I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO SEGUNDO Y EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, TODOS DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, ESTADO DE TAMAULIPAS TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA (ARTÍCULOS 53, 54, 60, FRACCIÓN II, Y 61 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS). II. SEGURIDAD PÚBLICA. ES UNA FACULTAD CONCURRENTE QUE DEBE EJERCERSE DE MANERA COORDINADA ENTRE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 21, PÁRRAFOS NOVENO Y DÉCIMO, Y 115, FRACCIÓN III, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. III. SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. ES FACULTAD DE LOS AYUNTAMIENTOS CELEBRAR CONVENIOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA QUE ÉSTE SE HAGA CARGO TEMPORALMENTE DE AQUÉLLA O BIEN LA BRINDEN AMBOS DE MANERA CONJUNTA. IV. SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. LA FACULTAD EXTRAORDINARIA Y TEMPORAL DEL PODER EJECUTIVO LOCAL PARA SU EJERCICIO IMPLICA LA TRANSMISIÓN DE ÓRDENES A LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL Y DE TODA SU INFRAESTRUCTURA Y OPERATIVIDAD. V. SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS. EL DECRETO DE ASUNCIÓN TEMPORAL DEL MANDO POLICIAL MUNICIPAL EMITIDO POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL NO VULNERA LOS ARTÍCULOS 21 Y 115, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (DECRETO DE ASUNCIÓN TEMPORAL DEL MANDO POLICIAL DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS EMITIDO POR EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE). VI. SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS. LA EXISTENCIA DE CONVENIOS DE COORDINACIÓN EN LA MATERIA CELEBRADOS ENTRE EL MUNICIPIO Y EL GOBIERNO ESTATAL, NO RESTRINGE LA FACULTAD DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO LOCAL DE EXCEPCIONALMENTE Y DE MANERA TEMPORAL ASUMIR EL CONTROL DE AQUÉLLA (DECRETO DE ASUNCIÓN TEMPORAL DEL MANDO POLICIAL DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS EMITIDO POR EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE). VII. SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS. LA DETERMINACIÓN DEL PODER EJECUTIVO LOCAL DE PREVER LA EJECUCIÓN DEL DECRETO DE ASUNCIÓN TEMPORAL DE AQUÉLLA CON EL PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, NO GENERA UNA AFECTACIÓN A LA HACIENDA MUNICIPAL NI AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA EL RAMO, AL REQUERIR DE RECURSOS MATERIALES PARA SU OPERACIÓN E IMPLEMENTACIÓN (DECRETO DE ASUNCIÓN TEMPORAL DEL MANDO POLICIAL DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS EMITIDO POR EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE). VIII. SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS. LA DETERMINACIÓN DEL PODER EJECUTIVO LOCAL DE PREVER LA EJECUCIÓN DEL DECRETO DE ASUNCIÓN TEMPORAL DE AQUÉLLA CON LOS FONDOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DE LA MATERIA, NO GENERA UNA AFECTACIÓN A LA HACIENDA MUNICIPAL ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE QUE PUEDAN SER UTILIZADAS PARA ESA FINALIDAD (DECRETO DE ASUNCIÓN TEMPORAL DEL MANDO POLICIAL DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS EMITIDO POR EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE). IX. SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. LA ATRIBUCIÓN CONSTITUCIONAL PARA QUE LOS PODERES EJECUTIVOS ESTATALES CALIFIQUEN UN ACONTECIMIENTO COMO ALTERACIONES GRAVES AL ORDEN PÚBLICO O DE FUERZA MAYOR Y ASUMAN EL EJERCICIO DE AQUÉLLA DEBE ESTAR SUJETA A LOS REQUISITOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EXIGIDOS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. X. SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS. EL DECRETO DE ASUNCIÓN DEL MANDO POLICIAL MUNICIPAL IMPUGNADO CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE EXCEPCIONALIDAD Y TEMPORALIDAD AL ESTABLECER UN PLAZO PERENTORIO CONCRETO, ASÍ COMO CON LOS REQUISITOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN (DECRETO DE ASUNCIÓN TEMPORAL DEL MANDO POLICIAL DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS EMITIDO POR EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE). XI. SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS. LA FACULTAD EXTRAORDINARIA Y TEMPORAL DEL PODER EJECUTIVO LOCAL PARA SU EJERCICIO, NO RESULTA EQUIPARABLE A LA SUSPENSIÓN DE DERECHOS POR PERTURBACIÓN A LA PAZ PÚBLICA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (DECRETO DE ASUNCIÓN TEMPORAL DEL MANDO POLICIAL DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS EMITIDO POR EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 170/2020. MUNICIPIO DE MATAMOROS, ESTADO DE TAMAULIPAS. 23 DE JUNIO DE 2021. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. EL MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, EMITIÓ SU VOTO CON RESERVAS. LA MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, EMITIÓ SU VOTO EN CONTRA DE LA CONSIDERACIÓN RELATIVA A LA PORCIÓN NORMATIVA DEL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO RECLAMADO, QUE ALUDE A LOS FONDOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: PABLO RAÚL GARCÍA REYES.
