COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. RESULTAN INSUFICIENTES PARA ACREDITAR LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO.
AMPARO EN REVISION 441/95. JOSE MARIA DOMINGUEZ ALEJANDRO.
CONSIDERANDO:
CUARTO.- Los agravios formulados por el quejoso recurrente, son por una parte fundados pero inoperantes, otros infundados y los últimos inoperantes como a continuación se expresa.
En efecto, supuesto que las autoridades señaladas como responsables negaron la certeza de los actos reclamados, sin que JOSE MARIA DOMINGUEZ ALEJANDRO, desvirtuara con prueba apta esa negativa, lo que se traduce en la inexistencia de los mismos y permite concluir que resulta acertado el sobreseimiento decretado en el juicio de garantías, con apoyo en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.
Por cuestión de método, primeramente debe precisarse que en el caso que nos ocupa no existe violación al procedimiento del juicio de amparo como lo destaca el inconforme, por el hecho de que el Juez a quo haya omitido diferir la audiencia constitucional señalada en el sumario por la circunstancia de que previa a la celebración de la misma el quejoso haya hecho la petición para que se requiriera a las autoridades responsables se le expidiera las constancias por él solicitadas ante éstas y ofrecerlas como pruebas, ya que aunque si bien es cierto se omitió aplazar la audiencia constitucional, también lo es que, ello no es motivo de reposición del procedimiento, ya que de hacerlo a ningún fin práctico conduciría habida cuenta que, en primer lugar el a quo hizo un razonamiento acertado en la resolución motivo del presente recurso al expresar lo siguiente: "NO ES OBSTACULO A LA DETERMINACION ANTERIOR LO MANIFESTADO POR EL QUEJOSO EN EL SENTIDO DE QUE SOLICITO A DIVERSAS AUTORIDADES DETERMINADA DOCUMENTACION Y QUE ESTAS NO LE HAYAN DADO RESPUESTA, YA QUE LO RECLAMADO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, LO ES LA ORDEN DE DETENCION DEL VEHICULO PROPIEDAD DEL QUEJOSO Y CANCELACION DEL TITULO DE CONCESION PARA REALIZAR SERVICIO PUBLICO EN SU MODALIDAD DE TAXI RAZON POR LA CUAL CON TALES DOCUMENTOS NO DESVIRTUARIA LA NEGATIVA EXPRESADA POR LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES Y TALES ACTOS SERIAN MOTIVO DE DIVERSO JUICIO DE AMPARO"; en segundo término, es menester que previamente se justifique que se hubieren solicitado tales constancias con la oportunidad debida, a efecto de que las autoridades a quienes se las pidió, estén en posibilidad de expedirlas esto es, cuando menos con cinco días hábiles de antelación a la fecha en que se encuentra señalada para que la citada audiencia tenga verificativo, pues este término es el que se estima como mínimo indispensable para que las autoridades requeridas, previos los trámites administrativos que legalmente deben transcurrir, estén en posibilidad de entregarlas, extremo éste que no aconteció en la especie, toda vez que la audiencia constitucional estaba señalada para el diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en tanto que las peticiones relativas fueron presentadas el doce del mes y año mencionados, habiendo mediado únicamente dos días hábiles entre la solicitud de documentos y el día de la audiencia, sin contar el ofrecimiento ni la audiencia, resultando obvio que no puede considerarse a las autoridades como contumaces y por ello no se actualiza la hipótesis a que se refiere el artículo 152 de la Ley de Amparo, máxime si tomamos en consideración que el procedimiento es de orden público y que los Jueces de Distrito están obligados a cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados. Es aplicable al caso la tesis jurisprudencial número P./J. 7/94 resuelta en contradicción de tesis por el Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto y Séptimo en Materia de Trabajo del Primer Circuito en sesión del quince de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, aprobada por unanimidad de votos, misma que se encuentra visible a foja 14 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 76, abril de 1994, cuyo contenido literal, expresa: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, DIFERIMIENTO DE LA. OPORTUNIDAD PARA SOLICITAR COPIAS O DOCUMENTOS PARA EL AMPARO.- Para solicitar al Juez que opere el artículo 152 de la Ley de Amparo y que requiera a la autoridad que exhiba copias o documentos solicitados por las partes y difiera la audiencia, en principio la petición de esas copias o documentos debe hacerse a la autoridad por lo menos cinco días hábiles antes de la audiencia, sin contar el del ofrecimiento, ni el señalado para la propia audiencia, a fin de que dicha autoridad pueda disponer del tiempo razonable para atender la petición, a menos que en el caso haya circunstancias especiales que justifiquen la petición posterior."
Ahora bien, el argumento relativo a que el a quo no tomó en consideración las pruebas aportadas, debe desestimarse ya que se refieren a cuestiones de fondo, es decir, son razonamientos tendentes a demostrar la violación de garantías lo que no puede estudiarse dado el sobreseimiento decretado en el juicio constitucional respecto de los actos reclamados; tiene aplicación la jurisprudencia número II. 3o. J/58 que puede localizarse a páginas 57 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 70, octubre de 1993, cuyo contenido reza: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.- Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente."
