Corpus
Modo: Corpus Pro

PRUEBAS. OBLIGACION DEL JUEZ DE DISTRITO DE RECABARLAS OFICIOSAMENTE TODAS LAS QUE OBRAN EN EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN Y QUE SEAN NECESARIAS PARA RESOLVER LA LITIS CONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 272/94. · Registro digital (IUS): 2278
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: FERNANDO DIAZ GONZALEZ SANTIBAÑEZ.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Diciembre de 1994, , Pág. 264.

AMPARO EN REVISION 272/94. FERNANDO DIAZ GONZALEZ SANTIBAÑEZ.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-El agravio expuesto por el recurrente, este tribunal lo considera fundado y suficiente para revocar el fallo sujeto a revisión, por existir en el caso a estudio una clara violación procesal, la que lo ha dejado sin defensa y que ha influido en el resultado de la sentencia recurrida, ello en términos de lo dispuesto por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo.

El artículo en cita en la fracción de referencia, dispone textualmente: "El Tribunal en Pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en revisión, observarán las siguientes reglas: ... IV. Si en la revisión de una sentencia definitiva, en los casos de la fracción IV del artículo 83, encontraren que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, o que el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia, incurrió en alguna omisión que hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que debe dictarse en definitiva, revocarán la recurrida y mandarán reponer el procedimiento, así como cuando aparezca también que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley.".

Precepto que señala la facultad de este cuerpo colegiado, para revocar la resolución sujeta a revisión, habida cuenta de que en la especie se infringieron las normas que regulan el procedimiento, lo que influyó en forma determinante en el sentido del fallo impugnado y ello dejó sin defensa al recurrente.

En este expediente formado con motivo del recurso de revisión que hiciera valer Fernando Díaz González Santibáñez, corren agregados los autos originales del juicio de amparo 781/94-1, tramitado por el Juez de Distrito en el Estado de Aguascalientes, los que remitiera éste para la sustanciación del medio de defensa antes indicado.

Previo al estudio del agravio expuesto por el recurrente, para una mejor comprensión del asunto se destacarán en forma significativa diversas actuaciones realizadas en el devenir del juicio bi-instancial, las que son a saber:

Fernando Díaz González Santibáñez por su propio derecho promovió juicio constitucional, mediante escrito que presentó el veintinueve de julio de mil novecientos noventa y cuatro, en la oficialía de partes del Juzgado de Distrito en el Estado de Aguascalientes, libelo en el cual señaló en el capítulo de acto reclamado, la resolución pronunciada el trece de julio del año en cita, en el toca penal 117/94 formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de lo Tercero de lo Penal, dentro del expediente 799/93; como autoridades responsables señaló a la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Aguascalientes y al Juez Tercero de lo Penal en el Estado en cita.

Por proveído dictado el veintinueve de julio siguiente, el Juez de Distrito en el Estado de Aguascalientes admitió a trámite la demanda que fuera formulada por Fernando Díaz González Santibáñez y entre otras cosas pidió a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación; a quienes se les remitió los oficios 11328 y 11329, con el pedimento respectivo.

Por oficio 1454 el Juez Tercero de lo Penal en el Estado de Aguascalientes, rindió su informe respectivo en el que señaló que era cierto el acto que le fue imputado en el juicio constitucional y remitió diversas constancias realizadas en la causa penal de origen; por su parte el presidente de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Aguascalientes, al rendir su informe respectivo mediante oficio 2676, señaló que era cierto el acto que de él se reclamaba, haciendo del conocimiento al Juez Federal que el expediente en el cual fue pronunciado el acto reclamado lo era el toca 417/94, mismo que le había sido remitido por motivo del diverso juicio constitucional tramitado con el número 752/94-II.

Seguido que fue el procedimiento en el que se verificó la audiencia constitucional el dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, en la cual se dictó sentencia definitiva, el Juez Federal de la causa negó el amparo y protección de la Justicia Federal a Fernando Díaz González Santibáñez, considerando específicamente que la carga de la prueba de conformidad con el artículo 149 de la Ley de Amparo, corría a cargo del quejoso, quien al no probar la inconstitucionalidad del acto reclamado, conllevó a que la potestad federal no estuviese en condiciones de decidir sobre la constitucionalidad e inconstitucionalidad del acto impugnado, en virtud de la ausencia total de la resolución motivo del problema.