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintitrés de junio de dos mil veintiuno.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Presentación de la demanda, órgano y acto demandado. Por escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mario Alberto López Hernández, en su carácter de presidente municipal, Isidro Jesús Vargas Fernández, como síndico segundo, y Federico A. Fernández Morales, en su calidad de secretario de Ayuntamiento, todos del Municipio de Matamoros, Tamaulipas, promovieron controversia constitucional en contra del gobernador y el secretario de Gobierno de esa misma entidad federativa, de quienes demandaron:
"Acto cuya invalidez se demanda: Lo constituye el decreto de fecha 21-veintiuno de septiembre de 2020-dos mil veinte, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas de fecha 22-veintidos del citado mes y año, a través del cual la parte demandada asume temporalmente el Mando Policial del Municipio de Matamoros, Tamaulipas, con entrada en vigor en esa fecha de publicación y con vigencia de un año, por hechos acaecidos trece días anteriores a su expedición."
2. SEGUNDO.—Antecedentes. En la demanda, el Municipio actor señala, en lo que importa al presente asunto, los antecedentes siguientes:
1. La actual administración pública del Municipio de Matamoros y su órgano de gobierno entraron en funciones el uno de octubre de dos mil dieciocho, por un periodo de tres años, el cual fenece el treinta de septiembre de dos mil veintiuno.
2. Refiere que a sabiendas de la existencia de un mando único en materia de seguridad pública en los Municipios de Tamaulipas, vigente desde el año dos mil trece a instancia del Gobierno Federal, determinó celebrar con el Gobierno del Estado un convenio de colaboración y coordinación, en el cual se pactó la obligación del Ejecutivo Local de prestar la función de seguridad pública en el ámbito territorial y geográfico de dicho Municipio, así como cubrir los costos que genere la evaluación, capacitación y adiestramiento de los elementos policiales.
Posteriormente, en enero de dos mil veinte, celebró otro convenio en los mismos términos y entre las partes referidas, con fecha de vigencia hasta el treinta y uno de diciembre de ese mismo año.
Manifiesta que en mérito de este convenio, el Gobierno del Estado de Tamaulipas se comprometió y obligó a realizar, ordinaria y permanentemente, entre otras, acciones de patrullaje preventivo, por conducto de la policía estatal, en áreas rurales y urbanas del Municipio, quedando a cargo de este último la aplicación de las sanciones administrativas por infracciones al Reglamento de Policía y Buen Gobierno y otro, así como a dar apoyo cuando éste fuera requerido.
3. Señala que el ocho de septiembre de dos mil veinte, aproximadamente a las veintitrés horas en el Municipio en cita, se realizaron manifestaciones y bloqueos de calles y avenidas por varios ciudadanos, cuyo objeto era expresarse en contra del Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad Pública del Gobierno del Estado (Gopes), actos que se prolongaron hasta el nueve de septiembre siguiente.
Al respecto, manifiesta que la única autoridad que intervino en el desarrollo de las mesas de diálogo para restablecer el orden social y paz, con resultados favorables, fue el secretario del Ayuntamiento.
4. Afirma que el diez de septiembre de dos mil veinte, los secretarios generales de Gobierno y de Seguridad Pública, así como el vocero de seguridad del Gobierno del Estado de Tamaulipas, mencionaron en conferencia de prensa que la Guardia Nacional no había atendido varias solicitudes de apoyo para atender los bloqueos de avenidas que se realizaron en la ciudad de Matamoros los días ocho y nueve de septiembre.
