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I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MEDELLÍN DE BRAVO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ SE ENCUENTRA LEGITIMADA PARA CONTESTAR LA DEMANDA EN REPRESENTACIÓN DE DICHO PODER (ARTÍCULO 15, FRACCIÓN XXXII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA DIRECTORA DE SERVICIOS JURÍDICOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ SE ENCUENTRA LEGITIMADA PARA CONTESTAR LA DEMANDA EN REPRESENTACIÓN DE DICHO PODER (ARTÍCULO 24 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULOS 1, 2, 12, 13, 23, 45, 77, 89, 245, 280 Y 394 DE LA LEY NÚMERO 843 DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL ACTOR MUNICIPIO DE MEDELLÍN DE BRAVO DEL ESTADO DE VERACRUZ, ANTE LA INEXISTENCIA DE UN PRINCIPIO DE AGRAVIO EN PERJUICIO DE SU ESFERA COMPETENCIAL (SOBRESEIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 71, 72, 73, 74, 75, 76, 395, 396, 397 Y 398 DE LA LEY NÚMERO 843 DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VI. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VII. HACIENDA MUNICIPAL. CONCEPTOS SUJETOS AL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL). VIII. SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ. LOS RECURSOS DE LOS FONDOS DE AYUDA FEDERAL QUE EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DESIGNARÁ A LAS ACCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO Y DE SUS MUNICIPIOS, RESPECTO DE CUYO EJERCICIO DEBERÁN PROPORCIONAR INFORMES LAS INSTITUCIONES POLICIALES MUNICIPALES, NO ESTÁN SUJETOS AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA (ARTÍCULOS 16, 17 Y 18 DE LA LEY NÚMERO 843 DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). IX. SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ. SI LA PREVISIÓN LEGAL IMPUGNADA VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE FONDOS DE ORIGEN FEDERAL, Y LOS ÚNICOS CONVENIOS A LOS QUE HACE REFERENCIA SON LOS QUE INVOLUCRAN COMO PARTES A LA FEDERACIÓN Y AL ESTADO DE VERACRUZ, ENTONCES ES EVIDENTE QUE LA LETRA DE DICHO PRECEPTO EN NINGÚN MOMENTO OBLIGA A LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA A CELEBRAR CONVENIOS PARA LA ENTREGA O EL EJERCICIO DE ALGÚN TIPO DE RECURSOS FEDERALES (ARTÍCULO 16 DE LA LEY NÚMERO 843 DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). X. SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ. LOS CONVENIOS EN LOS QUE SE ESTABLEZCA EL MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS QUE EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DESTINARÁ PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL SE REFIEREN A LOS FONDOS DE AYUDA FEDERAL Y NO A DIVERSOS INGRESOS COMPRENDIDOS EN EL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA MUNICIPAL (ARTÍCULO 17 DE LA LEY NÚMERO 843 DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). XI. SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ. LOS INFORMES QUE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DE LOS MUNICIPIOS DEBERÁN PROPORCIONAR A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA Y DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE VERACRUZ SERÁN SÓLO SOBRE AQUELLOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE AYUDA FEDERAL (ARTÍCULO 18 DE LA LEY NÚMERO 843 DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). XII. SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ. LOS ESTADOS ESTÁN OBLIGADOS A REPORTAR O INFORMAR PERIÓDICAMENTE A LA FEDERACIÓN SOBRE EL EJERCICIO QUE REALICEN LOS MUNICIPIOS RESPECTO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE AYUDA FEDERAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). XIII. SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ. LA FACULTAD LEGAL DE LOS ESTADOS DE SOLICITAR A LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA INFORMES RESPECTO DEL MANEJO DE LOS FONDOS DE AYUDA FEDERAL SE FUNDA EN LA OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL DE INFORMAR A LA FEDERACIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE ESTOS RECURSOS (ARTÍCULO 18 DE LA LEY NÚMERO 843 DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). XIV. SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ. LOS RECURSOS RESPECTO DE LOS CUALES LOS MUNICIPIOS ESTÁN OBLIGADOS A INFORMAR SOBRE SU EJERCICIO PUEDEN REFERIRSE A LOS ASIGNADOS MOTU PROPRIO AL MUNICIPIO PARA ESE FIN, A LOS ASIGNADOS POR LA FEDERACIÓN A LA ENTIDAD FEDERATIVA PARA

