Corpus
Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL ESTADO DE ZACATECAS). II. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD EN LA INFORMACIÓN EN POSESIÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD O PERSONA QUE RECIBA O EJERZA RECURSOS PÚBLICOS O REALICE ACTOS DE AUTORIDAD, QUE SÓLO PODRÁ SER RESERVADA TEMPORALMENTE POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO Y SEGURIDAD NACIONAL, EN LOS TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES (ARTÍCULO 23, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL ESTADO DE ZACATECAS). III. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LA PREVISIÓN DE QUE LA INFORMACIÓN RECABADA, CUYA DIVULGACIÓN IMPLIQUE LA REVELACIÓN DE NORMAS, PROCEDIMIENTOS, MÉTODOS, FUENTES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SISTEMAS, TECNOLOGÍA O EQUIPOS ÚTILES A LA GENERACIÓN DE INTELIGENCIA PARA LA PREVENCIÓN O EL COMBATE A LA DELINCUENCIA, SERÁ DE CARÁCTER RESERVADO NO CONSTITUYE UNA REGLA GENÉRICA QUE RESTRINGE ESTE DERECHO PORQUE TODA ESTA INFORMACIÓN SERÁ PÚBLICA Y ACCESIBLE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE ESTABLEZCAN LAS LEYES EN LA MATERIA, CONFORME A LAS CUALES LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBEN APLICAR LA PRUEBA DE DAÑO PARA MOTIVAR, EN SU CASO, SU CLASIFICACIÓN COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL (ARTÍCULO 23, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL ESTADO DE ZACATECAS). IV. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LA PREVISIÓN DE QUE LA INFORMACIÓN RECABADA, CUYA REVELACIÓN PUEDA SER UTILIZADA PARA ACTUALIZAR O POTENCIAR UNA AMENAZA A LA SEGURIDAD PÚBLICA O A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, SERÁ DE CARÁCTER RESERVADO NO CONSTITUYE UNA REGLA GENÉRICA QUE RESTRINGE ESTE DERECHO PORQUE TODA ESTA INFORMACIÓN SERÁ PÚBLICA Y ACCESIBLE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE ESTABLEZCAN LAS LEYES EN LA MATERIA, CONFORME A LAS CUALES LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBEN APLICAR LA PRUEBA DE DAÑO PARA MOTIVAR, EN SU CASO, SU CLASIFICACIÓN COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL (ARTÍCULO 23, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL ESTADO DE ZACATECAS). V. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LAS COMUNICACIONES PRIVADAS SON INVIOLABLES Y EXCLUSIVAMENTE LA AUTORIDAD JUDICIAL FEDERAL, A PETICIÓN DE LA AUTORIDAD FEDERAL QUE FACULTE LA LEY O DEL TITULAR DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA CORRESPONDIENTE, PODRÁ AUTORIZAR SU INTERVENCIÓN (ARTÍCULO 23, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL ESTADO DE ZACATECAS). VI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. PROHIBICIÓN DE PROPORCIONAR A LAS AUTORIDADES Y A LOS PARTICULARES LAS IMÁGENES CON O SIN SONIDO OBTENIDAS POR ACTIVIDADES DE VIDEOVIGILANCIA, SALVO EN LOS CASOS ESTABLECIDOS LEGALMENTE (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL ESTADO DE ZACATECAS). VII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LA PREVISIÓN DE QUE LAS GRABACIONES EN LAS QUE NO APAREZCA ALGUNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE SERÁN DE CARÁCTER RESERVADO NO CONSTITUYE UNA REGLA GENÉRICA QUE RESTRINGE ESTE DERECHO PORQUE TODA ESTA INFORMACIÓN SERÁ PÚBLICA Y ACCESIBLE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE ESTABLEZCAN LAS LEYES EN LA MATERIA, CONFORME A LAS CUALES LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBEN APLICAR LA PRUEBA DE DAÑO PARA MOTIVAR, EN SU CASO, SU CLASIFICACIÓN COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL (ARTÍCULO 33, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "LAS GRABACIONES EN LAS QUE NO APAREZCA ALGUNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE, TENDRÁN EL CARÁCTER DE INFORMACIÓN RESERVADA", DE LA LEY DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL ESTADO DE ZACATECAS).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 80/2018. · Registro digital (IUS): 30339
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-01-21
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Enero de 2022, Tomo I, Pág. 669.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 80/2018. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 13 DE FEBRERO DE 2020. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: JORGE JANNU LIZÁRRAGA DELGADO.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día trece de febrero de dos mil veinte.

