I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS CORRESPONDE A LAS PERSONAS QUE OCUPEN LOS CARGOS DE SÍNDICOS SEGUNDOS (ARTÍCULOS 60, FRACCIÓN II, Y 61 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO Y EL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA CUANDO HAYAN PARTICIPADO EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE LOS DECRETOS IMPUGNADOS. III. SEGURIDAD PÚBLICA. ES UNA FACULTAD CONCURRENTE QUE DEBE EJERCERSE DE MANERA COORDINADA ENTRE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 21, PÁRRAFOS NOVENO Y DÉCIMO, Y 115, FRACCIÓN III, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. IV. SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. ES FACULTAD DE LOS AYUNTAMIENTOS CELEBRAR CONVENIOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA QUE ÉSTE SE HAGA CARGO TEMPORALMENTE DE AQUÉLLA O BIEN LA BRINDEN AMBOS DE MANERA CONJUNTA. V. SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. LA FACULTAD EXTRAORDINARIA Y TEMPORAL DEL PODER EJECUTIVO LOCAL PARA SU EJERCICIO IMPLICA LA TRANSMISIÓN DE ÓRDENES A LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL Y DE TODA SU INFRAESTRUCTURA Y OPERATIVIDAD. VI. SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. LA EXISTENCIA DE CONVENIOS DE COORDINACIÓN EN LA MATERIA CELEBRADOS ENTRE EL MUNICIPIO Y EL GOBIERNO ESTATAL, NO RESTRINGE LA FACULTAD DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO LOCAL DE EXCEPCIONALMENTE Y DE MANERA TEMPORAL ASUMIR EL CONTROL DE AQUÉLLA. VII. SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. EL DECRETO MEDIANTE EL CUAL EL GOBERNADOR DEL ESTADO AMPLÍA EL PLAZO PREVISTO INICIALMENTE PARA ASUMIR EXCEPCIONALMENTE EL MANDO POLICIAL DE UN MUNICIPIO ESTÁ AUTORIZADO POR EL MARCO CONSTITUCIONAL, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN DETERMINADAS CONDICIONES. VIII. SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS. EL DECRETO POR EL CUAL SE PREVÉ QUE LA EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA QUE EL GOBERNADOR DEL ESTADO ASUMA EL MANDO POLICIAL MUNICIPAL SEA CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, NO GENERA UNA AFECTACIÓN A LA HACIENDA MUNICIPAL (DECRETO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 3 DEL "DECRETO POR EL QUE EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS ASUME TEMPORALMENTE EL MANDO POLICIAL MUNICIPAL DE LA HEROICA MATAMOROS POR ALTERACIONES GRAVES AL ORDEN PÚBLICO Y FUERZA MAYOR, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EDICIÓN VESPERTINA NÚMERO 114 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020", PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS EL 21 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). IX. SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS. EL DECRETO MEDIANTE EL CUAL EL GOBERNADOR DEL ESTADO AMPLÍA EL PLAZO PREVISTO INICIALMENTE PARA ASUMIR EL MANDO POLICIAL DONDE PREVÉ SU EJECUCIÓN CON LOS FONDOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DE LA MATERIA NO GENERA UNA AFECTACIÓN A LA HACIENDA MUNICIPAL ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE QUE PUEDAN SER UTILIZADAS PARA ESA FINALIDAD AUNADO A QUE NO EXISTE UN MANDAMIENTO DIRECTO E INMEDIATO PARA QUE SE ENTREGUEN ESOS FONDOS AL GOBERNADOR (DECRETO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 3 DEL "DECRETO POR EL CUAL POR EL QUE EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS ASUME TEMPORALMENTE EL MANDO POLICIAL MUNICIPAL DE LA HEROICA MATAMOROS POR ALTERACIONES GRAVES AL ORDEN PÚBLICO Y FUERZA MAYOR, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EDICIÓN VESPERTINA NÚMERO 114 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020", PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS EL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). X. SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. EL DECRETO MEDIANTE EL CUAL EL GOBERNADOR DEL ESTADO AMPLÍA EL PLAZO PREVISTO INICIALMENTE PARA ASUMIR EXCEPCIONALMENTE EL MANDO POLICIAL DE UN MUNICIPIO CUMPLE CON EL REQUISITO DE FUNDAMENTACIÓN AL PRECISAR EL MARCO NORMATIVO APLICABLE (DECRETO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 3 DEL "DECRETO POR EL QUE EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS ASUME TEMPORALMENTE EL MANDO POLICIAL MUNICIPAL DE LA HEROICA MATAMOROS POR ALTERACIONES GRAVES AL ORDEN PÚBLICO Y FUERZA MAYOR, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EDICIÓN