SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL, EXTENSION DE SUS BENEFICIOS A OTRAS MATERIAS. (INTERPRETACION DEL ARTICULO 76 BIS, FRACCION II, DE LA LEY DE AMPARO).
AMPARO EN REVISION 83/95. OSCAR HUERTA FLORES.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Examinados los agravios que se hacen valer se advierte que son deficientes y, por ello este Tribunal estima que debe operar la suplencia de la queja.
En efecto, el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo establece que dicha suplencia operará "en materia penal" aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo; ahora bien, en el juicio de amparo del que deriva este recurso de revisión, se reclama una orden de arresto por tres días dictada en contra del agraviado ante su supuesta rebeldía en entregar bienes que le fueron embargados dentro del juicio ejecutivo mercantil número 53/94, instruido en su contra por José Luis Rocha Aguilar, como endosatario en procuración de Juan Flores Pérez.
Al respecto, cabe señalar que el acto materia de impugnación no es de aquéllos que tradicional y técnicamente se ubican como "materia penal", ni el quejoso ostenta la calidad de "reo", pero es innegable que el sentido de afectación del acto autoritario es el mismo que el producido por las sanciones privativas de libertad que se imponen en los juicios penales por la comisión de delitos, ya que tiende a restringir la libertad personal del gobernado y, desde este punto de vista, la fracción citada del artículo 76 bis, de la Ley de Amparo, debe interpretarse como aplicable a cualquier acto de autoridad que pudiera tener el alcance de afectar dicha garantía en perjuicio de los particulares, pues de lo contrario, se daría un tratamiento injusto a los gobernados que sufran la restricción de su libertad personal, ya que sólo operaría la suplencia de la queja deficiente cuando la sanción emanara de un procedimiento penal y se impusiera por la comisión de un delito, no así cuando procediera de otras autoridades y hubiere sido impuesta por motivos distintos, pese a que el sentido de afectación y el resultado fáctico que produce es idéntico.
Lo anterior encuentra apoyo en la tesis sustentada por este cuerpo colegiado al resolver los amparos en revisión números 226/93-II, 258/93-VI, 311/93-II y 60/94-X, bajo el rubro "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. EXTENSION DE SUS BENEFICIOS A OTRAS MATERIAS (INTERPRETACION DEL ARTICULO 76 BIS, FRACCION II, DE LA LEY DE AMPARO)", que a la letra dice: "El artículo 76 bis, fracción II de la Ley de Amparo establece la suplencia de la queja `en materia penal' aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo; ahora bien, si en el juicio de amparo del que deriva el recurso de revisión, se reclama una orden de arresto por quince días dictada en contra del agraviado ante su supuesta rebeldía en entregar los bienes que se le dieron en calidad de depositario; primeramente, no debe perderse de vista que el acto materia de impugnación no es de aquellos que tradicional y técnicamente se ubican como `materia penal' ni el quejoso ostenta la calidad de `reo', pero es innegable que el sentido de afectación del acto autoritario es el mismo que el producido por las sanciones privativas de libertad que se imponen en los juicios penales por la comisión de delitos; ya que tiende a restringir la libertad personal del gobernado y, desde ese punto de vista, la fracción citada del artículo 76 bis, de la Ley de Amparo, debe interpretarse como aplicable a cualquier acto de autoridad que pudiera tener el alcance de afectar dicha garantía en perjuicio de los particulares, pues de lo contrario, se daría un tratamiento injusto a los gobernados que sufren la restricción de su libertad personal, ya que sólo operaría la suplencia de la queja deficiente cuando la sanción emanara de un procedimiento penal y se impusiera por la comisión de un delito, no así cuando procediera de otras autoridades y hubiese sido impuesta por motivos distintos, cuando el sentido de afectación y el resultado fáctico que produce es idéntico".
