VEHICULOS, SECUESTRO DE, POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. SE VIOLA LA GARANTIA DE AUDIENCIA CUANDO NO SE OYE AL PROPIETARIO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
AMPARO EN REVISION 553/96. FRANCISCO FRANK TORRES.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Son esencialmente fundados los motivos de inconformidad anteriormente transcritos y suficientes para modificar la resolución que se revisa.
Esto es así, ya que Francisco Frank Torres, quien dice ser ciudadano americano, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de autoridades de Hacienda y Crédito Público y Policía Fiscal Federal, señalando como acto reclamado: "La detención, secuestro, depósito, retención, decomiso, confiscación, desposesión, actos de molestia y privación que he sufrido con motivo del embargo que se ha llevado a cabo dentro del acta 0432/96, del automóvil marca Cadillac Biarritz; color blanco, dos puertas; modelo 1987, número de serie 1G6EL1189HU608260, con placas particulares número 2FBS816, del Estado de California, Estados Unidos de América, registrado a nombre de mi representada ... los efectos y consecuencias de dichos actos reclamados, los que se traducen en el desposeimiento definitivo, remate, emisión a los patios fiscales y la adjudicación a terceros del vehículo ..."; como antecedentes del acto que reclama, adujo ser el legítimo propietario del vehículo de mérito y que padece de la enfermedad denominada "diabetes", motivo por el cual constantemente necesita trasladarse a la ciudad de Tijuana, Baja California, para recibir atención médica; que al resultarle peligroso manejar dada su delicada condición física, contrató como chofer a Jaime Hernández Reynoso, quien el día veinte de mayo del año en curso, lo trasladó a la ciudad de Tijuana, para acudir a una cita con su médico, pero al haber olvidado los resultados de unos análisis, le pidió a su chofer que regresara a su domicilio por ellos, lo que así realizó, pero que al llegar de regreso a la garita mexicana, en la línea internacional, se activó el mecanismo de selección aleatoria, encendiéndose la luz roja, ordenándosele que pasara a inspección secundaria, donde Javier Arias Cervantes, jefe del Departamento de Reconocimiento Aduanero, practicó la revisión al vehículo, requiriendo a su chofer por la exhibición de la documentación que acreditara la legal estancia y tenencia en el país del vehículo que conducía o su calidad migratoria como residente o ciudadano de los Estados Unidos de Norteamérica, no presentando documento alguno para tales efectos, sino únicamente su licencia de conducir y su pasaporte mexicano, por lo que se determinó, que al incurrir en tales irregularidades, había infringido los artículos 176, fracciones I y II, 177 y 179, de la Ley Aduanera, procediendo al embargo precautorio del vehículo de su propiedad, levantando el acta de procedimiento administrativo número 0432/96, de veinte de mayo de mil novecientos noventa y seis; que ante tal situación, al día siguiente, el ahora quejoso, acudió al departamento de la aduana, a fin de que se le informara el motivo de la detención de su vehículo, no encontrando persona alguna que lo hiciera; que por razones de su enfermedad, pudo volver hasta el día treinta de mayo del año en curso, siendo atendido en esta ocasión por Javier Arias Cervantes, jefe del Departamento de Reconocimiento Aduanero, quien a insistencia del quejoso, le proporcionó una copia del acta administrativa número 0432/96, firmándole de recibido en el acta original que se encontraba a disposición de la aduana local. Que en esa misma fecha compareció mediante escrito ante el administrador de la aduana local, licenciado Antonio W. Martínez Luna, solicitándole la devolución de su vehículo, acreditando la propiedad del mismo, con la tarjeta de registro y la ciudadanía, con su acta de nacimiento y licencia de manejar, así como una serie de tarjetas médicas que acreditan que padece la enfermedad de diabetes, escrito que fue recibido y registrado bajo el número 9188, negándosele tajantemente la devolución del mismo, sin haber sido oído ni vencido en un procedimiento seguido ante autoridad competente, razón por la cual se vio en la necesidad de promover el juicio de garantías.
