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Modo: Corpus Pro

MEDIDAS DE APREMIO. LOS JUECES NO ESTAN OBLIGADOS A SEGUIR UN ORDEN PARA APLICARLAS (LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 21/94. · Registro digital (IUS): 2065
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: GUILLERMO SALDIVAR FERNANDEZ.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Agosto de 1994, , Pág. 438.

AMPARO EN REVISION 21/94. GUILLERMO SALDIVAR FERNANDEZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-Son infundados los agravios anteriores.

En el primero de ellos, se alega una violación al procedimiento de amparo consistente en la falta de emplazamiento al tercero perjudicado, lo cual en concepto del recurrente, infringe los artículos 147 de la ley de la materia, 14 y 16 constitucionales en su perjuicio.

Este argumento es infundado, pues en primer lugar conviene precisar que por la propia naturaleza de las sentencias de amparo, no es susceptible jurídicamente que infrinjan garantías individuales en perjuicio del quejoso, pues es éste quien acude ante el órgano de control constitucional a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, por supuestas violaciones a esas garantías y, en todo caso, dichas sentencias podrán infringir las disposiciones de la ley reglamentaria o bien, las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Es aplicable sobre esta cuestión la jurisprudencia 17 de este Tribunal Colegiado, que dice: "JUECES DE DISTRITO. NO VIOLAN GARANTIAS CON SUS FALLOS.-El Juez de Distrito es un órgano que tiene a su cargo el control constitucional y jurídicamente no puede conculcar garantías individuales; en todo caso los preceptos que dejara de observar al emitir su fallo, serían los relativos a la Ley de Amparo, ordenamiento legal al cual debe sujetar su actuación.".

En segundo lugar, el hecho de que la audiencia constitucional se haya celebrado sin que el tercero perjudicado hubiese sido emplazado, no causa agravio alguno al quejoso ya que tal irregularidad únicamente podría perjudicar a dicho tercero, quien debido a ella, no estuvo en posibilidad de defender sus derechos dentro del juicio de amparo.

A mayor abundamiento, es cierto que cuando el tercero perjudicado no ha sido emplazado a juicio, debe ordenarse la reposición del procedimiento para subsanar esa irregularidad, pero también lo es que no cabe decidir en esos términos cuando como en la especie, se advierta que la sentencia lo beneficiará, de manera que de ordenarse tal reposición se le causarían perjuicios al tercero al menos en cuanto al tiempo en que se resuelva en definitiva. Es aplicable sobre este punto la jurisprudencia 193 de este Tribunal Colegiado, que dice: "TERCERO PERJUDICADO FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA.-Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercero perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio, debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada.".

Como segundo agravio el recurrente afirma que el Juez de Distrito a quo no señaló los fundamentos en que se apoyó para establecer que en el juicio de origen se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento, lo que según dice le dejó en estado de indefensión.

Lo anterior más que un razonamiento contiene una simple aseveración, misma que resulta infundada porque la determinación del Juez Federal, no tiene fundamento en una disposición legal, sino en el análisis que realizó de las constancias que fueron remitidas por el Juez responsable, lo cual se deduce por el hecho de que después de relatar los antecedentes del asunto, es decir los diversos proveídos referentes a la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento, así como distintos requerimientos y apercibimientos de multa y arresto, fue que llegó a tal conclusión, por lo que se estima que con aquella determinación no se causa ningún agravio al recurrente.

En el tercer agravio, se alega que el Juez de Distrito a quo tampoco expresó ningún fundamento para concluir que el arresto no se había impuesto por una deuda de carácter civil, sino por incumplimiento a una determinación judicial; que la opinión de dicho Juez concuerda con la del Juez responsable, en cuanto que las medidas de apremio establecidas en el artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, pueden aplicarse en cualquier momento, pero no se establece el fundamento que apoye esta consideración máxime que no está probado el adeudo ni existe sentencia ejecutoriada que lo condene a satisfacer las prestaciones reclamadas; y concluye que el artículo de referencia es violatorio del artículo 17 constitucional, porque se ha tomado como fundamento para pretender privarlo de su libertad personal por una deuda de carácter civil.