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 47/2021. · Registro digital (IUS): 31902
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-11-10
Promovente: MUNICIPIO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VERACRUZ.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Noviembre de 2023, Tomo II, Pág.1431.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 47/2021. MUNICIPIO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VERACRUZ. 14 DE NOVIEMBRE DE 2022. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ALFREDO NARVÁEZ MEDÉCIGO.

ÍNDICE TEMÁTICO

Actos impugnados: Diversas disposiciones de la Ley Número 843 del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al catorce de noviembre de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 47/2021, promovida por el Municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, contra los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Veracruz.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Publicación de la ley impugnada. El uno de marzo de dos mil veintiuno se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz la Ley Número 843 del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (en lo sucesivo la "Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Veracruz").

2. Promoción de la controversia constitucional. Inconforme con el contenido de este ordenamiento legal, el trece de abril de dos mil veintiuno el Municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, a través de su síndica promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Veracruz.

3. Conceptos de invalidez. En su demanda el Municipio actor hizo valer, en esencia, cuatro argumentos distintos.(1)

a. Primero, sostuvo que la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Veracruz condicionaba indebidamente el ejercicio de los fondos de ayuda federal y estatal para la seguridad pública del Municipio al prever la celebración de convenios con los órdenes de gobierno aportantes y la obligación de rendir informes de gasto a la autoridad estatal. En su concepto, esto vulneraba el principio de libre administración hacendaria municipal y el ejercicio de sus atribuciones constitucionales originarias en materia de seguridad pública en un plano de coordinación con la Federación y el Estado de Veracruz, además de que las medidas legislativas carecían de fundamentación y motivación.

b. Segundo, alegó que ese ordenamiento legal permitía a los policías municipales romper con el principio de preservación de la prueba, pues se les facultaba para destruir cualquier videograbación realizada en el lugar de los hechos en caso de que no fuera solicitada por alguna autoridad competente, en lugar de prever que ese material fuera incorporado en el informe policial homologado previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (en lo sucesivo la "ley general"). En su opinión, esto vulneraba los derechos humanos al debido proceso, la seguridad jurídica, la justicia pronta y la legalidad que las policías municipales debían respetar al ejercer sus atribuciones originarias en materia de seguridad pública.

c. Tercero, adujo que la ley impugnada tipificaba diversos delitos que se encontraban previstos ya en la ley general, lo que podía suscitar un conflicto competencial entre el Congreso del Estado de Veracruz y el Congreso de la Unión, por un lado, así como entre los tribunales del Estado de Veracruz y los del Poder Judicial de la Federación, por el otro.

d. Por último, argumentó que en el capítulo IX de la ley impugnada, referido a la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Veracruz, no se reglamentaban disposiciones del artículo 21 constitucional o de la ley general y sí, en cambio, se invadían las atribuciones legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria.

4. Trámite y admisión. El cuatro de mayo de dos mil veintiuno el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente relativo a la controversia constitucional, registrarla con el número 47/2021 y turnarla al Ministro Javier Laynez Potisek para que se encargara de instruir el procedimiento correspondiente.(2)

5. El diecisiete de junio siguiente el Ministro instructor admitió a trámite la demanda.(3) En primer lugar, tuvo como autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Veracruz, ordenó emplazarlos a juicio para que formularan su contestación y les requirió para que al hacerlo, remitieran copia certificada tanto de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas como del Periódico Oficial que contuviera su publicación. En segundo lugar, resolvió no tener como terceros interesados en la controversia constitucional al resto de los Municipios del Estado de Veracruz, pues en el supuesto de que la sentencia de fondo declarara la invalidez de las normas impugnadas, la decisión no tendría efectos sobre ellos. Finalmente, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que realizaran las manifestaciones que les correspondieran.