Durante la tramitación del juicio de amparo, el quejoso ofreció como pruebas, copia certificada y traducción al idioma español, de una multa de estacionamiento del Departamento de Vehículos Motorizados del Estado de California, en la que se describe el vehículo afecto al acta administrativa, así como el nombre del impetrante del amparo; exhibiendo también certificación y traducción al idioma español del certificado de nacimiento de Francisco Torres, quien nació el primero de julio de mil novecientos treinta y dos en la ciudad de Los Angeles, California; copia del acta administrativa 0432/96, de fecha veinte de mayo de mil novecientos noventa y seis; copia del escrito presentado ante el administrador de la aduana local de Tijuana, Baja California, licencia de manejo expedida por el Departamento de Vehículos del Estado de California, a nombre de Frank Martínez Torres, así como diversas tarjetas médicas; certificado médico expedido el veinte de mayo de mil novecientos noventa y seis por el doctor Leonardo Cortez, debidamente ratificado ante el Juzgado de Distrito (fojas 44 y 98), en el que se hace constar que Frank Torres, padece cáncer y diabetes mellitus, condición física que presenta y tratamiento a seguir; y, por último, las testimoniales a cargo de Jaime Hernández Reynoso y Michael Andrew Novinger, quienes señalaron que el vehículo afecto es propiedad del quejoso. El administrador de la aduana fronteriza de Tijuana, Baja California, el comandante de la Policía Fiscal Federal en la plaza, y jefe de la Policía Fiscal Federal en dicha ciudad, rindieron su informe justificado, reconociendo la existencia del acto reclamado, solicitaron se decretara el sobreseimiento en el juicio de amparo.
Así las cosas, una vez desahogada la audiencia constitucional, la Juez Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en la ciudad de Tijuana, Baja California, sobreseyó en el juicio de garantías con apoyo en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que hace a los actos reclamados del secretario de Hacienda y Crédito Público; administrador central de la Policía Fiscal Federal, ambos con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal; del administrador local de Auditoría Fiscal y subadministrador de la aduana fronteriza, éstos con residencia en Tijuana, Baja California, pues tales autoridades negaron la existencia de los actos reclamados al rendir sus respectivos informes con justificación, sin que se aportara prueba en contrario.
Por lo que se refiere a los agentes "B" y "C" de la Policía Fiscal Federal, destacamentados en la ciudad de Tijuana, Baja California, el superior jerárquico señaló que ya no se encontraban en la plaza, sino en la Ciudad de México, Distrito Federal, de lo que se hizo sabedor a la parte quejosa, sin que este último hiciera manifestación alguna, por lo que no se les tuvo por citadas con el carácter de responsables.
En relación con los actos reclamados de las restantes autoridades, que se tuvieron por ciertos por así reconocerlo en sus informes justificados, o por presumirse ciertos al haber omitido rendir dicho informe, el a quo sobreseyó en el juicio, al estimar que se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que la desposesión del vehículo Cadillac Biarritz, color blanco, dos puertas, modelo 1987, serie número 1G6EL1189HU608260, con placas de circulación 2FBS816, del Estado de California, registrado a nombre del impetrante del amparo, tuvo lugar el veinte de mayo del año en curso, así como el acta número 0432/96, levantada dentro de dicho procedimiento administrativo, fecha en la cual el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado, presentando su demanda hasta el dieciocho de junio del presente año, por lo que se consideró que consintió tácitamente tales actos, al no promover el juicio de garantías dentro del término de quince días, que al efecto prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo.
Inconforme con lo anterior, el peticionario de garantías hizo valer el presente recurso de revisión, en el que acertadamente argumenta que la Juez Quinto de Distrito en el Estado toma como base para computar el término de quince días, la fecha del acta administrativa de veinte de mayo de mil novecientos noventa y seis, señalando que el quejoso reconoce haber comparecido el veintiuno de mayo del año en curso a la aduana, para obtener información; sin embargo, tal razonamiento resulta insuficiente para considerar que el quejoso tuvo conocimiento del acto que reclama en esa fecha (20-mayo-96) pues ello constituye únicamente una presunción, siendo hasta el día treinta de mayo de mil novecientos noventa y seis, cuando comparece por escrito ante la autoridad correspondiente, donde se le proporciona una copia del acta administrativa número 0432/96, por lo que es hasta ese día (30-mayo-96), cuando se puede estimar que el quejoso, ahora recurrente, tuvo conocimiento de manera fehaciente del acto que reclama, y por ende es a partir de esa fecha cuando se debe empezar a computar el término para promover el amparo.
Es aplicable el caso concreto el criterio jurisprudencial sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el número 52, visible en la página 88, del Tomo correspondiente a la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TERMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones."
Por lo que, al resultar fundados los agravios hechos valer por el recurrente y toda vez que no se actualiza la causal de improcedencia aplicada por la Juez Quinto de Distrito en el Estado, en lo referente a los actos reclamados del administrador de la aduana fronteriza, comandante y jefe de la Policía Fiscal Federal, encargado del Almacén Fiscal de Diversos y del encargado de Control Vehicular, lo procedente es modificar la resolución que se revisa y entrar al estudio de los conceptos de violación, conforme a lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, quedando firme el sobreseimiento por lo que hace a los actos reclamados de las restantes autoridades señaladas como responsables.