Estos argumentos son infundados, porque si bien es cierto que el Juez Federal no expresó ningún fundamento para apoyar esas consideraciones, es decir ninguna disposición legal, jurisprudencia o doctrina que apoyara su criterio, sin embargo este Tribunal Colegiado comparte lo expresado por el Juez de Distrito a quo, en virtud de que ya existe criterio del más Alto Tribunal de la Nación, que ha adoptado en la jurisprudencia 232, en el sentido de que la imposición de medidas de apremio no viola el artículo 17 constitucional, puesto que en esos casos como el de la especie se decretan para hacer cumplir una determinación judicial, esto es, no se imponen por deudas de carácter civil , sino para vencer la contumacia del demandado; dicha jurisprudencia de este tribunal, es del tenor siguiente; "ARRESTO. MEDIDA DE APREMIO. NO ES VIOLATORIA DEL ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL.-No es exacto que arrestos decretados como medida de apremio por los jueces de lo civil, para hacer cumplir sus determinaciones, sean violatorios del artículo 17 constitucional, pues no se imponen por deudas de carácter civil, sino para vencer la contumacia de los obligados a cumplir una determinación judicial.".

Cabe señalar que el citado artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, no obliga al Juez de origen, a seguir un orden en la aplicación de dichas medidas, ni un momento específico del procedimiento para imponerlas, sino que en realidad se trata de una facultad discrecional del juzgador para aplicarlas en la forma que estime pertinente de acuerdo con la importancia o naturaleza de la desobediencia. Es aplicable sobre este punto la tesis que este Tribunal Colegiado ha sustentado al resolver los amparos en revisión números 237/990, 314/991, 519/992 y 332/993, que dice: "MEDIDAS DE APREMIO. LOS JUECES NO ESTAN OBLIGADOS A SEGUIR UN ORDEN PARA APLICARLAS (LEGISLACION DE PUEBLA).-El artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla no obliga al Juez a seguir un orden en la aplicación de las medidas de apremio, en virtud de que su imposición es una facultad discrecional del funcionario para aplicarlas en la forma en que estime pertinente de acuerdo a la importancia del caso, de ahí que, aun cuando existiera una circular del Tribunal Superior de Justicia que ordenara seguir un orden en su aplicación, dado que las circulares sólo constituyen meros actos administrativos, tendientes a cumplir la ley, no tienen el carácter de disposiciones legales y por ello carecen de fuerza legal para derogar los derechos establecidos por las leyes, de ahí que aun cuando existiera la circular que se menciona el hecho de que la autoridad responsable no lo haya acatado no implica violación de garantías.".

Finalmente, lo alegado por el recurrente respecto de que se le conceda el amparo a fin de que se remita al Congreso del Estado, una iniciativa de ley para derogar el artículo 79 del código procesal civil o bien para reglamentar su aplicación, resulta inatendible porque tal cuestión no fue invocada en vía de conceptos de violación, es decir, no forman parte de la litis constitucional en razón de que se introduce hasta ahora en revisión; por otra parte, tampoco fueron señaladas como responsables las autoridades que intervinieron en su aprobación y promulgación, por lo que, no debe hacerse ningún análisis sobre tal petición; máxime que de acuerdo con el artículo 80 de la ley reglamentaria, las sentencias que concedan el amparo, tendrán por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada y de ninguna manera el de formular o enviar iniciativas de ley.

En las condiciones anteriores procede confirmar el fallo que se revisa.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83 fracción IV y 85 fracción II de la Ley de Amparo, 43 y 44 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la sentencia sujeta a revisión.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Guillermo Saldívar Fernández, contra los actos que reclama del Juez Décimo Segundo de lo Civil de esta ciudad, procurador general de justicia y coordinador de la Policía Judicial, ambos del Estado de Puebla, los cuales quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese, con testimonio de la presente ejecutoria, devuélvase el expediente de amparo al Juez a quo y en su oportunidad archívese el toca.

Así por unanimidad de votos, lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados Gustavo Calvillo Rangel, José Galván Rojas y Clementina Ramírez Moguel Goyzueta, siendo ponente el primero de los nombrados, quienes firman con el secretario de Acuerdo que da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2065-f52c251c/medidas-de-apremio-los-jueces-no-estan-obligados · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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