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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LA SEGUNDA HIPÓTESIS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO Y POR EL CONSEJERO JURÍDICO, EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU ACTUAR POR VICIOS PROPIOS RESPECTO DE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, AL HABER PARTICIPADO EN EL PROCESO DE SU CREACIÓN (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO). IV. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. EXIGE UN EQUILIBRIO ENTRE LOS DISTINTOS PODERES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PESOS Y CONTRAPESOS TENDENTE A EVITAR LA CONSOLIDACIÓN DE UN PODER U ÓRGANO ABSOLUTO QUE PUEDA PRODUCIR UNA DISTORSIÓN EN EL SISTEMA DE COMPETENCIAS PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE Y CON ELLO GENERAR UNA AFECTACIÓN A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES O SUS GARANTÍAS. V. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA VULNERACIÓN A SU AUTONOMÍA O A SU INDEPENDENCIA IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. VI. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. VII. AUTONOMÍA DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. CONSTITUYE UNA CONDICIÓN PARA QUE EJERZAN SUS FUNCIONES CON PLENA INDEPENDENCIA. VIII. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. IX. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2 EN DONDE SE INDICA QUE LA PENSIÓN: "... Y SERÁ CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES, CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y AMPAROS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, PRECISADO EN EL ANEXO 2 DEL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DEL DECRETO NÚMERO MIL CIENTO CINCO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y LAS PARTIDAS RESPECTIVAS DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES."). X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INCONSTITUCIONALIDAD DE LA PORCIÓN NORMATIVA DEL DECRETO IMPUGNADO EN LA QUE SE SEÑALA QUE EL ACTOR DEBE REALIZAR EL PAGO DE LA PENSIÓN CON CARGO A LA PARTIDA PRECISADA EN EL ANEXO 2 DEL ARTÍCULO 18 DEL DECRETO MIL CIENTO CINCO POR EL QUE SE APROBÓ EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTIUNO, AL HABERSE DECLARADO LA INVALIDEZ DE ÉSTE EN UNA DIVERSA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2 EN DONDE SE INDICA QUE LA PENSIÓN: "... Y SERÁ CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES, CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y AMPAROS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, PRECISADO EN EL ANEXO 2 DEL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DEL DECRETO NÚMERO MIL CIENTO CINCO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y LAS PARTIDAS RESPECTIVAS DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES."). XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL PODER JUDICIAL LOCAL, NO PUEDE CAUSAR AFECTACIÓN ALGUNA A LOS DERECHOS QUE YA SE HABÍAN OTORGADO AL TRABAJADOR PENSIONADO Y QUE NO FUERON MATERIA DE LA INVALIDEZ DECRETADA (INV

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 143/2021. · Registro digital (IUS): 30990
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-10-14
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Octubre de 2022, Tomo II, Pág.2151.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 143/2021. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 8 DE JUNIO DE 2022. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LA MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y DE LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y MINISTRA PRESIDENTA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: OMAR CRUZ CAMACHO.

ÍNDICE TEMÁTICO

Actos impugnados: El Poder Judicial del Estado de Morelos impugna los artículos 2o. y 3o. del Decreto 1323, por medio del cual el Poder Legislativo del mismo Estado dispuso del presupuesto del Poder Judicial para el pago de una pensión por cesantía en edad avanzada.

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día ocho de junio de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 143/2021, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos, en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como del secretario de Gobierno del Estado de Morelos, demandando la invalidez de los artículos 2o. y 3o. del Decreto 1323, publicado el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno en el medio oficial local.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación del escrito inicial. El ocho de octubre de dos mil veintiuno, Rubén Jasso Díaz, Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, promovió la presente controversia constitucional y señaló como autoridades demandadas al Congreso, al titular del Poder Ejecutivo y al secretario de Gobierno del Estado de Morelos.

