INCREMENTO DE PENSIONES JUBILATORIAS DE TRABAJADORES DE PETRÓLEOS MEXICANOS. PARA DETERMINARLO DEBE TOMARSE EN CONSIDERACIÓN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE AL MOMENTO EN QUE AQUÉL SE VERIFICA Y NO EL QUE ESTABA EN VIGOR CUANDO SE OTORGÓ LA PENSIÓN RESPECTIVA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 129/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL SEXTO CIRCUITO, DÉCIMO CUARTO DEL PRIMER CIRCUITO Y PRIMERO DEL PRIMER CIRCUITO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. DISIDENTES: LORETTA ORTIZ AHLF Y JAVIER LAYNEZ POTISEK, QUIENES MANIFESTARON QUE FORMULARÍAN VOTO DE MINORÍA. 10 DE AGOSTO DE 2022. PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA: ILLIANA CAMARILLO GONZÁLEZ. COLABORÓ: MARTÍN CARLOS RUIZ GARCÍA.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diez de agosto de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito; el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
El problema jurídico a resolver por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si la pensión por jubilación a los trabajadores de Petróleos Mexicanos debe incrementarse conforme a lo establecido en el contrato colectivo de trabajo aplicable en la época en que la obtuvieron o en términos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, toda vez que fue la última forma en que se pactó por conducto de la patronal y el sindicato.
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción. Por escrito de veinticinco de abril de dos mil veintidós, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el diez de mayo del mismo año, los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito denunciaron la posible contradicción de criterios entre el emitido por este órgano jurisdiccional, al resolver el amparo directo 564/2021 y el sustentado por el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 525/2020, del cual derivó la tesis I.14o.T.52 L (10a.), de rubro: "JUBILACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS. NO PUEDE DISMINUIRSE RETROACTIVAMENTE LA CUANTÍA DE SUS PENSIONES CAMBIANDO EL MECANISMO DE SUS INCREMENTOS.", en contra del criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, al resolver los amparos directos 781/2019, 785/2019 y 706/2019, de los cuales derivó la tesis VI.1o.T.47 L (10a.), de rubro: "TRABAJADORES JUBILADOS DE PETRÓLEOS MEXICANOS (PEMEX). PARA DETERMINAR EL INCREMENTO DE SU PENSIÓN ES APLICABLE EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE AL MOMENTO DE CADA AUMENTO EN PARTICULAR."
2. Trámite de la denuncia. En acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó registrar la denuncia de contradicción de criterios con el número 129/2022 y la admitió a trámite; instruyó para que por conducto del MINTERSCJN las presidencias de los órganos colegiados contendientes remitieran, únicamente por dicho medio, la versión digitalizada del original o, en su caso, de la copia certificada de las demandas que les dieron origen y las ejecutorias relativas a los juicios de amparo directo respectivos, así como la versión digitalizada del proveído en el que informaran si los criterios sustentados en los asuntos se encuentran vigentes o, en su caso, señalaran las razones por las que sustentaran que su criterio había sido superado o abandonado;(1) y turnó el asunto para su estudio a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa.
3. Avocamiento. En acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintidós, la presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que ésta se avocaba al conocimiento del asunto.
I. Competencia.
4. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) 225 y 226, fracción II, de la Ley de Amparo,(3) y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de diversos Circuitos y se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
II. Legitimación
5. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que la formularon los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito que participó con uno de los criterios que constituyen la presente contradicción.
III. Criterios denunciados
6. Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito. Amparos directos 781/2019, 785/2019 y 706/2019.
7. De los juicios de amparo que conoció el citado tribunal se advierten como elementos esenciales y coincidentes los siguientes:
8. Diversos trabajadores –jubilados en dos mil trece (AD 781/2019 y AD 785/2019) y dos mil cuatro (AD 706/2019)– demandaron de Petróleos Mexicanos y empresas subsidiarias varias prestaciones, entre ellas, el reconocimiento y pago del incremento salarial anual al importe de pensión con el mismo porcentaje de aumento que se otorga a los trabajadores en las revisiones contractuales y salariales; el pago del aumento retroactivo respecto del periodo comprendido del primero de agosto de dos mil quince hasta la culminación del juicio, así como los aumentos que en esos términos hubieran sufrido las prestaciones de gas, gasolina y canasta básica con posterioridad al uno de agosto de dos mil quince.
