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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE OPOSICION AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION. JURIDICAMENTE ES POSIBLE DESECHARLO POR EXTEMPORANEO EN LA RESOLUCION QUE LE PONE FIN.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 551/96. · Registro digital (IUS): 4170
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: FERNANDO ALVAREZ SIMAN.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Marzo de 1997, , Pág. 734.

AMPARO EN REVISION 551/96. FERNANDO ALVAREZ SIMAN.

CONSIDERANDO:

CUARTO.- En este asunto, el Juez de Distrito negó la protección constitucional por estimar que fueron inoperantes los conceptos de violación que hizo valer el quejoso, por no haber combatido la consideración de la propia responsable en el sentido de que interpuso el recurso, que intentó ante ella, de manera extemporánea, sino que se limitó a argumentar aspectos ajenos a dicha cuestión.

Por su parte, el inconforme manifiesta que el resolutor federal no advirtió que controvirtió el acto reclamado, en el sentido de que la autoridad responsable no debió desechar el recurso que ya había sido admitido previamente, pues en los términos del artículo 214 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo, una vez admitido, ya solamente puede desecharlo por improcedente o sobreseer en su caso, confirmar el acto impugnado, mandar reponer el procedimiento administrativo, dejarlo sin efectos o modificarlo; por lo que la autoridad no puede desecharlo por causa de extemporaneidad, lo cual es distinto al desechamiento por improcedente y que por ello, el Juez de Distrito no resolvió la cuestión efectivamente planteada por el quejoso, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo.

Lo que antecede es fundado pero insuficiente para revocar la resolución recurrida, toda vez que en efecto, si bien es cierto que el quejoso no combatió la cuestión relativa a la extemporaneidad de la presentación del recurso, desde el punto de vista del cómputo de los días en que fue interpuesto, sí lo hizo en el sentido relativo a otro aspecto de índole adjetiva o formal, esto es, impugnó la resolución reclamada aduciendo que la autoridad no debió desechar de plano el recurso que intentó en los términos de lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo y dicho aspecto debió ser afrontado por el resolutor federal, pues es un aspecto que se adujo con independencia de la extemporaneidad y atiende más bien a las facultades de la autoridad responsable respecto a la emisión del acto reclamado.

No obstante lo anterior, los conceptos de violación que esgrimió el quejoso en su demanda de garantías respecto a la citada cuestión, son infundados en atención a las consideraciones siguientes:

El artículo 214 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo, establece textualmente lo siguiente: "La resolución que ponga fin al recurso podrá:-I. Desecharlo por improcedente o sobreseerlo, en su caso.- II. Confirmar el acto impugnado.- III. Mandar reponer el procedimiento administrativo.- IV. Dejar sin efectos el acto impugnado.- V. Modificar el acto impugnado."

Por otra parte, conviene transcribir lo dispuesto en el artículo 218 del mismo ordenamiento, que dice: "Es improcedente el recurso administrativo cuando se haga valer contra los actos administrativos:-I. Que no afecten el interés jurídico del recurrente.- II. Que sean resoluciones dictadas en recurso administrativo o en cumplimiento de éstas o de sentencias judiciales.- III. Que se hayan consentido, entendiéndose por consentimiento el de aquellos contra los que no se promovió el recurso en el plazo señalado al efecto.- IV. Que sean conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o medio de defensa diferente.- V. Que no admitan impugnación sobre el recurso promovido.- VI. Que hayan sido revocados por la autoridad."

De las transcripciones precedentes, se evidencia que es causa de improcedencia del recurso administrativo, el consentimiento del acto recurrido, y la fracción III del numeral 218 en comento precisa con claridad lo que se entiende por tal aspecto, señalando que se surte cuando no se promovió el medio de impugnación en el plazo señalado para tal efecto.

De lo que se sigue que la extemporaneidad a la que se refirió la responsable es una causa de improcedencia del recurso y por ende, es jurídicamente correcto que se decrete el desechamiento del recurso por improcedente, derivando dicha figura precisamente de la citada promoción extemporánea, y tal determinación puede hacerse en la resolución final del recurso en los términos de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 214 previamente transcrito; de modo que no es verdad que la autoridad responsable careciera de facultades para desechar el citado medio de impugnación por improcedente, en la resolución que le dio fin a éste, pues como se dijo con antelación, tal atribución se desprende expresamente de lo previsto en la ley y el otorgamiento de tal facultad a la autoridad, lo que supone, desde luego, que podrá ejercerla con independencia de que previamente hubiere admitido dicho medio de impugnación.

En los demás puntos de inconformidad, el recurrente argumenta que el resolutor federal incumplió con lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, por no haber expresado los fundamentos legales en que se apoyó para negar la protección constitucional.