VISTOS, para resolver los autos relativos a la acción de inconstitucionalidad identificada al rubro; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia la Nación, Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de los artículos 23, 30 y 33 de la Ley de Videovigilancia para el Estado de Zacatecas, publicada mediante Decreto Número 407 en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el veintidós de agosto de dos mil dieciocho.

SEGUNDO.—Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. El promovente estima violados los artículos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

TERCERO.—Conceptos de invalidez. En síntesis, la Comisión promovente señaló los conceptos de invalidez siguientes:

• Los artículos 23, 30 y 33, este último en la porción normativa que establece: "las grabaciones en las que no aparezca alguna persona física identificada o identificable, tendrán el carácter de información reservada", al prever una reserva genérica, indeterminada y previa de la información recabada a través del uso de equipos y sistemas de videovigilancia por las autoridades de seguridad pública, que no obedece al interés público ni a la seguridad nacional, vulnerando con ello el derecho de acceso a la información consagrado en los artículos 6o. de la Constitución Federal, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

• En esta tesitura, a su juicio se vulnera el derecho humano de acceso a la información y el principio de máxima publicidad, ya que dichos numerales disponen de forma genérica, indeterminada y previa que toda la información en poder de las autoridades de seguridad pública, obtenida o recabada a través del uso de equipos o sistemas de videovigilancia, será reservada por un plazo indeterminado y, por lo tanto, no podrá ser suministrada a las personas físicas o jurídicas particulares en ningún caso.

• La clasificación de reserva previa que se realiza en las normas reclamadas impiden llevar a cabo un contraste con un parámetro objetivo para saber si la información amerita o no ser reservada.

• Los preceptos impugnados prevén una reserva genérica, indeterminada y previa de la información recabada a través del uso de equipos y sistemas tecnológicos por las autoridades de seguridad pública que no obedece al interés público ni a la seguridad nacional, vulnerando con ello el derecho de acceso a la información.

• Lo anterior, ya que al disponer de forma genérica, indeterminada y apriorística que toda la información en poder de las autoridades de seguridad pública, obtenida o recabada a través del uso de equipos o sistemas tecnológicos o productos de inteligencia, será reservada por un plazo indeterminado y no podrá ser suministrada a las personas físicas o jurídicas particulares en ningún caso, con lo cual se vulnera el derecho humano de acceso a la información, en virtud de que constituye una restricción ilegítima, desproporcional e injustificada.

• De esta manera, como se desprende del artículo 23 de la Ley de Videovigilancia para el Estado de Zacatecas, resulta inválido que el texto de la norma denote que, de forma previa a cualquier solicitud de acceso a la información, los datos recabados a través de medios de vigilancia, ya se encuentren clasificados como reservados antes de cualquier ejercicio de ponderación o prueba de daño.

• Por su parte, el artículo 30 de la misma ley establece una prohibición absoluta de difundir con particulares u otras autoridades la información en poder de autoridades de seguridad pública, obtenida a través del uso de equipos y sistemas de videovigilancia.

• A su vez, el diverso 33 de la ley referida, en la porción normativa que refiere: "... las grabaciones en las que no aparezca alguna persona física identificada o identificable, tendrán el carácter de información reservada", establece una restricción demasiado amplia porque no es posible reservar videograbaciones en los que no hay datos personales qué tutelar.

• En esa virtud, las reservas que establecen las disposiciones impugnadas resultan contrarias al principio de máxima publicidad ya que suponen categorías de información que no deben ser reservadas sin realizar previamente una prueba de daño.

• En ese tenor, resulta contrario al sistema de reserva de información toda disposición que realice una clasificación absoluta, "a priori" y "ex ante" de la información pública. Esto es así, porque el principio de máxima publicidad tiene como regla general que toda la información en posesión de los sujetos obligados debe ser pública, completa, oportuna y accesible.

• Aunado a lo anterior, en las normas tildadas de inconstitucionales no se establece un plazo de reserva, sino que la prohibición de difundir la información es permanente, por lo que de un contraste entre lo dispuesto en la Constitución Federal, particularmente en cuanto a los requisitos válidos para limitar el derecho de acceso a la información y lo que se desprende de los artículos impugnados, es posible advertir un distanciamiento de los principios y bases generales que regulan el ejercicio de este derecho.

