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Modo: Corpus Pro

ACTO RECLAMADO. NO ES OBLIGACION DEL JUEZ DE DISTRITO RECABARLO DE OFICIO, CUANDO TANTO LA AUTORIDAD RESPONSABLE COMO EL QUEJOSO OMITEN EXHIBIRLO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 592/96. · Registro digital (IUS): 4069
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ANTONIO DE FLORENCIO FERNANDEZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, , Pág. 246.

AMPARO EN REVISION 592/96. ANTONIO DE FLORENCIO FERNANDEZ.

CONSIDERANDO:

QUINTO.- Resulta innecesario transcribir los conceptos de violación expresados por el quejoso, en virtud de que en la especie este Tribunal Colegiado no se encuentra en posibilidad de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la orden de aprehensión que se reclama, por las razones que a continuación se indican.

En efecto, para una mejor comprensión del sentido en que se resuelve este asunto, es conveniente relatar que de la lectura de la demanda de amparo, se aprecia que fueron señalados como actos reclamados la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso dentro del proceso penal número 200/96, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones, en agravio de José Manuel Juárez Romero, así como la ejecución de dicho mandamiento de captura; en auto de fecha seis de septiembre de mil novecientos noventa y seis, la Juez de Distrito a quo admitió a trámite la referida demanda y pidió a las autoridades responsables rindieran el correspondiente informe con justificación; mediante oficio número mil seiscientos cincuenta de fecha diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y seis, el Juez de Defensa Social del Distrito Judicial de Ciudad Serdán, Puebla, en su carácter de autoridad responsable ordenadora, rindió el mencionado informe, en el cual admitió la certeza del acto reclamado y agregó que el indiciado compareció el diez de septiembre de mil novecientos noventa y seis, bajo los efectos de la suspensión provisional concedida, a emitir su declaración preparatoria, habiéndose resuelto su situación jurídica el día siguiente, decretándose en su contra auto de formal prisión, del cual remitió copia autorizada.

De acuerdo con lo anterior, debe decirse que si bien se acreditó en el juicio de garantías número 1301/96-I, la existencia de la orden de aprehensión reclamada, sin embargo, este Tribunal Colegiado no está en aptitud de examinar su constitucionalidad, toda vez que ante la omisión del Juez responsable de remitir con su informe con justificación la constancia del mandamiento de captura impugnado, en términos del artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, correspondía al quejoso, hoy recurrente, la carga de la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, porque dicho acto no es violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado tal orden de aprehensión.

Es decir, como el quejoso, ahora recurrente, omitió exhibir, por lo menos copia certificada del mandamiento de captura reclamado, ello constituye un obstáculo que impide a este Tribunal Colegiado analizar su constitucionalidad, pues aun cuando en la actualidad el tercer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente las pruebas que habiendo sido rendidas ante la responsable no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto, sin embargo, esta obligación solamente surge cuando el Juez constitucional, previo el examen del acto reclamado, advierte que determinada constancia o constancias sirvieron de base a la responsable para emitir dicho acto, o bien, cuando en el proceso de donde emana, obren pruebas que resulten indispensables para fallar el juicio de amparo; pero no ocurre así, cuando como en el caso, el Juez responsable y el quejoso omiten exhibir la orden de captura impugnada, porque no se trata de pruebas que deban recabarse oficiosamente, sino del propio acto reclamado; y asumir un criterio contrario equivaldría a ignorar lo establecido expresamente en el párrafo tercero del artículo 149 de la ley de la materia, es decir, que ante la falta del informe justificado de la autoridad responsable, cuando el acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, corresponde al quejoso la carga procesal de la demostración de su inconstitucionalidad.