9. Al respecto, la Junta responsable dictó laudo en el que absolvió a las demandadas del pago del incremento de la pensión que le fue otorgada en términos de la cláusula 135 del contrato colectivo de trabajo, vigente al momento de su jubilación, así como de los incrementos retroactivos al uno de agosto de dos mil quince y demás prestaciones derivadas.
10. Entre las consideraciones en que sustentó su fallo señaló que si bien los incrementos a la pensión jubilatoria, en principio, se habían determinado con base en el mismo porcentaje en que se otorgaban a los salarios de los trabajadores en activo; con motivo de la revisión contractual del uno de agosto de dos mil quince, tanto la empresa demandada como el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, habían acordado que el incremento de las pensiones sería conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Por lo tanto, consideró que la forma en que se determinaban los incrementos a la pensión jubilatoria no constituía un derecho adquirido, sino en todo caso una expectativa de derecho que se configuraba hasta el momento en que se cumpliera la temporalidad en la que entraba en vigencia el porcentaje del incremento que les correspondía a los jubilados.
11. En contra de dicha resolución los trabajadores promovieron los diversos juicios de amparo directo citados. El Tribunal Colegiado del conocimiento al dictar sentencia en cada uno de los juicios de amparo respectivos, determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos.
12. Entre las consideraciones que emitió el Tribunal Colegiado de Circuito en sus respectivas ejecutorias, las cuales contienen argumentos esencialmente iguales, se indicó lo siguiente:
• En relación a las cláusulas 135 y 182 del contrato colectivo de trabajo de los bienios 2003-2005 y 2011-2013, se advierte, en la parte que aquí interesa, que la cláusula 135 dispone que el importe de la pensión jubilatoria se incrementará anualmente con el mismo porcentaje que se otorgue a los salarios del personal en activo, además la cláusula 182 consiste en que el patrón les venderá mil litros de gasolina y seis litros de aceite lubricante automotriz con un descuento del cincuenta por ciento, mediante reembolso mensual por nómina, sobre el precio de venta al público. Ahora bien, las anteriores cláusulas se modificaron en la manera en la que se incrementarían las pensiones de los trabajadores, así como de las prestaciones de gas y gasolina, tal modificación entró en vigor a partir del uno de agosto de dos mil quince, en la que se dispuso que esos incrementos serían conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.
• Asimismo, indicó que dicha determinación no podía considerarse como una restricción o supresión que afectara los derechos del quejoso, sino que únicamente se trataba de una modificación.
• Al respecto, señaló que la Segunda Sala al resolver la contradicción de tesis 29/2005-SS había determinado que al ser la jubilación una prestación extralegal, es decir, que no tiene fundamento en la Constitución Federal ni en la Ley Federal del Trabajo, sino en lo estrictamente pactado entre las partes en el contrato colectivo de trabajo, los aumentos de las pensiones del personal jubilado debían estipularse conforme a lo pactado entre las partes en el contrato colectivo de trabajo que estuviera vigente o, en su caso, al último que dispusiera cómo se debían incrementar dichas pensiones.
• Por lo que si el operario se jubiló dentro de la vigencia de contratos colectivos anteriores, lo cierto es que tales disposiciones contractuales únicamente regían para determinar los requisitos para obtener dicho beneficio, así como para determinar los topes máximos y mínimos aplicables para fijar el monto de la pensión, pero no los incrementos que se regulan por el contrato colectivo vigente al momento de cada aumento en particular.
• Conforme a ello, el incremento a las pensiones, en términos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, no implica renuncia de derechos adquiridos, ya que al ser la jubilación una prestación contractual que no se encuentra regulada en la Constitución Federal ni en ningún ordenamiento laboral, debe estarse a lo estrictamente pactado por las partes.