• De ese modo, las normas impugnadas tienen un impacto desproporcional sobre el gremio periodístico, al imposibilitar la búsqueda de toda información recabada por las autoridades de seguridad pública, en virtud de que los sujetos destinatarios de la norma podrían ser los periodistas, quienes tienen como función social buscar información sobre temas de interés público.

• Asimismo, de la literalidad de los artículos impugnados se aprecia que la reserva de información que la ley decreta no está sujeta a una temporalidad concreta, pues se establece la prohibición genérica de suministro o intercambio de información con particulares.

• Además, la ley reglamentaria del artículo 6o. constitucional, señala que para poder reservar cualquier tipo de información es necesario fundar y motivar la reserva, para lo cual habrá de realizarse un análisis caso por caso a través de la aplicación de la prueba de daño.

• En consecuencia, las normas impugnadas imponen una restricción absoluta al derecho de acceso a la información e invierten la regla general de publicidad prevista en el artículo 6o. constitucional, porque califican todo tipo de información con motivo de la aplicación de la ley de forma previa.

CUARTO.—Radicación y admisión de la demanda. Mediante proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 80/2018 y por razón de turno designó al Ministro Alberto Pérez Dayán para que actuara como instructor en el procedimiento.

Por diverso auto de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, el Ministro instructor admitió a trámite la acción relativa, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Zacatecas para que rindieran sus respectivos informes.

QUINTO.—Admisión de los informes de las autoridades. El Poder Legislativo del Estado de Zacatecas(1) y el Poder Ejecutivo del Estado,(2) rindieron sus respectivos informes, los cuales fueron admitidos por el Ministro instructor mediante acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, asimismo tuvo por recibidas las respectivas pruebas y ordenó correr traslado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Procuraduría General de la República con copia simple de los informes de las autoridades.

SEXTO.—Informe del Poder Legislativo. La diputada Perla Guadalupe Martínez Delgado, en representación del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas adujo en síntesis lo siguiente:

• La emisión de la Ley de Videovigilancia se creó como un instrumento para contribuir al logro de los objetivos en materia de seguridad pública.

• Los ordenamientos legales impugnados tienen como sustento la necesidad social de regular la seguridad pública debido a la proliferación de los sistemas de videovigilancia instalados por empresas de seguridad privada.

• El artículo 23 de la Ley de Videovigilancia del Estado de Zacatecas cumple debidamente con los parámetros establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado así como con los parámetros constitucionales, por lo que no es violatorio del derecho humano de acceso a la información pública ni del principio de máxima publicidad, en la medida de que la información que se recibe de las cámaras de video pudiera perseguir alguna actividad delictiva, por lo que su difusión violentaría el artículo 21 de la Constitución Federal.

• Contrario a lo señalado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el artículo 30 de la ley impugnada tiene como objetivo la protección de la información de carácter personal que derive de imágenes que se obtengan de las videograbaciones, por lo que no transgrede ningún principio constitucional; en la misma tesitura el artículo 33 de la ley impugnada no viola ninguna norma constitucional, ya que protege los datos personales, pues con independencia de que en las grabaciones no haya personas identificadas o identificables, la finalidad de la ley es salvaguardar la individualidad de los sujetos que aparecen en ellas, toda vez que al ser imposible obtener su consentimiento se les debe de proteger.

SÉPTIMO.—Informe del Poder Ejecutivo. El coordinador general Jurídico en representación del gobernador del Estado de Zacatecas señaló lo siguiente:

• El ordenamiento legal impugnado tiene como sustento una necesidad social que debía ser regulada debido a la proliferación del uso de sistemas de videovigilancia instaladas por empresas de seguridad privada en puntos estratégicos de la entidad con el fin de garantizar la seguridad pública.

• Los supuestos de reserva son razonables y proporcionales, además de que encuadran en las hipótesis de excepción previstas en el artículo 82, fracciones I, III, VI, VII, VIII y IX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

• Cualquier instancia que cuente con sistemas de videovigilancia debe resguardar la imagen que se obtenga de individuos identificables y, por tanto, el artículo 23 de la ley impugnada es constitucional.

