DETERMINACION MINISTERIAL DE NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, RESULTA IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE GARANTIAS EN CONTRA DE UNA.
AMPARO EN REVISION 422/95. JOSE LUIS ROJAS JACINTO Y OTRO.
CONSIDERANDO:
CUARTO.- Los agravios formulados por la parte recurrente son infundados.
En efecto, cuando un juez de Distrito actúa como órgano de control constitucional, sólo podrá en su caso aplicar inexactamente los artículos de la Ley de Amparo o los preceptos del Código Federal de Procedimientos Civiles que es de aplicación supletoria o cualquier otro precepto de la ley de la materia relativa, pero no viola garantías individuales.
Ahora bien, el examen de las constancias de autos permite establecer que es correcto el razonamiento del juez Segundo de Distrito en el Estado, para desechar la demanda de amparo por notoriamente improcedente; supuesto que, si bien es cierto que se alega que el Ministerio Público del fuero común no agotó la averiguación al no desahogar las pruebas ofrecidas, ni practicar diligencias tendientes a dejar comprobados los requisitos del artículo 16 constitucional; sin embargo, también es verdad que los actos que reclama la parte quejosa se hacen consistir en las resoluciones de veintinueve y treinta de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en las que se resolvió por una parte el no ejercicio de la acción penal en contra de Roberto Marín Salazar en la averiguación previa número 235/C AJ 3/995; y, por la otra, se ordenó el archivo de dicha averiguación; por lo tanto, es inconcuso que al existir una determinación mediante la cual el Ministerio Público establece que a su juicio no hay acción penal que ejercer, deviene correcta la resolución que desechó la demanda de amparo pues opinar lo contrario sería vulnerar el artículo 21 constitucional que deja a la incumbencia del Ministerio Público la persecución de los delitos. Por ende, si por una parte, el ejercicio de la acción persecutoria es facultad del Ministerio Público; y, por lo tanto, no forma parte del patrimonio privado, por la otra la quejosa reclama una determinación ministerial de no ejercicio de la acción penal, es claro que admitir la demanda cuestionada y en su momento conceder el amparo, éste tendría los efectos de obligar al Ministerio Público a quien ha encargado la Constitución de ejercer la acción penal y su obligación desplazaría al órgano de acusación de su ejercicio persecutorio, para entregarlo a la autoridad judicial, cosa que, a la luz del precepto constitucional antes invocado, es inadmisible, en la medida que la autoridad judicial sólo tiene una función juzgadora. Por otra parte, debe significarse que no se desvirtúa la naturaleza del artículo 21 constitucional, ante el supuesto que una indebida abstención en el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público pueda causar daños patrimoniales a los particulares ofendidos en los delitos denunciados, pues partiendo de la base indiscutible que a la parte ofendida no se le puede reconocer ningún derecho desde el punto de vista de la represión de los delitos, sino sólo en cuanto a la reparación del daño debe considerarse que conforme a la aludida norma sólo cambia la vía judicial mediante la cual los afectados pueden entablar su acción, pues cuando el Ministerio Público se abstiene de ejercer la acción penal tienen aquéllos a su alcance la vía civil para demandar el pago de daños y perjuicios derivados de un hecho ilícito en el aspecto civil, concepto que no se equipara en derecho al del ilícito penal, integrante de un delito.
En consecuencia, si bien el Ministerio Público al negarse a ejercer la acción penal, sigue teniendo el carácter de autoridad, también es verdad que, contra tal determinación es improcedente el juicio de garantías, ya que la abstención de ese ejercicio, aun en el supuesto de que sea indebido no viene a afectar la esfera jurídica del ofendido, por lo cual no puede quedar sometido al control constitucional por prohibirlo el multirreferido artículo 21 de la Carta Magna, por lo que resulta correcto el razonamiento del juez a quo; y, por ende, al no existir queja deficiente que suplir, lo que procede es confirmar el auto sujeto a revisión.
El mismo criterio fue sustentado por este Tribunal Colegiado al resolver por unanimidad de votos en sesión plenaria del seis de abril de mil novecientos noventa y cinco, el juicio de amparo número 47/95, promovido por Beatriz Palos Castro viuda de Vázquez.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, 83, 85, 91 y relativos de la Ley de Amparo, se resuelve:
UNICO.- Se CONFIRMA el auto recurrido.
Notifíquese; con testimonio autorizado de esta resolución, vuelvan los autos al juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.
Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los magistrados que integran el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, presidente Francisco A. Velasco Santiago, Roberto Avendaño y Horacio Felipe López Camacho, secretario de acuerdos en términos del párrafo primero del artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por ausencia accidental del magistrado Angel Suárez Torres, siendo ponente el primero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3451-27f1c3bc/determinacion-ministerial-de-no-ejercicio-de-la-accion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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