2. Antecedentes en la demanda de controversia. En resumen, en el escrito de demanda se señalan los siguientes antecedentes:

a. En cada ejercicio fiscal el Poder Judicial ha remitido al titular del Poder Ejecutivo un anteproyecto de presupuesto de egresos, donde se establece una partida para los decretos de pensiones emitidos por el Poder Legislativo; no obstante, esos anteproyectos no se han respetado, porque el Congreso sólo autoriza un porcentaje mínimo para el pago de las pensiones.

b. En los ejercicios fiscales de dos mil trece a dos mil diecisiete el presupuesto que se otorgó al Poder Judicial se mantuvo constante, a pesar del aumento de los precios de los insumos y los salarios y el exponencial número de jubilados.

c. Además, en ese periodo, no existía una partida presupuestal de pensiones, razón por la cual el Poder Judicial comenzó a impugnar esos decretos mediante controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

d. El veintiocho de agosto de dos mil veinte, el Poder Judicial remitió mediante oficio RJD/JUNTA ADMON/787/2020 al Poder Ejecutivo, su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y Programa Operativo Anual, con el fin de que lo remitiera al Poder Legislativo para su discusión y aprobación.

e. En el anteproyecto mencionado, elaborado con base en el porcentaje mínimo que establecen los artículos 32, párrafo segundo y 40, fracción V de la Constitución del Estado de Morelos, el Poder Judicial solicitó al Poder Legislativo la cantidad de $916'832,428.00 (novecientos dieciséis millones, ochocientos treinta y dos mil cuatrocientos veintiocho pesos 00/100 M.N.), considerando solamente el presupuesto requerido por el Tribunal Superior de Justicia, sin contemplar el presupuesto necesario para la implementación del sistema de justicia laboral y el pago de los decretos de pensiones.

f. Sin embargo, el primero de octubre de dos mil veinte, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de presupuesto diferente al del Anteproyecto que le fue remitido por el Poder Judicial, lo que vulneró el artículo 70, fracción XVIII, inciso c), de la Constitución del Estado y los principios de autonomía e independencia judicial previstos en el artículo 116 de la Constitución Federal.

g. Finalmente, el quince de diciembre de dos mil veinte, el Congreso del Estado aprobó el Decreto 1105, mediante el que autorizó el presupuesto de egresos local para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno.

h. En dicho presupuesto asignó al Poder Judicial un presupuesto de $549'034,000.00 (quinientos cuarenta y nueve millones, treinta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.), desglosado de la siguiente manera: a) Tribunal Superior de Justicia del Estado: $449'034,000.00 (cuatrocientos cuarenta y nueve millones, treinta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.); b) Pago de pensiones, jubilaciones, controversias constitucionales y amparos del Tribunal Superior de Justicia: $75'000,000.00 (setenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.); c) Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes: $25'000,000.00. (veinticinco millones de pesos 00/100 M.N.)

i. Así, la cantidad aprobada por el Poder Legislativo a favor del Poder Judicial no correspondió al 4.7 % del gasto programable, además de que no se contempló la partida presupuestal denominada "Apoyo extraordinario a sindicalizados del Poder Judicial", como en los ejercicios fiscales anteriores.

j. En ese contexto, el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, se publicó en el medio oficial local el Decreto 1323, a través del cual el Poder Legislativo otorgó una pensión por cesantía en edad avanzada a Rebeca Gómez Miranda, con cargo al presupuesto del Poder Judicial.

3. Conceptos de invalidez. En resumen, en el escrito de demanda se señaló como único concepto de invalidez lo siguiente:

a. El Poder Judicial del Estado de Morelos estima que el decreto impugnado vulnera los artículos 17, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a) y 127 de la Constitución Federal, porque invade su autonomía en la gestión presupuestal.

b. Considera que el Decreto 1323, específicamente su artículo 3o., (SIC) implica una intromisión del Poder Legislativo del Estado de Morelos en las decisiones financieras del Poder Judicial, lesionando su independencia en el grado más grave que es la subordinación y su autonomía en la gestión de los recursos.

c. Señala que la persona pensionada mantuvo una relación de subordinación (SIC) con el Poder Judicial, por lo que este Poder es quien debería tener la facultad de disponer de sus recursos.

d. Más aún, la necesaria intervención del Poder Judicial para la emisión del Decreto 1323 se justifica dado que el decreto afecta de manera literal la partida presupuestal de "pago de pensiones, controversias constitucionales y amparos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, precisado en el anexo 2 del artículo décimo octavo del Decreto [1105], por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal ... de 2021 y las partidas respectivas subsecuentes".

e. Estima que al Congreso Local le pasó desapercibido que en el presupuesto de egresos local para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno no se contempló una partida para el pago de los decretos controvertidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues en el anexo 2, en la partida "Pago de decretos pensionarios del Tribunal Superior de Justicia" se otorgó una cantidad que resulta insuficiente para pagar las pensiones previas y futuras, incluyendo la prevista en el Decreto 1323 impugnado.