6. Contestación a la demanda. El treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Veracruz presentaron sendos escritos donde dieron contestación a la demanda.(4) Éstos fueron agregados al expediente mediante autos de ocho y nueve de septiembre del mismo año.(5)

7. Audiencia pública, alegatos y cierre de instrucción. El veintiséis de octubre de dos mil veintiuno se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo la "ley reglamentaria"). En ella se hizo la relación de los autos, se tuvieron por admitidas las pruebas ofrecidas por las partes y se señaló que no presentaron alegatos.(6) En consecuencia, el veintiocho de octubre siguiente se declaró cerrada la instrucción y se colocó el expediente en Estado de resolución.(7)

I. COMPETENCIA

8. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional en términos de lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo "la Constitución Federal");(8) 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(9) así como en los puntos segundo, fracción I, y quinto del Acuerdo General Plenario Número 5/2013,(10) pues se trata de un conflicto entre un Municipio y una entidad federativa, en el que se plantea la inconstitucionalidad de diversas disposiciones de carácter general.

9. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de nueve votos.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS

10. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la ley reglamentaria,(11) procede, en primer lugar, fijar las normas generales objeto de la controversia y la apreciación de las pruebas para tener por demostrada su existencia.

11. De la lectura integral de la demanda se desprende que en el presente asunto se señalan como normas generales impugnadas los artículos 1, 2, 12, 13, 16, 17, 18, 23, 45, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 89, 94, 95, 245, 280, 394, 395, 396, 397 y 398 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Veracruz, publicada en la Gaceta Oficial de esa entidad federativa el uno de marzo de dos mil veintiuno. La existencia de estos preceptos legales se tiene por demostrada con la presentación de la copia certificada del ejemplar de la referida publicación oficial correspondiente a esa fecha.(12)

12. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de nueve votos.

III. LEGITIMACIÓN

13. Legitimación activa. El primer párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria(13) dispone que el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo. En el presente asunto la demanda fue suscrita por Hilda Nava Seseña, en su carácter de síndica única del Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz, quien demostró tener tal cargo con la presentación de copia certificada del acta de la primera sesión solemne de ese órgano de gobierno municipal, celebrada el uno de enero de dos mil dieciocho.(14) Toda vez que, en términos del artículo 37, fracciones I y II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz,(15) el síndico tiene expresamente la atribución de representar a los Municipios en los procedimientos jurisdiccionales, debe tenerse por acreditada la legitimación activa.

14. Legitimación pasiva. El artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria(16) dispone que tendrá el carácter de demandado en la controversia constitucional la entidad, Poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la impugnación. Dado que en la tramitación del presente asunto se tuvieron como partes demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Veracruz, en términos del citado artículo 11 de la ley reglamentaria(17) procede analizar la personería de cada uno de los funcionarios que comparecen en representación de tales autoridades.

15. En primer lugar, en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz compareció Erick Patrocinio Cisneros Burgos en su carácter de secretario de Gobierno del Estado. Esta calidad fue acreditada con la copia certificada de su nombramiento.(18) Toda vez que en términos del artículo 15, fracción XXXII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz,(19) dicho funcionario tiene la representación jurídica del Gobierno del Estado y del gobernador, es claro que se encuentra legitimado para comparecer en esta controversia en representación del Ejecutivo Estatal.

16. Por otro lado, en representación del Congreso del Estado de Veracruz compareció Leticia Aguilar Jiménez en su carácter de directora de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado. Esta calidad fue acreditada con copias certificadas de su nombramiento y de la delegación en su favor de la representación jurídica del Congreso del Estado por parte de la presidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo.(20) Puesto que el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Veracruz dispone que el presidente de la Mesa Directiva del Congreso tiene la atribución de representar legalmente al Congreso del Estado y de delegar tal función al servidor público que designe mediante acuerdo escrito,(21) dicha funcionaria sí está legitimada para comparecer en la presente controversia constitucional.

17. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de nueve votos.

