EMPLAZAMIENTO. LA MEDIA FILIACION DE LOS VECINOS QUE AUTENTIFICAN LA CERTEZA DEL DOMICILIO DEL DEMANDADO, NO ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA VALIDEZ DEL (ARTICULO 69 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE NUEVO LEON, APLICADO SUPLETORIAMENTE A LA MATERIA MERCANTIL).
AMPARO EN REVISION 147/94. DAVID SANCHEZ GONZALEZ Y OTRO.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-Son infundados los anteriores conceptos de violación.
Contrariamente a lo sostenido por los demandados quejosos, el emplazamiento a juicio sí colma las exigencias que al efecto señalan los artículos 69 y 70 del Código de Procedimientos Civiles del Estado y por tanto, no es violatorio de las garantías individuales que invocan.
En efecto, si el actuario consignó en su diligencia notificatoria haberse constituido en el domicilio de los demandados a fin de emplazarlos a juicio, cerciorándose de que éstos viven en ese lugar por el dicho de dos vecinos cuyos nombres y domicilios precisa en su actuación; entonces, ha lugar a tener por satisfecho el requisito sobre la razón pormenorizada del cercioramiento de la autenticidad del domicilio establecido por el artículo 69 de la ley adjetiva civil de la entidad, situación en la cual se ubica el caso a estudio si se toma en cuenta que en la diligencia actuarial de fecha quince de marzo de mil novecientos noventa y tres (foja 45) el funcionario que la practicó hizo constar que se constituyó en el domicilio de los demandados quejosos David Sánchez González y Marina Quintanilla de Sánchez, sito en la finca marcada con el número ochocientos diecinueve de la calle Hidalgo, de General Terán, N. L., asegurándose de su autenticidad por el dicho de dos testigos de nombres Baldemar del Toro Navarro y Angel Amparo Reséndiz García, ambos domiciliados en la casa número ochocientos nueve de la misma calle de Hidalgo, siendo irrelevante que el actuario no asentara las generales y media filiación de éstos ni les exigiera la exhibición de documento identificatorio alguno, pues tales circunstancias, aunque viables para el logro del fin perseguido, en contra de lo alegado en los conceptos de violación, era innecesario consignarlas en la diligencia a virtud de que la precisión de sus nombres y domicilios es suficiente razón para establecer la identidad de los mismos y en consecuencia, la forma cierta de como llegó el actuario al conocimiento de que los demandados vivían en ese lugar.
Congruente con lo anterior, pese a que los vecinos informantes no firmaran la diligencia en cuestión, ello no invalida la actuación, en tanto el funcionario que la practicó, en ejercicio de sus funciones, tiene fe pública y en esa virtud, debe tenerse por cierta su aseveración tocante a la identidad de aquéllos; luego, la alegación que al respecto hacen los peticionarios, resulta infundada.
Por otra parte, el artículo 70 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, establece: "Tanto el citatorio como el instructivo a que se refiere el artículo anterior se entregarán a los parientes, domésticos o a cualquier otra persona que se encuentre en la casa donde se practique la diligencia ...".
Del precepto anotado, en contra de lo sostenido por los quejosos, no se colige que la cita de espera deba dejarse en poder de los vecinos informantes del domicilio de los demandados si éstos no se encuentran presentes, pues en ese evento, el propio artículo 70, preceptúa: "... Si no se encuentra persona alguna, si las presentes se negaran a recibirlos o si por cualquier otro motivo no se pudiera cumplir con lo dispuesto anteriormente, el instructivo o citatorio se entregará al Juez auxiliar de la sección respectiva, fijándose una copia del citatorio o instructivo en la puerta o lugar más visible del domicilio del interesado". Por tanto, si en la diligencia de fecha quince de marzo de mil novecientos noventa y tres consta que el actuario, habiéndose cerciorado de la autenticidad del domicilio de los demandados y no encontrándolos presentes, les dejó cita de espera para las 14:30 horas del día siguiente por conducto del Juez auxiliar del lugar, Señor Jesús Medardo Silva Silva con domicilio en privada María de los Angeles 304, en General Terán, Nuevo León, fijando además un ejemplar de dicho citatorio en la puerta de la casa de aquéllos; entonces, debe concluirse que el funcionario sí se sujetó a lo establecido por los artículos 69 y 70 del citado ordenamiento legal y por ende, no existen las violaciones al respecto alegadas, siendo inexacto, por otro lado, que al no obrar en autos copia del citatorio en cuestión, la diligencia sea ilegal, pues amén de que los invocados preceptos no establecen ese requisito, ha lugar a tener por cierto lo consignado por el actuario en relación con la cita de espera, ya que éste, en ejercicio de sus funciones, como ya se dijo, tiene fe pública.