5. Expresa que el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, ya en forma extemporánea, el gobernador del Estado de Tamaulipas, emitió el decreto impugnado, el cual fue publicado en el Periódico Oficial Local el veintidós siguiente, con una vigencia de un año.
6. Finalmente, manifiesta que los medios de defensa de la Constitución, como la controversia constitucional, permiten a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación llevar a cabo el control y restablecimiento del orden constitucional invalidando todo acto que lo infrinja, por lo que acuden en esta vía a demandar el decreto en comento.
3. TERCERO.—A continuación, se sintetizan los conceptos de invalidez expresados por el Municipio actor.
Primero
4. El gobernador del Estado de Tamaulipas, al expedir el decreto cuestionado, incurrió en un ejercicio indebido de su potestad constitucional y legal para asumir el mando de la policía correspondiente, lo que provocó una aplicación inexacta, indebida e irresponsable de control político, en transgresión a lo dispuesto en el artículo 115 constitucional.
5. Esto es, el Ejecutivo Local atenta contra la autonomía y la soberanía del Municipio, así como la libre administración de su hacienda pública prevista en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, en su vertiente del ejercicio de los recursos destinados para el ramo de "seguridad pública", destinados en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de dos mil veinte.
6. Es decir, afecta los recursos propios y también los federales, que se contemplan en el presupuesto referido y también en los de egresos, tanto el del Municipio como el federal, estos últimos destinados, entre otras cosas, para la adquisición de infraestructura tecnológica, adquisición de patrullas, capacitación de policías, programas de reinserción de jóvenes a la sociedad, programas de policías de proximidad, programas de justicia administrativa, restaurativa y administrativa cívica.
7. Asimismo, no es dable que el Ejecutivo Local revoque o desconozca una situación de hecho y de derecho existente en cuanto a la prestación del servicio de la policía correspondiente, es decir, no tomar en cuenta los convenios vigentes en la materia, como tampoco es dable que dicha autoridad invoque los principios de supremacía constitucional, legalidad y certeza jurídica para asumir el mando de la seguridad pública del Municipio actor.
8. También afirma que el decreto impugnado adolece de los requisitos de razonabilidad y objetividad, en su vertiente de debida motivación y fundamentación como forma de garantizar todo acto de autoridad, y para justificar la "fuerza mayor" o "alteración del orden público", así como de las acciones o planes concretos que deberá implementar el Gobierno Estatal.
9. Aunado a que el artículo 29 constitucional, aplicable por analogía, prevé, entre otras cosas, que respecto de la perturbación grave a la paz pública sólo el titular del Ejecutivo Federal, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, podrá restringir o suspender en todo el país o en un lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fueran obstáculo para combatir la situación que se requiera, solicitud que deberá estar fundada y motivada en términos de lo establecido por la Constitución y ser proporcional al peligro que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad y racionalidad.
Segundo
10. El decreto combatido transgrede el principio de legalidad y de certidumbre jurídica, en su vertiente de debida motivación y fundamentación, así como el de prohibición de la arbitrariedad, respecto de asumir el mando de la policía municipal y tránsito, para ejercer los recursos públicos asignados presupuestalmente para la Secretaría de Seguridad Pública por el lapso de un año.
11. Afirma que lo anterior se actualiza a pesar de que en el decreto se citen varios artículos de la Constitución Federal, de la Local, del Código Municipal, de la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado, de la Ley de Seguridad Pública Estatal y de la Ley de Tránsito, pues dichas disposiciones no encajan en la realidad fáctica de su contenido, aunado a que las expresiones "fuerza mayor", "afectación a las libertades de tránsito y de trabajo", "alteración del orden", "auspicio de organización delincuencial", no son suficientes para acreditar el principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional.
12. No se soslaya lo previsto en el artículo 21 constitucional, sin embargo, se insiste respecto a la falta de motivación del acto reclamado, pues basta observar el contenido de los considerandos décimo a décimo quinto del decreto para advertirlo.
13. CUARTO.—Preceptos constitucionales que se estiman violados. El Municipio actor señaló que se transgreden en su perjuicio los artículos 14, 16, 21 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
14. QUINTO.—Radicación, admisión y trámite de la demanda. Por acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veinte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el asunto bajo el expediente 170/2020 y designó como instructor al Ministro José Fernando Franco González Salas.