• Los artículos 30 y 33 tienen como finalidad salvaguardar la individualidad de los sujetos que aparecen en ellos, por lo que no violan el derecho de acceso a la información ni de máxima publicidad.

OCTAVO.—Opinión de la Fiscalía General de la República. El subdirector jurídico y de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la República, emitió su opinión en el sentido de sostener la constitucionalidad de los artículos impugnados.(3)

NOVENO.—Cierre de Instrucción. Una vez que se pusieron los autos a la vista de las partes para la formulación de sus alegatos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos rindió su escrito de alegatos;(4) posteriormente, mediante proveído de tres de diciembre de dos mil dieciocho se declaró cerrada la instrucción y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) 1 de su ley reglamentaria(6) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(7) toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicita la declaración de invalidez de diversas disposiciones generales emitidas y promulgadas por los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Zacatecas por considerar que las mismas violentan los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales México es Parte.

SEGUNDO.—Oportunidad. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal establece que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales a partir del día siguiente a la fecha en que la ley que se impugna sea publicada en el medio oficial correspondiente y en caso de que el último día fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

En el caso, el Decreto 407 por el que se expidió la Ley de Videovigilancia para el Estado de Zacatecas, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, por lo que el plazo de treinta días naturales para promover la acción inició el jueves veintitrés de agosto de dos mil dieciocho y venció el viernes veintiuno de septiembre del mismo año, por lo que si la presente acción de inconstitucionalidad se presentó el último día del plazo legal,(8) se concluye que ésta se promovió de manera oportuna.

TERCERO.—Legitimación. La acción de inconstitucionalidad fue presentada por parte legítima.

Los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal y 11 de la ley reglamentaria de la materia, prevén que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está facultada para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal y de la Ciudad de México, actuando a través de su legítimo representante.

En el presente caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó el Decreto 407, mediante el cual se emitió la Ley de Videovigilancia del Estado de Zacatecas; el escrito fue presentado y firmado por Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional. Este cargo se acreditó con la copia certificada de la constancia firmada por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, en la que se comunica que en sesión de trece de noviembre de dos mil catorce, fue elegido como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por un lapso de cinco años, el cual comprende del trece de noviembre de dos mil catorce al catorce de noviembre del dos mil diecinueve.(9) A su vez, se advierte que los artículos 15, fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(10) y 18 de su reglamento interno,(11) establecen que la representación de la mencionada institución corresponde justamente a su presidente.

En consecuencia, este Tribunal Pleno considera que la demanda fue promovida por un órgano legitimado constitucionalmente y presentada por quien cuenta con facultades suficientes para ello.

CUARTO.—Causas de improcedencia. Dado que los órganos señalados como emisores de las disposiciones impugnadas, no hicieron valer causas de improcedencia ni esta Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte de oficio que pueda actualizarse alguna, lo procedente es delimitar la litis y abordar los planteamientos de fondo.

QUINTO.—Determinación de la litis. La parte actora argumenta que los artículos 23, 30 y 33 de la Ley de Videovigilancia para el Estado de Zacatecas, el último de ellos en la porción normativa que señala "... las grabaciones en la que no aparezca alguna persona física identificada o identificable, tendrán el carácter de información reservada", prevén una reserva indeterminada y previa, en el sentido de que la información en poder de las autoridades de seguridad pública, obtenida o recabada a través del uso de equipos o sistemas de videovigilancia, será reservada por un plazo indeterminado y, por lo tanto, no podrá ser suministrada a las personas físicas o jurídicas particulares en ningún caso, violando con ello el derecho de acceso a la información consagrado en los artículos 6o. de la Constitución Federal, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el principio de máxima publicidad.

SEXTO.—Estudio relativo a la fracción I del artículo 23 de la Ley de Videovigilancia para el Estado de Zacatecas.

En este primer tema, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostiene que debe declararse inválida al establecer una reserva absoluta, además de no permitir llevar a cabo una prueba de daño, de ahí que viole los principios de acceso a la información y máxima publicidad.

Debe destacarse que en el proyecto originalmente sometido a consideración del Tribunal Pleno, se proponía declarar la invalidez de la presente fracción, no obstante, dicho órgano jurisdiccional determinó por mayoría de siete votos(12) de los Ministros, reconocer su validez, de conformidad con los razonamientos siguientes.

