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Modo: Corpus Pro

APERCIBIMIENTO, FACULTAD DE INCREMENTAR LAS MEDIDAS EN CASO DE REINCIDENCIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 21/94. · Registro digital (IUS): 2178
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MARCELO GARZA LAGUERA.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Octubre de 1994, , Pág. 125.

AMPARO EN REVISION 21/94. MARCELO GARZA LAGUERA.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-El primero, tercero, cuarto y quinto agravios que hace valer el recurrente Marcelo Garza Laguera, mismos que se analizarán de manera conjunta dado la estrecha relación que entre los mismos existen, resultan infundados, atento a las razones que a continuación se exponen.

En efecto, no le asiste la razón al inconforme, al afirmar que el Juez de amparo transgredió en su perjuicio el contenido de los artículos 73, 77, 145, 192 y 193 de la Ley de Amparo, 222, 349 y 351 del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como los artículos 8o., 14 y 16 constitucionales, al no considerar el acto reclamado como de imposible reparación, sin tomar en cuenta que la sujeción a la improcedente vía mercantil le provoca por sí sola privaciones y/o molestias irreparables, ya que la sentencia que al final se dicte no podrá resarcirle lo anterior, ni aun cuando se decrete la reposición del procedimiento, pues ya se le ha obligado a defenderse ante un Juez ajeno y extraño a su domicilio, sin considerar que en el caso a estudio no es operante el amparo directo, concluyendo que de lo expuesto se demuestra que el amparo indirecto es el único medio operante para reclamar violaciones que no desaparecen ni aun con la obtención de sentencia favorable.

Citando las jurisprudencias cuyos rubros se leen: "COMPETENCIA POR DECLINATORIA, AMPARO PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCION DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DECLARE IMPROCEDENTE LA EXCEPCION DE FALTA DE.", "COMPETENCIA, CUESTION DE, POR DECLINATORIA, CUANDO ES RECLAMABLE EL AMPARO DIRECTO COMO VIOLACION A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO.", "INCOMPETENCIA, EXCEPCION DE CASOS EN LOS QUE SU DESESTIMACION DEBE CONOCERSE EN AMPARO INDIRECTO.", "COMPETENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCION QUE DECLARA INFUNDADA LA EXCEPCION DE FALTA DE.", "COMPETENCIA. AMPARO BIINSTANCIAL PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCION DECIDE UNA CUESTION DE.", "COMPETENCIA, PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCION QUE DECLARA INFUNDADA LA EXCEPCION DE FALTA DE.", "COMPETENCIA, FUNDAMENTACION DE LA NECESIDAD DE HACERLA EN EL TEXTO MISMO DEL ACTO DE MOLESTIA.", "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO, QUE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA.", "VIA, LA ELECCION DE LA, NO QUEDA AL ARBITRIO DE UNA SOLA DE LAS PARTES.", "VIA, CASO QUE NO PROCEDE EL ESTUDIO DE LA ESCOGIDA.", "ARRENDAMIENTO, RESCISION DEL CONTRATO DE, PROMOVIDO EN LA VIA ORDINARIA. SU PROCEDENCIA." y "APELACION. PROCEDENCIA.", como apoyo a sus argumentos.

Carecen de sustento legal los diversos motivos de queja que hace valer el hoy recurrente, dado que como acertadamente lo estimó el a quo, el juicio de garantías intentado resulta improcedente de conformidad a lo establecido en la fracción XVIII, del artículo 73, en relación con el diverso numeral 114, fracción IV, aplicado a contrario sensu de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado se hizo consistir en la resolución de fecha catorce de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, emitida por el Magistrado del Tribunal Unitario del Décimo Sexto Circuito de Guanajuato, Guanajuato, toca civil de apelación 535/93, formado con motivo del recurso que hizo valer el hoy inconforme, contra la interlocutoria de fecha primero de septiembre de mil novecientos noventa y tres, emitida por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, Guanajuato en el incidente de incompetencia, derivado del juicio ordinario mercantil número 1-2/93, resolución que confirmó dicha interlocutoria por la cual se declaró improcedente el incidente de incompetencia planteado por el hoy recurrente.

De lo antes expuesto, se desprende que el acto que reclamó el quejoso, en la especie, es una interlocutoria, que no constituye un fallo definitivo por parte del Magistrado del Tribunal Unitario del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, que sea de ejecución irreparable en perjuicio del quejoso, que le afecte en alguna de las garantías individuales, que consagra la Constitución Federal de la República, que no puedan ser reparadas en la sentencia definitiva, porque tal acto sólo produce efectos intraprocesales, los cuales deben reclamarse en el amparo directo, que en su caso se interponga contra la sentencia definitiva que se llegare a dictar siempre y cuando le fuere desfavorable al recurrente.