15. En acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veinte, el Ministro instructor previno al promovente para la ratificación de una de las firmas que obraba en la demanda, ya que de dicho escrito se advirtió que quien se ostentó como síndico segundo y firmó el ocurso fue Isidro Jesús Fernández Vargas, mientras que del documento con el que acreditó dicha personalidad se advirtió que quien fungía con tal cargo era Isidro Jesús Vargas Fernández.
16. En cumplimiento a lo anterior, el cinco de noviembre siguiente, el promovente referido ratificó la demanda, los anexos, la firma y la calidad con la que se ostentó, lo que se tuvo por cumplido en acuerdo de trece de noviembre de dos mil veinte, en el cual también se admitió la demanda a trámite, se tuvo como demandados al Poder Ejecutivo y a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, a quienes se les requirió a efecto de que rindieran su contestación respectiva.
17. Asimismo, en cuanto a la petición de suspensión realizada por el Municipio actor, ordenó formar cuaderno incidental y en esa misma fecha emitió un acuerdo en el que negó la medida cautelar solicitada.
18. SEXTO.—Contestación de la demanda. El secretario general del Gobierno del Estado de Tamaulipas, en representación de esa institución y del Poder Ejecutivo Local, rindió contestación de demanda, la cual fue recibida en este tribunal el diecinueve de enero de dos mil veintiuno.
La contestación fue realizada en los siguientes términos:
19. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las controversias constitucionales 92/2010 y 92/2018, analizó el artículo 115, fracción VII, constitucional y estableció los parámetros mínimos para que los titulares de los Poderes Ejecutivos Locales asumieran el mando de la policía de los Municipios de manera temporal.
20. Al respecto, la medida de tomar el control del mando policial local se actualiza en casos de fuerza mayor o alteración grave del orden público, lo que corresponde determinar al Ejecutivo Estatal. Dicha medida será temporal y limitada y conllevará la operatividad y la infraestructura que se requiera.
21. Por otra parte, menciona que la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus artículos 1, 2, 4, 5 y 7, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Montero Aranguren y otros Vs. Venezuela, han sido enfáticas en reconocer la obligación de los Estados de garantizar, proteger, promover y respetar los derechos a la seguridad, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal de todas las personas, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y progresividad, así como prevenir, investigar y sancionar las violaciones a derechos humanos.
22. Ello implica el deber del Ejecutivo Estatal de ejecutar acciones que tiendan a garantizar los derechos referidos, así como los concernientes a la propiedad privada y al trabajo, lo cual se cumple, entre otras acciones, con la emisión del decreto impugnado, pues ello busca preservar la paz y el orden público.
23. Afirma que el requisito para llevar a cabo lo anterior, se dispone en el propio artículo 115 referido, esto es, fundar y motivar el acto; máxime que en este caso la fundamentación y motivación requerida es menos exigente, en comparación con los actos privativos de molestia que emanan de una autoridad a un particular, pues aquí, el acto combatido no incide directamente en la esfera jurídica de los particulares, sino que se trata de un acto entre autoridades.
24. Como consecuencia de los criterios emitidos por esta Suprema Corte, las autoridades demandadas afirman que para analizar el ejercicio de las facultades de los gobernadores debe verificarse: (1) Fundamentación competencial, (2) Motivación del carácter competencial y (3) Limitación temporal de la medida.
25. Desde su perspectiva, lo anterior se cumplió porque, por un lado, el Ejecutivo Local fundó su ejercicio en los artículos 1o., 11, 14, 21, 115, fracciones III, inciso h) y VII, 124 y 133 de la Constitución Federal, 91, fracciones I, II, III, V y XXIII, y 136 de la Constitución Local, 9, fracciones I, II y III, 55, fracciones XVII y XVIII, del Código Municipal, 2, párrafos 1 y 2, 4, párrafo 1, 10, párrafos 1 y 2 y 13 de la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado, 11, párrafos 1 y 2, 15, fracciones XII, XIV, XVI y XVIII, 18, 21, 49, 105 y 107 de la Ley de Seguridad Pública del Estado y 3, fracción II, de la Ley de Tránsito, los cuales, en su opinión, lo facultan para realizar el acto que llevó a cabo.
26. Aunado a ello, el Ejecutivo Local manifestó que asumió el mando de la policía municipal debido a que se trataba de uno de los supuestos previstos en el artículo 115, fracción VII, constitucional, es decir, de fuerza mayor o alteración grave del orden público, para lo cual narró completa y detalladamente los hechos que dieron lugar a dicho acto, con lo que cumplió con los requisitos de fundamentación y motivación.
27. Al respecto, manifestó que la decisión de asumir el mando temporal se debió a los bloqueos a vías locales y generales, al impedimento del tránsito internacional por el Municipio, por acciones tendientes a obstaculizar y demandar la suspensión de operativos de seguridad pública, a la campaña de desinformación en redes sociales dirigida a la población, a la falta de reacción de los elementos de seguridad pública municipal, a la afectación a los pobladores, así como a la atención a sus demandas, entre otras.
28. Asimismo, se estableció que la medida se llevaría a cabo por el transcurso de un año y se motivó dicha determinación.
29. Finalmente, argumenta que con la determinación en comento no se afecta la administración hacendaria municipal, ya que de conformidad con lo dispuesto en la controversia constitucional 92/2010 y las diversas 1/2016 y 92/2018, la asunción del mando policial del Municipio por parte del gobernador implica el control de toda la infraestructura y organización policial.
30. Por ello, el artículo tercero transitorio del decreto al disponer "presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública" se refiere al presupuesto destinado a dicho rubro, previamente aprobado por el Municipio, lo que no implica un control en la asignación o aprobación del gasto.
31. Suponer que el Ejecutivo Estatal no pueda asumir el control del presupuesto implicaría hacer nugatorio el ejercicio de la facultad excepcional de mando del gobernador sobre la policía municipal y condicionaría su ejercicio a la disponibilidad de recursos por parte del Gobierno del Estado, lo que requeriría la autorización del Congreso Local.
32. SÉPTIMO.—En proveído de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, el Ministro instructor tuvo por contestada la demanda, ordenó correr traslado con el oficio de contestación de demanda a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal e hizo un requerimiento a las autoridades consistente en que remitieran las documentales relacionadas con el decreto impugnado, el cual se tuvo por cumplido en auto de quince de febrero siguiente, en el que también se señaló el treinta de marzo para que tuviera verificativo la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos, mediante el sistema de videoconferencias.
33. OCTAVO.—Audiencia y cierre de instrucción. Una vez sustanciado el procedimiento en esta controversia constitucional, el treinta de marzo de dos mil veintiuno se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en proveído de la misma fecha, el Ministro instructor tuvo al delegado del Poder Ejecutivo y a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, formulando alegatos y por desahogadas las pruebas ofrecidas por las partes; consecuentemente, decretó el cierre de instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
34. NOVENO.—Avocamiento del asunto en la Segunda Sala. Por acuerdo de catorce de junio de dos mil veintiuno, la Ministra presidenta de la Segunda Sala, previo dictamen formulado por el Ministro instructor en este procedimiento, radicó el expediente y avocó el asunto a su conocimiento.
CONSIDERANDO:
35. PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver esta controversia constitucional en términos de los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución, 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los puntos segundo, fracción I, tercero y quinto del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, ya que el Municipio de Matamoros, Tamaulipas, cuestiona la constitucionalidad de actos emitidos por el Poder Ejecutivo y secretario de Gobierno de dicho Estado, sin que impugne normas de carácter general.
SEGUNDO.—Legitimación.
36. Legitimación activa. Se procede a realizar el estudio de la legitimación de quien promueve la controversia constitucional, por ser un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.
37. El artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que podrán comparecer a juicio los funcionarios que estén facultados para representar a los órganos correspondientes, con base en la normatividad que los rige.
38. Del escrito de demanda se advierte que quienes promovieron la controversia constitucional fueron Mario Alberto López Hernández, en su carácter de presidente municipal, Isidro Jesús Vargas Fernández, como síndico segundo, y Federico A. Fernández Morales, en su calidad de secretario de Ayuntamiento, todos del Municipio de Matamoros, Tamaulipas. Acreditaron su personalidad con copia certificada de la constancia de mayoría y validez de la elección para la presidencia municipal, expedida por el Instituto Electoral de Tamaulipas y en el caso del secretario del Ayuntamiento, con copia certificada del nombramiento por ese cargo expedido por el presidente municipal de Matamoros, Tamaulipas.