IV. OPORTUNIDAD

18. El artículo 21, fracción II, de la ley reglamentaria(22) dispone que la impugnación de normas generales en una controversia constitucional debe hacerse dentro de los treinta días siguientes contados a partir de su fecha de publicación, o bien, del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia. En la presente controversia constitucional se impugnaron diversos artículos de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Veracruz con motivo de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado el uno de marzo de dos mil veintiuno, por lo que el plazo de impugnación transcurrió del dos de marzo de dos mil veintiuno al dieciséis de abril siguiente.(23) Toda vez que la demanda de controversia constitucional fue depositada en las oficinas del Servicio Postal Mexicano en Medellín de Bravo, Veracruz, el trece de abril de dos mil veintiuno,(24) debe concluirse que su promoción es oportuna.

19. No es obstáculo para llegar a esta conclusión que el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz señale que la demanda fue presentada de forma extemporánea al haber sido recibida en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte el veintisiete de abril de dos mil veintiuno.(25) Contra lo que sugiere la parte demandada, conforme al artículo 8o. de la ley reglamentaria, cuando las partes radiquen fuera del lugar de residencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las promociones pueden ser presentadas por la vía postal y se tendrán por presentadas en tiempo si: i) son depositadas en las oficinas de correos en pieza certificada con acuse de recibo; ii) el depósito se realiza en las oficinas de correos ubicadas en el lugar de residencia de las partes y iii) el depósito se hace dentro de los plazos legales.(26)

20. De las constancias que obran en el expediente se advierte que el Municipio actor cumplió con todos esos requisitos legales, pues la demanda fue presentada en pieza certificada con acuse de recibo en la oficina de correos ubicada en Medellín de Bravo, Veracruz, y esto sucedió tres días antes de que venciera el plazo para su promoción.(27) En esta tesitura, debe concluirse que la demanda fue presentada dentro del plazo legal y, por consiguiente, debe desestimarse la causa de improcedencia invocada en ese sentido.

21. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de nueve votos.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA

22. Corresponde ahora analizar si respecto de las normas impugnadas se actualiza alguna causa de improcedencia –ya sea advertida de oficio por esta Suprema Corte o bien, invocada por las partes demandadas– que impidiera la resolución de fondo del presente asunto.

V.1. Ausencia de causa de pedir y de conceptos de invalidez

23. Independientemente de las diversas causas de improcedencia que las partes demandadas pudieran haber hecho valer en relación con las normas generales impugnadas, esta Suprema Corte advierte de oficio que respecto de los artículos 1, 2, 12, 13, 23, 45, 77, 89, 245, 280 y 394 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Veracruz, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 19, fracción IX, y 22, fracción VII, de la ley reglamentaria,(28) pues el promovente no formuló algún concepto de invalidez contra tales disposiciones.

24. De una lectura integral del escrito de demanda, se advierte que si bien el Municipio actor señala expresamente dichos preceptos legales como normas impugnadas en la controversia constitucional,(29) no esgrime un solo argumento para demostrar que aquéllos generan afectación en sus atribuciones constitucionales originarias o bien a derechos humanos íntimamente vinculados con ellas. Simplemente enuncia tales artículos al inicio de su escrito como parte de la norma general cuya invalidez se reclama, o los transcribe a la letra antes de exponer algunos de los conceptos de invalidez, pero en ningún momento hace referencia a su contenido en la argumentación; ni siquiera de manera tangencial.

25. Y toda vez que en términos de los precedentes del Tribunal Pleno, al no haber una mínima causa de pedir constitucional en relación con algún precepto señalado como norma impugnada en la demanda, "cualquier pronunciamiento de constitucionalidad sería de oficio y no en suplencia de la queja ni por corrección de error",(30) esta Suprema Corte se encuentra impedida para analizar su validez constitucional en el presente asunto. En consecuencia, en términos del artículo 20, fracción II, de la ley reglamentaria,(31) debe sobreseerse en la controversia constitucional respecto de los artículos 1, 2, 12, 13, 23, 45, 77, 89, 245, 280 y 394 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Veracruz.

26. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por mayoría de ocho votos.

