INTERES JURIDICO, NOCION DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO.
AMPARO EN REVISION 541/92. MANUEL DE LA TORRE Y CASTRO.
CONSIDERANDO:
QUINTO.- La parte recurrente substancialmente alega que el acuerdo de quince de enero del presente año, es violatorio de los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud que el tercero perjudicado obtuvo la constancia de uso de suelo sin llevar a cabo el procedimiento previsto en el artículo 31, fracción III de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; que el acto reclamado en su demanda de garantías, sí afecta su interés jurídico, pues basta leer el artículo 26 constitucional, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ley General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y sus reglamentos conexos, Reglamento de Planes Parciales, Reglamento de Zonificación, Reglamento del Registro del Plan Director para el Desarrollo Urbano y Programas Parcial de Desarrollo Urbano, todos del Distrito Federal, que tutelan intereses jurídicos individuales y sociales, que el juzgador debe reconocer, pues un derecho social se da especificamente porque el individuo vive en sociedad, por lo que si existe un derecho social es obvio que cualquier afectación jurídica al mismo, afecta al individuo; asimismo que los perjuicios jurídicos y materiales que sufre la recurrente, los sufre desde el momento en que su residencia se ubica en la colonia histórica de San Angel que se encuentra comprendida en el concepto de asentamiento humano, desarrollo urbano y sus reglamentos conexos, situaciones jurídicas que se dilucidan mediante el procedimiento del juicio de amparo en el que se aporten pruebas para demostrar su derecho.
Los agravios ya sintetizados resultan infundados de acuerdo con las siguientes consideraciones:
Los artículos 107, fracción I de la Constitución General de la República y 4o. de la Ley de Amparo, respectivamente establecen lo siguiente:
"ARTICULO 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas de orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada;...".
"ARTICULO 4o.- El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclama, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor".
De los preceptos transcritos se infiere con claridad uno de los principios que rige como base en el juicio de garantías es que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, es decir, por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, luego entonces una persona puede promover un juicio de amparo cuando el acto reclamado cause perjuicios directamente a sus intereses jurídicos personales o patrimoniales.
Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido con claridad en diversas resoluciones, cuyas tesis se encuentran publicadas, lo que debe entenderse por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional, distinguiéndolo del interés simple y la mera facultad.
En efecto, según nuestro máximo tribunal, el interés jurídico puede identificarse con lo que la doctrina conoce como derecho subjetivo, es decir, como facultad o potestad de existencia, cuya institución consigna la norma objetiva de derecho. En este punto resulta conveniente considerar que si bien puede hablarse de un interés jurídico en general, conformado por todo el contenido de las normas legales que se integra por facultades y derechos concedidos a las personas que representan estos intereses, de manera que con ello se tutelan las aspiraciones legítimas de los miembros de una comunidad, también es cierto, que ese interés sólo puede ser invocado por la procedencia del juicio de amparo cuando por persona determinada, pueda exigir coercitivamente su cumplimiento, porque la norma legal así lo faculta, de tal forma que si no es así sólo puede hablarse de un interés simple que no puede ser protegido por la institución tutelar del juicio de garantías.
En otras palabras, el derecho subjetivo, que da lugar a la procedencia del juicio de amparo, supone la conjunción, en su esencia, de dos elementos inseparables, a saber: una facultad de exigir y una relación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia, y cuyo sujeto, desde el punto de vista de su índole, sirve de criterio de clasificación de los derechos subjetivos en privados (cuando el obligado sea un particular) y en públicos (en caso de que la obligación recaiga en cualquier órgano del Estado). Esto es, no basta que un individuo, como simple miembro de la colectividad, pueda aprovecharse o beneficiarse por una situación legalmente prevista, sino que es menester que el propio orden jurídico le otorgue la capacidad para obtener coactivamente su respeto. Tal sucede, por ejemplo, con las leyes que regulan una determinada situación abstracta en beneficio de la colectividad pero no otorgan a los miembros, en lo particular, el poder de exigir que esa situación abstracta, traducida en una actuación en determinado sentido la autoridad, se cumpla. Podrá decirse que existe un interés simple, general, abstracto y colectivo en que la actuación del ente público se ajuste a la ley, pero no existirá un interés jurídico, determinado y subjetivo que se afecte si la propia normatividad no faculta a que algún miembro concreto de la comunidad pueda exigir su cumplimiento. Es decir, si la ley no le impone al órgano estatal la obligación de cumplir, en favor de una persona determinada, con el imperativo legal.
Desde luego, para que sea efectiva la tutela del interés, el orden jurídico debe conceder a su titular los medios para su satisfacción, que pueden consistir en recursos o en acciones judiciales.
En este sentido, y en lo que respecta a los derechos subjetivos en el ámbito público, como los que se producen en las relaciones administrativas, no habrá derecho subjetivo si la norma no fue dictada para garantizar en exclusivas situaciones jurídicas particulares frente al poder público, porque entonces no existirá un interés individual tutelado por el orden público, sino un interés de hecho o simple.
Así sucede con las normas que rigen la actuación de la autoridad en beneficio único de la colectividad, en cuyo caso la norma tutela el interés general sin reconocer ni proteger un interés particular o individual distinto de aquél.
Lo anterior no implica negar a cada particular su interés en que el funcionamiento de la actividad estatal se desarrolle conforme a la ley, lo que sucede es que dicho particular tiene un interés que, derivado de su condición de integrante de la comunidad, se confunde con el interés general, y como tal es semejante al de cualquier otro miembro del grupo social, de manera que no recibe una protección jurídica individualizada que permite exigir el cumplimiento de la norma, por lo que ese interés sólo puede manifestarse a través de la denuncia que se presente ante la autoridad competente.