• Asimismo, la forma en que se determinaron los incrementos tampoco implica renuncia de algún derecho consagrado en favor del trabajador, pues ello acontece cuando se encuentra previsto en la legislación, mas no en un contrato; de ahí que válidamente éstos se puedan reducir en la revisión de la contratación colectiva, siempre y cuando éstas sean de carácter contractual o extralegal pues, estimar lo contrario, podría implicar la ruptura del equilibrio de los factores de la producción y, en algunos casos, la desaparición misma de la fuente laboral.
• Por último, la responsable sí analizó las prestaciones que fueron reclamadas en la demanda laboral, tales como gas, gasolina y canasta básica, pues la imposibilidad de incrementar la pensión de los jubilados en los mismos términos que los trabajadores en activo la hizo extensiva a dichos reclamos.
13. Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Amparo directo 564/2021.
14. Una trabajadora –jubilada en mil novecientos noventa y tres– demandó de Petróleos Mexicanos y otras, diversas prestaciones, entre ellas, el incremento a la pensión jubilatoria, así como el pago de gas doméstico, canasta básica y gasolina en los mismos términos en que se les pagaba a los trabajadores en activo.
15. Al respecto, la Junta responsable dictó laudo en el que absolvió a las demandadas de todas y cada una de las prestaciones reclamadas. Al efecto, consideró que si bien la demandante tenía la calidad de trabajadora jubilada, de los medios probatorios ofrecidos por su parte, no se acreditaba recibo alguno de dicha pensión o monto por tal concepto, así como la temporalidad con la que la recibía por lo que, consecuentemente, tampoco se desprendían los incrementos aducidos por la parte actora, es decir, no acreditó que éstos se hayan realizado de manera anual.
16. En contra de dicha resolución la trabajadora promovió juicio de amparo directo. El Tribunal Colegiado del conocimiento dictó sentencia en el sentido de amparar a la quejosa.
17. Entre las consideraciones en que sustentó su resolución, se encuentran las siguientes:
• En principio, señaló que no existió controversia entre las partes sobre si la demandante tenía derecho a la pensión jubilatoria y a los incrementos pues ambas así lo reconocieron, sino que la contienda versaba sobre cuáles debían ser los parámetros a considerar para el incremento de la pensión otorgada.
• Mencionó que la cláusula 135 hasta el bienio 2013-2015, garantizaba a los jubilados el incremento a la pensión conforme a los trabajadores activos, sin embargo, posteriormente, a partir del bienio 2015-2017 la norma se reformó para prever un factor diferente para incrementar las pensiones, siendo éste el Índice Nacional de Precios al Consumidor.
• Por lo que si la trabajadora adquirió su jubilación el siete de junio de mil novecientos noventa y tres, los derechos derivados de esa jubilación constituyen, por una parte, derechos adquiridos para la ahora inconforme que se hizo acreedora a la pensión jubilatoria y, por otra, un deber de los organismos demandados para su pago, los cuales constituyen derechos y obligaciones que no pueden verse afectados por la aplicación de una norma posterior que modifique en forma negativa tales prerrogativas.
• También se destaca que en el pacto colectivo 2015-2017, no existe alguna cláusula que establezca que el cambio en el sistema de incrementos debía aplicarse a los jubilados de regímenes anteriores.
• Así, la aplicación del nuevo contrato colectivo de trabajo bienio 2015-2017, sí contraviene el principio de irretroactividad de la norma en perjuicio de la actora, pues como se reconoció en el juicio, se cambió el mecanismo para calcular los incrementos de la jubilación, la cual anteriormente se realizaba conforme al porcentaje de los trabajadores en activo y a partir del pacto contractual 2015-2017, se fijó que los incrementos se calcularían con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
• El contrato colectivo de trabajo, vigente a partir del uno de agosto de dos mil quince, sólo prevalece para los trabajadores de las empresas demandadas que sean jubilados dentro de la vigencia de dicho pacto, en relación con los cuales no se contraviene el principio de irretroactividad, en tanto que no contaban con un derecho adquirido.