39. Conforme al contenido de los artículos 53, 54, 60, fracción II, y 61 del Código Municipal de esa entidad,(1) estos funcionarios cuentan con la atribución de representar jurídicamente a este Municipio y promover la presente controversia constitucional, por lo que se tiene acreditada la legitimación activa del actor en este asunto.
40. Legitimación pasiva. El artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria establece que tendrá el carácter de demandado en la controversia constitucional la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la impugnación.(2)
41. Tienen el carácter de autoridades demandadas en la presente controversia constitucional el Poder Ejecutivo y la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas.
42. En el caso, César Augusto Verástegui Ostos, compareció en su carácter de representante del Poder Ejecutivo y como titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas a dar contestación a la demanda formulada en su contra, personalidad que acreditó con copia certificada del nombramiento por dicho cargo expedido por el Gobernador Constitucional de ese Estado.
43. Conforme al contenido de los artículos 94 y 98 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y los diversos 3, 21, 23, fracción II y 25, fracciones IV y XXIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas,(3) se desprende que cuentan con legitimación para comparecer en esta controversia como autoridades demandadas.
44. TERCERO.—Oportunidad. El plazo para la presentación de la demanda en términos de la fracción I del artículo 21 de la ley reglamentaria,(4) es de treinta días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se controvierta, al en que se haya tenido conocimiento de estos o de su ejecución o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.
45. En el presente caso, el decreto impugnado se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, el veintidós de septiembre de dos mil veinte, por lo que el plazo para promover la controversia constitucional transcurrió del veintitrés de septiembre al cinco de noviembre de ese mismo año.(5)
46. Consecuentemente, si la controversia constitucional se presentó el veintiuno de octubre de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte se advierte que es oportuna.
47. CUARTO.—Precisión de la litis. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia,(6) se precisa que en el presente caso se demandó únicamente, por parte del Municipio actor, la invalidez del "decreto por el que el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas asume temporalmente el mando policial municipal de la Heroica Matamoros por alteraciones graves al orden público y fuerza mayor", publicado el veintidós de septiembre de dos mil veinte en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa.
El contenido de dicho decreto estipula lo siguiente:
"Decreto por el que el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas asume temporalmente el mando policial municipal de la Heroica Matamoros por alteraciones graves al orden público y fuerza mayor.
"Artículo 1. A fin de restaurar el orden público en el Municipio de Matamoros, el Gobernador Constitucional asume de manera inmediata y temporal el mando de la policía municipal en la Heroica Matamoros. A partir de que entre en vigor el presente decreto, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal quedará bajo el mando del servidor público que determine el secretario de Seguridad Pública del Estado.
"Artículo 2. Se instruye a las Secretarías Generales de Gobierno, Seguridad Pública, Contraloría Gubernamental y al Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública del Estado, para que dentro de sus respectivas competencias se coordinen las acciones, evaluaciones y determinen las responsabilidades correspondientes a la situación de fuerza mayor y afectación grave del orden público que motiva el presente decreto.
"Artículo 3. La asunción del mando policial municipal tendrá la vigencia de un año calendario a partir de su fecha de entrada en vigor. La misma puede ser derogada en cualquier momento si el gobernador del Estado juzga subsanadas las circunstancias que lo motivaron.
"Artículo 4. Se previene de la manera más atenta al Ayuntamiento del Municipio de Matamoros, para que desde su respectiva competencia, coadyuve y preste todos los auxilios para el cumplimiento del presente decreto.
"TRANSITORIOS
"Primero. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
"Segundo. Tendrá la vigencia de un año contado a partir del día de su publicación.
"Tercero. La ejecución del presente decreto deberá realizarse con los presupuestos de seguridad pública de la Secretaría Estatal del ramo, los fondos de participaciones federales de la materia y el propio presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
"Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, capital del Estado de Tamaulipas, a los 21 días del mes de septiembre del año dos mil veinte."
48. QUINTO.—Causas de improcedencia. No se hizo valer alguna causal de improcedencia ni motivo de sobreseimiento por parte de las autoridades demandadas.