A mayor abundamiento, debe precisarse que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación únicamente cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos subjetivos sustantivos del ciudadano, como lo son la vida, la integridad corporal, la libertad, la propiedad, entre otros, de tal modo que esa violación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio de origen, por haberse consumado de manera irreparable la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate; esto es, en caso de que se violaran con el acto reclamado derechos como los antes mencionados, sí procedería el amparo indirecto y no habría necesidad de esperar a que se dictara sentencia definitiva en el juicio de origen, ya que las consecuencias de la violación desaparecerían en tal hipótesis, aunque los afectados obtuvieran sentencia favorable a sus intereses.

Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales y su razón de ser encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo; de ahí lo inaplicable de las jurisprudencias citadas por el inconforme como apoyo a sus argumentos.

Lo que trae como consecuencia la improcedencia del juicio de garantías de donde deriva este toca, dado que en la especie se surten las hipótesis normativas establecidas en los artículos 73, fracción XVIII en relación con el diverso numeral 114, fracción IV interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por no ser el acto reclamado en el juicio de amparo de antecedentes de los que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, lo que tiene como consecuencia que se actualice la improcedencia del juicio de garantías intentado, de conformidad a los artículos y ordenamiento legal en comento.

Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia número 166, visible en las páginas 297 y 298, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, Compilación 1917-1988, que literalmente establece: "AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE EN CONTRA DE RESOLUCION DICTADA EN APELACION. CUANDO ESTIMA FUNDADA LA EXCEPCION DE COMPETENCIA POR DECLINATORIA EN FAVOR DE UN JUEZ DE DISTRITO.-Del análisis relacionado de los artículos 106 y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución, 114, fracción IV de la Ley de Amparo y 32, 33, 35 y 36 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se infiere que si bien es cierto que una resolución de esa naturaleza debe considerarse como un acto dentro del juicio que, conforme al artículo 114, fracción IV citado, puede ser reclamado en amparo indirecto, ello sólo acontece, en los términos del propio precepto, cuando es de imposible reparación lo que ocurre cuando la resolución de segunda instancia estima fundada la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por el demandado y ordena remitir los autos a otra Juez común sujeto a la misma jurisdicción, pues en esta hipótesis, la decisión del Tribunal Superior tendrá que ser acatada por ambos Jueces. Sin embargo, ello no sucede cuando se declina la competencia a favor de un Juez común de otra jurisdicción o de un Juez de Distrito, pues al no obligarlos la resolución del Tribunal Superior ésta no causa perjuicio irreparable, ya que, tendrán que ser ellos los que acepten o rechacen la competencia. Por consiguiente, en este caso, no procede el amparo indirecto contra la determinación del Tribunal Superior. Por otra parte, si el Juez de Distrito o el Juez común, de otra jurisdicción a la del Tribunal Superior que dictó la resolución que estimó fundada la excepción de competencia por declinatoria, aceptan la misma será resolución, o la del recurso que la confirme, en caso de que proceda, la que cause perjuicio irreparable, pudiéndose combatir en amparo directo. Si, por el contrario, el Juez común o el Juez de Distrito no aceptan la competencia, así lo comunicarán al Juez requiriente y, como éste se encuentra obligado por la resolución dictada en apelación, tendrá que remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva en definitiva el conflicto competencial. Si su decisión es en el sentido de la resolución del Tribunal Superior de Justicia, contra ella no procederá el amparo de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 73, fracción I de la Ley de Amparo, pero ello resulta irrelevante puesto que el motivo de esta disposición radica en que la controversia es resuelta por el Máximo Tribunal ante el que pueden llegar los conflictos, independientemente de la vía que se haya ejercido.".

Por otra parte, debe precisársele al recurrente, que los Jueces de Distrito cuando actúan como órganos de control constitucional, como acontece en el presente caso, jurídicamente no pueden incurrir en violación de garantías individuales, precisamente por ser tuteladores de las mismas a través de su actividad jurisdiccional, sino en todo caso pueden infringir disposiciones de la Ley de Amparo por su inexacta o indebida aplicación, a la que están sujetos en su función tuteladora; de ahí que el agravio que sobre el particular se hace valer, resulte infundado.

Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis de jurisprudencia número 7, consultable en la página 443 del Informe de Labores que a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rindió su presidente, al finalizar el año de 1989, Tercera Parte, que comparte y hace suya este Tribunal Colegiado, que a la letra dice: "JUEZ DE DISTRITO, NO VIOLA GARANTIAS INDIVIDUALES EN RELACION A LOS JUICIOS DE AMPARO.-Los Jueces de Distrito en los juicios de garantías sólo pueden infringir disposiciones de la Ley de Amparo, que reglamenten su función tutelar de las garantías individuales, pues en tales juicios actúan como órganos de control constitucional respecto de las transgresiones de las autoridades en el ejercicio de sus funciones públicas, no pudiendo por esto, violar garantías, al ser precisamente lo que dilucida a través de su actividad jurisdiccional, para en el caso de existir, proveer a la restitución de su goce.".

