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Modo: Corpus Pro

ORDEN DE APREHENSION, REQUISITOS QUE DEBE CONTENER LA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 266/94. · Registro digital (IUS): 2012
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JOSE DOMINGO HERNANDEZ PEREZ.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Agosto de 1994, , Pág. 447.

AMPARO EN REVISION 266/94. JOSE DOMINGO HERNANDEZ PEREZ.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Los agravios formulados por el quejoso son infundados.

En efecto, la sentencia recurrida ningún perjuicio causa al peticionario de garantías, toda vez que, el proceder del Juez Tercero de Distrito en cuanto negó al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, se encuentra ajustada a derecho, supuesto que, al analizar la orden de aprehensión reclamada, decretada por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Acapetahua, Chiapas, advirtió que dicho mandamiento aprehensorio dictado el veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y dos, satisface los extremos del artículo 16 constitucional, antes de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el tres de septiembre de mil novecientos noventa y tres, ya que el acto combatido debe estudiarse conforme al numeral en mención antes de su reforma; situaciones que se estiman correctas, toda vez que el acto impugnado fue emitido por una autoridad competente, sin que se haga necesario que se acredite el cuerpo del delito, en virtud de que el precepto constitucional sólo exige como requisito para librar una orden de captura, que exista denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley castiga con pena corporal, y que además se encuentre apoyada por declaración de persona digna de fe o por otros datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado, sin que pase desapercibido que el recurrente en sus conceptos de agravios admite que se encuentra acreditado el cuerpo del delito, lo cual para el estudio que nos ocupa resulta irrelevante que exista o no acreditada la corporeidad del ilícito, habida cuenta de lo considerado con antelación, en el sentido de que los hechos se analizan a la luz del artículo 16 de la Ley Fundamental antes de su reforma y que entró en vigor el cuatro de septiembre del año próximo pasado, de manera que lo argumentado por el disconforme deviene inconducente para revocar como lo pretende la sentencia recurrida, y que a criterio del recurrente no se da la probable responsabilidad porque el dicho de la ofendida, forma presunción sobre la responsabilidad, además lo declarado por la pasivo se encuentra en contradicción con lo determinado por el médico que practicó el reconocimiento ginecológico (sin que precise en que consiste la contradicción), pasando por alto las consideraciones que realizó el a quo federal en la sentencia, ya que en ésta se expresó que la resolución que motivó el acto reclamado se pronunció dentro de los límites discrecionales de apreciación de las constancias de la averiguación previa, que fue suficientemente motivada y fundada, además de advertirse la existencia de una denuncia de hechos de la ofendida Adriana Karina Hernández Rivas ante el órgano investigador, que a su juicio configuran un delito que se castiga con pena corporal, apoyada por declaración de persona considerada digna de fe, realizada ante el Ministerio Público por Eusebia Rivas Montes, y por otros datos que hace probable la responsabilidad en su comisión del indiciado, entre las que se encuentran el examen ginecológico practicado a la agraviada, por el doctor José Luis Ortega Hudsón, director del Centro de Salud en Escuintla, Chiapas, en el que se diagnosticó desfloración reciente, y el atestado de nacimiento de la menor ofendida, concluyendo que con dichas probanzas se desprende que el quejoso probablemente el día seis de octubre de mil novecientos noventa y dos, obligó por la fuerza a la menor Adriana Karina Hernández Rivas, a tener cópula con él; no obstante estas consideraciones que sustentan fundamentalmente el sentido de la sentencia impugnada, el recurrente no las controvierte, deviniendo por ello lo infundado de los agravios.

Consecuentemente en las condiciones apuntadas, y como en la especie no se advierte deficiencia de la queja que suplir, lo conducente es confirmar la sentencia sujeta a revisión.

Por lo expuesto, y fundado en los artículos 83, 85, 86, 90, 91 y demás aplicables de la Ley de Amparo, 43, 44, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se CONFIRMA la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a JOSE DOMINGO HERNANDEZ PEREZ, contra actos que reclama del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Acapetahua, Chiapas, y comandante de la Policía Judicial destacamentada en la población de Acapetahua, Chiapas, los cuales fueron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de este fallo, remítanse los autos al juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los CC. Magistrados que integran el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, licenciados: presidente por ministerio de ley, Mariano Hernández Torres, Francisco A. Velasco Santiago, ponente, y el licenciado Horacio Felipe López Camacho, secretario de Acuerdos de este tribunal, quien suplió al Magistrado Angel Suárez Torres, en términos del artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y firma ante el secretario de tribunal que da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2012-3820c52b/orden-de-aprehension-requisitos-que-debe-contener-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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