49. De igual manera, esta Sala tampoco advierte que de oficio se actualice alguna, por lo que se procede a realizar el estudio de fondo.
50. SEXTO.—Estudio de fondo. Resultan infundados los conceptos de invalidez hechos valer por el Municipio actor en contra del decreto por el que el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas asume temporalmente el mando policial municipal de la Heroica Matamoros por alteraciones graves al orden público y fuerza mayor, en atención a las consideraciones siguientes.
51. Esta Segunda Sala, al resolver la controversia constitucional 1/2016,(7) retomó lo resuelto por el Pleno de esta Suprema Corte(8) y reconoció que en términos de los artículos 21, párrafos noveno y décimo y 115, fracción III, inciso h), de la Constitución Federal,(9) la seguridad pública es una facultad concurrente que debe ejercerse de manera coordinada entre los tres niveles de gobierno y, por tanto, que los Municipios tienen atribuciones constitucionales explícitas para realizar funciones de seguridad pública en su territorio.(10)
52. Sin embargo, también se señaló que la Constitución Federal prevé expresamente en su artículo 115 dos vías distintas a través de las cuales los Gobiernos Estatales pueden válidamente hacerse cargo en forma temporal de la seguridad pública municipal.
53. La primera de ellas, prevista en el tercer párrafo de la propia fracción III del artículo 115 constitucional, autoriza a los Ayuntamientos a celebrar convenios con los Gobiernos Estatales para ceder de forma temporal la prestación de cualquiera de los servicios públicos que en principio les corresponden a los Municipios –incluido desde luego el de seguridad pública– o bien para que ambos niveles de gobierno los brinden de manera conjunta.(11) En este supuesto, aunque hay posibilidad para mantener un esquema de coordinación entre ambos niveles de gobierno, son los Ayuntamientos los que deciden voluntariamente ceder la titularidad que tienen sobre las funciones de seguridad pública en favor de las autoridades estatales, pudiendo definir los términos bajo los cuales opera esta cesión, si será parcial o total, así como su duración.(12)
54. La segunda vía para que el Gobierno Estatal se encargue temporalmente de la seguridad pública de un Municipio es a través de la facultad prevista en la fracción VII del artículo 115 constitucional.(13) A diferencia de la primera, en este supuesto los Ejecutivos Locales pueden decidir unilateralmente transmitir de manera temporal órdenes a las policías preventivas municipales en aquellos casos que juzguen como alteraciones graves del orden público o de fuerza mayor, sin que las autoridades del Municipio tengan injerencia en la forma en la que se dictan esas órdenes, ni puedan obstaculizar su acatamiento por parte de los elementos de la policía municipal. En otras palabras, cuando el gobernador de un Estado ejerce esta facultad constitucional, la seguridad pública como atribución no obedece a la lógica regular de coordinación o cooperación entre la entidad federativa y los Municipios, sino a un esquema excepcional de supra-subordinación donde las autoridades municipales temporalmente están obligadas a acatar las determinaciones que el gobernador considere necesarias para restablecer el orden social en el Municipio.(14)
55. De igual forma, se indicó que, si la decisión de ejercer esta facultad constitucional representa una excepción de carácter temporal y extraordinario a la regla general de coordinación en seguridad pública, entonces su ejercicio concreto tampoco tiene que involucrar algún tipo de cooperación o deliberación con las autoridades municipales.
56. Es decir, al determinar las medidas concretas para intentar restablecer el orden social en un Municipio, el gobernador también puede válidamente excluir cualquier espacio de deliberación que implique la obtención de algún tipo de consentimiento de las autoridades municipales afectadas por la medida. Así, se dijo que las determinaciones específicas que involucra el ejercicio de esta atribución constitucional ciertamente pueden traducirse en la completa eliminación de la potestad municipal en el mando policial.(15).
57. Dicho a la inversa, hay situaciones extraordinarias en donde restablecer el orden social en una demarcación requiere asumir completamente el mando de la policía municipal, "en el entendido que dicha asunción incluye no sólo la transmisión de órdenes y el correlativo deber de acatarlas, sino de toda la infraestructura y operatividad q
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30353-4ebe572a/i-controversia-constitucional-el-presidente-municipal-sindico-segundo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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