f. Señala que no debe pasar desapercibido que la asignación de una partida para el pago de las pensiones fue a consecuencia de una determinación del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indicada en el considerando séptimo del acuerdo publicado el cuatro de marzo de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación.

g. Advierte que el Decreto 66 referido en el decreto impugnado (SIC) ya concluyó, pues mediante ese decreto se aprobó el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve.

h. Señala que existe una diferencia en contra de cinco millones de pesos entre la partida destinada para el pago de los decretos pensionarios en el Decreto 66 y la prevista en el Decreto 1105, por lo que el Poder Judicial no tiene presupuesto suficiente para el pago del Decreto 1323 impugnado.

i. Reitera que con el Decreto 1323 no se proporcionó numerario para cubrir la pensión, lo que se traduce en una afectación al Poder Judicial y vulnera los principios de división de poderes, autonomía e independencia establecidos en los artículos 40, 41, 49, 116 y 133 de la Constitución Federal.

j. Agrega que esos preceptos constitucionales le reconocen al Poder Judicial la autonomía en la gestión presupuestal; la potestad de regir las relaciones laborales con sus trabajadores, incluyendo las pensiones y jubilaciones; y la autonomía para definir el gasto público a través del presupuesto de egresos sin injerencia de otras autoridades.

k. Considera que no basta la presunción del Poder Legislativo de que la partida para el pago de las pensiones tiene fondos suficientes, pues eso debería garantizarse en el presupuesto anual, con una bolsa adicional en la partida correspondiente, o bien transfiriendo junto con el decreto una cantidad para cubrir la pensión.

l. Señala que la emisión de los decretos jubilatorios sin su correspondiente garantía económica genera una violación de los derechos de los trabajadores que pasan a retiro, porque el Poder Judicial se ve impedido de pagar los aguinaldos, vacaciones, primas y las propias pensiones ante la falta de recursos. El Poder Legislativo pierde de vista que el Poder Judicial no capta ingresos adicionales a los autorizados en el presupuesto anual.

m. Estima necesario reiterar que la sustancia y esencia de su demanda no es que se excluya al Poder Judicial de la decisión de a quiénes se debe conceder una pensión; lo que motiva la controversia es la omisión del Poder Legislativo de otorgar recursos suficientes para enfrentar el gasto respectivo.

n. Considera que la atribución legal del Congreso Local para emitir decretos jubilatorios de otros Poderes del Estado vulnera el principio de autonomía en la gestión presupuestal, consagrado en los artículos 17, párrafo quinto y 116, fracción III, de la Constitución Federal. Argumenta que, si los trabajadores mantuvieron una relación de trabajo con el Poder Judicial, entonces no le corresponde al Congreso Local evaluar si el trabajador cumple o no con los requisitos para acceder a la pensión.

o. Reconoce que el régimen de pensiones debe estar previsto en las leyes laborales, lo que, no obstante, no implica que el Congreso pueda determinar los casos en que procede otorgar las pensiones que nacen de las relaciones de trabajo en otros Poderes, como en el caso del Poder Judicial y sus trabajadores.

p. Conforme a lo expuesto en la controversia constitucional 35/2000, el Poder Judicial estima que el Decreto 1323, específicamente en su artículo 2o., transgrede su independencia y autonomía presupuestal, porque impacta en la totalidad de su presupuesto de egresos y lo torna dependiente y lo subordina al obligarlo a realizar el pago de la pensión con cargo a su presupuesto. Señala que incluso el artículo 3o. del decreto ordena la manera de calcular el pago de la pensión respectiva.

q. Considera que al caso resulta aplicable la tesis P./J. 101/2000, de rubro: "PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. MARCO JURÍDICO DE GARANTÍAS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

4. Artículos constitucionales violados. El Poder Judicial del Estado de Morelos estima violados en su perjuicio los artículos 14, 16, 17, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, 126, 127 y 134 de la Constitución Federal.

5. Admisión y trámite. Mediante acuerdo de trece de octubre de dos mil veintiuno, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional y lo turnó al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que fungiera como instructor del procedimiento.

6. Mediante acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda y tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos. Además, requirió a los Poderes Legislativo y Ejecutivo para que, junto con sus contestaciones de demanda, remitieran las copias certificadas de todos los antecedentes legislativos y del ejemplar del Periódico Oficial relacionados con el decreto impugnado.

