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Modo: Corpus Pro

SECRETARIO INSTRUCTOR EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL. EL JUEZ TITULAR PUEDE DELEGARLE LA FACULTAD PARA PROVEER RESPECTO DE LA COMPETENCIA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 871, INCISO F), DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, VIGENTE A PARTIR DEL 2 DE MAYO DE 2019.

Tipo de asunto: CONFLICTO COMPETENCIAL 1/2022. · Registro digital (IUS): 31004
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2022-10-21
Promovente: SUSCITADO ENTRE EL OCTAVO TRIBUNAL LABORAL FEDERAL DE ASUNTOS INDIVIDUALES, CON RESIDENCIA EN XALAPA Y EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADO EN MATERIA LABORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PÁNUCO,
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Octubre de 2022, Tomo IV, Pág.3388.

CONFLICTO COMPETENCIAL 1/2022. SUSCITADO ENTRE EL OCTAVO TRIBUNAL LABORAL FEDERAL DE ASUNTOS INDIVIDUALES, CON RESIDENCIA EN XALAPA Y EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADO EN MATERIA LABORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PÁNUCO, AMBOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 30 DE JUNIO DE 2022. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JORGE TOSS CAPISTRÁN. SECRETARIO: ARTURO NAVARRO PLATA.

CONSIDERANDO:

CUARTO.—Previo a fincar la competencia que se dirime en el presente asunto, se estima conveniente analizar la facultad de la secretaria instructora para proveer el acuerdo de incompetencia de seis de diciembre de dos mil veintiuno.

En principio, se destaca que la creación de los Juzgados Laborales de Primera Instancia en el Estado de Veracruz, obedeció al Decreto Número 847, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en materia de creación de Juzgados Laborales de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, y en lo que aquí interesa, se estableció lo siguiente:

"Artículo 2. El Poder Judicial se deposita en los órganos que señalan la Constitución Política del Estado y esta ley, y se regirá por los principios de excelencia, disciplina, integridad, rendición de cuentas, eficacia, austeridad, economía, transparencia, profesionalismo, independencia, honestidad, eficiencia, imparcialidad, legalidad y objetividad. Estará integrado por los órganos siguientes:

"A. Jurisdiccionales:

"...

"IV. Los Juzgados en Materia Laboral; ..."

"Artículo 3. El Poder Judicial del Estado tendrá las atribuciones siguientes:

"...

"IV. Conocer y resolver a través de los Juzgados en Materia Laboral, los conflictos que se susciten entre los trabajadores y patrones, sólo entre aquéllos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos relacionados con ellas, conforme al apartado A, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo y de igual forma, los conflictos laborales de las universidades e instituciones de educación superior dotadas de autonomía en el Estado, en términos de las disposiciones legales aplicables; asimismo, por conducto del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, resolver las controversias laborales que se susciten entre los Poderes Judicial o Legislativo y sus trabajadores; entre la administración pública estatal y municipal con sus empleados; así como entre los organismos autónomos del Estado y sus empleados, en los términos que fijen las leyes locales; ..."

"Título Segundo de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial.

"Capítulo IV de los Juzgados

"De los Juzgados en Materia Laboral.

"Artículo 46 Bis. Los Juzgados en Materia Laboral conocerán y resolverán, los conflictos que se susciten entre los trabajadores y patrones, sólo entre aquéllos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos relacionados con ellas, conforme al apartado A, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo y de igual forma, los conflictos laborales de la (sic) universidades e instituciones de educación superior dotadas de autonomía en el Estado, en términos de las disposiciones legales aplicables; ello en términos de lo que determine el Consejo de la Judicatura, y demás disposiciones legales aplicables." (lo subrayado es propio)

Lo anterior indica que el procedimiento judicial llevado a cabo por estos órganos jurisdiccionales, obedecerá a los lineamientos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, particularmente al que se señala en el artículo 871, inciso f), de la citada legislación, que dice:

"Artículo 871. El procedimiento ordinario se iniciará con la presentación del escrito de demanda ante la oficialía de partes o la unidad receptora del tribunal competente.