VESPERTINA NÚMERO 114 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020", PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS EL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). XI. SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. EL PLAZO PERENTORIO CONCRETO DE LA ASUNCIÓN DEL MANDO POLICIAL MUNICIPAL NO DEBE ESTAR PREESTABLECIDO EN LAS LEYES ESTATALES QUE LA REGULAN, AL SER UNA ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO AL EMITIR LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE. XII. SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. EL TRASLADO DE ATRIBUCIONES ORIGINARIAS EN ESTA MATERIA DE LOS MUNICIPIOS EN FAVOR DEL PODER EJECUTIVO LOCAL ES DE CARÁCTER EXCEPCIONAL, LIMITADO Y ESTRICTAMENTE TEMPORAL. XIII. SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. LA ATRIBUCIÓN CONSTITUCIONAL PARA QUE LOS PODERES EJECUTIVOS ESTATALES CALIFIQUEN UN ACON
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 157/2021. MUNICIPIO DE MATAMOROS, ESTADO DE TAMAULIPAS. 3 DE AGOSTO DE 2022. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: ÚRSULA HERNÁNDEZ MAQUÍVAR.
ÍNDICE TEMÁTICO
Acto impugnado: El "Decreto gubernamental mediante el cual se reforma el artículo 3 del Decreto por el que el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas asume temporalmente el mando policial municipal de la Heroica Matamoros por alteraciones graves al orden público y fuerza mayor, publicado en el Periódico Oficial del Estado edición vespertina número 114 de fecha 22 de septiembre de 2020", publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al tres de agosto de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 157/2021, promovida por el Municipio de Matamoros, Estado de Tamaulipas, en contra del Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Antecedentes. Para establecer el contexto en el que se promovió este medio de control constitucional, importa señalar algunos hechos que se desprenden de las constancias de autos,(1) o bien, constituyen hechos notorios para este órgano jurisdiccional:
I. Convenio de Colaboración y Coordinación en Materia de Seguridad Pública. El diecisiete de enero de dos mil veinte el Gobierno del Estado de Tamaulipas y el Municipio de Matamoros suscribieron un Convenio de Colaboración y Coordinación en Materia de Seguridad Pública. Este acuerdo tuvo por objeto establecer los lineamientos y mecanismos de colaboración y coordinación entre las partes para que el Estado tuviera bajo su tutela la función de seguridad pública en el territorio geográfico que comprende el Municipio. En dicho instrumento quedó establecido que su vigencia comprendería desde la fecha de suscripción hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte.
II. Decreto originario. Antes de que concluyera la vigencia del convenio antes mencionado, el veintidós de septiembre de dos mil veinte se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el "Decreto por el que el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas asume temporalmente el mando policial municipal de la Heroica Matamoros por alteraciones graves al orden público y fuerza mayor". La decisión contenida en este instrumento tendría vigencia de un año a partir del día de su publicación, es decir, hasta el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, de acuerdo con sus artículos 3(2) y segundo transitorio.(3)
III. Controversia constitucional 170/2020. El Municipio de Matamoros promovió controversia constitucional en la que impugnó el decreto señalado en el punto anterior. En sesión de veintitrés de junio de dos mil veintiuno la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó sentencia en la que reconoció la validez de dicho instrumento.(4)
IV. Reforma al decreto originario. El veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno se publicó el "Decreto Gubernamental mediante el cual se reforma el artículo 3 del decreto por el que el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas asume temporalmente el mando policial de la Heroica Matamoros por alteraciones graves al orden público y fuerza mayor, publicado en el Periódico Oficial del Estado edición vespertina número 114 de fecha 22 de septiembre de 2020". La reforma consistió en que la temporalidad de la medida se extendió hasta el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, es decir, un año adicional al previsto originalmente.
2. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el quince de octubre de dos mil veintiuno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alejandro Villafañez Zamudio, en su carácter de síndico segundo del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, promovió controversia constitucional en la que combate lo siguiente:
IV. Acto cuya invalidez se demanda: Lo constituye el decreto de fecha 17 –diecisiete– de septiembre de dos mil veintiuno, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas de fecha 21 –veintiuno– del citado mes y año, a través del cual el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas reforma el artículo 3 del decreto de fecha 21 de septiembre de 2020 mediante el cual había asumido temporalmente el mando policial municipal de la Heroica Matamoros, Tamaulipas, por alteraciones graves al orden público y fuerza mayor; y, derivado de dicha reforma continúa (de manera permanente) con la asunción del mando policial municipal con una vigencia de un año calendario a partir del 22 de septiembre del presente año hasta el 22 de septiembre de 2022, lo anterior sin que exista o haya existido en el presente año alteraciones graves al orden público y fuerza mayor.
3. Conceptos de invalidez. El Municipio actor plantea los argumentos que se sintetizan a continuación:
Primero
a. El gobernador de Tamaulipas hizo un ejercicio indebido de su potestad constitucional al continuar asumiendo el mando de la seguridad pública en el Municipio de Matamoros, soslayando el espíritu del artículo 115 constitucional en relación con la autonomía-soberanía municipal y con la libre administración de su hacienda pública.
b. La decisión del gobernador no es jurídicamente admisible, pues corresponde al Municipio el mando del servicio de policía y tránsito, a la luz de los artículos 21 y 115, fracción III, inciso h), constitucionales, sin que existan alteraciones graves al orden público en el Municipio. Tampoco es dable justificar el acto impugnado en los principios de supremacía constitucional, legalidad y certeza jurídica, como lo pretende el Ejecutivo.
c. De acuerdo con su artículo segundo transitorio, la ejecución del decreto impugnado deberá realizarse con el presupuesto de seguridad pública de la Secretaría Estatal del ramo, los fondos de participaciones federales de la materia y el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, lo que atenta contra el principio de libre administración hacendaria municipal previsto en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, así como contra el principio de "Municipio Libre".
d. El artículo 3, en relación con el primero transitorio del decreto impugnado, no sólo adolecen de fundamentación para declarar su vigencia temporal de un año, sino que también resultan faltos de motivación, al no advertirse de su contenido las acciones o planes concretos que habrá de implementar el Gobierno de Tamaulipas para preservar la paz y restaurar el orden público, así como las libertades de tránsito y de trabajo en el Municipio, lo que violenta el artículo 16 constitucional, así como los principios de razonabilidad y objetividad que deben observarse cuando se restringe la autonomía municipal.
e. En cuanto a la temporalidad del decreto impugnado, debe ponderarse por analogía lo previsto en el artículo 29 constitucional en torno a la restricción o suspensión de derechos y sus garantías en casos de perturbación grave de la paz pública. En esos casos la restricción o suspensión debe estar fundada y motivada; además, ser proporcional al peligro al que se hace frente, observándose en todo momento los principios de legalidad y racionalidad.
f. El titular del Poder Ejecutivo de Tamaulipas transgrede el orden constitucional al suplantar indebidamente al Municipio en el ejercicio de su competencia originaria en términos de los artículos 21 y 115, fracción III, inciso h), de la Constitución Federal, ya que no existe elemento de temporalidad en el decreto impugnado, sino que se trata de una medida permanente de dos años, tomando en cuenta los dos decretos emitidos al respecto.