• Lo anterior, se sustenta en lo determinado en la jurisprudencia 2a./J. 33/2017 (10a.), de rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA APLICACIÓN RETROACTIVA DEL ARTÍCULO 57, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY RELATIVA VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2002 (ACTUALMENTE ABROGADA), ES IMPROCEDENTE EN LO REFERENTE AL PAGO DE INCREMENTOS O DIFERENCIAS A LAS PENSIONES, RESPECTO DE LAS OTORGADAS ANTES DE ESA FECHA."
• Asimismo, debe tomarse en cuenta lo determinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Cinco pensionistas Vs. Perú", en el que expresamente se determinó que la modificación a los montos de las pensiones de los demandantes era violatoria al artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
• Por lo que los incrementos en el monto de la jubilación de la quejosa debían actualizarse con base en el incremento porcentual de los trabajadores en activo y no en términos del Índice Nacional de Precios al Consumidor; lo que derivaba en la inaplicabilidad del contrato colectivo de trabajo vigente a partir del primero de agosto de dos mil quince.
• Ello, con independencia de que el pacto contractual bienio 2015-2017 haya dejado sin efectos los contratos anteriores y en éste se disponga que las pensiones jubilatorias se incrementan con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, ya que esa circunstancia no tuvo por efecto desaparecer los derechos adquiridos anteriormente por los trabajadores petroleros, dada la irretroactividad de la norma referida. Además, no existe alguna disposición en el nuevo cuerpo normativo que permita afirmar que el cambio del sistema de incrementos de las pensiones jubilatorias también debiera aplicarse a los jubilados en regímenes anteriores; por lo que el ámbito temporal de aplicación de dicha norma debe ser entendido únicamente para los jubilados a partir de la vigencia de la misma.
• Permitir que se vulneren los derechos adquiridos de la demandante, implica una transgresión a su patrimonio y propiedad, en términos de lo determinado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (que establecen el principio de progresividad) y, en consecuencia, no se estaría incrementando el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, sino que, por el contrario, se disminuiría el nivel de protección a los citados derechos.
• De tal manera que, para los incrementos tanto de la pensión jubilatoria de la actora, como de los conceptos denominados gas doméstico, canasta básica y gasolina, resultan aplicables los aumentos que se otorguen al personal en activo establecidos en contratos colectivos anteriores.
18. Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Amparo directo 525/2020.
19. Un trabajador –jubilado en dos mil cuatro– demandó de Petróleos Mexicanos y otra, diversas prestaciones, entre ellas, el pago de diferencias en la pensión jubilatoria, así como las generadas con relación a gas doméstico, canasta básica, gasolina y aguinaldo, conforme a los aumentos aprobados y pactados a los trabajadores en activo.
20. Al respecto, la Junta responsable dictó laudo en el que absolvió a la demandada de todas y cada una de las prestaciones reclamadas. En ese sentido manifestó, por una parte, que el trabajador había solicitado su jubilación especial como trabajador de confianza pues, de conformidad con lo que disponía el artículo 82 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios el actor no cumplía los requisitos ahí contemplados.
21. Asimismo, consideró que no le correspondía el pago conforme al contenido de las cláusulas 135, 182, 183 y 255 del pacto colectivo reclamado, ya que en la fecha en que fue otorgada su jubilación era trabajador de confianza, además de que conforme al reglamento, vigente a partir del dieciséis de diciembre de dos mil quince, el importe de la pensión jubilatoria se debía ajustar a las reglas II, III y IV del artículo 82(5) de dicho reglamento, esto es, se incrementaría anualmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, al igual que las prestaciones de gasolina, lubricantes, gas doméstico y canasta básica.
22. En contra de dicha resolución el trabajador promovió juicio de amparo directo. El Tribunal Colegiado del conocimiento al dictar sentencia resolvió en el sentido de conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso.