Lo hasta ahora expuesto, aunado a la circunstancia de que los demandados no estuvieron presentes en el lugar y hora fijados en el citatorio, según se asentó en la diligencia actuarial de fecha dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y tres (fojas 43 y 44), permite estimar que éstos fueron legalmente emplazados a juicio por conducto del Juez auxiliar del lugar en los términos consignados en la propia diligencia en la cual también consta que se fijó en la puerta del domicilio de los demandados el instructivo correspondiente, evento en el que deben tenerse por cumplidos los requisitos previstos por los artículos 69 y 70 en cita.
Por último, son infundados los conceptos de violación consistentes en que los demandados peticionarios estuvieron radicando en los Estados Unidos de Norteamérica desde el mes de febrero de mil novecientos noventa y tres a noviembre del mismo año y que por tanto, son ilegales las diligencias de fechas quince y dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y tres, relativas al emplazamiento a juicio, en virtud de no haberse observado lo dispuesto por los artículos 62 y 626 del Código de Procedimientos Civiles y 649, 650, 656 y 667 del Código Civil.
En efecto, los impetrantes pretenden acreditar sus aseveraciones con diversas constancias expedidas por la Comisión Federal de Electricidad y una certificación del Alcalde Segundo Judicial de General Terán, N. L. (foja 5 a 8); sin embargo, al margen del valor intrínseco que pudiese corresponder a cada uno de dichos documentos y aún considerándolos en su conjunto, en modo alguno son aptos para acreditar que en las fechas en que se practicaron las diligencias relativas al emplazamiento estuviesen radicando en los Estados Unidos de Norteamérica y no en el domicilio en donde éste se efectuó, pues atendiendo al contenido de las tres constancias expedidas por la Comisión Federal de Electricidad, sólo se acreditaría las diversas operaciones vinculadas con servicio de luz que presta esa empresa al usuario y no el evento sujeto a prueba del cual no se hace referencia alguna; asimismo, la certificación del Alcalde Segundo Judicial en el sentido de que David Sánchez González estuvo fuera de la municipalidad desde febrero de mil novecientos noventa y tres a noviembre del mismo año, carece de eficacia legal en tanto los alcaldes judiciales, si bien tienen fe pública, ésta sólo se da en el ejercicio de sus funciones en los asuntos que estrictamente les competen, en términos de las disposiciones relativas de las leyes orgánicas de los municipios y del poder judicial del estado, ordenamientos que no contienen precepto alguno que los faculte para expedir certificaciones ajenas a la esfera de sus atribuciones, como la de la especie. Luego, si no está demostrado que los peticionarios estuvieran residiendo en los Estados Unidos de Norteamérica en la fecha en que se practicó el emplazamiento a juicio; entonces, la autoridad responsable no tenía porque ordenar que éste se realizara conforme a las disposiciones de carácter adjetivo y sustantivo civil que al efecto se invocan en los conceptos de violación.
En las apuntadas condiciones, siendo inexacta la ilegalidad del emplazamiento a juicio en los términos alegados por los quejosos David Sánchez González y Marina Quintanilla de Sánchez, no es verdad que dicho acto sea violatorio de garantías y por tanto, se impone negarles el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicitan, negativa que se hace extensiva a los actos posteriores que se reclaman como consecuencia de aquella inexistente violación.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento, además, en el artículo 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.-Se revoca la resolución recurrida que sobreseyó en el juicio de amparo materia de la revisión.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a David Sánchez González y Marina Quintanilla de Sánchez contra los actos y autoridades que se precisan en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese.
ASI por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran este Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, licenciados Enrique Arizpe Narro, Leandro Fernández Castillo y Arturo Barocio Villalobos, siendo ponente el último de los nombrados, los que firman ante el secretario de Acuerdos que actúa y da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2114-9d25eec4/emplazamiento-la-media-filiacion-de-los-vecinos-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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