En el caso, según se aprecia de la sentencia recurrida, el resolutor federal para negar al quejoso el amparo, consideró sustancialmente que no siendo el acto reclamado inconstitucional en sí mismo, el promovente del juicio de garantías debió probar en qué términos fue pronunciada la orden de arresto impugnada, a fin de estar en posibilidad de analizar si las razones que el inconforme sostenía contra tal orden, eran fundadas para considerar que hubo violación a sus derechos subjetivos públicos, y luego de relacionar las únicas constancias del juicio ejecutivo mercantil ya referido y que obran en el juicio de amparo, consistentes en el acta de embargo, el auto de requerimiento por segunda ocasión al quejoso para la entrega de los bienes embargados, el acta de notificación de dos proveídos uno de fecha diez de mayo y otro de treinta y uno de agosto del año pasado, el auto de trece de septiembre del propio año, por el que se ordenó el cateo en el domicilio del demandado ahora agraviado, a fin de dar posesión al depositario judicial de los bienes embargados, la notificación de dicho acuerdo y la propia diligencia de cateo efectuada en el domicilio del quejoso de trece de octubre siguiente, el juzgador constitucional expuso que ante la falta de pruebas, al no obrar en autos del juicio de amparo la orden de arresto, por ello se encontraba impedido para pronunciarse al respecto, concluyendo que debía negarse al agraviado el amparo que solicitó.
Expuesto lo anterior, cabe decir, que en autos del juicio de garantías con el que este toca se relaciona, corre agregado el informe justificado que rindió el Juez Séptimo de Primera Instancia del Ramo Civil de Tampico, Tamaulipas, que fue señalado como responsable (fojas veintidós y siguiente), del que se desprende que es cierto que contra el solicitante de la tutela constitucional se decretó una orden de arresto por el término de tres días, por desacato a un mandato judicial; sin embargo, no se ve que la autoridad responsable hubiera acompañado a su informe justificado la orden de arresto de que se trata y menos aún el proveído que la precedió que se supone fue el que se negó a acatar el peticionario de garantías, constancias que eran necesarias para poder examinar si el acto reclamado era o no constitucional.
En razón de lo anterior, el juez de Distrito con apoyo en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, debió recabar oficiosamente las constancias mencionadas en el párrafo que antecede que era necesario obraran en el juicio de amparo, a fin de estar en aptitud de analizar debidamente la constitucionalidad del acto reclamado y poder pronunciar lo que procedía en derecho.
Sirve de apoyo a lo anterior el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que este cuerpo colegiado comparte y que aparece publicado en la página ochenta y siete, del informe rendido a la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación por su Presidente al finalizar el año de 1988, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo texto dice: "ACTO RECLAMADO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTAN FACULTADOS PARA RECABAR DE OFICIO EL DOCUMENTO QUE LO CONTENGA, ATENTO LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 78, PARRAFO TERCERO DE LA LEY DE AMPARO. La facultad conferida a los jueces de Distrito en el artículo 78, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para recabar de oficio las pruebas rendidas ante la responsable que no obren en autos y que estimen necesarias para la resolución del asunto, debe ejercerse, por igualdad de razón, cuando se trata del documento que contenga el acto reclamado, por ser esta constancia necesaria para analizar su constitucionalidad; máxime cuando el propio juzgador, expresamente, haya tenido como cierto el susodicho acto".
Consecuentemente, con apoyo en la fracción IV, del artículo 91, de la Ley de Amparo, lo que procede es revocar la sentencia recurrida y ordenar se reponga el procedimiento para el efecto de que el juez federal requiera al Juez Séptimo de Primera Instancia del Ramo Civil señalado como responsable para que remita las constancias que justifiquen la constitucionalidad del acto reclamado.
Por lo expuesto y con apoyo además en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
Primero. Se revoca la sentencia dictada por el Juez Décimo de Distrito en el Estado, el veinticuatro de enero del año en curso y terminada de engrosar el treinta y uno de los propios mes y año, en el juicio de amparo número 327/94, promovido por Oscar Huerta Flores, contra los actos y las autoridades que se puntualizan en el primer resultando de esta ejecutoria, mediante la que negó al quejoso la protección constitucional.
Segundo. Para el efecto que se precisa en el considerando quinto de esta misma ejecutoria, se ordena reponer el procedimiento en el juicio de garantías citado en el punto resolutivo precedente.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido.
Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Roberto Terrazas Salgado, Alonso Galván Villagómez y Lucio Antonio Castillo González, lo resolvió este Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, siendo ponente el segundo de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3178-bae905e2/suplencia-de-la-queja-en-materia-penal-extension · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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