JUEZ CONSTITUCIONAL. ES SU OBLIGACION RECABAR DE MANERA OFICIOSA LAS PRUEBAS QUE RENDIDAS ANTE LA RESPONSABLE NO OBREN EN AUTOS Y SEAN NECESARIAS PARA LA RESOLUCION DEL PROBLEMA CONSTITUCIONAL.
AMPARO EN REVISION 340/96. HERIBERTO TORRES LOPEZ.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. Resulta innecesario transcribir y ocuparse tanto de la sentencia dictada por el a quo, como de los agravios que en su contra se hacen valer, en virtud de que este Tribunal Colegiado advierte que en el caso se incurrió en una violación a las reglas que norman el procedimiento del juicio de garantías.
En efecto, el examen de los autos revela que el Juez de Distrito sobreseyó en parte y en otra negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, al ahora recurrente, argumentando que le correspondía aportar las pruebas necesarias para acreditar la constitucionalidad del acto reclamado. Sin embargo, el a quo dejó de aplicar al caso el contenido del artículo 78, parte final, de la Ley de Amparo, que se reformó por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, que lo obliga a recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y se estimen necesarias para la resolución del asunto; omisión que se traduce en una inobservancia a una regla del procedimiento del juicio de garantías.
Es aplicable al caso la tesis sustentada por este propio Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver, por unanimidad de votos, en sesiones plenarias de uno de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, y uno de febrero de mil novecientos noventa y seis, los juicios de amparo en revisión números 334/94 y 431/95, promovidos respectivamente, por José Antonio Villalobos Hernández y Artemio Roblero Roblero que literalmente dice:
" De conformidad con la reforma al artículo 78, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial del diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, que entró en vigor el primero de febrero siguiente, es obligación del Juez de amparo recabar de manera oficiosa las pruebas que, rendidas ante la responsable, no obren en autos y sean necesarias para la resolución del problema constitucional planteado. Por tanto, si la autoridad señalada como responsable ordenadora, se limitó a remitir copia certificada del auto de incoación del procedimiento y de la orden de aprehensión impugnada, omitiendo enviar copia certificada de las constancias de averiguación previa integrada por el Ministerio Público del fuero común y que esa omisión motivó que el Juez a quo no pudiera entrar al fondo del asunto, es de estimarse incorrecto el proceder del Juez constitucional porque se aparta de las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, ya que debió recabar la copia certificada de las constancias que se destacan."
No pasa inadvertido, que a foja dieciséis del juicio de amparo que se revisa (184/96), el Juez de Distrito emitió un acuerdo de fecha quince de abril de mil novecientos noventa y seis, que en síntesis dice: "...en razón de que según se advierte de la anotación que aparece en el sobre respectivo, fue rehusado recibir el mismo por los juzgados penal y civil, por no especificar a qué juzgado pertenece. En tales condiciones, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días para que manifieste lo que a sus intereses convenga,..."; pues teniendo en cuenta que el promovente del amparo en su demanda de garantías reclamó una orden de aprehensión, es obvio que el a quo debió haber solicitado el informe justificado, al Juez del ramo penal correspondiente, habida cuenta que, como aparece de autos el jefe de grupo de la Policía Judicial del Estado, destacamentado en Huixtla, Chiapas, al rendir su informe justificado manifestó: "...QUE SI SON CIERTOS LOS ACTOS RECLAMADOS POR EL QUEJOSO... se encontró una orden de aprehensión en su contra por el delito de ROBO, ...EXP. PEN. No. 46/96..." (foja 11), razón por la cual el Juez de Distrito debió armonizar los datos contenidos en la demanda de garantías, y fijar el sentido congruente con los elementos que la conforman, pues el juzgador de amparo es perito en derecho con la experiencia y conocimientos suficientes para interpretar la redacción obscura y determinar el verdadero sentido y la expresión exacta del pensamiento de su autor que por error incurre en omisiones o en imprecisión, como es el hecho que éste haya señalado en el capítulo III de su demanda de garantías como autoridad responsable ordenadora al "Juez de Primera Instancia".
Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77, 90 y relativos de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO. Se REVOCA la sentencia que se revisa.
SEGUNDO. Se ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO, en el juicio de amparo número 184/93, promovido por HERIBERTO TORRES LOPEZ, en contra de las autoridades y por los actos que se precisan en el primer resultando de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio autorizado de esta resolución, devuélvanse los autos a la autoridad de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, lo resolvió el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados: presidente Francisco A. Velasco Santiago, Angel Suárez Torres y Roberto Avendaño, siendo ponente el tercero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3814-09bc5d9f/juez-constitucional-es-su-obligacion-recabar-de-manera · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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