23. Entre las consideraciones en que apoyó su resolución, se encuentran las siguientes:
• Le asiste la razón al quejoso, toda vez que si el beneficio de la jubilación se le otorgó a partir del cuatro de septiembre de dos mil cuatro, la disposición contenida en el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios de uno de agosto de dos mil, debe ser el parámetro para analizar los términos en los que le fue otorgada la referida jubilación, por ser la que se encontraba vigente al momento en que se le otorgó dicho beneficio. Por tanto, éste debe regir durante toda la existencia, por ser dichos lineamientos los que dieron vida a la misma, aunado a que no existe disposición alguna en el nuevo reglamento que permita afirmar que el cambio en el sistema de incrementos deba aplicarse a los jubilados de regímenes anteriores, por lo que el ámbito temporal de aplicación del nuevo reglamento debe ser entendido únicamente a los jubilados a partir de la vigencia del mismo, es decir, a partir del dieciséis de diciembre de dos mil quince, no así al actor cuya jubilación fue anterior. • Así, al realizar una interpretación conforme de los artículos 83 y transitorios tercero y cuarto del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias,(6) vigente a partir del dieciséis de diciembre de dos mil quince, a la luz del derecho humano de los trabajadores a sus pensiones y en relación con el principio de irretroactividad, debe respetarse la cuantía de las pensiones de los trabajadores jubilados durante la vigencia del reglamento que ha quedado sin efectos, sin que les sean aplicables los ajustes basados en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del nuevo reglamento.
• El supuesto normativo del nuevo reglamento no aplica al actor que se le jubiló con base en el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios de primero de agosto de dos mil, el cual le otorgó el derecho a que su jubilación se actualice y se incremente "con el mismo porcentaje que se otorgue a los salarios del personal de confianza en activo".
• La aplicación del nuevo reglamento, vigente a partir del dieciséis de diciembre de dos mil quince, contraviene el principio de irretroactividad de las leyes tutelado en el artículo 14 de la Constitución Federal, al cambiar la base para incrementar su jubilación en correlación con los porcentajes de incremento al salario de los trabajadores en activo, por el nuevo mecanismo del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), pues tal cambio es en detrimento de sus derechos adquiridos sobre los términos en que su patrón se obligó a actualizar su jubilación.
• El principio de irretroactividad señalado en el artículo 14 constitucional encuentra identidad jurídica convencionalmente en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dicho precepto se aplicó por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil tres, al resolver el caso "Cinco pensionistas contra Perú", en donde se analizó el tema de incrementos salariales que se aplicaba y que posteriormente fue actualizado por un régimen distinto que disminuyó sus pensiones vitalicias.
• Así, conforme a la teoría de los derechos adquiridos, se entiende que cuando un trabajador de confianza de Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación obtiene su jubilación en términos del reglamento de trabajo, vigente a partir del uno de agosto del año dos mil, éste es el que debe regular en todo momento dicha prerrogativa. Por lo que, tomando en cuenta que el accionante se jubiló a partir del cuatro de septiembre de dos mil cuatro, no es posible modificar en su perjuicio la normatividad vigente al obtener ese beneficio, toda vez que ello implicaría una aplicación retroactiva de la norma.
• El derecho a percibir la pensión jubilatoria obtenido con base en el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, vigente a partir del uno de agosto del año dos mil, no puede ser desconocido o reducido por una disposición normativa posterior al tratarse de una prerrogativa surgida durante la vigencia de la primera, la cual entró al patrimonio del jubilado como derecho adquirido y subsiste mientras se conserva ese carácter.
• Ello, con independencia de que el reglamento aplicable haya quedado sin efectos con uno posterior, en términos de su artículo tercero transitorio, y el nuevo disponga que las pensiones jubilatorias se incrementan con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, ya que esa circunstancia no tuvo por efecto desaparecer los derechos adquiridos anteriormente por los trabajadores petroleros, dada la irretroactividad de la norma referida. Además de que no existe disposición que permita afirmar que el cambio del sistema de incrementos también debía aplicarse a los jubilados de regímenes anteriores.