7. Finalmente, ordenó dar vista con el escrito de la demanda a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.

8. Contestación del Poder Legislativo. Mediante escrito recibido el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, Francisco Érik Sánchez Zavala, diputado presidente de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos rindió su contestación de la demanda, donde en resumen señaló lo siguiente:

a. El seis de septiembre de dos mil veinte se publicó en el medio oficial local la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en cuyos títulos quinto y sexto se establecieron respectivamente "de los derechos y de las obligaciones" y "del régimen de seguridad social".

b. Señala que el artículo 56 de la Ley del Servicio Civil fue declarado inválido con efectos interpartes por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las controversias constitucionales 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008 en la sesión de ocho de noviembre de dos mil diez.

c. Refiere que los trabajadores del Estado o sus beneficiarios tienen derecho a una pensión otorgada por los Poderes-patrones, así como también tienen derecho a otra pensión otorgada mediante decretos por el Congreso del Estado si verifican los requisitos establecidos en la Ley del Servicio Civil.

d. Considera infundado el concepto de invalidez del Poder Judicial. Señala que en el Decreto 1105, por el que se aprobó el presupuesto de egresos local para el dos mil veintiuno, en el artículo décimo octavo se asignó un presupuesto al Tribunal Superior de Justicia, incluyendo una cantidad para el pago de las pensiones como se aprecia en el anexo 2 del mismo decreto.

e. Considera que la cantidad autorizada se integra por los recursos necesarios para que el Poder Judicial cumpla sus obligaciones laborales, financieras y de seguridad social, así como para las pensiones y jubilaciones, controversias constitucionales, amparos, cambios organizacionales, construcción, operación de infraestructura, capacitación de recursos humanos, etcétera.

f. Insiste que el Tribunal Superior de Justicia, mediante los oficios TSJ/MCVCL/0664/2018 y TSJ/COMISIÓN/01573/2019, requirió $39'659,073.44 (treinta y nueve millones, seiscientos cincuenta y nueve mil setenta y tres pesos 44/100 M.N.) para el pago de las pensiones. Por ello, en el presupuesto de egresos local para el dos mil veinte se le asignaron $70'000,000.00, (setenta millones de pesos 00/100 M.N.) un excedente de $30'340,926.56, (treinta millones, trescientos cuarenta mil, novecientos veintiséis pesos 56/100 M.N.) suficiente para cumplir con el pago de la pensión respectiva.

g. Por tanto, considera que con la emisión del Decreto 1323, el Poder Legislativo no transgredió el principio de autonomía en la gestión presupuestal del Poder Judicial, porque no dispuso de los recursos de dicho Poder al haberle otorgado previamente los recursos suficientes para el pago de la pensión.

h. Reitera que en el presupuesto de egresos local del dos mil veintiuno se le otorgó al Poder Judicial una cantidad específica para el pago de las pensiones. Además, mediante los oficios SH/0734/2021 y SH/1173/2021, de once de junio y veinte de septiembre de dos mil veintiuno, el Congreso aprobó dos ampliaciones presupuestales a favor del Tribunal Superior de Justicia.

9. Contestación del Poder Ejecutivo. Mediante escrito recibido el trece de diciembre de dos mil veintiuno, Samuel Sotelo Salgado, consejero jurídico y representante legal del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos rindió su contestación de la demanda en los siguientes términos:

a. Señala que el Poder Judicial no impugnó el Decreto 1323 por vicios relativos a los actos de promulgación y publicación en el medio oficial; por ello, estima que el Poder Ejecutivo sólo está llamado a la presente controversia porque el actor cumplió con el requisito formal de señalar como demandados a los órganos que expidieron, promulgaron y publicaron el acto impugnado.

b. Por tanto, estima falso que el Poder Ejecutivo haya violado en perjuicio del Poder Judicial alguna disposición constitucional, pues dicha autoridad sólo promulgó y publicó el decreto impugnado, pero sin que ese acto haya sido motivo de impugnación por vicios propios.

c. Apoya su afirmación con la tesis P. XV/2007, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA ESTUDIAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL POR ESA VÍA, DEBE LLAMARSE A JUICIO COMO DEMANDADOS TANTO AL ÓRGANO QUE LA EXPIDIÓ COMO AL QUE LA PROMULGÓ, AUNQUE NO SE ATRIBUYAN VICIOS PROPIOS A CADA UNO DE ESTOS ACTOS, SALVO CUANDO SE RECLAME UNA OMISIÓN LEGISLATIVA."

