como para efectuar la propia vacunación.

34. Es decir, acotó que la omisión reclamada sólo les impide acceder a un beneficio clínico o un mecanismo preventivo del contagio del virus que no necesariamente les coloca en una situación en que su vida, dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, lo que era necesario para la procedencia de la suspensión de plano, sino que únicamente genera una posible afectación a la salud en caso de contraer la enfermedad.

35. Explicó que la omisión impugnada, por sí misma, no es la que directamente pone en riesgo la vida, pues ello dependerá de una pluralidad de factores que no sólo deben remediarse por el Estado, sino también por los progenitores de los niños, como la permanencia en casa, la sana distancia, el uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos, entre otras medidas.

36. Señaló que la aplicación inmediata del biológico a las personas menores de edad tendría como efecto impedir, paralizar o modificar la ejecución de la política nacional de vacunación para vacunar a la población que acuda al amparo; en su caso, señaló que la medida cautelar podría otorgarse a través de la apertura del incidente de suspensión.

37. Al resolver los recursos de queja 33/2022, 34/2022 y 48/2022, el órgano jurisdiccional aludido explicó que para resolver sobre la procedencia de la suspensión de plano debe examinarse cada caso en concreto, a fin de identificar: a) si se compromete gravemente o no la vida; b) el grado de riesgo de contagio que por motivo de sus actividades diarias mantiene el quejoso, es decir, si por el cumplimiento de una obligación se ve inminentemente expuesto en alto grado o no de contagio; y, c) si hay o no afectación subyacente a la salud, a fin de determinar si la situación particular de los quejosos se encuentra equiparada al grado de afectación que acontece en caso de un tormento.

38. En tales hipótesis debe concederse la suspensión de plano y de oficio; de lo contrario, debe aperturarse el incidente de suspensión, a fin de que se determine lo que en derecho corresponda.

39. Al fallar el recurso de queja 40/2022, el Tribunal Colegiado referido puntualizó que la vacunación escalonada, contemplada en la política nacional de vacunación, encuentra justificación, además de los factores de producción, almacenaje, adquisición y distribución ya referidos; en la falta de estudios científicos sobre la seguridad de aplicar las vacunas; en que los grupos etarios prioritarios corresponden a los de las edades de padres y madres de los niños quejosos, con lo que se evita en la mayor medida posible una incidencia superior de mortalidad en éstas, a fin de que los niños cuenten con sus progenitores en el curso de sus vidas; y, en los artículos 157 Bis 1, 157 Bis 4 y 157 Bis 5 de la Ley General de Salud conforme a los cuales corresponde a la Secretaría de Salud determinar los criterios y procedimientos para lograr el control, la eliminación o la erradicación de enfermedades prevenibles con las vacunas que esa autoridad determine, por tanto, esa política nacional de vacunación debe considerarse un acto constitucionalmente válido.

40. Agregó que aun cuando es factible desconocer la propia constitucionalidad de los planes de vacunación cuando está de por medio el interés superior de la infancia, pues procede la suspensión de plano en casos en que el NNA presenta alguna condición que lo haga más vulnerable en contra del referido virus, en virtud de que dicho plan no se ha ajustado a las propias pautas de actualización en la política pública de combate en contra de la epidemia, en donde en un inicio se determinó que uno de los ejes de priorización sería la existencia de alguna de esas condiciones y al hecho de que se ha autorizado el uso de la vacuna a los laboratorios Pfizer y BioNTech a niños de doce años de edad.

41. Sin embargo, distinguió que ese criterio no es aplicable cuando los niños no tienen alguna condición particular que los haga más vulnerables en contra de la enfermedad producida por el virus (comorbilidades), de modo que en ese supuesto no existe peligro de privación de la vida, dado que la posibilidad de contraer el virus no conlleva indefectiblemente a la pérdida de ésta.

42. Concluyó que mientras los niños que pertenecen al grupo etario de cinco a once años de edad no sean incluidos en el plan nacional de vacunación deben demostrar que pertenecen a un grupo vulnerable y que cuentan con la recomendación de un experto que garantice que no habrá perjuicios en su salud.

43. Al dictar resolución en los diversos recursos de queja ********** y **********, interpuestos por la autoridad responsable en contra del auto que concedió la suspensión provisional a niños de diez y siete años de edad, respectivamente, respecto de la omisión de suministrarles la vacuna en contra del virus SARS-CoV-2 y de la política nacional de vacunación referida, el órgano colegiado aludido declaró ineficaces los agravios y confirmó el auto recurrido.

44. Explicó que con el otorgamiento de la suspensión provisional no se siguen perjuicios al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, en términos del artículo 129, fracción V, de la Ley de Amparo, dado que el juzgador federal no inobservó el aludido plan de vacunación, pues no ordenó que se aplicara el biológico respectivo de manera prioritaria, ni antes que los NNA que presentan comorbilidades, sino que determinó que debía valorarse a la persona quejosa y, en el supuesto de que no estuviera en una situación de enfermar gravemente por el virus referido, debía esperar a que se vacunara a las personas menores de dieciocho años de edad que sí presentan comorbilidades; sólo para en caso de estar en riesgo, sí le aplicaran el biológico autorizado, siguiendo los lineamientos de la política nacional de vacunación en mención.

45. Precisó que con la concesión de la suspensión el juzgador no constituyó a la persona quejosa un derecho que no tenía; sino que únicamente le reconoció su derecho a la salud, al considerar de manera provisional y sin prejuzgar sobre el fondo del asunto que no se le estaba protegiendo tal prerrogativa como a otras niñas y niños con comorbilidades.

46. Puntualizó que, al considerar satisfechos los requisitos para el otorgamiento de la suspensión a petición de parte, es correcto que el juzgador Federal haya precisado a la autoridad administrativa la forma en que debía restaurar provisionalmente el derecho a la salud de la persona menor de edad quejosa, a saber, tomara en cuenta a la niña involucrada al momento de aplicar la vacuna conforme a los lineamientos de la política nacional de vacunación, lo que en modo alguno implicaba la sustitución de la autoridad administrativa.

47. Adicionalmente, en el recurso de queja **********, el órgano jurisdiccional referido precisó que, conforme al documento "Recomendaciones provisionales sobre el uso de la vacuna BNT162b2 de Pfizer y BioNTech contra la COVID-19 en el marco de la Lista de Uso en Emergencias", actualizado el veintiuno de enero de dos mil veintidós, la OMS indicó que es factible vacunar a personas menores de entre cinco y once años de edad con el biológico indicado, por tanto, el hecho de que éste no esté autorizado por la COFEPRIS para ese grupo etario no supone obstáculo para la procedencia de la suspensión otorgada por la persona juzgadora Federal, pues si a la luz de la apariencia del buen derecho y derivado de la valoración médica que se efectúe a la niña es posible colocarla en el supuesto de riesgo alto en caso de contraer el virus aludido, es válido incluirla anticipadamente en el plan de vacunación respectivo, con base en el documento de ese organismo internacional.

48. Mientras que en el recurso de queja 48/2022 ya citado, interpuesto por la parte quejosa en contra, entre otro tema ya referido (omisión de decretar la suspensión de plano), de los efectos que la persona juzgadora federal, otorgó a la medida cautelar provisional y que derivó del mismo juicio de amparo que el recurso de queja **********, el Tribunal Colegiado en mención lo declaró infundado y confirmó la resolución impugnada.

49. Justificó esa decisión en que el hecho de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América o el Comité Asesor so

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31194-ffe8d2ea/suspension-de-oficio-y-de-plano-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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