V.2. Falta de interés legítimo del promovente

27. Por otra parte, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo de Veracruz sostienen que el promovente carece de interés legítimo para impugnar la validez constitucional de los artículos 71 a 76 y 395 a 398 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Veracruz porque, a su juicio, respecto de los preceptos impugnados no se aduce algún perjuicio en la esfera de atribuciones constitucionales originarias del Municipio actor.(32) Como se explica a continuación, la causa de improcedencia invocada por las autoridades demandadas se actualiza en relación con todos estos artículos impugnados.

28. Es criterio reiterado del Tribunal Pleno que en las controversias constitucionales previstas en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal, los entes legitimados para promover el medio de impugnación carecen de interés legítimo para proteger la esfera competencial de otros órdenes de gobierno. La Suprema Corte ha explicado que para que una violación constitucional pueda ser subsanada como consecuencia de la promoción de una controversia constitucional, aquélla debe generar por sí misma una afectación en la esfera de atribuciones constitucionales del actor.(33) A diferencia de lo que sucede en un medio de impugnación abstracto u objetivo como la acción de inconstitucionalidad, donde se puede declarar la inconstitucionalidad de una norma general incluso ante la ausencia de conceptos de invalidez,(34) en una controversia constitucional simplemente no es posible declarar la inconstitucionalidad de omisiones, normas o actos que no afecten el interés legítimo de la parte que promueve.(35)

29. Por un lado, respecto de los artículos 71 a 76 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Veracruz se actualiza la improcedencia por falta de interés legítimo porque, en lo que se refiere a dichos preceptos, el Municipio actor no hace valer argumentos que guarden relación con sus atribuciones constitucionales originarias, sino únicamente con las atribuciones de órganos del Ejecutivo Federal. De la lectura integral de la demanda se desprende que en relación con el capítulo IX de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Veracruz, que comprende los artículos 71 a 76 de ese ordenamiento y regula la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, el Municipio actor aduce exclusivamente violaciones a las atribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal.

30. Concretamente, el promovente sostiene que los preceptos legales impugnados confieren a dicha Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica facultades para limitar el uso de dinero en efectivo que en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, corresponden únicamente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria.(36) Y toda vez que respecto de este capítulo de la ley impugnada solamente se hacen valer violaciones a competencias de los órganos federales recién referidos, es claro que en relación con aquél no se surte el interés legítimo requerido para que haya un pronunciamiento de fondo en la controversia constitucional, pues no se alega la vulneración de alguna esfera propia de atribuciones del Municipio actor, ni tampoco la de algún derecho humano estrechamente relacionado con esas atribuciones.

31. Además, suponiendo sin conceder que los entes legitimados para promover controversias constitucionales tuvieran interés para proteger a través de este medio de impugnación las competencias o facultades de un orden de gobierno distinto, lo que ciertamente desnaturalizaría este tipo de procedimiento y lo tornaría en una suerte de acción de inconstitucionalidad para entes no previstos en la fracción II del artículo 105 constitucional, las atribuciones del Ejecutivo Federal a las que el Municipio actor se refiere en su escrito de demanda son únicamente las previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, pero no a alguna en la Constitución Federal. De modo que, al tampoco haber concepto de invalidez propiamente constitucional en relación con las violaciones a las competencias de las dependencias de la administración pública federal que el Municipio actor refiere, también en el supuesto de que se le reconociera interés la controversia constitucional sería improcedente en relación con los artículos 71 a 76 de la ley impugnada. 32. Por otro lado, la causa de improcedencia por falta de interés legítimo del promovente también se actualiza respecto de los artículos 395 a 398 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Veracruz. Al igual que sucede con los artículos del capítulo IX, contra estas otras cuatro disposiciones de la ley impugnada el Municipio actor únicamente aduce la violación de atribuciones originarias de niveles de gobierno distintos al suyo. La diferencia radica en que las competencias que considera vulneradas por tales disposiciones son las atribuciones del Congreso de la Unión para tipificar delitos federales y las de los tribunales de la Federación para imponer las penas que aquéllos prevén. El promovente, sin embargo, no se duele de la invasión a alguna competencia propia ni tampoco a derechos humanos relacionados con su ejercicio, que es un elemento indispensable para que exista interés legítimo en la controversia constitucional.

