AUTORIZADO EN TERMINOS DEL ARTICULO 27 DE LA LEY DE AMPARO EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL O ADMINISTRATIVA. CARECE DE VALIDEZ EL RECONOCIMIENTO REALIZADO POR EL JUEZ DE DISTRITO CUANDO NO SE CUMPLAN LOS REQUISITOS DE LEY.
AMPARO EN REVISION 87/94. OSCAR GARZON LIZARRAGA Y OTROS.
CONSIDERANDO:
II.-No se hará necesario transcribir los razonamientos de la sentencia recurrida ni de los agravios expresados, toda vez que no serán objeto de estudio por este tribunal, puesto que el autorizado de la tercero perjudicada no acreditó en la demanda de garantías ni durante la tramitación del juicio encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado, ni proporcionó los datos correspondientes a dicha autorización, en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo.
En efecto, el párrafo segundo del artículo en comento, establece: "El agraviado y el tercero perjudicado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá sustituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de este párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización; pero las partes podrán designar personas solamente autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere este párrafo.".
Del texto anterior se advierten dos hipótesis que prevén las facultades de quienes fungen en el juicio de garantías como autorizados.
En el primer supuesto, como regla general el quejoso y el tercero perjudicado podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal, la que quedará facultada para oír notificaciones en nombre del autorizante, para interponer los recursos que procedan conforme a derecho, ofrecer y rendir medios probatorios, formular alegatos, solicitar la suspensión o diferimiento de las audiencias, impulsar el procedimiento a efecto de impedir la consumación del término de la caducidad de la instancia o el sobreseimiento por inactividad procesal y realizar todo acto tendiente a la defensa de los intereses de quien les otorga autorización; encontrándose impedidos únicamente a sustituir o delegar sus facultades a un tercero.
En el segundo supuesto, como regla de excepción que rige en las materias civil, mercantil o administrativa, el autorizado deberá acreditar que se encuentra legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue la autorización, ello como condición legal para que pueda gozar de las facultades enumeradas en la primera parte del precepto en comento, a menos de que el quejoso o el tercero perjudicado sólo hagan la designación de una persona con capacidad legal y para el único efecto de que escuche notificaciones y se imponga de los autos, sin gozar por ende de las facultades amplias que se mencionan al inicio del párrafo de mérito.
En suma, a efecto de que la autorización que se otorgue por parte del quejoso o del tercero perjudicado en un juicio de garantías del orden civil, mercantil o administrativo, adquiera validez legal, es indispensable que el autorizado se encuentre legalmente facultado para ejercer la profesión de abogado y que esa circunstancia se acredite.
En el caso, la tercero perjudicado, Banca Serfín, Sociedad Anónima, en su escrito de cuatro de enero de mil novecientos noventa y cuatro (foja doscientos ocho del juicio de amparo) autorizó a Marco Antonio Encinas Cajigas, Ramón Enrique Romero Federico, José Manuel García Cadena, Fernando García Cadena, Luis Enrique Martínez Alday, para que intervinieran en el juicio de garantías 934/93, sin que de ese escrito ni de algún otro se advierta que dichas personas hayan acreditado encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado, ni que se hubiesen proporcionado los datos correspondientes.
Por tanto, si Marco Antonio Encinas Cajigas, quien interpuso el recurso de revisión como autorizado de la tercero perjudicada, no acreditó durante el juicio de garantías estar facultado para ejercer la profesión de abogado ni proporcionó los datos correspondientes, debe estimarse que no cumplió con los requisitos que establece el artículo 27 de la Ley de Amparo, y por ende, carece de legitimación para interponer dicho recurso.
El anterior criterio fue sustentado por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver por mayoría de votos en acuerdo de cuatro de agosto de mil novecientos noventa y tres, el recurso de revisión 472/93, derivado del juicio de amparo 645/92, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora.
No es obstáculo para la anterior determinación, el hecho de que el Juez de Distrito haya tenido al autorizado en los términos del artículo 27 de la Ley de Amparo con ese carácter, ya que como ha quedado establecido, esa autorización no cumple con los requisitos legales necesarios para que el autorizado quede legitimado para interponer el recurso de revisión, y esa circunstancia no la tomó como válida el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el precedente citado.
En los referidos términos, lo procedente es desechar el recurso de revisión interpuesto por Marco Antonio Encinas Cajigas, en contra de la sentencia pronunciada en el juicio de amparo 934/93.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Por ser notoriamente improcedente se desecha el presente recurso.
SEGUNDO.-Queda firme la sentencia dictada en el juicio de amparo 934/93, promovido por Oscar Garzón Lizárraga, Eloísa Gómez Moroyoqui de Garzón, Oscar Garzón Gómez, María Teresita Aguilar Topete de Garzón, Guadalupe Garzón Gómez de García, Elmer García Acosta, María del Refugio Garzón Gómez y Francisca Eloísa Garzón Gómez, en contra de los actos y las autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno; con testimonio de esta ejecutoria vuelvan los autos respectivos al lugar de procedencia y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Ricardo Rivas Pérez, Alicia Rodríguez Cruz y Lucio Antonio Castillo González, bajo la ponencia del último de los nombrados, quienes firman con la secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/550-8a9570ea/autorizado-en-terminos-del-articulo-27-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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