AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SUSPENSION O DIFERIMIENTO DE LA.
AMPARO EN REVISION 248/95. JOSE RANULFO FERNANDEZ HERNANDEZ.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Son infundados en parte, e inoperantes en lo demás, los agravios antes transcritos.
En efecto, carece de razón el recurrente al aducir que la sentencia impugnada es ilegal en virtud de que al haber sido rendidos los informes justificados sin la anticipación a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo, por no haberle sido notificado oportunamente el auto en el que se acordó la recepción de los mismos, por ello no supo en qué términos fueron rendidos y por lo mismo no pudo combatirlos con las pruebas idóneas, ni alegar en la audiencia constitucional. Tal argumento resulta infundado, para así estimarlo, conviene precisar que el artículo 149 primer párrafo de la Ley de Amparo, establece: "Las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación dentro del término de cinco días, pero el juez de Distrito podrá ampliarlo hasta por otros cinco si estimara que la importancia del caso lo amerita. En todo caso, las autoridades responsables rendirán su informe con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la fecha para la celebración de la audiencia constitucional; si el informe no se rinde con dicha anticipación, el juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, solicitud que podrá hacerse verbalmente al momento de la audiencia." Sustentado lo anterior, debe indicarse que aun cuando las partes en el juicio de garantías no tienen obligación de comparecer a la audiencia constitucional, sin embargo, no existe precepto legal alguno que constriña al juez de Distrito a diferir dicha audiencia en los casos en que se dé cuenta con el informe justificado de la autoridad responsable rendido en forma extemporánea, hasta la celebración de la misma, a la que no concurrieron las partes como sucedió en la especie; pero además, el artículo 149 de la Ley de Amparo faculta al juez de Distrito a diferir o suspender la audiencia, según proceda, cuando el informe justificado no sea rendido con la anticipación debida, es decir ocho días antes de la audiencia constitucional, pero únicamente a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, petición que inclusive puede formularse verbalmente en el momento de la audiencia, lo que implica que, aun en ese supuesto, resulta necesaria la solicitud respectiva y si ésta no se realiza, el juez federal no tiene por qué diferir tal audiencia; por consiguiente, si en el particular el ahora recurrente no asistió a la audiencia constitucional a solicitar el diferimiento de la misma, el juez de Distrito a quo no estaba en aptitud de acordarlo oficiosamente, por no estar autorizado para ello, pues era menester la petición de parte para tal efecto; y si como ya se indicó, las partes en el juicio constitucional no tienen obligación de estar presentes en la audiencia de mérito, esto no significa que no pese sobre ellos la carga procesal de estar presentes en la misma, sobre todo cuando aún no se les ha dado vista con los informes justificados, precisamente para que puedan ejercitar sus derechos, entre ellos, el de solicitar el diferimiento de tal audiencia por no haber sido rendidos los informes justificados de las autoridades responsables con la anticipación a que se refiere el primer párrafo del artículo 149 de la Ley de Amparo. En tales circunstancias, contrariamente a lo esgrimido por el inconforme debe decirse que el juez federal a quo, se ajustó a lo establecido en el precepto legal en cita, pues ante la ausencia de solicitud del quejoso para que se difiriera la audiencia constitucional, a fin de imponerse del contenido de los informes justificados rendidos extemporáneamente por el Juez Séptimo de lo Civil de esta capital y del Coordinador de la Policía Judicial del Estado de Puebla, correctamente el juez de Distrito celebró la misma.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado, al resolver los juicios de amparo en revisión números 58/88, 315/89, 11/90 y 217/93, que dice: " De conformidad con lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo reformado por Decreto que entró en vigor el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, si bien el juez federal se encuentra legalmente facultado para suspender o diferir la audiencia constitucional, cuando el informe justificado no lo rinde la autoridad responsable cuando menos ocho días antes de dicha audiencia, también lo es que tal facultad está supeditada a que la quejosa o el tercero perjudicado lo soliciten, por escrito o en forma verbal; por lo que si no se hizo tal solicitud, fue correcto que se llevara a cabo la audiencia referida, aun cuando la autoridad responsable no haya rendido su informe justificado con esa anticipación."
Finalmente, en relación con los restantes agravios, en los que el recurrente alega substancialmente que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación por lo que resulta violatorio del artículo 16 constitucional; debe indicarse que tales argumentaciones deben desestimarse por inoperantes, esto es así, porque dichos agravios, en realidad, reproducen el segundo de los conceptos de violación que se hicieron valer en la demanda de garantías, sin combatir además la estimación que sobre el particular sostuvo el juez constitucional al ocuparse del mismo, esto es, que tal concepto de violación era insuficiente porque no señala los razonamientos por los que el quejoso considera que el acto reclamado no estuvo adecuadamente fundado y motivado; de ahí que los agravios antes aludidos, no se estimen aptos para ser tomados en cuenta, por no reunir los requisitos que la técnica jurídica procesal señala para ser considerados como tales. Sirven de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencias números 28 y 96 sustentadas por este órgano colegiado, que respectivamente dicen: "AGRAVIOS EN LA REVISION INOPERANTES PORQUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE VIOLACION. Son inoperantes los agravios, para los efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace sino reproducir casi en términos textuales, los conceptos de violación expuestos en su demanda, que ya hayan sido examinados y declarados sin fundamento por el juez responsable; si no expone argumentación alguna para impugnar la legalidad de la sentencia de dicho juez, mediante la demostración de violaciones a la ley de fondo y forma, en que incurre tal sentencia, al no reunir los requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para el efecto, deben desecharse y en consecuencia, confirmarse en todas sus partes, el fallo que se hubiere recurrido."; y, "AGRAVIOS EN LA REVISION. Se entiende por agravio la lesión de un derecho cometida en una resolución judicial por haberse aplicado indebidamente la ley, o por haberse dejado de aplicar la que rige el caso; por consiguiente, al expresarse cada agravio, debe el recurrente precisar cuál es la parte de la sentencia que lo causa, citar el precepto legal violado y explicar el concepto por el cual fue infringido, no siendo apto para ser tomado en consideración, en consecuencia, el agravio que carezca de esos requisitos."
En las condiciones anotadas, lo procedente es confirmar la sentencia sujeta a revisión.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 86, 88, 89, 90, 91 de la Ley de Amparo, 43 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO. Se confirma la sentencia sujeta a revisión.
SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a JOSE RANULFO FERNANDEZ HERNANDEZ, contra los actos reclamados del Juez Séptimo de lo Civil de esta ciudad de Puebla y Coordinador de la Policía Judicial de esta entidad federativa, mismos que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos al juzgado de su origen y en su oportunidad archívese este toca.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los señores Magistrados que integran este Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados Clementina Ramírez Moguel Goyzueta, Gustavo Calvillo Rangel y María Eugenia Estela Martínez Cardiel, siendo ponente la tercera de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3109-9510fcbc/audiencia-constitucional-suspension-o-diferimiento-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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