"En los actos procesales de la fase escrita del procedimiento hasta antes de la audiencia preliminar, el tribunal podrá auxiliarse para el dictado de los acuerdos o providencias de un secretario instructor, el cual podrá dictar los siguientes acuerdos:

"a) Admitir o prevenir la demanda y en su caso subsanarla conforme a las normas del trabajo y lo establecido en la presente ley;

"b) Ordenar la notificación al demandado;

"c) Ordenar las vistas, traslados y notificaciones;

"d) Admitir y en su caso proveer respecto de las pruebas ofrecidas para acreditar las excepciones dilatorias;

"e) Dictar las providencias cautelares, y

"f) Las demás que el Juez le ordene.’ (lo subrayado es propio)

Ahora bien, tomando en cuenta la exposición de motivos de la reforma en materia de justicia laboral de tres de enero dos mil diecinueve,(4) y atendiendo a la estructura normativa de los nuevos juicios laborales, particularmente al artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, donde se establecen los principios rectores del proceso del derecho del trabajo, esto es, inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía y sencillez procesal, dada la naturaleza del procedimiento, se consideró dotar al Juez de mecanismos de control y rectoría que le permitan llevar una mejor conducción del juicio.

Por lo anterior, el Juez, bajo su prudente arbitrio y como rector del procedimiento podrá, si lo considera necesario y, además, estima capacitado al secretario instructor, quien dicho sea de paso tiene a su favor una presunción de contar con los conocimientos necesarios como operador del nuevo sistema de justicia laboral, dados los filtros implementados por los Poderes Judiciales federal y local, para seleccionarlos a través de concursos abiertos de oposición, donde resultan vencedores los perfiles con las más altas calificaciones en los exámenes; ello, en virtud del primer y segundo concurso abierto de oposición para la designación de secretario de Juzgado de Distrito Especializado en Materia de Trabajo, así como del tercer concurso abierto de oposición para acceder a la categoría de secretario y secretaria de Juzgado de Distrito especializado en materia de Trabajo y del cuarto concurso abierto de oposición para acceder a la categoría de secretaria y secretario de Tribunal Laboral, todos del Poder Judicial de la Federación, publicados en el sitio web oficial de la Escuela Federal de Formación Judicial (EFFJ) los días veinte de agosto de dos mil veinte, tres de mayo de dos mil veintiuno, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno y el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, respectivamente; así como el llevado a cabo por el Poder Judicial del Estado de Veracruz a través de la convocatoria para el curso de habilitación para integrar la plantilla laboral en la categoría de Juez(a), secretario(a) instructor, secretario(a) auxiliar de audiencia, secretario(a) de estudio y cuenta, y actuario(a) de los Juzgados en Materia Laboral que tendrán su sede en los Municipios de Pánuco, Tuxpan, Poza Rica, Misantla, Xalapa, Medellín de Bravo, Córdoba, Acayucan, San Andrés Tuxtla, Cosamaloapan y Coatzacoalcos, publicado en el número extraordinario 310 de la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el cinco de agosto de dos mil veintiuno, delegar la facultad para proveer respecto de la legal incompetencia del juzgado o Tribunal Laboral o, en su defecto, que no acepte la competencia legal declinada por un diverso órgano jurisdiccional en términos del artículo 871, inciso f), de la Ley Federal del Trabajo; ello, considerando que lo proveído por el mencionado servidor público goza de la presunción de legalidad y certeza, salvo lo que se demuestre en contrario.

