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Modo: Corpus Pro

PRUEBAS, OBLIGACION DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RECABAR DE OFICIO LAS, RENDIDAS ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 39/95. · Registro digital (IUS): 3096
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: CESAR HERNANDEZ TORRES.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, , Pág. 363.

AMPARO EN REVISION 39/95. CESAR HERNANDEZ TORRES.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Independientemente de los conceptos de agravios hechos valer, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, opera la reposición del procedimiento de amparo, de acuerdo a las consideraciones y fundamentos que a continuación se precisan:

En efecto, según las modificaciones a la Ley de Amparo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, el artículo 78 de ese ordenamiento legal señala que el juez de Distrito "deberá" recabar oficiosamente las pruebas que habiendo sido rendidas ante la responsable no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto.

Por su parte, el artículo 149 de la ley de la materia, que no fue modificado en la ocasión antes dicha, en su segundo párrafo, textualmente dice: "Las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, y acompañarán, en su caso, copia de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe".

Ahora bien, la Juez Quinto de Distrito que emitió la resolución recurrida, no acató en esencia lo dispuesto por la parte transcrita del referido artículo 78 de la ley en comento, ya que la quejosa señaló en su demanda de garantías fundamentalmente dos actos reclamados consistentes en: resolución del incidente de liquidación de fecha dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, emitido por la Junta responsable y por otro lado señaló como acto impugnado el acuerdo de fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, en donde se le declaró improcedente el recurso de revisión que se interpuso contra la resolución pronunciada en el incidente de liquidación que como primer acto reclamado quedó señalada. Luego, la juez de control constitucional para resolver debió solicitar de oficio y allegar a los autos las constancias relativas en las que se fundamentó la Junta responsable para emitir la resolución que se reclama, es decir, para emitir tal resolución la responsable tomó en cuenta los convenios de fechas siete de octubre y siete de agosto de mil novecientos noventa y dos; copia del convenio de fecha veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y tres, ante el Cuerpo de Funcionarios Conciliadores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y carpetas de amparos 42/94 y 89/94, ya que se advierte también que la peticionaria de garantías tampoco aportó como prueba las constancias relativas.

En ese orden de ideas, si bien es cierto la autoridad responsable rindió su informe con justificación aportando diversas consideraciones de hecho y de derecho, las mismas no fueron apoyadas con las constancias de las que deriva el acto reclamado, para poder tener ese informe como justificado propiamente, en términos del artículo 149 citado.

Por todo ello, es evidente que la juez federal desatendió las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, lo que hace procedente en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la revocación de la resolución recurrida y ordenar la reposición del procedimiento, a fin de que la juez de Distrito requiera a la responsable para que remita las constancias relativas a las pruebas que ante ella hubiesen rendido las partes, de conformidad con lo que dispone el diverso precepto 78 del ordenamiento legal en cita; prosiga el procedimiento de amparo y en su oportunidad resuelva con plenitud de jurisdicción lo que en derecho proceda.

Se cita por aplicable la tesis 44/94 común, sustentada por este Tribunal Colegiado, cuyo rubro y texto es: "PRUEBAS, OBLIGACION DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RECABAR DE OFICIO LAS. RENDIDAS ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 78 de la Ley de Amparo (cuya reforma fue publicada el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro en el Diario Oficial) dispone que: El juez de amparo deberá recabar oficialmente las pruebas que habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto; luego, conforme a tal precepto el resolutor de amparo está obligado a recabar de oficio las pruebas en que se apoyó la autoridad responsable para dar vida jurídica al acto reclamado, pues la carga probatoria para el quejoso a que alude el diverso artículo 149, tercer párrafo, del mismo ordenamiento legal, debe interpretarse como refiriéndose a los medios de convicción que, siendo necesarios para determinar la inconstitucionalidad del acto combatido, no obran en el expediente del que emana el mismo, ello para que tenga objeto la mencionada reforma".

Para arribar a la anterior consideración no pasa inadvertido para este órgano colegiado que resulta inexacto lo argumentado por la juez federal al emitir la resolución que se revisa, ya que, de conformidad con los artículos 837 y 618 de la Ley Federal del Trabajo, es evidente que corresponde a los presidentes de las Juntas la ejecución de los laudos, sin embargo, en tratándose del incidente de liquidación de los mismos no toca a ellos resolverlo, porque tales incidentes son anteriores a la fase de ejecución, que se inicia con el auto de requerimiento de pago y embargo que dicte el presidente respectivo a petición de la parte interesada, después de transcurrido el plazo de setenta y dos horas siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación correspondiente, por tanto, de conformidad con los artículos 842 y 848 de la ley laboral, la resolución que recae en el incidente de liquidación sólo es un complemento del laudo y no parte de la ejecución del mismo, por ello, el dictado de la resolución impugnada compete a las Juntas de Conciliación y Arbitraje y no al presidente de la misma, como bien lo determinó la responsable. Consecuentemente, el recurso de revisión intentado era improcedente, pues dentro del Capítulo XIV, relativo a la revisión de los actos de ejecución que contempla la Ley Federal del Trabajo, no se advierte que la Junta responsable pueda conocer respecto de los actos emitidos por ella misma.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. Se revoca la resolución de fecha tres de enero de mil novecientos noventa y cinco, emitida por la Juez Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en Nogales, Sonora, en el juicio de amparo indirecto 188/94.

SEGUNDO. Se ordena la reposición del procedimiento, en los términos que se precisan en la última parte del último considerando de la presente ejecutoria.

Notifíquese; háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos originales al lugar de su procedencia; y, en su oportunidad archívese el presente asunto como concluido.

Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Ricardo Rivas Pérez, Alicia Rodríguez Cruz y Genaro Rivera, siendo ponente el primero de los mencionados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3096-7753a45c/pruebas-obligacion-del-juez-de-distrito-para-recabar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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