Segundo
g. El decreto impugnado violenta los principios de legalidad y certidumbre jurídica en su vertiente de debida fundamentación y motivación. Esto, porque los preceptos legales en que se sustenta no encajan en la realidad fáctica de su contenido, mientras que los temas de "fuerza mayor", "afectación a las libertades de tránsito y trabajo", "alteración del orden", "auspicio de una organización delincuencial", entre otros que pretenden justificarlo, carecen de motivación, lo que deja en estado de incertidumbre jurídica al Municipio actor.
h. Los considerandos tercero y sexto del decreto impugnado carecen de motivación. En este último se afirma que derivado de las circunstancias que continúan aconteciendo en el Municipio de Matamoros debe extenderse la situación de fuerza mayor resultado de graves afectaciones al orden público en términos del artículo 115, fracción VII, de la Constitución Federal; sin embargo, no se precisa en qué consistió la omisión del Municipio o qué parte desatendió, ni tampoco menciona cuáles son las acciones, mecanismos o planes que se van a implementar para justificar la ampliación de la temporalidad de la medida.
i. En el decreto cuestionado no se realiza una expresión de hechos, datos, estadísticas delictivas comparativas con otros Municipios, notas periodísticas, informes, requerimientos emitidos por representantes de grupos de la sociedad civil o cualquier otro medio con el que el Ejecutivo del Estado pudiera considerar que en el Municipio de Matamoros se materializan casos de fuerza mayor o alteración grave del orden público.
j. El Municipio no pretende acreditar que el Ejecutivo Estatal carece de facultades para asumir las funciones de seguridad pública municipal, sino que no existe argumentación alguna que sustente la materialización de casos de fuerza mayor o alteración grave al orden público a partir de la publicación del decreto combatido, pues no es suficiente mencionar que continúa la situación de fuerza mayor argumentada en el año dos mil veinte.
4. Radicación. Por acuerdo dictado el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la controversia constitucional con el número 157/2021, que turnó al Ministro Luis María Aguilar Morales para que instruyera el procedimiento.
5. Admisión. El veintinueve de octubre de dos mil veintiuno el Ministro instructor admitió a trámite la demanda y, entre otras cosas, ordenó emplazar como demandados al Poder Ejecutivo y al secretario de Gobierno, ambos del Estado de Tamaulipas, además, dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que estuvieran en posición de manifestar lo que de acuerdo con su competencia correspondiera.
6. Contestación. Mediante escrito recibido el trece de enero de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gerardo Peña Flores, en su carácter de secretario general de Gobierno del Estado de Tamaulipas, dio contestación a la demanda por sí y en representación del Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa.
7. En relación con los conceptos de invalidez, dicha autoridad manifestó lo siguiente:
• El decreto impugnado tiene sustento en las disposiciones constitucionales que sientan las bases para ejercer la función de seguridad pública a cargo de la Federación, los Estados y los Municipios, esto es, los artículos 21 y 115, fracciones III, incisos h), e i), último párrafo; IV y VII, de la Constitución Federal.
• El primer concepto de invalidez carece de sustento jurídico, pues a la expedición del decreto impugnado le precede la celebración del Convenio de Colaboración y Coordinación en Materia de Seguridad Pública entre el Gobierno del Estado de Tamaulipas y el Municipio de Matamoros, así como el convenio específico de adhesión para el otorgamiento del subsidio en el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a Municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función del Fortaseg, celebrado entre el Ejecutivo Federal y el Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas.
• Con dichos convenios se demuestra que el Estado de Tamaulipas autorizó al Gobierno del Estado hacerse cargo del servicio de seguridad pública en su territorio, como puede verse en la declaración II.4 y en la cláusula primera, inciso a), del Convenio de Colaboración y Coordinación en Materia de Seguridad Pública. También lo autorizó a administrar y ejercer los recursos del Fortaseg que le corresponden de acuerdo con lo establecido en la cláusula segunda del convenio específico de adhesión, en tanto que en la cláusula sexta del mencionado convenio de colaboración, el Municipio se comprometió a destinar los recursos económicos que le sean asignados para el ramo de seguridad pública a la adquisición de bienes muebles e inmuebles con el objeto de coadyuvar con el Estado en el cumplimiento del objeto del convenio.