En esos términos, en los casos en que el Juez, como director del proceso, de considerarlo oportuno, pretenda delegar la facultad al secretario instructor para proveer sobre la legal incompetencia del juzgado o tribunal laboral o, en su defecto, que no acepte la competencia legal declinada por un diverso órgano jurisdiccional, bastará que este último cite en el proveído de mérito que se acuerda lo propio por facultad delegada por el a quo, en términos del artículo 871, inciso f), de la Ley Federal del Trabajo, o cualquier otra razón que estime conveniente, siempre y cuando evidencien la determinación del titular del órgano laboral para delegar esta potestad en el secretario instructor.

Máxime que del análisis integral del cuerpo normativo aplicable no se advierte que el legislador haya considerado que la facultad para proveer respecto de la legal incompetencia del juzgado o Tribunal Laboral o, en su defecto, que no acepte la competencia legal declinada por un diverso órgano jurisdiccional se haya reservado exclusivamente como facultad del titular del órgano jurisdiccional, como ocurre, por ejemplo, con lo dispuesto en los artículos 720 y 894 de la Ley Federal del Trabajo, al disponer lo siguiente:

"Artículo 720. Las audiencias serán públicas. El tribunal podrá ordenar, de oficio o a instancia de parte, que sean a puerta cerrada, cuando se puedan (sic) transgredir el derecho a la intimidad o tratándose de menores.

"Las audiencias serán presididas íntegramente por el Juez; de incumplirse esta condición las actuaciones respectivas serán nulas de pleno derecho. Al inicio de las audiencias, el secretario instructor del tribunal hará constar oralmente en el registro la fecha, hora y lugar de realización, el nombre de los servidores públicos del tribunal, y demás personas que intervendrán. ..."

"Artículo 894. Una vez formulada la réplica y contrarréplica o transcurridos los términos para ello, dentro de los quince días siguientes, el tribunal dictará el auto de depuración, que se ocupará de los aspectos que son objeto de la audiencia preliminar en términos del artículo 873-E de esta ley. Esta actuación se emitirá por escrito fuera de audiencia, y no podrá delegarse en el secretario instructor. El tribunal podrá emplear el sistema de videoconferencia a fin de formular las prevenciones y aclaraciones que sean necesarias para emitir el auto de depuración." (lo subrayado es propio)

QUINTO.—Ahora bien, este órgano colegiado estima que el criterio sostenido en la presente ejecutoria en el considerando precedente, pudiera ser contradictorio con el emitido por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la resolución del conflicto competencial 17/2021 de su índice, resuelto en sesión ordinaria virtual de nueve de diciembre de dos mil veintiuno.

Ello es así, en razón de que, en relación con la temática respectiva a si el secretario instructor tiene facultades para proveer respecto de la competencia, el referido Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito estableció, categóricamente, que:

"...Como se ve, el cuerpo normativo en análisis no contempla la posibilidad de que el secretario instructor tenga encomendada la facultad de emitir actuaciones o resoluciones en las que se sostenga la legal incompetencia del tribunal laboral o, en su defecto, que no acepte la competencia legal declinada por un diverso órgano jurisdiccional. No obsta la posibilidad de que el Juez pueda instruirle realizar o emitir determinadas actuaciones, pues en principio, en la resolución de referencia no consta expresamente esa autorización y, además, la facultad de referencia, en función de las disposiciones legales en análisis, no admite la posibilidad de ser delegada."

Esto es, el tribunal de mérito fue categórico en considerar que las declaratorias de incompetencia de un órgano laboral no pueden ser delegadas al secretario instructor.

Mientras que este tribunal, como ya se vio, arribó a una conclusión distinta, esto es, que la facultad para proveer respecto de la legal incompetencia del juzgado o Tribunal Laboral o, en su defecto, que no acepte la competencia legal declinada por un diverso órgano jurisdiccional, puede ser una facultad delegada por el titular del Tribunal Laboral o del Juzgado en Materia Laboral, en términos del artículo 871, inciso f), de la Ley Federal del Trabajo; ello, considerando que la ley de la materia contempla al Juez como rector del procedimiento y, bajo su prudente arbitrio y en aras de promover los principios rectores del proceso del derecho de trabajo, de inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía y sencillez procesal, podrá delegar en el secretario instructor la potestad para proveer respecto de la competencia, bajo la consideración de que las actuaciones de éste gozan de la presunción de legalidad y certeza.