Por otra parte, asiste razón al recurrente cuando alega que el Juez de Distrito no tomó en consideración la copia fotostática que obra a foja 14 del cuaderno de amparo, relativa a la sesión de fecha veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, lo que demuestra lo fundado del motivo de inconformidad, también lo es que el mismo resulta inoperante, toda vez que la aludida fotocopia carece de valor probatorio por faltarle la certificación correspondiente y por tanto no puede justificarse con ella el extremo que se pretende en términos de lo previsto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su diverso 2o.; tiene aplicación al caso la tesis jurisprudencial visible a foja 55 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 58, correspondiente al mes de octubre de 1992, cuyo contenido literal es el siguiente: "COPIAS FOTOSTATICAS SIN CERTIFICAR, CARECEN DE VALOR.- Las copias fotostáticas sin certificar resultan insuficientes para acreditar cuando menos en forma presuntiva el interés jurídico ya que tales documentos carecen de valor legal alguno por ser necesario que se encuentren autorizados por el funcionario respectivo."
De igual manera resulta fundada la inconformidad en el sentido de que el resolutor federal omitió tomar en cuenta el informe del secretario general de Gobierno (que dicho sea de paso, el nombre correcto es el de secretario de Gobierno), pero éste resulta inoperante, dado que, aun considerando el contenido del informe justificado rendido por la autoridad de mérito, éste resulta insuficiente para desvirtuar los informes negativos de las autoridades responsables, toda vez que con ello no se demuestra la existencia de los actos reclamados, por tratarse de diversos actos y ello sería materia de un diverso juicio de amparo, como correctamente lo estimó el Juez de amparo en la resolución motivo de revisión; máxime que la Comisión Estatal del Autotransporte Público se creó como órgano de opinión al Ejecutivo del Estado, por lo tanto el acuerdo que pudiera haber emitido la citada comisión queda en una mera opinión o sugerencia, en virtud de que ese acuerdo y conforme al trámite procedimental respecto de las actuaciones que le competen a la aludida comisión, esos acuerdos deben concluir en su caso, en un dictamen que será propuesto al titular del Ejecutivo del Estado, para que este último determine por resolución definitiva su procedencia o improcedencia, en base al ejercicio de la facultad discrecional que le compete, resolución que deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado; lo cual se desprende del contenido del mencionado informe justificado, y se corrobora con lo que al efecto se señala en las fracciones I y II del artículo 42 de la Constitución Política del Estado, en las que se determina como facultad exclusiva del Ejecutivo Estatal, entre otros, la de regular todo lo concerniente a la prestación del servicio público del autotransporte y que se precisan en el decreto por el que se creó la Comisión Estatal del Autotransporte Público, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y tres, que ofreció como prueba la autoridad responsable, secretario de Gobierno.
En cuanto al argumento de que el a quo, viola en su perjuicio las garantías consagradas en el artículo 14 constitucional resulta inoperante, pues al respecto es de indicarse que las sentencias que pronuncian los Jueces de Distrito al conocer los juicios de amparo, no pueden ser violatorias de garantías que, en favor de todo individuo, consagra la parte dogmática de la Constitución General de la República, sino, en su caso, son transgresoras de leyes secundarias, en atención a que sólo se limitan a determinar si el acto reclamado conculca o no dichas garantías, o bien, a sobreseer el juicio de amparo cuando se actualiza una causa para ello. Al caso resulta aplicable la tesis jurisprudencial localizable a página 65 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 66, junio de 1993, cuyo contenido reza: "GARANTIAS INDIVIDUALES. LOS JUECES DE DISTRITO NO PUEDEN VIOLAR LAS.- Como el juicio de garantías se rige por las disposiciones de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, el Juez de Distrito, en relación con los juicios de amparo actúa como órgano de control constitucional, con la específica finalidad legal de tutelar las garantías individuales, contra las transgresiones en que pudieran incurrir las autoridades responsables en ejercicio de sus funciones públicas, por lo que, aquél no puede violar garantías individuales, que es precisamente lo que está dilucidando a través de su actividad jurisdiccional para que en caso de existir violaciones a las garantías individuales, proceda a la restitución en el goce de las mismas al afectado o afectados. Por ello, en todo caso, lo único que la precitada autoridad federal podrá infringir, serían las disposiciones de la Ley de Amparo que reglamentan la función tutelar."
Así las cosas, y al no advertir queja deficiente que suplir, lo procedente es confirmar la resolución que se revisa y como tal sobreseer en el presente juicio de garantías.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77, 90 y relativos de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.- SE CONFIRMA la sentencia recurrida.
SEGUNDO.- SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por JOSE MARIA DOMINGUEZ ALEJANDRO, contra los actos y por las autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio autorizado de esta resolución, devuélvanse los autos al lugar de origen y, en su oportunidad, archívese este expediente.
Así lo resolvió el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados: Francisco A. Velasco Santiago, presidente, Roberto Avendaño y Horacio Felipe López Camacho, secretario de acuerdos en funciones de Magistrado, por autorización conferida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de fecha veinticinco de enero del año en curso, en términos del artículo 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, siendo ponente el primero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3498-7eef1fc7/copias-fotostaticas-simples-resultan-insuficientes-para-acreditar-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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