• Consecuentemente, la disposición que se encuentra vigente al momento en que los beneficios son conferidos es la que resulta aplicable, no obstante que hubiera comenzado a laborar o se hubiere desempeñado durante la vigencia de alguna otra disposición. Por tanto, no existía razón para modificar los términos en que debía incrementarse la pensión jubilatoria del actor con base en el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, vigente a partir del dieciséis de diciembre de dos mil quince. Además que el ámbito temporal de aplicación del sistema de incrementos establecido en la normativa vigente a partir del dieciséis de diciembre de dos mil quince, debía ser entendido únicamente para los jubilados a partir de la vigencia de dicho reglamento.
IV. Existencia de la contradicción
24. Por cuestión de orden es necesario establecer si en el caso que se analiza se configura la contradicción de criterios, en tanto que bajo ese supuesto será posible efectuar el estudio relativo con el fin de determinar el criterio que en su caso deba prevalecer como jurisprudencia.
25. Al respecto, es importante destacar que para configurar una contradicción de criterios se requiere que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuito o los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos materia de denuncia hayan:
a) Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales, aunque no lo sean las cuestiones fácticas que las rodean y,
b) Llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.
26. Por tanto, hay contradicción de criterios cuando se satisfagan los supuestos enunciados, sin que sea obstáculo para su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean idénticos en torno a los hechos que los sustentan.
27. En ese sentido se pronunció el Pleno de este Alto Tribunal en el criterio jurisprudencial de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(7)
28. Conforme a lo anterior y en atención a los antecedentes citados, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en el caso no existe la contradicción de criterios entre el sostenido por el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 525/2020 y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, al conocer de los juicios de amparo directo 781/2019, 785/2019 y 706/2019, según se analizará.
29. En efecto, de las consideraciones formuladas por cada uno de los tribunales contendientes, esta Segunda Sala llega a la conclusión de que no puede configurarse la contradicción de criterios entre los órganos colegiados mencionados, en virtud de que las condiciones fácticas y el marco normativo analizado por cada uno de los Tribunales Colegiados son distintos, es decir, el problema jurídico planteado fue abordado a partir de las particularidades específicas de cada asunto y resuelto con base en disposiciones legales distintas.
30. Lo anterior, toda vez que el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al analizar el reclamo de un trabajador de confianza de Petróleos Mexicanos en relación al pago de los incrementos de su pensión jubilatoria, sostuvo que si el trabajador se había jubilado con base a lo dispuesto en el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias del primero de agosto de dos mil, debía respetarse la cuantía de las pensiones y los incrementos de la pensión prevista.
31. Lo indicado, toda vez que si bien el reglamento que entró en vigor el dieciséis de diciembre de dos mil quince, estableció que el parámetro para determinar el incremento de las pensiones era el porcentaje que se indicara en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, éste sólo era válido para los empleados que se jubilaran cuando cumplieran los requisitos de edad y tiempo de servicios exigidos en esa normatividad, pero no para el personal que ya recibió el beneficio de su jubilación con el reglamento anterior. Tales consideraciones las sostuvo a partir del análisis de lo dispuesto en los artículos 83, tercero y cuarto transitorios del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios que entró en vigor el dieciséis de diciembre de dos mil quince.
32. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, al conocer de los juicios de amparo directo 781/2019, 785/2019 y 706/2019, se pronunció respecto del reclamo de trabajadores sindicalizados de Petróleos Mexicanos con relación al incremento de las pensiones jubilatorias otorgadas.
33. Al respecto consideró que si bien los trabajadores se habían jubilado bajo lo dispuesto en contratos colectivos anteriores (2004 y 2013), lo cierto era que tales disposiciones contractuales únicamente regían para determinar los requisitos para obtener dicho beneficio, así como para determinar los topes máximos y mínimos aplicables para fijar el monto de la pensión; sin embargo, los incrementos se debían regular por el contrato colectivo vigente al momento de cada aumento en particular, esto es, bajo lo dispuesto en la cláusula 135 del pacto contractual que entró en vigor el primero de agosto de dos mil quince, en el cual se establecía que el incremento de las pensiones sería conforme al Índice Nacional de P
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30964-6c69ff3d/incremento-de-pensiones-jubilatorias-de-trabajadores-de-petroleos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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