Sin que sea óbice a lo antes expuesto, el hecho de que en los asuntos que se estima existe contradicción de criterios, se hubiese arribado a una conclusión de fondo en relación con el conflicto competencial que se suscitó entre diversos órganos jurisdiccionales de trabajo, concluyendo fincar la competencia en favor de uno de los contendientes; empero, la diferencia radica en que este tribunal estima que la facultad para proveer respecto de la legal incompetencia del juzgado o Tribunal Laboral o, en su defecto, que no acepte la competencia legal declinada por un diverso órgano jurisdiccional, puede ser una facultad delegada al secretario instructor, mientras que el otro órgano colegiado estima, categóricamente, que esa facultad se reserva exclusivamente al titular del órgano jurisdiccional.

Como se ve, los anteriores argumentos, posiblemente están en contradicción; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 227, fracción II,(5) de la Ley de Amparo, denúnciese la posible contradicción de criterios ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; al efecto, remítase a ese Alto Tribunal copia certificada de esta ejecutoria para que, de estimar existente la contradicción, la superioridad decida el criterio que deba prevalecer.

SEXTO.—Al margen de lo expuesto en los considerandos que anteceden, no se inadvierte que en el acuerdo de seis de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por la secretaria instructora del Juzgado Laboral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pánuco, Veracruz de Ignacio de la Llave, no expuso que actuaba por facultad delegada de la Jueza, en términos del artículo 871, inciso f), de la Ley Federal del Trabajo, lo que este órgano constitucional estima como requisito mínimo para considerar que el secretario instructor opera bajo las instrucciones del titular del órgano jurisdiccional, bajo la presunción de legalidad y certeza que reviste a los servidores públicos; sin embargo, ese hecho carece de relevancia para la resolución del presente conflicto competencial, pues esa falta no puede conducir a estimar inexistente la contienda, ya que al atenderse una cuestión de orden público y en aras de la impartición de justicia pronta y expedita, este órgano colegiado estima conveniente fincar la competencia que se dirime en el presente asunto, con lo que, incluso, se privilegia la tutela judicial efectiva y el respeto a los derechos del justiciable, mientras que, de estimar lo contrario, se afectaría su esfera jurídica, al postergar la resolución.

Es aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 125/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, diciembre de 2000, página 9, con número de registro digital: 190692, de rubro y texto siguientes:

"COMPETENCIA ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA CONOCER DE UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. EL HECHO DE QUE UNA DE LAS DECLARACIONES DE INCOMPETENCIA SEA DEL MAGISTRADO PRESIDENTE Y NO DEL ÓRGANO COLEGIADO EN PLENO, NO IMPIDE LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO. Cuando se propone ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un conflicto competencial entre Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de un juicio de amparo directo, en el que una de las declaraciones de incompetencia fue emitida por el Magistrado presidente y no por el órgano colegiado en Pleno, ese hecho carece de relevancia para la resolución del conflicto y puede producirse ésta, pues si bien la ley establece que las mencionadas declaraciones deben emanar del órgano colegiado en Pleno y no sólo de su presidente, la inobservancia de ese principio no puede conducir a estimar inexistente la contienda, pues en aras de que la impartición de justicia sea pronta, la Suprema Corte debe resolver el conflicto aun ante la presencia de la referida violación de procedimiento, ya que con ello no se afectan los derechos de los justiciables; por el contrario, se les afectarían al postergar la resolución del asunto. Así, este Alto Tribunal puede conocer y resolver el conflicto de competencia, aun en la citada hipótesis, porque tiene potestad para dirimir los conflictos de competencia y radicarla incluso en un tribunal no contendiente, dado que la misma situación se presenta cuando se declara competente un tribunal que no ha participado en la contienda, que cuando esa declaratoria de incompetencia sólo fue emitida por un Magistrado presidente pues, en ambos casos, el órgano colegiado no tiene intervención en la decisión relativa. Por tales razones, este Tribunal Pleno se aparta de la tesis sustentada por su anterior integración, en que se apoyaron las anteriores Primera y Tercera Salas, para emitir las resoluciones materia de la presente denuncia, publicada en el último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, página sesenta y cuatro, cuyo rubro es ‘COMPETENCIA, CONFLICTO DE, ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS. ES NECESARIO QUE SEA EL PLENO EL QUE ESTIME QUE EXISTE INCOMPETENCIA.’."