• De acuerdo con el referido convenio de adhesión, los recursos que transfieren el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Tamaulipas no entran en la libre administración hacendaria de los Municipios, pues los que aporta el Fortaseg no dejan de ser recursos federales, por lo que no tienen la naturaleza de participaciones federales, al igual que las aportaciones del Gobierno Local. En consecuencia, no hay violación al artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal.
• La ejecución del decreto debe realizarse conforme a su artículo tercero transitorio, esto es, con los presupuestos de seguridad pública del Estado, así como con las aportaciones federales y los recursos que deriven del presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, toda vez que el presupuesto de esta última ya fue destinado por el Ayuntamiento a la seguridad pública municipal, decisión tomada al aprobar el respectivo presupuesto de egresos. El principio de anualidad que rige al presupuesto de egresos explica que esa disposición esté prevista en una norma transitoria.
• En la controversia constitucional 170/2020 –también promovida por el Municipio de Matamoros–, la Suprema Corte concluyó que la determinación del Poder Ejecutivo de Tamaulipas de prever la ejecución del decreto con el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se encuentra dentro de los límites y mecanismos para el ejercicio de la facultad extraordinaria prevista en el artículo 115, fracción VII, constitucional, de modo que resulta justificada la afectación presupuestal decretada hacia el Municipio actor, máxime que dicha limitación sólo se efectuará respecto de partidas específicas y por una temporalidad limitada.
• El gobernador del Estado de Tamaulipas tomó la decisión unilateral de prorrogar el plazo por un año más para continuar con el mando policial en el Municipio de Matamoros por la situación prevalente, así como para garantizar el goce y disfrute de los derechos y libertades, sin incumplir con el requisito de la temporalidad, ya que el nuevo periodo para tener el mando policial concluye el veintidós de septiembre de dos mil veintidós.
• El Poder Ejecutivo de Tamaulipas cumplió con el principio de fundamentación al invocar las disposiciones que sustentan la determinación. En cuanto a la motivación, el gobernador señaló que subsisten las mismas condiciones de alteración grave del orden público en el Municipio de Matamoros, lo que llevó a prorrogar por un año más la decisión de asumir el mando policial, según se desprende de los considerandos sexto y séptimo del decreto impugnado.
8. Pedimento. La Fiscalía General de la República se abstuvo de formular pedimento.
9. Cierre de la instrucción. El veintiocho de febrero de dos mil veintidós tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante ley reglamentaria) y el uno de marzo siguiente el Ministro instructor cerró la instrucción a afecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
10. Radicación en la Segunda Sala. Previo dictamen del Ministro instructor, por acuerdo presidencial de seis de julio de dos mil veintidós, la Segunda Sala se avocó al conocimiento del asunto.
I. COMPETENCIA
11. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(5) 10, fracción I,(6) y 11, fracción VIII,(7) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I,(8) y tercero(9) del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, toda vez que se plantea un conflicto entre el Estado de Tamaulipas y el Municipio de Matamoros en el que se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales (ponente), Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y presidenta Yasmín Esquivel Mossa.
II. PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO
12. De acuerdo con lo previsto en el artículo 41, fracción I,(10) de la ley reglamentaria, se precisa que en la presente controversia constitucional se combate lo siguiente:
El "Decreto gubernamental mediante el cual se reforma el artículo 3 del Decreto por el que el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas asume temporalmente el mando policial municipal de la Heroica Matamoros por alteraciones graves al orden público y fuerza mayor, publicado en el Periódico Oficial del Estado edición vespertina número 114 de fecha 22 de septiembre de 2020".
13. Este decreto fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, y establece textualmente lo siguiente:
"Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 1o., 11, 14, 16, 21, 115, fracciones III, inciso h), y VII, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 91, fracciones I, II, III, V y XXIII, y 136 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 9o., fracciones I, II y III, y 55, fracciones XVII y XVIII, del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas; 2, 10, párrafos primero y segundo, y 13 de la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, 11, párrafos primero y segundo, 15, fracciones XII, XIV, XVI y XVIII, 18, 21, 49, 105 y 107 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas, y 3o., fracción II, de la Ley de Tránsito; y,
CONSIDERANDO
"Primero. Que en términos del párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en la propia Constitución y las leyes en la materia.