d. Señala que los actos de promulgación y publicación del acto son válidos, porque el Poder Ejecutivo cuenta con las facultades legales para promulgar y publicar las leyes y demás disposiciones federales en el medio oficial local, así como tiene la facultad de hacer cumplir las leyes o decretos del Congreso conforme a los artículos 70, fracciones XVI y XVII, incisos a) y c), 74 y 76 de la Constitución del Estado de Morelos.

e. En consecuencia, estima que los actos impugnados del Poder Ejecutivo son notoriamente improcedentes e infundados, porque la promulgación y publicación del Decreto 1323 no invade el ámbito de las facultades constitucionales del Poder Judicial.

f. Por otra parte, considera infundado que el Decreto 1323, vulnere algún artículo constitucional de los señalados por el Poder Judicial.

g. Estima que el Poder Judicial está en condiciones de pagar los decretos de pensiones de sus extrabajadores, ya que cada año cuenta con un presupuesto que representa un porcentaje fijo del presupuesto de egresos para el Estado.

h. Por ello, el Poder Judicial tiene la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran su presupuesto, conforme a la tesis P./J. 5/2011, en materia de cumplimiento de las sentencias de amparo.

i. Señala que al analizarse este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá tomar en cuenta la problemática financiera que atraviesa el erario estatal y el municipal, pues en el caso de los trabajadores estatales y municipales las pensiones tienen como única fuente el erario.

j. Finalmente, se señala que el Poder Ejecutivo no es patrón solidario o sustituto de las obligaciones del Poder Judicial con sus jubilados.

10. Contestación del secretario de Gobierno. Mediante escrito recibido el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, Pablo Héctor Ojeda Cárdenas, secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, rindió su contestación de demanda, señalando en resumen lo siguiente:

a. El Poder Judicial no formuló conceptos de invalidez contra el acto de publicación, por lo que es evidente que él sólo está llamado a juicio porque el actor cumplió con el requisito de señalar a los órganos que expidieron, promulgaron y publicaron el acto.

b. Señala que conforme a los artículos 70, fracciones XVI y XVII, incisos a) y c), 74 y 76 de la Constitución de Morelos, el titular del Poder Ejecutivo cuenta con las facultades para promulgar y publicar las leyes y demás disposiciones federales en el medio oficial local, hacer cumplir las leyes o decretos del Congreso Local y al secretario de Gobierno le corresponde refrendar los decretos. c. Por ello, considera que la controversia es notoriamente improcedente e infundada, porque el acto de publicación a cargo del secretario de Gobierno fue apegado al orden constitucional.

11. Opinión del fiscal general de la República y del consejero jurídico del Gobierno Federal. La Fiscalía General de la República y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal no emitieron opinión.

12. Audiencia. El veinticinco de marzo de dos mil veintidós se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas por las partes.(1)

13. Cierre de la instrucción. El veintiséis de abril de dos mil veintidós se declaró cerrada la instrucción y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución.

14. Radicación. Previo dictamen del Ministro instructor, el asunto quedó radicado en la Primera Sala.

I. COMPETENCIA

15. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Federal;(2) 10, fracción I y 11, fracciones VI y VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) en relación con lo dispuesto en los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno,(4) pues el Poder Judicial del Estado de Morelos no impugna una norma de carácter general, por lo que es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

II. PRECISIÓN DE LA LITIS

16. Es requisito indispensable fijar de manera breve y precisa las normas generales, actos u omisiones que sean materia de la controversia constitucional, conforme a lo dispuesto en el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(5)

17. Esta Primera Sala advierte que, en su escrito de demanda, el Poder Judicial del Estado de Morelos señala como "norma general o acto cuya invalidez se reclame ..." lo siguiente:

"Se reclama la invalidez por sí y por vicios propios de los artículos 2o. y 3o. del decreto número mil trescientos veintitrés, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ 5979, de fecha veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, a través del cual el Poder Legislativo de Morelos, determinó otorgar pensión por cesantía en edad avanzada a Rebeca Gómez Miranda, con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin transferir efectivamente los recursos necesarios para cumplir con la carga económica que implica el decreto jubilatorio."

18. Lo apenas transcrito coincide con lo manifestado por el Poder Judicial en el grueso de su demanda, en el sentido de que impugna los artículos 2o. y 3o. del Decreto 1323, a través del cual el Poder Legislativo otorgó una pensión por cesantía en edad avanzada a Rebeca Gómez Miranda, con cargo al presupuesto del Poder Judicial y sin transferir los recursos económicos necesarios para cumplir con esa carga.