En razón de lo anterior, este Tribunal Colegiado de Circuito determina que corresponde conocer de la demanda laboral al Juzgado de Primera Instancia Especializado en Materia Laboral del Distrito Judicial de Pánuco, Veracruz.

Para sustentar esta decisión, es pertinente destacar lo siguiente:

De las constancias remitidas se desprende que **********, promovió procedimiento especial de declaración de beneficiarios a su favor, respecto de las prestaciones laborales que le hubiesen correspondido a su finado esposo **********.

En los hechos de su demanda expuso, en lo que interesa, lo siguiente:

"1. Que en fecha 12 de agosto de 2003, mi finado esposo, quien en vida llevara el nombre de **********, ingresó a laborar para la empresa denominada "**********", en el puesto específico de guardia de seguridad física.

"2. La suscrita tuve el vínculo de cónyuge con mi esposo hasta la muerte del finado **********.

"3. No omito manifestar que el día **********, a las ********** horas, falleció mi finado esposo en **********, número **********, código postal número **********, colonia **********, siendo la causa de su deceso Parte I: A) Uso emergente de U07.1 (3 días). Parte II. Diabetes mellitus no insulinodependiente (6 meses), lo cual se acredita fehacientemente con el acta certificada de defunción expedida por la oficial primera del Registro Civil de Tuxpan, Veracruz de Ignacio de la Llave; circunstancia que dio motivo a la presente promoción, ya que al fallecer mi esposo, me quedé en el más completo desamparo, toda vez que siempre dependí económicamente de él."

De lo anterior se puede apreciar que no se surte el supuesto previsto por el artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso a), subincisos 8 y 9, de la Constitución Federal y por el 527, fracciones I, incisos 8 y 9 y II, incisos 2 y 3, de la Ley Federal del Trabajo, para que se actualice la competencia federal, puesto que de lo narrado en la demanda no existen elementos suficientes para establecer, de manera fehaciente, que el finado trabajador laboraba en una empresa, cuya principal actividad lo era la extracción, explotación e industrialización del petróleo u otros hidrocarburos, participando directamente en esas tareas; pero, con independencia de lo anterior, del contexto integral de la demanda se aprecia que el actor no enderezó su demanda contra la fuente de trabajo, de modo que por razón de fuero basado en este supuesto, no se actualiza la competencia federal. Por su idea jurídica sustancial, es de citarse la tesis aislada 2a. LII/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se localiza en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, abril de 1999, página 206, con número de registro digital: 194089, de rubro y texto siguientes:

"COMPETENCIA LABORAL. LOS CONFLICTOS DE TRABAJO ENTRE LAS EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INYECCIÓN DE FLUIDOS PARA PERFORACIÓN, ESPECIALMENTE DE POZOS PETROLEROS Y SUS TRABAJADORES, CORRESPONDEN A LAS JUNTAS LOCALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. Conforme a la regla general establecida en el encabezado de la fracción XXXI, del artículo 123 constitucional, los conflictos laborales planteados por los trabajadores al servicio de las estaciones expendedoras de gasolina, diésel y otros derivados del petróleo industrializado, así como los de las empresas dedicadas a diversas actividades relacionadas con la prestación de servicios de inyección de fluidos para perforación, especialmente de pozos petroleros, contra esas negociaciones o sus propietarios, son competencia de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, y no de la Junta Federal, ya que aquéllos no operan en virtud de un contrato o de una concesión otorgada por el Gobierno Federal, sino de un contrato de carácter particular que celebran con Petróleos Mexicanos. Por otra parte, respecto de tales conflictos no se surten los supuestos de los artículos 123, fracción XXXI, inciso a), subinciso 8, de la Constitución General de la República, y 527, fracción I, inciso 8, de la Ley Federal del Trabajo, porque la industria de los hidrocarburos a que se refieren las disposiciones citadas es aquella que comprende la extracción, explotación e industrialización del petróleo u otros hidrocarburos, y no la venta al público, en establecimientos expendedores de los derivados del hidrocarburo industrializado, ni a la prestación de servicios de inyección de fluidos para perforación de pozos petroleros."

Por otra parte, del análisis integral de la demanda no se advierte que el actor se encuentre demandando prestación alguna a diversa entidad de seguridad social que haga presumir una distinta competencia, pues conforme a los datos contenidos en ella, y en congruencia con los elementos que la conforman, es factible determinar que la única intención de la promovente es la de obtener la declaración como única beneficiaria de su difunto esposo, pero en esta vía (especial), sin que se advierta que además de su pretensión, también sea la de obtener alguna condena en contra de la empresa en cuestión.

Luego, de conformidad con la interpretación armónica e integral de la demanda, se concluye que la única pretensión de la actora es la de obtener la declaración como única y legítima beneficiaria de los derechos laborales que correspondieron a su finado esposo.

Es aplicable la tesis de jurisprudencia I.3o.C. J/40, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se comparte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, agosto de 2007, página 1240, con número de registro digital: 171800, de rubro y texto siguientes:

"DEMANDA. COMO ACTO JURÍDICO ES SUSCEPTIBLE DE INTERPRETACIÓN INTEGRALMENTE. Es legal una sentencia cuando su dictado no se aparta de los hechos constitutivos de la controversia, sino que se apoya en una debida interpretación del escrito inicial de demanda, ocurso, que como cualquier otro acto jurídico es susceptible de interpretación cuando existen palabras contrarias. La interpretación de la demanda debe ser integral, a fin de que el juzgador armonice los datos en ella contenidos y fije un sentido que sea congruente con los elementos que la conforman, lo que se justifica plenamente, en virtud de que se entiende que el Juez es un perito en derecho, con la experiencia y conocimientos suficientes para interpretar la redacción oscura e irregular, y determinar el verdadero sentido y la expresión exacta del pensamiento de su autor que por error incurre en omisiones o imprecisión, tomando en cuenta que la demanda constituye un todo que debe analizarse en su integridad por la autoridad a efecto de dilucidar las verdaderas pretensiones sometidas a litigio."

En consecuencia, al ser la única pretensión de la actora la de obtener la declaración como única beneficiaria, entonces, la competencia corresponde al Juzgado de Primera Instancia Especializado en Materia Laboral del Distrito Judicial de Pánuco, Veracruz de Ignacio de la Llave, por ser éste quien ejerce jurisdicción respecto del domicilio donde prestó sus servicios el trabajador de cujus, para efectos del procedimiento especial y la publicación de las convocatorias correspondientes, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, fracción IV, 46 Bis y 46 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en relación con el punto segundo, inciso 1, de la Circular Número 28, del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, de tres de noviembre de dos mil veintiuno, que dispone:

"Artículo 3. El Poder Judicial del Estado tendrá las atribuciones siguientes:

"...