"Segundo. Que el artículo 115, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé un traslado de atribuciones originarias de los Municipios en favor, exclusivamente, de los Ejecutivos Locales de carácter excepcional, limitado y estrictamente temporal y que podrán hacer uso en los casos en que él mismo considere como de fuerza mayor o alteración grave del orden público, lo que se traduce en que los Ejecutivos estatales asuman el mando temporal de los cuerpos policiacos del ámbito municipal, a efecto de hacer frente a una situación excepcional así calificada por ellos mismos. "Que, en ese sentido, el artículo 136 de la Constitución del Estado prevé la misma regla especial y específica contenida en el propio artículo 115, fracción VII, de la Constitución Federal, al otorgar la facultad exclusiva al titular del Ejecutivo Estatal para asumir el mando de los cuerpos policiacos municipales cuando él mismo juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público, lo que excluye la participación de cualquier otra autoridad en la toma de estas decisiones.
"Tercero. Que derivado de la situación prevaleciente en el Municipio de Matamoros, Tamaulipas, en el año 2020, el Grupo de Operaciones Especiales (Gopes) de la Secretaría de Seguridad Pública, efectuó trabajos de prevención y cumplimiento de órdenes judiciales, esto motivado por escenarios de actividades ilícitas y grupos de la criminalidad organizada, en la que se involucraba la participación de diversos grupos sociales como taxistas en situación irregular, transportistas y otros, considerando el apoyo del auspicio de una organización delincuencial con presencia en dicho Municipio, para lo cual realizaron manifestaciones públicas y bloqueos de vías generales y locales de comunicación, impidiendo el libre tránsito nacional e internacional y realizando acciones tendentes a obstaculizar y demandar la suspensión de operativos de la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con la Fiscalía General de Justicia.
"Cuarto. Que de acuerdo a lo establecido en los artículos 91, fracciones II y III, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y 9o, fracciones I y II, del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, es facultad del Gobernador del Estado cuidar de la seguridad y tranquilidad del Estado e impedir abusos de la fuerza pública, por acción u omisión, en contra de la ciudadanía, procurando que se haga efectiva la responsabilidad en que incurriere, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución Política del Estado.
"Quinto. Que el 22 de septiembre de 2020 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas Edición Vespertina Número 114, el Decreto por el que el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas asume temporalmente el mando policial municipal de la Heroica Matamoros por alteraciones graves al orden público y fuerza mayor, estableciendo en su artículo 3 que la asunción del mando policial municipal tendrá la vigencia de un año calendario a partir de la entrada en vigor. La misma puede ser derogada en cualquier momento si el gobernador del Estado juzga subsanadas las circunstancias que lo motivaron.
"Sexto. Que derivado de las circunstancias que continúan aconteciendo en el Municipio de Matamoros, Tamaulipas, este Poder Ejecutivo califica que deberá extenderse la situación de fuerza mayor resultado de graves afectaciones al orden público en términos de los artículos 115, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 136 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas.
"Séptimo. Que se prorroga el término de un año para continuar con el mando en la materia que nos ocupa, situación que podrá garantizar el goce y disfrute de derechos y libertades, en particular el de la seguridad pública, libre tránsito y seguridad jurídica a los habitantes de aquel Municipio fronterizo.
"En virtud de la fundamentación y motivación expuestas, he tenido a bien expedir el siguiente:
"‘Decreto gubernamental mediante el cual se reforma el artículo 3 del Decreto por el que el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas asume temporalmente el mando policial municipal de la Heroica Matamoros por alteraciones graves al orden público y fuerza mayor, publicado en el Periódico Oficial del Estado edición vespertina número 114 de fecha 22 de septiembre de 2020.
"‘Artículo único. Se reforma el artículo tercero del decreto por el que el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas asume temporalmente el mando policial municipal de la Heroica Matamoros por alteraciones graves al orden público y fuerza mayor, y queda como sigue:
"‘Artículo 3. La asunción del mando policial municipal tendrá la vigencia de un año calendario a partir del 22 de septiembre del presente año hasta el 22 de septiembre del 2022. La misma puede ser derogada en cualquier momento si el gobernador del Estado juzga subsanadas las circunstancias que lo motivaron.’