Lo que antecede es infundado, toda vez que el Juez de Distrito citó los numerales de la Ley de Amparo y del Código Federal de Procedimientos Civiles en los cuales basó su resolución, así como en dos diversas tesis de jurisprudencia que transcribe, de modo que no es verdad lo que alega el inconforme, en el sentido de que el Juez de Distrito omitió señalar los fundamentos legales a que se refiere la fracción II del numeral en comento.

En diverso argumento, el recurrente aduce que el resolutor federal incumplió con lo dispuesto en el artículo 78 de la ley de la materia, porque no apreció la resolución reclamada como aparece probada ante la responsable y tomó en consideración pruebas que nunca fueron rendidas ante la propia autoridad.

Lo anterior es inoperante, toda vez que el recurrente se limita a hacer una manifestación que se traduce en una simple opinión, pues no expresa las razones por las cuales a su juicio el Juez de Distrito no apreció la resolución reclamada, como aparece probada ante la responsable y tampoco menciona a qué pruebas se refiere cuando indica que tomó en consideración constancias que no fueron rendidas ante la propia autoridad.

Por otra parte, el inconforme aduce que el resolutor federal incumplió con el artículo 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente, porque no efectuó una relación sucinta de las cuestiones planteadas, así como las consideraciones jurídicas aplicables, ni resolvió con precisión los puntos sujetos a la consideración del tribunal.

Lo anterior es infundado, pues con toda claridad el Juez de Distrito dejó asentada la certeza de los actos reclamados al tesorero municipal del ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo y director de Fiscalización y Zona Federal, Ejecución Fiscal, dependiente de la referida tesorería, ya que indicó concretamente de qué se trataba la resolución reclamada y transcribió los conceptos de violación hechos valer en su contra, por el promovente del amparo en la resolución recurrida, llegando a la conclusión de que los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, resultaban inoperantes al no combatir la consideración esencial de la responsable, en el sentido de que presentó de manera extemporánea el recurso de inconformidad que hizo valer y que por ello, no se estaba en aptitud de analizar la legalidad en la actuación de la responsable respecto a tal cuestión; de modo que no es verdad que no se fijara la litis constitucional y que no se hubiere efectuado una relación sucinta de las cuestiones planteadas.

Por otra parte, el recurrente argumenta que el resolutor de amparo sustituyó al Juez responsable al decidir sobre la admisión o no admisión del recurso y que ello no era materia de la litis constitucional.

Lo que antecede es inoperante, toda vez que no es verdad que el Juez de Distrito decidiera sobre la admisión o no del recurso, sino que se limitó a analizar que los conceptos de violación resultaban inoperantes y, por ende, procedía negar al quejoso la protección constitucional solicitada, lo cual desde luego no se traduce en un pronunciamiento acerca de la admisión o no de dicho medio de impugnación.

Por último, en diverso argumento el quejoso alega que las tesis de jurisprudencia citadas por la autoridad resultan inaplicables al caso, porque no se concretó a indicar los preceptos legales que consideró infringidos por la responsable, sino que explicó y concretizó el daño y perjuicio jurídicos que le ocasionó la autoridad responsable ordenadora.

Lo que antecede es infundado, toda vez que el quejoso fue totalmente omiso en rebatir la consideración esencial de la autoridad, en el sentido de que atendiendo a la fecha en que conoció el acto reclamado, el promovente del recurso lo presentó de manera extemporánea, en los términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 207 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo; de modo que es evidente, que al no enderezar argumentos tendientes a combatir las consideraciones del fallo que pretendió impugnar, relativas a la extemporaneidad de la presentación del recurso, sus argumentos relacionados con esa cuestión esencial, en efecto, resultaban inoperantes, por lo que son aplicables al caso las tesis jurisprudenciales que transcribió el resolutor federal.

En estas condiciones, siendo los agravios fundados pero insuficientes en parte, e infundados e inoperantes en otra, se impone confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo a Fernando Alvarez Simán, en contra del acto que reclamó del tesorero municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, consistente en la resolución de fecha siete de agosto de mil novecientos noventa y seis, dictada en el expediente 295/96, negativa que se hace extensiva en contra de los actos de simple ejecución que el quejoso reclamó del director de Fiscalización y Zona Federal, Ejecución Fiscal, dependiente de la Tesorería Municipal del ayuntamiento de Benito Juárez.

Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 77, 78, 91 y demás aplicables de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.- Se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Fernando Alvarez Simán en contra de los actos y autoridades que quedaron precisados en el resultando primero de la presente ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos a su lugar de origen; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este tribunal y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Fernando Amorós Izaguirre, Pablo V. Monroy Gómez y Raquel Aldama Vega, siendo ponente el segundo de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4170-e84952d7/recurso-de-oposicion-al-procedimiento-administrativo-de-ejecucion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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