33. En específico, en su escrito de demanda el Municipio actor aduce que los artículos 395 a 398 de la ley impugnada, vulneran el régimen de distribución de competencias previsto en los artículos 73, fracciones XXI y XXIII, 120 y 124 de la Constitución Federal porque tipifican delitos que ya se encuentran previstos en la ley general y, por consiguiente, cuya tipificación corresponde en exclusiva al Congreso de la Unión.(37) Además, sugiere que esto podría dar lugar a un conflicto competencial entre los Tribunales del Estado de Veracruz y los del Poder Judicial de la Federación respecto de la imposición de esas sanciones.

34. Toda vez que respecto de estos artículos impugnados no se invocan en momento alguno vulneraciones a competencias municipales originarias ni tampoco a derechos humanos íntimamente relacionados con ellas, que en términos de los precedentes del Tribunal Pleno son las únicas violaciones constitucionales susceptibles de análisis en este tipo de procedimiento, y que en medios de impugnación constitucionales no opera la suplencia de la queja en la etapa de procedencia,(38) sino únicamente en el estudio de fondo, la presente controversia constitucional también es improcedente en relación con los artículos 395 a 398 de la ley impugnada.

35. En suma, por lo que se refiere a los artículos 71, 72, 73, 74, 75, 76, 395, 396, 397 y 398 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Veracruz, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción IX, de la ley reglamentaria, en relación con el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal. Consecuentemente, debe sobreseerse en la presente controversia constitucional respecto de esos diez preceptos impugnados.

36. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de nueve votos.

***

37. Dado que no se advierte la actualización de alguna otra causa de improcedencia diversa a las ya analizadas en este apartado o en el anterior, la Suprema Corte considera que la presente controversia constitucional es procedente únicamente en relación con los artículos 16, 17, 18, 94 y 95 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Veracruz.

VI. ESTUDIO DE FONDO

38. Por cuestión de método y claridad en la exposición, toda vez que los artículos impugnados por el Municipio actor regulan cuestiones muy distintas, esta Suprema Corte analizará su constitucionalidad por separado. Primero se abordarán los planteamientos relacionados con los artículos 16, 17 y 18 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Veracruz, es decir, con los preceptos que regulan los fondos de ayuda para la seguridad pública en esta entidad federativa (VI.1). Después se abordarán los argumentos concernientes a los artículos 94 y 95 de ese ordenamiento legal, esto es, a las disposiciones relacionadas con las grabaciones de audio y video obtenidas por los elementos de las policías del Estado de Veracruz en el ejercicio de sus funciones (VI.2).

VI.1. Constitucionalidad de la regulación de los fondos de ayuda para la seguridad pública (artículos 16, 17 y 18 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Veracruz)

39. Normas generales impugnadas. Los artículos 16, 17 y 18 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Veracruz regulan el ejercicio de los fondos federales y estatales de ayuda a la seguridad pública en el Estado de Veracruz. Disponen a la letra lo siguiente:

"Artículo 16. El ejercicio, el control, la vigilancia, la información, la evaluación y la fiscalización de los recursos derivados de los fondos de aportaciones federales y demás fondos de ayuda federal para la seguridad pública, se sujetarán a la Ley de Coordinación Fiscal, a la ley general, a la presente ley, a los convenios celebrados entre el Gobierno Federal y el Estatal, así como a las demás disposiciones federales y estatales aplicables."

"Artículo 17. Para el adecuado funcionamiento del Sistema Estatal, el Ejecutivo Estatal destinará recursos para el fortalecimiento de las acciones de seguridad pública del Estado y los Municipios, conforme a la disponibilidad presupuestal, mediante la celebración de convenios en los que se establecerá su monto y el destino de los mismos, así como la periodicidad con que se ministrarán.

"El ejercicio, el control, la vigilancia, la información, la evaluación y la fiscalización de dichos recursos quedarán a cargo de las instancias competentes, de conformidad con la legislación local."