"TRANSITORIOS
"Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas.
"Artículo segundo. La ejecución del presente decreto deberá realizarse con los presupuestos de seguridad pública de la Secretaría Estatal del ramo, los fondos de participaciones federales de la materia y el propio presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. ..."
III. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO
14. La existencia del acto combatido se encuentra probada, pues fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, como se desprende de la copia certificada de un ejemplar de ese medio de difusión que se encuentra agregada en el expediente.
IV. OPORTUNIDAD
15. Conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria,(11) el plazo para promover controversia constitucional, tratándose de actos, es de treinta días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o bien, al en que el actor se ostente sabedor de tales actos.
16. Cabe precisar que el decreto combatido en el presente juicio constituye un acto, y no una norma general para efectos del cómputo del plazo, porque se trata de un acto jurídico con efectos particularizados que carece de las características de generalidad, permanencia y abstracción que distinguen a las normas generales. Este es el criterio que esta Segunda Sala ha sostenido al analizar la naturaleza jurídica de instrumentos similares, por ejemplo, al resolver las controversias constitucionales 55/2017,(12) 1/2016(13) y 170/2020.(14)
17. Puntualizado lo anterior, es posible afirmar que la demanda fue presentada oportunamente.
18. Es así, porque el Municipio actor tuvo conocimiento del decreto impugnado con motivo de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que el plazo para la promoción de la controversia constitucional transcurrió del veintidós de septiembre al cinco de noviembre de ese año,(15) mientras que el escrito de demanda fue recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el quince de octubre de dos mil veintiuno.
Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales (ponente), Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y presidenta Yasmín Esquivel Mossa.
V. LEGITIMACIÓN ACTIVA
19. La demanda fue presentada por parte legítima.
20. En efecto, el Municipio es uno de los entes enunciados en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal, cuyo inciso i), prevé la posibilidad de controversia constitucional entre un Estado y uno de sus Municipios. En este sentido, de conformidad con el artículo 10, fracción I, de la ley reglamentaria,(16) le fue reconocido el carácter de parte actora al Municipio de Matamoros.
21. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria,(17) el actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado, deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
22. En representación del Municipio actor compareció Alfredo Villafañez Zamudio, en su carácter de segundo síndico, lo que acreditó con copia certificada de la constancia de mayoría y validez de la elección para el Ayuntamiento, expedida por el Consejo Municipal Electoral de Matamoros del Instituto Electoral de Tamaulipas el once de junio de dos mil veintiuno, con motivo del proceso electoral 2020-2021.
23. Por tanto, teniendo en cuenta que en los artículos 60, fracción II,(18) y 61(19) del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, se establece que los síndicos tienen la representación del Ayuntamiento en los litigios en que el Municipio sea parte, y que en caso de que el Ayuntamiento tenga dos síndicos dicha atribución corresponde al segundo, se puede concluir que, como se adelantó, el Municipio actor está legitimado para promover la controversia constitucional y compareció por conducto de un funcionario facultado para tal efecto.
Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales (ponente), Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y presidenta Yasmín Esquivel Mossa
VI. LEGITIMACIÓN PASIVA
24. Los demandados tienen legitimación pasiva.
25. Es así porque el artículo 10, fracción II,(20) de la ley reglamentaria, establece que tendrá el carácter de demandado la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto o incurrido en la omisión que sea objeto de la controversia constitucional. En el caso les fue reconocida esa calidad al Poder Ejecutivo y al secretario general de Gobierno, ambos del Estado de Tamaulipas.
26. Compareció a juicio Gerardo Peña Flores en su calidad de titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas y como representante del Poder Ejecutivo Local, personalidad que acreditó con copia certificada de su nombramiento, suscrito por el gobernador del Estado el siete de enero de dos mil veintidós.
27. Además, de los artículos 94, párrafo primero,(21) y 98(22) de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 3,(23) 2
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31005-fb98abda/i-controversia-constitucional-la-representacion-de-los-ayuntamientos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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