QUINTO. Los conceptos de violación que hace valer el quejoso, medularmente se refieren a la violación en su perjuicio de los artículos 14 y 16 constitucionales, pues las autoridades señaladas como responsables le niegan el derecho a ser oído en su defensa dentro del procedimiento administrativo en materia aduanera seguido en contra de JAIME HERNANDEZ REYNOSO, sin tomar en consideración que el ahora quejoso, residente de los Estados Unidos de Norteamérica, es el propietario del vehículo secuestrado en dicho procedimiento, entendiéndose el mismo como un acto carente de la debida motivación y fundamentación, en el que se le está privando de un bien sin otorgársele el derecho de ser oído y vencido en un juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento, resultando evidentemente inconstitucional el actuar de las responsables.
SEXTO. Son fundados los conceptos de violación hechos valer por el impetrante del amparo.
En efecto, como lo afirma el quejoso, los actos reclamados son violatorios de la garantía de audiencia consignada por el artículo 14 constitucional, toda vez que en las actuaciones del juicio de garantías, quedó demostrado que el vehículo marca Cadillac Biarritz, color blanco, dos puertas, modelo 1987, número de serie 1G6EL1189HU608260 con placas de circulación número 2FBS816, del Estado de California, Estados Unidos de Norteamérica, fue secuestrado dentro de un procedimiento administrativo en materia aduanera, regulado por los artículos 144, fracciones X y XIV, 150, 151, fracciones I y III, 153, 154, 176, fracciones I y II, 177 y 179 de la Ley Aduanera, dentro del cual fue embargado precautoriamente, sin que en dicho procedimiento se le haya dado intervención al quejoso Francisco Frank Torres, quien si bien justificó la propiedad del vehículo, con el certificado de propiedad expedido por el Estado de California de los Estados Unidos de Norteamérica, documento que fue exhibido sin la debida traducción al idioma español y por ende sin valor probatorio, lo cierto es que dicha propiedad se encuentra acreditada en autos con los diversos medios de convicción ofrecidos al efecto, como son: los testimonios de Michael Andrew Novinger y Jaime Hernández Reynoso, quienes de manera coincidente señalaron que el quejoso es el propietario del vehículo afecto al procedimiento, lo que además se corrobora con una copia certificada de una multa de estacionamiento aplicada por el Departamento de Vehículos de Motor del Estado de California, exhibida por el impetrante del amparo, en la que constan las características del vehículo, placas de circulación y nombre del propietario, así como certificado de nacimiento del quejoso, documentos exhibidos en idioma extranjero, que si bien se encuentran traducidos al idioma español ante el notario público, en el Condado de San Diego, Estado de California, de los Estados Unidos de Norteamérica, dicha traducción surte sus efectos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 133, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.
En las referidas condiciones, si las autoridades responsables instauraron el procedimiento únicamente en contra de Jaime Hernández Reynoso, no obstante que éste en ningún momento señaló ser el propietario del vehículo, sin darle intervención al quejoso, es evidente que con ello se incurre en violación a la garantía de audiencia, puesto que en el procedimiento respectivo se encuentra secuestrado y embargado un vehículo respecto del cual el solicitante del amparo justificó tener la propiedad, y como dicho bien está destinado al pago de sanciones derivadas del incumplimiento de obligaciones, las cuales según se desprende del acta de fecha veinte de mayo de mil novecientos noventa y seis (fojas 19 a 23), tales circunstancias se traducen en una afectación al derecho de propiedad, sin previa audiencia.
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 107, fracción VI, constitucional; 76, 80, 85, 90, 91 y 184 de la Ley de Amparo; 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se resuelve:
PRIMERO. Se modifica la resolución recurrida.
SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de garantías promovido por Francisco Frank Torres, contra los actos del secretario de Hacienda y Crédito Público, administrador central de la Policía Fiscal Federal, ambos con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, administrador local de Auditoría Fiscal y subadministrador de la aduana fronteriza, con residencia en la ciudad de Tijuana, Baja California, mismos que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Francisco Frank Torres, contra los actos que reclamó del administrador de la aduana fronteriza de Tijuana, del comandante y jefe de la Policía Fiscal Federal, en dicha ciudad, así como del encargado del Almacén Fiscal de Diversos y el encargado del Control Vehicular, mismos que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y anótese en el libro de registro; con testimonio autorizado de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de su procedencia y en su oportunidad archívese este expediente.
Así, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Carlos Humberto Trujillo Altamirano, Adán Gilberto Villarreal Castro y Sergio Javier Coss Ramos, siendo ponente el mencionado en segundo término.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4139-9416de94/vehiculos-secuestro-de-por-autoridades-administrativas-se-viola · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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