Lo expuesto en párrafos precedentes encuentra sustento jurídico en la jurisprudencia número 51/9a. de este Tribunal Colegiado que dice: "QUEJA. SUPLENCIA DE LA. OBLIGACION DE RECABAR PRUEBAS DE OFICIO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 78 DE LA LEY DE AMPARO (ORDEN DE APREHENSION).- Cuando se reclama la orden de aprehensión y la autoridad responsable omite remitir con su informe justificado constancia de ese acto, queda a cargo del quejoso exhibir por lo menos la documental correspondiente en que conste esa orden de aprehensión reclamada, para que el Juez de Distrito que conozca del amparo se encuentre en legal posibilidad de determinar primeramente si esa orden de captura es inconstitucional en sí misma por no estar debidamente fundada ni motivada, y conceder la Protección Constitucional de forma total sin más pruebas; o por otra parte en caso de cumplir con estos requisitos, basado en esa resolución, el Juez pueda imponerse de las pruebas en que se apoyó la responsable para decretar la orden de busca, aprehensión y detención, y así recabar oficiosamente las que no se hubiesen remitido con el informe justificado y considere necesarias para resolver el asunto, en cumplimiento de lo establecido por el reformado artículo 78 de la ley de la materia. Es decir, para que el Juez de Distrito se encuentre en legal posibilidad de recabar pruebas de oficio, es necesario, en todo caso, que obren en autos constancias del acto reclamado; por lo que si la autoridad responsable omite acompañarla, es menester que el quejoso la exhiba, para que, en el supuesto de no existir en autos las pruebas suficientes para fallar el asunto, el Juez Federal pueda recabar oficiosamente aquellas en que se hubiese apoyado el acto de autoridad combatido. Lo anterior es fácil de establecer ya que el tercer párrafo de dicho numeral de manera clara impone la obligación al Juez de amparo para que de oficio recabe pruebas que, 'habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto'"; así como en la tesis sustentada por este mismo órgano colegiado al resolver los amparos en revisión números 479/95, 218/96, 484/96 y 551/96, del tenor literal siguiente: "- Si bien es cierto que atento a lo establecido en el artículo 78 de la Ley de Amparo (cuya reforma fue publicada el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro en el Diario Oficial), el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente las pruebas que habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y las estime necesarias para la resolución del asunto, sin embargo, esta obligación opera cuando el Juez constitucional previo el examen del acto reclamado, advierte que determinada constancia o constancias sirvieron de fundamento a la responsable para emitir dicho acto, o bien, cuando en el juicio de donde el mismo emana, obran pruebas que resultan indispensables para fallar el juicio de amparo; pero no ocurre así, cuando el Juez responsable y el quejoso omiten exhibir el auto combatido, es decir, no se trata de pruebas, sino del propio acto reclamado. Asumir un criterio contrario, equivaldría a ignorar lo expresamente establecido en el párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo, esto es, que ante la falta del informe justificado de la autoridad responsable, cuando el acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, corresponde al quejoso la carga procesal de demostrar su inconstitucionalidad aportando por lo menos, el auto que reclama."

De acuerdo con las consideraciones que anteceden, y al no advertirse que deba suplirse en favor del recurrente la deficiencia de la queja, en términos del artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, pues tal suplencia sólo opera respecto de la deficiencia o falta de conceptos de violación o en su caso de agravios, lo que procede es modificar la resolución recurrida en lo que respecta a la orden de aprehensión solicitada.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83, fracción IV, 85, fracción II, de la Ley de Amparo, 35 y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.- Se modifica la sentencia sujeta a revisión.

SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de garantías promovido por ANTONIO DE FLORENCIO FERNANDEZ, contra actos del agente del Ministerio Público y comandante de la Policía Judicial, ambos de Ciudad Serdán, Puebla, los que se hicieron consistir en la ejecución de la orden de aprehensión girada en su contra por el Juez de Defensa Social de dicha entidad, dentro del proceso penal 200/96, por el delito de lesiones.

TERCERO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ANTONIO DE FLORENCIO FERNANDEZ contra el acto que reclamó del Juez de Defensa Social de Ciudad Serdán, Puebla, consistente en la orden de aprehensión girada en su contra dentro del proceso penal 200/96, por el delito de lesiones.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos al juzgado de su origen y en su oportunidad archívese este toca.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Clementina Ramírez Moguel Goyzueta, Gustavo Calvillo Rangel y Antonio Meza Alarcón, siendo ponente el tercero de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4069-f4ba2dc1/acto-reclamado-no-es-obligacion-del-juez-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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