Contrariamente a lo afirmado por el recurrente, el Juez de amparo sí fundó y motivó la resolución que por esta vía se revisa, entendiéndose por lo primero que expresó con precisión los preceptos legales aplicables al caso, dando cumplimiento el a quo a este requisito al haber señalado que eran aplicables al caso a estudio los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción IV, aplicado a contrario sensu de la Ley de Amparo; por lo segundo, que también deben señalarse con precisión las circunstancias o razones particulares que se haya tenido en consideración para la emisión del acto reclamado, dando cumplimiento el Juez Federal a dicho requisito, al haber establecido que el acto reclamado por el quejoso no es un acto de imposible reparación, que trascienda sus defensas y con ello, se le esté causando un gravamen que afecte sus derechos sustantivos, lo que no ocurre en la especie dado que tratándose de las resoluciones que se pronuncien respecto a la excepción de improcedencia, tan sólo produce efectos intraprocesales, en consecuencia, el juicio de amparo indirecto es improcedente.

Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia número 902, visible en las páginas 1481 y 1482, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, Compilación 1917-1988 que literalmente dice: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.-De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicado al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuran las hipótesis normativas.".

El segundo agravio que endereza el inconforme, resulta infundado, de conformidad a las siguientes consideraciones.

En efecto, el recurrente realiza una serie de consideraciones y manifestaciones respecto a la importancia que reviste la improcedencia del juicio de amparo, mencionando que el motivo de improcedencia por el cual se desecha la demanda de garantías debe ser claro y manifiesto y no inferirse por parte del juzgador, para concluir que a su juicio, el a quo indebidamente estimó que la demanda de garantías de que se trata resulta improcedente; citado las jurisprudencias cuyos rubros se leen: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL DE, TIENE QUE SER PATENTE CLARA O EVIDENTE.", "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO.", "IMPROCEDENCIA NOTORIA, QUE DEBE ENTENDERSE POR." y "AMPARO, OPORTUNIDAD DEL.".

Esto es así, dado que contrariamente a lo afirmado por el recurrente, el a quo estableció el motivo de improcedencia por el cual se desechaba la demanda de garantías de donde deriva este toca, de manera clara y manifiesta, y no infiriendo la causal de improcedencia, ya que al efecto estableció que de conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, se procedería en primer término a analizar la procedencia del juicio de garantías de donde deriva este toca concluyendo que dicha demanda resultaba improcedente de conformidad a lo establecido en la fracción XVIII, del artículo 73, en relación con el diverso numeral 114, fracción IV, aplicado a contrario sensu, del ordenamiento legal en comento, por tan sólo producir el acto reclamado efectos intraprocesales, los cuales debe reclamarse en el amparo directo, que en su caso se interponga contra la sentencia definitiva que se llegare a dictar siempre y cuando le fuere desfavorable al recurrente, tal y como acontece en el caso a estudio, lo que resulta ajustado a derecho en virtud de que como se ha dejado previamente establecido en párrafos que anteceden, el acto que reclamó el quejoso, en la especie, es una interlocutoria, en la que se confirmó, la diversa dictada por el Juez natural, por la que se declaró improcedente el incidente de incompetencia planteada por el aludido quejoso, es decir, que no se pronunció un fallo definitivo por parte del Magistrado del Tribunal Unitario del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Guanajuato y dicha determinación no constituye un acto de ejecución irreparable en perjuicio del quejoso, que le afecte en alguna de las garantías individuales, que consagra la Constitución Federal de la República, que no puedan ser reparadas en la sentencia definitiva, porque tal acto sólo produce efectos intraprocesales, los cuales deben reclamarse en el amparo directo, que en su caso se interponga contra la sentencia definitiva que se llegare a dictar siempre y cuando le fuere desfavorable al quejoso hoy inconforme, lo que permite establecer que el Juez de amparo actúa en estricto apego a derecho al determinar desechar la demanda de garantías de donde deriva este toca.

El sexto motivo de inconformidad que vierte el recurrente, resulta inoperante, de conformidad a las razones que a continuación se exponen.

Esto es así, en virtud de que el inconforme se limita a realizar una serie de señalamientos subjetivos respecto de la actuación de el Juez de amparo, sin embargo, omite controvertir mediante razonamientos lógico-jurídico las consideraciones y razones establecidos por la a quo para desechar la demanda de garantías de mérito, lo que trae como consecuencia que el motivo de inconformidad a estudio no resulte apto para modificar el fallo combatido, dado que los agravios en la revisión deben estar en relación directa e inmediata con los fundamentos contenidos en la sentencia que se recurre, y forzosamente deben contener, no sólo la cita de las disposiciones legales que se estimen infringidas y su concepto, sino también la concordancia entre aquéllas, éste y las consideraciones de fundamento en esa propia sentencia, pues de adoptar lo contrario, resultaría la introducción de nuevas cuestiones en la revisión, que no constituye su materia, toda vez que ésta se limita al estudio integral del fallo de que se combate, con vista de los motivos de inconformidad que plantea el recurrente, coligiéndose la inoperancia del agravio a estudio.

Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia número 105, visible en las páginas 176 y 177, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes 1917-1988, que literalmente establece: "AGRAVIOS EN LA REVISION. DEBEN ESTAR EN RELACION DIRECTA CON LOS FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA.-Los agravios deben estar en relación directa e inmediata con los fundamentos contenidos en la sentencia que se recurre, y forzosamente deben contener, no sólo la cita de las disposiciones legales que se estimen infringidas y su concepto, sino también la concordancia entre aquéllas, éste y las consideraciones que fundamenten esa propia sentencia, pues de aceptar lo contrario, resultaría la introducción de nuevas cuestiones en la revisión, que no constituye su materia, toda vez que ésta se limita al estudio integral del fallo que se combate, con vista de los motivos de inconformidad que plantean los recurrentes.".

Por otra parte, no pasa desapercibido para este órgano colegiado que Marcelo Garza Laguera recurrente, en su libelo de agravios plasma una actitud de denostación hacia el Juez de amparo en el ejercicio de su acción jurisdiccional ya que lo que el inconforme manifiesta: "f). La administración de justicia no es un sarcasmo y el Juez de amparo en lugar de poder utilizar un criterio cruel y rigorista, sólo debe utilizar un criterio riguroso que contribuya a hacer del amparo un instrumento de eficaz salvaguarda del gobernado ...", "... por lo que el juzgador federal ha de ser propiciativo de tal remedio y no enemigo de éste...", "c) No obstante que aun cuando la admisión y tramitación de la demanda de amparo no es ningún acto trascendental y grave y el que dicha admisión y tramitación no erroga perjuicio alguno al tercero perjudicado quien preservaría su derecho de contradicción y a pesar de ello lógicamente induce a la decisión contraria, radicalizando su decisión la H. Juez Federal optó por la sola excepcional y muy grave decisión de desechar mi amparo, lo que de suyo es agraviante y violatorio por inmotivación.", de donde se sigue que al guardar acreditado la denostación por parte del quejoso hoy recurrente, respecto de la actividad jurisdiccional de la a quo, cabe aplicarle un apercibimiento, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 54 y 55 fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por conducto de la Juez de Distrito, a efecto de que en lo subsecuente, se abstenga de incurrir en manifestaciones similares, que en la práctica jurídica a nada conducen, en el entendido que en el caso de reincidencia, se procederá en su contra, en términos de la fracción II, del artículo 55 invocado, medida que se incrementará de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59, del mismo ordenamiento legal.

Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis de jurisprudencia sustentada por este órgano colegiado en sesión de fecha trece de mayo de mil novecientos noventa y tres, que a la letra establece: "-Por la denostación que los quejosos y/o los abogados autorizados, demuestran, hacia las autoridades encargadas de ejercer la función jurisdiccional, cabe aplicarles un apercibimiento, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 54 y 55, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por conducto del Juez de Distrito, a efecto que en lo subsecuente, se abstenga de incurrir en manifestaciones similares, que en la práctica jurídica a nada conducen, puesto que, tener o no la razón jurídica, no significa tenerla para denostar a quienes imparten dicha función jurisdiccional, en el entendido que en el caso de reincidencia, se procederá en su contra, en términos de la fracción II, del artículo 55 invocado, medida que se incrementará de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59, del mismo ordenamiento legal, esto es, si los quejosos y sus autorizados persisten en su conducta, no obstante el apercibimiento decretado con anterioridad.".

Bajo este contexto jurídico, lo procedente es desechar por notoriamente improcedente la demanda de garantías de donde deriva este toca.

Por lo expuesto y fundado, además con apoyo en los artículos 76, 77, 78, 188 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la resolución recurrida.

SEGUNDO.-Se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Marcelo Garza Laguera, respecto de las autoridades señaladas como responsables, mencionadas en el resultando primero de esta ejecutoria.

TERCERO.-Por conducto del Juez de Distrito, amonéstese al recurrente Marcelo Garza Laguera, en los términos de la última parte del considerando cuarto.

Notifíquese; publíquese y anótese en el libro de gobierno, con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al lugar de su procedencia y en su oportunidad archívese este toca.

Así lo resolvió el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Julio César Vázquez-Mellado García, Augusto Benito Hernández Torres y Hugo Sahuer Hernández, siendo relator el primero de los nombrados quienes firman con el secretario de Acuerdos que da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2178-5c5ed3f8/apercibimiento-facultad-de-incrementar-las-medidas-en-caso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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