19. No obstante, esta Primera Sala considera que la materia de la litis se encuentra únicamente en la porción normativa del artículo 2o. del Decreto 1323, y no así del 3o., por ser la norma que prevé el tema del cual le afecta a la parte actora relativo al pago de pensiones con cargo a su presupuesto, como se destaca de lo subrayado a continuación:

"Decreto Número Mil Trescientos Veintitrés

"Por el cual se concede pensión por cesantía en edad avanzada a la C. Rebeca Gómez Miranda, en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo número: 606/2020

"Artículo 1o. Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a la C. Rebeca Gómez Miranda, quien ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, así como en los poderes Ejecutivo y Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: secretaria de Estudio y Cuenta de la Tercera Sala del H. Cuerpo Colegiado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.

"Artículo 2o. La pensión decretada deberá cubrirse al 75 % del último salario de la solicitante, a partir del día siguiente a aquel en que la trabajadora se separe de sus labores, toda vez que la pensión solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 59, inciso f) de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos, y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de pensiones, controversias constitucionales y amparos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, precisado en el anexo 2 del artículo décimo octavo del Decreto Número Mil Ciento Cinco, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del primero de enero al 31 de diciembre de 2021 y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes.

"Artículo 3o. El monto de la pensión se calculará tomando como base a su último salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual del salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, integrándose la misma con el salario, las percepciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.

"Artículos transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad".

Segundo. Notifíquese al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, el contenido del presente, a efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia pronunciada dentro del expediente número 606/2020, promovido por la C. Rebeca Gómez Miranda.

"Recinto Legislativo, en sesión ordinaria iniciada del día catorce de julio de dos mil veintiuno.

"Diputados integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos. Dip. José Luis Galindo Cortez, diputado vicepresidente en funciones de presidente. Dip. Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, secretaria. Dip. Erika García Zaragoza, secretaria. Rúbricas.

"Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, palacio de Gobierno, en la Ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos a los tres días del mes de agosto del dos mil veintiuno.

"Sufragio efectivo. No reelección"

"Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos

"Cuauhtémoc Blanco Bravo

"Secretario de Gobierno

"Lic. Pablo Héctor Ojeda Cárdenas

"Rúbricas."

20. Por tanto, esta Primera Sala tiene como efectivamente impugnada la porción normativa del artículo 2o. del Decreto 1323 que a la letra dice: "y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de pensiones, controversias constitucionales y amparos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, precisado en el anexo 2 del artículo décimo octavo del Decreto Número Mil Ciento Cinco, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del primero de enero al 31 de diciembre de 2021 y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes."

III. OPORTUNIDAD

21. El artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(6) dispone que el plazo para promover una controversia constitucional es de treinta días que se computan de manera distinta, en función del tipo de acto controvertido.

22. En el presente caso, debido a que el Poder Judicial impugna un decreto cuya naturaleza es de un acto legislativo, el cómputo debe realizarse a partir del día siguiente en que fue publicado en el medio oficial.

23. Así, dado que el Decreto 1323 se publicó el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del Estado de Morelos, el plazo de treinta días para presentar la controversia constitucional transcurrió del veintiséis de agosto al once de octubre de dos mil veintiuno.(7)

24. Consecuentemente, dado que la demanda se presentó el ocho de octubre de dos mil veintiuno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal es evidente que la controversia constitucional se promovió oportunamente.

IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA

25. El carácter de parte actora lo tiene el Poder que promueve la controversia constitucional, quien deberá comparecer al juicio por conducto de los funcionarios legalmente facultados para representarla, de conformidad con los artículos 10, fracción I, y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(8)

26. En este caso, quien promovió la demanda fue Rubén Jasso Díaz, Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, calidad que acreditó con una copia certificada de la sesión extraordinaria de cinco de mayo de dos mil veinte en la que fue designado para el cargo por el periodo que va del dieciocho de mayo de dos mil veinte al diecisiete de mayo de dos mil veintidós.

27. Dado que el ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Pleno del Tribunal Superior, y que el Magistrado presidente tiene la atribución de representar al Tribunal Superior, se concluye entonces que dicho funcionario está facultado para promover el presente medio de control en representación del Poder Judicial, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política del Estado de Morelos y el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.(9)

28. En consecuencia, queda satisfecho el presupuesto procesal de la legitimación activa, porque la presente controversia fue promovida por un Poder legitimado y mediante su debi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30990-c339260e/i-controversia-constitucional-el-presidente-del-tribunal-superior · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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