De manera previa a abordar el análisis de constitucionalidad, cabe precisar que en las acciones de inconstitucionalidad en materia de transparencia y acceso a la información, se ha estilado plasmar ciertas consideraciones relativas al marco constitucional aplicable a nivel constitucional y en términos de la Ley General como la Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en cuanto al alcance del derecho humano de acceso a la información, los principios aplicables y las causas de reserva respectivas.

Bajo esta óptica, se debe señalar que en términos del artículo 6o. constitucional, toda la información que esté en posesión de la autoridad es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional en los términos fijados por las leyes en materia de transparencia y acceso a la información. Asimismo, se establece que deberá prevalecer el principio de máxima publicidad y que los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.(13)

Es decir, respecto al derecho de acceso a la información, constitucionalmente se prevé como regla general que toda la información que se encuentre en poder de la autoridad es pública. No obstante, se reconocen a nivel constitucional supuestos que operan como excepciones a esa regla general, pues la información puede reservarse o considerarse confidencial a efecto de proteger el interés público y la seguridad nacional. Para ello, la Constitución Federal remite a la legislación de la materia para el desarrollo de los términos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho a la información.(14)

El artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública prevé supuestos en los que reconoce que cierta información podrá clasificarse como información reservada. Concretamente, su fracción XIII establece como causa de reserva que una disposición normativa prevista en una legislación distinta a la de transparencia le otorgue tal carácter. Sin embargo, tal clasificación está sujeta a que sea acorde con las bases, principios y disposiciones establecidas en la legislación de la materia, así como las previstas en los tratados internacionales, y no las contravenga.(15)

Sobre dicho aspecto, en el proceso legislativo que derivó en la publicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se destacó que si bien era posible que en leyes especiales se prevean causas de reserva sobre la publicidad de la información, los sujetos obligados siempre deberán acatar los principios, procedimientos y recursos previstos en la legislación de transparencia, así como los criterios que de ahí deriven, con independencia de la legislación en la que se encuentren previstas.(16)

Es decir, que se prevea una causa en una legislación distinta a la de transparencia no la hace ajena a las reglas que deben seguirse conforme a dicha materia. Por tanto, sin importar la legislación en la que se establezca, para efecto de que en un caso concreto cierta información pueda clasificarse como reservada, siempre deberá darse cumplimiento a lo que la legislación en materia de transparencia mandata. Precisamente por ello el artículo 110, fracción XIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública prevé que los supuestos de reserva contenidos en leyes distintas deberán siempre ser acordes a las bases, principios y procedimientos ahí establecidos.

Ahora bien, toda vez que la Constitución Federal establece que la reserva de información debe ser la excepción, esto es, sólo en casos en que se afecte el interés público o la seguridad nacional, los principios, bases y procedimientos establecidos por la legislación en materia de transparencia precisamente obedecen a dicha excepcionalidad. En consecuencia, en caso de que una legislación disponga que cierta información podrá reservarse y se presente una solicitud en vía de transparencia relacionada con dicha causal, la legislación prevé un mecanismo que deberá llevarse a cabo por los sujetos obligados para determinar si dicha información debe o no ser entregada: la prueba de daño.

Dicha prueba representa un elemento jurídico ineludible en la implementación de cualquier restricción legal al derecho de acceso a la información por razones de interés público. En concreto, los artículos 103, 108 y 114(17) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública –replicados a la letra por los numerales 102, 105 y 111 de la ley federal– prevén que en todos los casos en que un sujeto obligado estime aplicable una causa de reserva de información prevista en la ley, sin excepciones, se deberá realizar una prueba de daño que confirme de manera fundada y motivada que tal supuesto legal efectivamente se actualiza en el caso concreto. Es decir, la ley es categórica al señalar que siempre se debe realizar esta prueba.