"(Reformada, G.O. 16 de marzo de 2021)

"IV. Conocer y resolver a través de los Juzgados en Materia Laboral, los conflictos que se susciten entre los trabajadores y patrones, sólo entre aquéllos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos relacionados con ellas, conforme al apartado A, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo y de igual forma, los conflictos laborales de las universidades e instituciones de educación superior dotadas de autonomía en el Estado, en términos de las disposiciones legales aplicables; asimismo, por conducto del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, resolver las controversias laborales que se susciten entre los Poderes Judicial o Legislativo y sus trabajadores; entre la administración pública estatal y municipal con sus empleados; así como entre los organismos autónomos del Estado y sus empleados, en los términos que fijen las leyes locales; ..."

"(Adicionado, G.O. 16 de marzo de 2021)

"Artículo 46 Bis. Los Juzgados en Materia Laboral conocerán y resolverán, los conflictos que se susciten entre los trabajadores y patrones, sólo entre aquéllos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos relacionados con ellas, conforme al apartado A, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo y de igual forma, los conflictos laborales de la (sic) universidades e instituciones de educación superior dotadas de autonomía en el Estado, en términos de las disposiciones legales aplicables; ello en términos de lo que determine el Consejo de la Judicatura, y demás disposiciones legales aplicables."

"(Adicionado, G.O. 16 de marzo de 2021)

"Artículo 46 Ter. Los Juzgados Laborales se integrarán por una persona titular que se denominará Jueza o Juez, el número de secretarios y demás personal que el Consejo de la Judicatura determine y el presupuesto permita."

"Segundo. El Consejo de conformidad con el numeral 103, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, determina que las sedes de los Juzgados Laborales del Poder Judicial, tendrán la jurisdicción territorial siguiente:

"1. Juzgado Laboral con sede en Pánuco: Será competente para los asuntos de los siguientes: Municipios: Chalma, Chiconamel, Chinampa de Gorostiza, Chontla, Citlatepec, El Higo, Ixcatepec, Naranjos Amatlán, Ozuluama, Platón Sánchez, Pueblo Viejo, Pánuco, Tamalín, Tampico Alto, Tancoco, Tantima, Tantoyuca y Tempoal."

Es aplicable, a contrario sensu, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 144/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, diciembre de 2005, página 327, con número de registro digital: 176541, de rubro y texto siguientes:

"INFONAVIT. CUANDO A ESTE ÓRGANO FEDERAL SE LE DEMANDA LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS APORTADOS A LA SUBCUENTA DE VIVIENDA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY QUE LO REGULA, LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA LITIS SE SURTE A FAVOR DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, PORQUE DICHA PRESTACIÓN ES PRINCIPAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 46/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de 1995, página 239, con el rubro: ‘COMPETENCIA LABORAL. CUANDO EL DEMANDADO ES EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ES DE ORDEN FEDERAL SI SE LE DEMANDA EL CUMPLIMIENTO DE UNA PRESTACIÓN PRINCIPAL, PERO ES LOCAL SI SÓLO SE LE DEMANDA LA INSCRIPCIÓN DEL TRABAJADOR.’, sostuvo que cuando se demanda una prestación laboral a un organismo descentralizado, tendrá el carácter de principal siempre y cuando pueda afectar su patrimonio, pues de lo contrario revestirá el carácter de accesoria. Por su parte, los artículos 5o., fracción V, 29, fracción II y 39 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores establecen que las aportaciones realizadas a la subcuenta de vivienda forman parte del patrimonio de los trabajadores y que dichas aportaciones generan intereses, los cuales son cubiertos con los recursos del propio instituto. En ese sentido, se concluye que cuando los trabajadores o sus beneficiarios demandan de ese organismo descentralizado, en términos del artículo 40 de la Ley citada, la transferencia a la Administradora de Fondos para el Retiro de los recursos de la subcuenta de vivienda que no se hubiesen aplicado en términos del artículo 43 Bis, la prestación relativa tendrá el carácter de principal, por afectar el patrimonio del indicado instituto, de ahí que la competencia para conocer de la litis se surte a favor

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31004-0e69d1d0/secretario-instructor-en-el-nuevo-sistema-de-justicia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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