"Artículo 18. Las Instituciones Policiales del Estado y de los Municipios deberán proporcionar a la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública, los informes que éste les solicite respecto al ejercicio de los recursos a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior y al avance en el cumplimiento de los programas o proyectos en que fueron aplicados, así como a la ejecución del Programa de Seguridad Pública del Estado, derivado del Programa Nacional de Seguridad Pública y demás acciones relacionadas con el control, la vigilancia, la transparencia y la supervisión del manejo de dichos recursos."

40. Conceptos de invalidez. Contra estas disposiciones legales el Municipio actor esgrime tres argumentos distintos de constitucionalidad.(39)

41. En primer lugar, alega que los preceptos impugnados vulneran en su perjuicio el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal porque condicionan el ejercicio de los fondos de apoyo a la seguridad pública municipal a que se celebren convenios con los aportantes y a que se informe a la autoridad estatal sobre su gasto, lo que desconoce la personalidad jurídica y la autonomía presupuestaria del Municipio. Explica que al regular cómo deben ser administrados, ejercidos y fiscalizados los recursos que el Municipio recibe de la Federación y del Estado de Veracruz para llevar a cabo labores de seguridad pública, estos artículos lo someten a una doble fiscalización que le impide ejercer de manera libre, directa y autónoma los recursos que integran la hacienda pública municipal.

42. En segundo lugar, sostiene que los preceptos legales impugnados vulneran los artículos 21, 49 y 115, fracción III, inciso h), de la Constitución Federal porque condicionar la entrega de los recursos de apoyo a la seguridad pública municipal a la celebración de convenios con los aportantes y a la rendición de informes de gasto lo subordina financieramente al Poder Ejecutivo Estatal en esa materia. Afirma que tal subordinación financiera vulnera la división de poderes y le impide ejercer debidamente sus funciones en el rubro de seguridad pública en un plano de coordinación con la Federación y el Estado de Veracruz, pues no se tiene certeza respecto de los recursos económicos que le serán asignados para prestar los servicios públicos que constitucionalmente tiene a su cargo.

43. Finalmente, el Municipio actor señala que la celebración de convenios y la obligación de rendir informes que los preceptos legales impugnados prevén como condición al ejercicio de los recursos federales y estatales de ayuda a la seguridad pública municipal carecen de fundamentación y motivación. Estima, por tanto, que estas disposiciones vulneran en su perjuicio el artículo 16 de la Constitución Federal.

44. Contestación de las autoridades demandadas. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Veracruz sostienen que los argumentos esgrimidos por el Municipio actor contra estas disposiciones son infundados.

45. Ambos Poderes afirman, primero, que los artículos impugnados no vulneran el principio de libre administración de la hacienda municipal. Explican que los fondos en materia de seguridad pública son recursos económicos de índole federal que representan aportaciones y, a diferencia de las participaciones, no se encuentran sujetos al régimen de libre administración hacendaria previsto en la fracción IV del artículo 115 constitucional, sino a lo que dispone la Ley de Coordinación Fiscal, máxime que en términos del artículo 115, fracción III, de la Constitución Federal, los Municipios están obligados a observar lo dispuesto por las leyes federales y estatales.(40)

46. Segundo, sostienen que tampoco se vulnera el principio de división de poderes porque la entidad federativa en modo alguno controlará o dispondrá de los recursos federales que le pudieran corresponder a la autoridad municipal ante la indebida rendición de cuentas, pues en este punto específico los preceptos impugnados únicamente reiteran lo que establecen la ley general y la Ley de Coordinación Fiscal. Afirman que en términos de estos ordenamientos legales, los recursos de las aportaciones federales no deben ser entregados o distribuidos directamente entre los Municipios, sino que se entregan a los gobiernos de las entidades federativas.(41)

47. Finalmente, el Poder Ejecutivo de Veracruz sostiene que la fiscalización de l

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31902-2d4c406d/i-controversia-constitucional-legitimacion-de-la-persona-titular · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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