Al inicio de este considerando se ha afirmado que el agravio expuesto por el recurrente resulta sustancialmente fundado, dado que en el caso a estudio existió una violación procesal que influyó al resultado de fallo combatido a través del recurso de revisión que nos ocupa y dejó sin defensa al recurrente, tal aseveración encuentra apoyo en las razones que serán expuestas a continuación.

En esencia en el motivo de queja que se estudia, señala el recurrente que en términos del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez Federal de la causa estaba obligado a recabar de oficio la constancia a través de la cual se acreditaba la existencia del acto reclamado en el juicio constitucional, lo que resulta ser correcto, atento a lo siguiente:

El artículo 78 de la Ley de Amparo reformado el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, que entró en vigor el primero de febrero último, en la parte que nos interesa, literalmente dispone: "El Juez de amparo deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto.".

Transcripción de la cual se desprende que a partir de las reformas efectuadas a la Ley de Amparo y específicamente al artículo en cita, publicadas en Diario Oficial el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, y que entraron en vigor el primero de febrero último, para quedar en la forma que ha sido señalada, el ordenamiento en cita contiene un imperativo para el Juez de Distrito, el que se traduce a la obligación que tiene de recabar oficiosamente, todos aquellos medios de convicción que obren en los autos de donde emana el acto reclamado, los que sean necesarios para resolver la litis constitucional puesta a su consideración.

En otras palabras, lo que hasta antes de la reforma invocada se contemplaba como una facultad discrecional del Juez Federal y que no podía ni debía considerarse como un derecho procesal de las partes, en atención a que el texto decía en el párrafo que nos interesa: "El Juez de amparo podrá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto."; ahora con la reforma que se comenta, existe tal derecho procesal, habida cuenta del cambio que hubo de la palabra "podrá" para quedar en "deberá".

Luego entonces, si de las constancias que se han resaltado al inicio de este considerando se advierte que la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Aguascalientes, quien fue señalada como autoridad ordenadora responsable, al rendir su informe con justificación mediante oficio número 2666, indicó que no le era posible remitir el toca donde obra el acto reclamado, en atención a que ya había sido enviado al Juez de Distrito en el Estado de Aguascalientes por virtud del diverso amparo tramitado con el número 752/94-II; resulta incuestionable que el Juez Federal de la causa, estaba obligado a recabar de oficio las constancias que integran el toca penal 417/94, habida cuenta de que las mismas resultan ser indispensables para resolver la controversia constitucional, puesto que es precisamente en torno a la resolución que dictara la Sala señalada como responsable en el toca de mérito sobre la que tendrá que versar su estudio.

Lo anterior es así, atento a que siendo el acto reclamado la resolución con que concluyera el toca de referencia y el acto que el quejoso cuestiona su constitucionalidad, es incuestionable que para que el Juez Federal se encuentre en aptitud de decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, necesariamente lo debe que tener a la vista; por consecuencia, si en términos del artículo 78 de la Ley de Amparo, reformado, es obligación del Juez Federal, allegarse de oficio de todos los medios de convicción necesarios para pronunciar el fallo respectivo, es obvio que tenía que recabar las constancias que integran el toca 417/94.

Independientemente de lo anterior, no puede pasar inadvertido para este Tribunal Colegiado, que el Juez Federal de la causa, se encontraba en aptitud de recabar las constancias de mérito y gozaba de todos los medios a su alcance de hacerlo, ya que el toca aludido había sido remitido por la autoridad responsable al juzgador de amparo por virtud de una diversa causa constitucional sometida a su consideración, por lo cual lo mínimo que debió realizar al amparo del artículo 78 de la ley de la materia vigente, era ordenar tener a la vista ese juicio bi-instancial aludido, en el momento de dictar sentencia definitiva en el expediente a que se contrae este recurso de revisión.