En el juicio de garantías no procede la acción popular pues uno de sus principios es que el promovente tenga la titularidad de un derecho subjetivo, por lo que es obvio que los intereses simples del quejoso no bastan para tener por acreditado el interés jurídico.
Ahora bien, señalada la premisa anterior es de concluirse que los agravios hechos valer por Manuel de la Torre y Castro, son infundados pues como acertadamente lo consideró la juez del conocimiento ni la Ley General de Asentamientos Humanos ni el decreto de zonificación publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos setenta y seis y veinte de abril de mil novecientos ochenta y dos, afectan los intereses jurídicos del recurrente con la expedición de la constancia de certificación de fecha veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y uno, en favor de Jorge Nácer Gobera, señalado como tercero perjudicado, ya que tal constancia únicamente puede beneficiar o perjudicar a quien se le expide, esto es, si el recurrente no es propietario o poseedor del inmueble en el que se pretende instalar el instituto técnico, a que alude en su demanda, así como tampoco tiene un derecho jurídicamente tutelado sobre ese inmueble es indudable que la expedición de la mencionada constancia de zonificación en nada afecta los intereses jurídicos personales o patrimoniales del recurrente y por lo tanto resulta notoria y manifiesta la causal de improcedencia de la demanda que nos ocupa.
En este mismo orden de ideas debe señalarse, que si bien es cierto como lo alega el recurrente que la Ley General de Asentamientos Humanos y demás ordenamientos legales que indica en su escrito de agravios son de orden público y de interés social, no menos cierto es que tales ordenamientos regulan conductas generales y abstractas que para ser impugnadas mediante el juicio de amparo, se requiere de un acto concreto de aplicación en perjuicio, de quien intente la acción constitucional, situación que no acontece en la especie toda vez que ninguno de los actos que el hoy recurrente señala como reclamados en su demanda de garantías fueron aplicados en su perjuicio con lo cual el órgano jurisdiccional se encuentra impedido legalmente para analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley impugnada, pues en el caso a estudio si la juez federal analizara el fondo del asunto existiría la posibilidad que de concederse el amparo por un acto que no lesiona los derechos subjetivos del demandante, los efectos restitutorios estarían dirigidos a otras personas y no al solicitante del amparo, contraviniendo con ello lo dispuesto en los artículos 107, fracciones I y II de la Constitución Federal, 4o., 76 y 80 de la Ley de Amparo.
En las relacionadas circunstancias al resultar infundados los agravios expresados lo que procede es confirmar el auto recurrido.
Son aplicables en la especie la tercera tesis relacionada con la jurisprudencia número mil doscientos ochenta y ocho, publicada en la página dos mil noventa y dos, de la Segunda Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, con el rubro: "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO" y la tesis visible en la página novecientos cincuenta y siete, de la Primera Parte, Segunda Sección, del Apéndice ya indicado, con el epígrafe: "LEYES, AMPARO CONTRA. QUIEN PUEDE INTERPONERLO NO HAY ACCION POPULAR", igualmente resulta aplicable la tesis sustentada por la Tercera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento ochenta y nueve, de la Segunda Parte, del Informe de Labores rendido por su Presidente al finalizar el año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro: "INTERES JURIDICO. EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY SIN HABERLO ACREDITADO, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE 'INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA' Y DE 'RELATIVIDAD DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA.'".
Similar criterio ha sostenido este cuerpo colegiado, sobre el interés jurídico, al resolver por unanimidad de votos los recursos de revisión RA.- 1051/90, promovido por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en sesión de veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa, RA.- 471/91, promovido por Alfonso González Bacerot, en sesión de veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y uno y RA.- 3051/91, promovido por Margarita Chávez viuda de Chacón, en sesión de veinticuatro de enero del presente año, bajo las ponencias de los señores magistrados Luis María Aguilar Morales, Julio Humberto Hernández Fonseca y Samuel Hernández Viazcán, respectivamente.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 90 y 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.- SE CONFIRMA, el auto de quince de enero de mil novecientos noventa y dos, dictado por la juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal en el expediente número 378/91."A" "D".
SEGUNDO.- SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por Manuel de la Torre y Castro, en contra de actos del Congreso de la Unión y otras autoridades.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al Juzgado de su origen y en su oportunidad archívese el expediente.
Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados presidente: Samuel Hernández Viazcán, Julio Humberto Hernández Fonseca y Luis María Aguilar Morales, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo relator el primero de los nombrados.
Firman los CC. Magistrados con la secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/711-a52d8409/interes-juridico-nocion-de-para-la-procedencia-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- ARRESTO COMO MEDIO DE APREMIO. NO TIENE CARACTER DE PENA DE PRISION POR DEUDAS DE CARACTER CIVIL. (AMPARO EN REVISIÓN)
- DELITO DE FRAUDE ESPECIFICO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 200, FRACCION III, DEL CODIGO PENAL DEL ESTADO. PRESUPUESTO PARA QUE SE CONFIGURE EL (LEGISLACION DEL ESTADO DE CHIAPAS). (AMPARO EN REVISIÓN)
- TERCEROS PERJUDICADOS EN EL JUICIO DE GARANTIAS. SI EL QUE INTENTA LA ACCION CONSTITUCIONAL ES EL TERCERO EXTRAÑO A JUICIO, EL ACTOR Y EL DEMANDADO EN LA CONTROVERSIA EJECUTIVA MER (AMPARO EN REVISIÓN)
- VEHICULOS, SECUESTRO DE, POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. SE VIOLA LA GARANTIA DE AUDIENCIA CUANDO NO SE OYE AL PROPIETARIO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. (AMPARO EN REVISIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- AMPARO EN MATERIA CIVIL. (s/clave)
- AMPARO DIRECTO. (s/clave)
- AMPARO ADMINISTRATIVO. (s/clave)
- AMPARO, JUICIO DE. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis