I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LA SEGUNDA HIPÓTESIS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO Y EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA CUANDO HAYAN PARTICIPADO EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE LOS DECRETOS IMPUGNADOS. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN EL CONSEJERO JURÍDICO (ARTÍCULO 38, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULOS 32, 35 Y 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). V. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO 64, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN NORMATIVA DEL ARTÍCULO 2o. EN LA QUE SE INDICA QUE LA PENSIÓN: "... Y SERÁ CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES, CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y AMPAROS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, PRECISADO EN EL ANEXO 2 DEL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DEL DECRETO NÚMERO MIL CIENTO CINCO POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y PARA LAS PARTIDAS RESPECTIVAS DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES."). VI. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. VII. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. VIII. PODERES JUDICIALES LOCALES. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO DE AQUÉLLOS. IX. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. X. AUTONOMÍA DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. CONSTITUYE UNA CONDICIÓN PARA QUE EJERZAN SUS FUNCIONES CON PLENA INDEPENDENCIA. XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INCONSTITUCIONALIDAD DE LA PORCIÓN NORMATIVA DEL DECRETO IMPUGNADO EN LA QUE SE SEÑALA QUE EL ACTOR DEBE REALIZAR EL PAGO DE LA PENSIÓN CON CARGO A LA PARTIDA PRECISADA EN EL ANEXO 2 DEL ARTÍCULO 18 DEL DECRETO NÚMERO MIL CIENTO CINCO POR EL QUE SE APROBÓ EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTIUNO, AL HABERSE DECLARADO LA INVALIDEZ DE ÉSTE EN UNA DIVERSA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO 64, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN NORMATIVA DEL ARTÍCULO 2o. EN LA QUE SE INDICA QUE LA PENSIÓN: " ... Y SERÁ CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES, CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y AMPAROS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, PRECISADO EN EL ANEXO 2 DEL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DEL DECRETO NÚMERO MIL CIENTO CINCO POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y LAS PARTIDAS RESPECTIVAS DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES."). XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL PODER JUDICIAL LOCAL, NO PUEDE CAUSAR AFECTACIÓN ALGUNA A LOS DERECHOS QUE YA SE HABÍAN OTORGADO AL TRABAJADOR PENSIONADO Y QUE NO FUERON MATERIA DE LA INVALIDEZ DECRETADA (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO 64, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN NORMATIVA DEL ARTÍCULO 2o. EN LA QUE SE INDICA QUE LA PENSIÓN: " ... Y SERÁ CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES, CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y AMPAROS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, PRECISADO EN EL ANEXO 2 DEL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DEL DECRETO NÚMERO MIL CIENTO CINCO POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, PARA EL EJERCICIO FIS
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 29/2022. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022. CINCO VOTOS DE LA SEÑORA MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y LOS SEÑORES MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: OMAR CRUZ CAMACHO.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, emite la siguiente
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 29/2022, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como del secretario de Gobierno del Estado de Morelos, demandando la invalidez de los artículos 2o. y 3o. del Decreto Sesenta y Cuatro (Decreto 64), publicado el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno en el medio oficial local.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación del escrito inicial. El once de febrero de dos mil veintidós, Rubén Jasso Díaz, ostentándose como Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, promovió la presente controversia constitucional, donde señaló como autoridades demandadas al Congreso, al titular del Poder Ejecutivo y al secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos.
2. Antecedentes. En síntesis, el Poder Judicial del Estado de Morelos señala los siguientes antecedentes:
a. En cada ejercicio fiscal, el Poder Judicial ha remitido al titular del Poder Ejecutivo un anteproyecto de Presupuesto de Egresos, donde se establece una partida para los decretos de pensiones emitidos por el Poder Legislativo; no obstante, esos anteproyectos no se han respetado, porque el Congreso sólo autoriza un porcentaje mínimo para el pago de las pensiones.
b. En los ejercicios fiscales que van de dos mil trece a dos mil diecisiete, el presupuesto para el Poder Judicial se mantuvo constante y sin prever una partida presupuestal de pensiones, lo que ha sido impugnado vía controversias constitucionales.
c. El veintiocho de agosto de dos mil veinte, el Poder Judicial remitió al Poder Ejecutivo su anteproyecto de Presupuesto de Egresos con el fin de que lo remitiera al Poder Legislativo para su aprobación; sin embargo, el uno de octubre del mismo año, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto distinto.
d. El quince de diciembre de dos mil veinte, el Legislativo aprobó el Decreto Número Mil Ciento Cinco que autoriza el Presupuesto de Egresos Local para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con una cantidad que no respetó el porcentaje mínimo que la Constitución Estatal garantiza al Poder Judicial, y contempló, entre otros rubros, el "b) Pago de pensiones, jubilaciones, controversias constitucionales y amparos del Tribunal Superior de Justicia".
e. El veintidós de diciembre de dos mil veintiuno se publicó en el medio oficial local el Decreto 64 que hoy se impugna, a través del cual el Poder Legislativo otorgó pensión por jubilación a Omar Alva Escamilla, con cargo al presupuesto del Poder Judicial.
3. Conceptos de invalidez. En síntesis, el Poder Judicial del Estado de Morelos señala como único concepto de invalidez lo siguiente:
a. El Decreto 64 vulnera los artículos 17, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a), y 127 de la Constitución Federal, y los artículos 32, párrafo séptimo, 83, 92-A, fracción IV, y 131 de la Constitución de Morelos, porque invade su autonomía en la gestión presupuestal.
b. El Poder Legislativo lesiona la independencia del Poder Judicial en el grado más grave que es la subordinación y, en consecuencia, su autonomía en la gestión de los recursos, porque el artículo 2o. del Decreto 64, dispone el pago de una pensión con cargo a una partida de su presupuesto.
c. Al Congreso Local le pasó desapercibido que en el Presupuesto de Egresos Local para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno no se contempló una partida para el pago de los decretos controvertidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues en el anexo 2, en la partida "Pago de decretos pensionarios del Tribunal Superior de Justicia" se otorgó una cantidad que resulta insuficiente para pagar las pensiones previas y futuras, incluyendo la prevista en el Decreto 64 impugnado.
d. El Decreto 64 tampoco proporciona recursos para cubrir la pensión, lo que debería estar garantizado en el presupuesto anual en una bolsa adicional al mismo, o bien transfiriendo con el decreto una cantidad suficiente para cubrir la pensión.
e. La facultad legal del Poder Legislativo para emitir decretos jubilatorios de otros Poderes vulnera los principios de división de poderes, autonomía e independencia en la gestión presupuestal y potestad de regir las relaciones laborales, por lo que no le compete al legislador de Morelos otorgar una pensión a un trabajador de un Poder distinto.
f. El artículo 2o. dispone del presupuesto del Poder Judicial para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, no obstante que éste fue invalidado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia al resolver la controversia constitucional 15/2021.
4. Artículos constitucionales violados. El Poder Judicial del Estado de Morelos considera violados los artículos 14, 16, 17, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, 126, 127 y 134 de la Constitución Federal.
5. Admisión y trámite. Mediante acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional y lo turnó al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que instruyera el procedimiento.
6. Mediante acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda y tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos; además, requirió a dichos Poderes para que con sus contestaciones remitieran las copias certificadas de los antecedentes legislativos y el ejemplar del Periódico Oficial relacionados con el decreto impugnado. Finalmente, ordenó dar vista con la demanda a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.
7. Contestación del Poder Legislativo. Mediante escrito recibido el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, Francisco Erik Sánchez Zavala, diputado presidente de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos rindió su contestación de la demanda,(1) donde en resumen señaló lo siguiente:
a. Los trabajadores del Estado o sus beneficiarios tienen derecho a una pensión otorgada por los Poderes patrones, así como también tienen derecho a otra pensión otorgada por el Congreso si reúnen los requisitos de la Ley del Servicio Civil.
b. Es infundado el concepto de invalidez, porque en el Decreto Número Mil Ciento Cinco que aprobó el Presupuesto de Egresos Local para el dos mil veintiuno se asignó un presupuesto para el Tribunal Superior de Justicia en el artículo décimo octavo, incluyendo una cantidad para el pago de las pensiones en el anexo 2, por lo que el Poder Judicial está en posibilidades de cumplir con las obligaciones que derivan, entre otras, de las controversias constitucionales.
c. Mediante los oficios SH/0734/2021 y SH/1173/2021, de once de junio y veinte de septiembre de dos mil veintiuno, se aprobaron dos ampliaciones presupuestales a favor del Tribunal Superior de Justicia para el pago de las pensiones.
8. Contestación del Poder Ejecutivo. Mediante escrito recibido el veintinueve de abril, Samuel Sotelo Salgado, consejero jurídico y representante legal del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos contestó la demanda en los siguientes términos:
a. Es infundado que el Decreto 64 vulnere la Constitución Federal, pues el Poder Judicial está en condiciones de pagar los decretos de pensiones, ya que cada año tiene un presupuesto que representa un porcentaje fijo del Presupuesto de Egresos Local.
b. De ser el caso, el Poder Judicial debe instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran su presupuesto, conforme a la tesis P./J. 5/2011 en materia de cumplimiento de las sentencias de amparo.
c. Al resolver este asunto, se debe tomar en cuenta la problemática financiera que atraviesa el erario, pues es la única fuente para pagar las pensiones de los trabajadores estatales y municipales.
d. Finalmente, el Ejecutivo no es patrón solidario o sustituto de las obligaciones del Poder Judicial con sus jubilados.
9. Contestación del secretario de Gobierno. Mediante escrito enviado el trece de mayo de dos mil veintidós mediante Correos de México(2) y recibido el veinticuatro del mismo mes y año en esta Suprema Corte de Justicia, Samuel Sotelo Salgado, en su carácter de secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos rindió su contestación de la demanda, en la que señaló lo siguiente:
a. El secretario de Gobierno, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, llevó a cabo el refrendo del decreto, sin que haya sido motivo de impugnación por vicios propios, por lo que es falso que viole la competencia del Poder Judicial actor.
b. Es notoriamente improcedente e infundada, porque el acto de publicación a cargo del secretario de Gobierno fue apegado al orden constitucional.
10. Opinión del fiscal general de la República y del consejero jurídico del Gobierno Federal. La Fiscalía General de la República y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal no emitieron opinión.
11. Audiencia. El uno de julio de dos mil veintidós se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas por las partes.(3)
12. Cierre de la instrucción. El cinco de agosto de dos mil veintidós se declaró cerrada la instrucción y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución.
13. Radicación. Previo dictamen del Ministro instructor, el asunto quedó radicado en la Primera Sala.
I. COMPETENCIA
14. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Federal;(4) 10, fracción I, y 11, fracciones VI y VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(5) en relación con lo dispuesto en los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno,(6) ya que el Poder Judicial del Estado de Morelos no impugna una norma de carácter general, lo que hace innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
II. PRECISIÓN DE LA LITIS
15. Es requisito indispensable fijar de manera breve y precisa las normas generales, actos u omisiones que sean materia de la controversia constitucional, conforme a lo dispuesto en el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia.(7)
16. En su demanda, el Poder Judicial impugna los artículos 2o. y 3o. del Decreto 64, por medio de los cuales se concede una pensión por jubilación a Omar Alva Escamilla con cargo al erario del Poder Judicial y sin transferirle los recursos para cumplir con esa carga; no obstante, esta Primera Sala advierte que la materia de la litis se encuentra solamente en una parte del artículo 2o. y no en el 3o., por ser la norma que prevé el tema que le afecta a la parte actora relativo al pago de pensiones con cargo a su presupuesto, como se ve de lo subrayado a continuación:
"Decreto Número Sesenta y Cuatro por el cual se concede pensión por jubilación al C. Omar Alva Escamilla, en cumplimiento a la ejecutoria de fecha veintiuno de junio de dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado Tercero 2 de Distrito en el Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo número 118/2021.
"Artículo 1o. Se concede pensión por jubilación a la C. Omar Alva Escamilla (sic), quien prestó sus servicios en los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo de: encargado de le (sic) Jefatura de Recursos Materiales dependiente de la Dirección General de Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos.
"Artículo 2o. La pensión decretada deberá cubrirse al 50 % del último salario del solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus labores, toda vez que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso k), de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos, y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de pensiones, controversias constitucionales y amparos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, precisado en el anexo 2 del artículo décimo octavo del Decreto Número Mil Ciento Cinco por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del primero de enero al 31 de diciembre de 2021 y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes.
"Artículo 3o. El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo vigente, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el numeral 66 de la ley de la materia.
"ARTÍCULOS TRANSITORIOS
"Primero. El decreto que se emita, entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’.
"Segundo. Una vez que, se emita el decreto correspondiente, remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
"Tercero. Notifíquese al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, el contenido del presente, a efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia pronunciada dentro del expediente número 118/2021, promovido por la (sic) C. Omar Alva Escamilla.
"Recinto Legislativo, a los tres días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno.
"Diputados integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos. Dip. Francisco Erik Sánchez Zavala, presidente. Dip. Macrina Vallejo Bello, secretaria. Dip. Mirna Zavala Zúñiga, secretaria. Rúbricas.
"Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, Palacio de Gobierno, en la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos al primer día del mes de diciembre del dos mil veintiuno.
"‘Sufragio efectivo. No reelección’
"Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos Cuauhtémoc Blanco Bravo
"Secretario de Gobierno Lic. Pablo Héctor Ojeda Cárdenas
"Rúbricas."
17. Por tanto, esta Primera Sala tiene como efectivamente impugnada la porción normativa del artículo 2o. del Decreto 64 que a la letra dice: "y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de pensiones, controversias constitucionales y amparos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, precisado en el anexo 2 del artículo décimo octavo del Decreto Número Mil Ciento Cinco por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del primero de enero al 31 de diciembre de 2021 y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes."
III. OPORTUNIDAD
18. El artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia(8) dispone que el plazo para promover una controversia constitucional es de treinta días que se computan de manera distinta, en función del tipo de acto controvertido.
19. En el presente caso, debido a que el Poder Judicial impugna un decreto cuya naturaleza es de un acto legislativo, el cómputo debe realizarse a partir del día siguiente en que fue publicado en el medio oficial. Así, dado que el Decreto 64 se publicó el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno en el medio oficial local, el plazo de treinta días para presentar la controversia constitucional transcurrió del lunes tres de enero al lunes catorce de febrero de dos mil veintidós.(9)
20. Consecuentemente, dado que la demanda se presentó el viernes once de febrero de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, es evidente que la controversia constitucional se promovió oportunamente.
IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA
21. El carácter de parte actora lo tiene el Poder que promueve la controversia constitucional, quien deberá comparecer al juicio por conducto de los funcionarios legalmente facultados para representarla, de conformidad con los artículos 10, fracción I, y 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia.(10)
22. En este caso, quien promovió la demanda fue Rubén Jasso Díaz, Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, calidad que acreditó con una copia certificada de la sesión extraordinaria de cinco de mayo de dos mil veinte en la que fue designado para el cargo por el periodo que va del dieciocho de mayo de dos mil veinte al diecisiete de mayo de dos mil veintidós.
23. Dado que el ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Pleno del Tribunal Superior, y que el Magistrado presidente tiene la atribución de representar a dicho órgano jurisdiccional, se concluye entonces que dicho funcionario está facultado para promover el presente medio de control en representación del Poder Judicial, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política del Estado de Morelos y el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.(11)
24. En consecuencia, queda satisfecho el presupuesto procesal de la legitimación activa, porque la presente controversia fue promovida por un Poder legitimado y mediante su debido representante.
V. LEGITIMACIÓN PASIVA
25. Los Poderes que pronunciaron el acto tienen el carácter de partes demandadas en la controversia, y deberán comparecer al juicio por conducto de los funcionarios legalmente facultados para representarlas, conforme a los artículos 10, fracción II, y 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia.(12)
26. En este caso, desde el acuerdo de admisión de la demanda, se les reconoció el carácter de demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, porque se les atribuye, respectivamente, la emisión, publicación y refrendo del Decreto 64 impugnado.
27. V.1. Poder Ejecutivo. Samuel Sotelo Salgado compareció al juicio en su carácter de consejero jurídico y representante legal del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, calidad que acreditó con la copia certificada de su nombramiento, publicada el ocho de noviembre de dos mil dieciocho en el medio oficial local. Este funcionario cuenta con la facultad de representación legal conforme al artículo 36, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.(13)
28. V.2. Poder Legislativo. El Poder Legislativo compareció al juicio mediante el diputado Francisco Erik Sánchez Zavala, presidente de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, calidad que acreditó con la copia certificada de la sesión de veintinueve de agosto de dos mil veintiuno en la que fue electo para el cargo por el periodo que comprende del primero de septiembre de dos mil veintiuno al treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Su facultad de representación legal consta en el artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado.(14) 29. V.3. Secretario de Gobierno. Samuel Sotelo Salgado compareció al juicio en su carácter reciente de secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, calidad que acreditó con la copia certificada de su nombramiento, publicada el cuatro de mayo de dos mil veintidós en el medio oficial local. Su legitimación pasiva en el juicio deviene del hecho de que refrendó el decreto impugnado.(15)
30. En consecuencia, queda satisfecho el presupuesto procesal de la legitimación pasiva, pues dos Poderes y la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos acuden como partes demandadas a la presente controversia mediante sus debidos representantes.
VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
31. Lo referente a la procedencia de la controversia constitucional es de estudio preferente, por lo que es necesario examinar las causas de improcedencia planteadas por las autoridades demandadas.
32. VI.1. Interés legítimo. El Poder Legislativo del Estado de Morelos estima que el acto no le causa perjuicio al Poder Judicial, porque con la expedición del Decreto 64 no pretendió ejercer su presupuesto, sino que tan sólo actuó dentro de las facultades con las que cuenta, por lo que la controversia debe sobreseerse por falta de interés legítimo del actor, conforme al artículo 20, fracción II, en relación con el 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia.(16)
33. Esta causal de improcedencia es infundada, porque determinar si la expedición del Decreto 64 genera o no una afectación al Poder Judicial de Morelos es una cuestión que involucra el fondo del asunto.(17)
34. VI.2. Promulgación y publicación. El Poder Ejecutivo y el secretario de Gobierno del Estado de Morelos señalan que es improcedente esta controversia, porque el Poder Judicial no formuló conceptos de invalidez contra los actos de promulgación y publicación.
35. Esta causal es infundada, porque ambas autoridades forman parte del proceso de creación del decreto impugnado, por lo que tanto su participación como la consiguiente constitucionalidad de su actuación es susceptible de analizarse en este medio de control, conforme a lo previsto en el artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia.(18)
VII. ESTUDIO DE FONDO
36. El Poder Judicial del Estado de Morelos demanda la invalidez de la porción normativa del artículo 2o. del Decreto 64, porque afirma que el Poder Legislativo del Estado otorgó una pensión por jubilación con cargo a su presupuesto y sin transferirle los recursos necesarios para cubrir con esa carga económica.
37. La porción efectivamente impugnada es del tenor siguiente:
"Decreto Número Sesenta y Cuatro ...
"...
"Artículo 2o. La pensión decretada deberá cubrirse al 50 % del último salario del solicitante, a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador se separe de sus labores, toda vez que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso k), de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos, y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de pensiones, controversias constitucionales y amparos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, precisado en el anexo 2 del artículo décimo octavo del Decreto Número Mil Ciento Cinco por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del primero de enero al 31 de diciembre de 2021 y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes." (Énfasis añadido)
38. Esta Primera Sala considera fundado el concepto de invalidez, ya que el artículo 2o. del Decreto 64 vulnera la autonomía en la gestión de los recursos, la independencia judicial y el principio de división de poderes,(19) pues el Congreso del Estado de Morelos determinó de manera unilateral el pago de una pensión con cargo a una partida del presupuesto que corresponde al Poder Judicial.
39. El otorgamiento unilateral de pensiones por el Congreso del Estado de Morelos con cargo al presupuesto del Poder Judicial ha sido materia de múltiples controversias constitucionales;(20) en estos asuntos, esta Primera Sala ha establecido los fundamentos constitucionales (A), para luego analizar el decreto combatido (B), por lo que en este asunto se seguirá la misma metodología.
40. A. Parámetro de regularidad constitucional. En el caso de las entidades federativas, el principio de división de poderes está previsto en el artículo 116, primer párrafo, de la Constitución Federal,(21) donde se establece que el poder público se dividirá para su ejercicio en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sin que puedan reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.
41. El Tribunal Pleno ha señalado que el principio constitucional de división de poderes exige un equilibrio entre los distintos Poderes de las entidades federativas. Por esta razón, existe un sistema de pesos y contrapesos que tiende a evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto que pueda producir una distorsión en el sistema de competencias y que genere una afectación en los principios democráticos o en los derechos fundamentales.(22)
42. Por su parte, el mismo artículo 116 constitucional, en su fracción III,(23) dispone que los Poderes Judiciales de las entidades federativas gozarán de autonomía e independencia en su conformación y en el ejercicio de sus funciones.
43. Así, por regla general, el precepto constitucional referido obliga a los destinatarios de la norma al respeto del principio de división de poderes (párrafo primero) y, en lo particular, garantiza que los Poderes Judiciales de las entidades federativas cuenten con autonomía e independencia (fracción III).
44. Dada la conformación integral de este precepto constitucional, esto es, de su párrafo primero y su fracción III, se hace claro que la violación de los principios de autonomía e independencia judiciales conllevan necesariamente la violación del principio de división de poderes.(24)
45. No obstante, la violación a esos principios no puede analizarse con un parámetro bivalente, gracias al cual pueda decirse que la violación simplemente se acreditó o no; se trata, en todo caso, de una cuestión gradual, pues tanto la independencia como la autonomía son valores que admiten grados de completitud y, por ende, de afectación.
46. Así, el operador jurídico debe considerar que el principio de división de poderes (y, por consiguiente, los principios judiciales de autonomía e independencia) contiene de manera implícita tres mandatos prohibitivos que se dirigen a los poderes públicos locales para que no se extralimiten en el ejercicio de sus funciones; éstos son los de no intromisión, no dependencia y no subordinación.(25)
47. La intromisión se ha entendido como el grado más leve de violación al principio de división de poderes, e implica que uno de los Poderes se inmiscuya o interfiera en una cuestión propia de otro, pero sin afectar de manera determinante la toma de decisiones. La dependencia, por su parte, conforma el siguiente nivel de violación, e implica que un Poder impida a otro, de manera antijurídica, que tome decisiones o actúe de manera autónoma. Finalmente, la subordinación es el nivel de violación más grave al principio de división de poderes, e implica que un Poder no pueda tomar sus decisiones de manera autónoma, ya que está sometido a la voluntad de otro Poder del Estado.
48. Estos tres conceptos (intromisión, dependencia y subordinación) son grados de un mismo elemento, siendo incluyentes hacia el grado inferior y excluyentes hacia el grado superior. Esto es, toda subordinación (grado superior) implica dependencia (grado intermedio) y la dependencia a su vez implica intromisión (grado inferior). Sin embargo, la intromisión excluye a la dependencia y la dependencia excluye a la subordinación, dado que el grado superior es más rico en características que el inferior.
49. Ahora bien, la autonomía en la gestión presupuestal, prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal,(26) constituye una condición necesaria para que los Poderes Judiciales Locales ejerzan sus funciones con plena independencia, pues sin ella se dificultaría la consecución de la inmutabilidad salarial, el adecuado funcionamiento de la carrera judicial y la inamovilidad de los juzgadores.(27)
50. De esta manera, la autonomía en la gestión presupuestal es un principio fundamental de la independencia de los Poderes Judiciales Locales, por lo que no puede quedar sujeta a las limitaciones de otros poderes públicos sin que ello derive necesariamente en una violación al principio de división de poderes.(28)
51. B. Análisis del caso. En este caso, el Congreso del Estado de Morelos otorgó mediante el Decreto 64 una pensión por jubilación en beneficio de Omar Alva Escamilla, por concepto de los servicios que prestó en los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado de Morelos, con la precisión señalada en el artículo 2o. de que el pago de dicha pensión se haría con cargo a una partida específica del presupuesto anual del Poder Judicial.
52. De esa manera, la Legislatura Local subordinó en los hechos al Poder Judicial, porque determina motu proprio el destino de una parte del presupuesto de la rama judicial sin permitir un curso de acción distinto al prescrito, disponiendo así de recursos ajenos para el pago de una pensión de un trabajador que laboró en otro Poder del Estado.
53. Con ello, el Congreso lesionó el principio de autonomía en la gestión de los recursos y la independencia del Poder Judicial, vulnerando por consiguiente el principio fundamental de división
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31102-29eb2ae6/i-controversia-constitucional-la-persona-que-presida-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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