A mayor abundamiento, el artículo 76 bis, vigente, contempla la obligatoriedad para todo juzgador federal de suplir la deficiencia de la queja, en cualquier materia, señalando en cada caso en concreto cuándo prospera, sin embargo por cuanto hace a la materia penal, en su fracción II, es categórico y señala que la suplencia operará aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios.

Consecuentemente, este Tribunal Colegiado fundadamente establece que si bien es cierto que en términos del artículo 76 bis fracción II, invocado, el Juez Federal está obligado a suplir la deficiencia de la queja aun en ausencia de conceptos de violación o agravios tratándose en materia penal, no menos verdadero resulta que para que se dé lo anterior, se deberá tener a la vista las constancias necesarias para demostrar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado.

En este orden de ideas, se puede concluir que en materia penal, la razón de existir del artículo 78 de la Ley de Amparo, encuentra su antecedente precisamente en el contenido del artículo 76, bis, del propio ordenamiento invocado.

Así pues, como corolario se puede afirmar, que para que el Juez Federal esté en aptitud de suplir las deficiencias de las quejas en términos del artículo 76 bis, de la Ley de Amparo, necesariamente en cumplimiento a lo estipulado en el diverso numeral 78 del ordenamiento invocado, deberá recabar oficiosamente todos aquellos medios de convicción que estime necesarios para fallar el asunto.

Sin embargo, es el caso que, el Juez de Distrito de la causa, negó la protección de la Unión al quejoso, considerando que a éste le competía demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado.

Consideración que se estima es equívoca, habida cuenta que en términos de los preceptos que han sido comentados en párrafos que anteceden, compete al Juez Federal de la causa la obligación de recabar todos aquellos elementos de convicción que sean necesarios para resolver el fondo de la controversia constitucional puesta a su consideración; situación que resulta de la interpretación armónica que debe hacerse del contenido de los artículos 76 bis y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que el Juez Federal no podrá estar en aptitud de suplir la deficiencia de la queja ordenada en el primer precepto señalado, si no cuenta con las constancias que demuestren plenamente la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado.

Ello es así, no obstante de que si bien es cierto el acto reclamado no resulta ser violatorio de garantías en sí mismo, ya que su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende de las pruebas que tomó en cuenta la autoridad responsable ordenadora para emitirlo, no menos verdad es que, precisamente para decidir la litis constitucional, resultaba indispensable que el Juez de Distrito tuviera a la vista el acto reclamado y pruebas aportadas en el procedimiento natural, para que estuviera en aptitud de analizar las consideraciones que en aquél fueron expuestas.

En este orden de ideas, al no haber actuado el Juez Federal conforme a los lineamientos antes expuestos y lejos de esto, lo que sí hizo fue negar el amparo al quejoso por no haber aportado al juicio de garantías las constancias que demostraran la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, es innegable que ello implica una violación a las normas esenciales del procedimiento, pues se contraría lo dispuesto por los artículos 76 bis y 78 de la Ley de Amparo, lo que obliga a revocar el fallo que se revisa y ordenar la reposición del procedimiento del juicio de amparo, para el efecto de que el Juez de Distrito en el Estado de Aguascalientes, recabe de oficio las pruebas que sean necesarias e indispensables para resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, y hecho que sea lo anterior, dicte sentencia conforme a derecho, ello con fundamento en lo dispuesto por el artículo 91, fracción IV de la Ley de Amparo.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 constitucionales y 76 a 79 de la Ley de Amparo se resuelve:

PRIMERO.-Se revoca el fallo sujeto a revisión.

SEGUNDO.-Se ordena reponer el procedimiento para los efectos indicados en el considerando quinto de esta resolución.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución vuelvan los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se realicen en el libro de gobierno.

Así lo resolvió el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados María del Carmen Arroyo Moreno, Herminio Huerta Díaz y Gilberto Pérez Herrera, siendo ponente la primera de los nombrados quienes firman con la secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2278-a6e7f33b/pruebas-obligacion-del-juez-de-distrito-de-recabarlas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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