El artículo 104(18) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados al llevar a cabo tal prueba de daño. Se deberá justificar que: 1) la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional; 2) ese riesgo supera el interés público general de difundir la información; y, 3) la limitación es proporcional y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. Asimismo, se establece que al realizarla los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada las excepciones al derecho de acceso a la información –entre ellas, la prevista en el artículo 110, fracción XIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública–, y deberán acreditar su procedencia, correspondiendo a dichos sujetos la carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información.(19)

Una vez realizada la prueba de daño y de considerar que de entregar la información al solicitante podría afectarse el interés público, procederá entonces la clasificación de la información. Los documentos parcial o totalmente clasificados deberán llevar una leyenda en la que indiquen tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo de reserva.(20)

De igual forma, los artículos 113 de la ley general y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública prevén que podrá reservarse información que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, también establece como condición que éstas sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en dicha ley y no la contravengan, así como las previstas en los tratados internacionales.(21)

De lo anterior se puede deducir que la legislación en materia de transparencia señala que los sujetos obligados no pueden considerar actualizada una causa legal de clasificación de información con el carácter de reservada, ni tampoco fijar la temporalidad de esa clasificación, si ello no está sustentado en una prueba de daño realizada previamente y conforme al procedimiento que establece la propia ley.

Atento a lo anterior, lo argumentado por la Comisión accionante, resulta infundado.

En esa virtud, conviene recordar lo previsto en la fracción I del 23 de la Ley de Videovigilancia del Estado de Zacatecas, la cual establece:

"Artículo 23. La información recabada con base en la presente ley, se considerará reservada en los siguientes casos:

"I. Aquella cuya divulgación implique la revelación de normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, sistemas, tecnología o equipos útiles a la generación de inteligencia para la prevención o el combate a la delincuencia."

La fracción transcrita prevé que toda la información se debe considerar reservada cuando implique la revelación de normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, sistemas, tecnología o equipos útiles para la prevención o el combate de la delincuencia.

Ahora bien, si bien de la fracción impugnada no se desprende alguna remisión a la Ley General o Estatal de Transparencia, lo cierto es que la norma no debe ser interpretada de manera aislada sino de manera integral y sistemática con otros numerales de la ley en estudio; en ese sentido, se debe destacar que en el propio capítulo VI, de la Ley de Videovigilancia para el Estado de Zacatecas, intitulado "Administración y destino de la información", particularmente en su artículo 22 se establece que la información obtenida por los sistemas de videovigilancia, debe registrarse, clasificarse y tratarse de conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, ambas del Estado de Zacatecas. El referido precepto legal es del tenor siguiente:

"Artículo 22. La información obtenida por los sistemas de videovigilancia, conforme a los lineamientos de la presente ley, debe registrarse, clasificarse y tratarse de conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, ambas del Estado de Zacatecas."

Como se puede corroborar, el precepto transcrito realiza una remisión a la Ley local de Transparencia y Acceso a la Información Pública como a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados.

Bajo esta perspectiva, la ley de transparencia local prevé que en su artículo 7(22) que en la aplicación e interpretación de ese ordenamiento legal y demás normatividad en la materia, deberá atenderse al principio de máxima publicidad conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

En otro tenor, en el título tercero de ese mismo ordenamiento local, se prevén las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la información, en la que se señala que la información que tengan en su poder los sujetos obligados debe pasar por un proceso de clasificación de reserva o confidencialidad, los cuales deberán ser acordes con las bases y principios establecidos en la propia ley, la ley general y demás disposiciones aplicables; asimismo, se prevé que todo acuerdo de clasificación de la información, deberá señalar las razones que llevaron al sujeto obligado a elaborar dicho acuerdo, además justificar el plazo de reserva y, en su caso, de la ampliación del mismo, así como la respectiva prueba de daño (artículos 69, 72 y 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas).(23)

De lo anterior, se puede llegar a la convicción de que la reserva de información establecida en la fracción I del artículo 23 de la Ley de Videovigilancia para el Estado de Zacatecas es constitucional a partir de una interpretación sistemática del referido artículo con el diverso 22 de la misma ley, la cual a su vez remite a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, en donde se prevé la prueba de daño.

De esta manera, es posible determinar que la norma impugnada es constitucional dado que la reserva de información en ella contenida se encuentra redactada de conformidad con lo establecido en la ley general de la materia y a lo establecido en el propio artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En efecto, al interpretar de manera armónica el contenido de la fracción I del artículo 23 de la ley impugnada con la legislación en materia de transparencia, se llega a la convicción de que la información en la que revele normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, sistemas, tecnología o equipos útiles a la generación de inteligencia para la prevención o el combate a la delincuencia, podrá en ciertos casos clasificarse como reservada, siempre y cuando de realizar una prueba de daño, se advierta que la divulgación de la información efectivamente pudiera representar un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio al interés público.

En ese sentido, contrario a lo sostenido por la Comisión accionante, la fracción impugnada no prevé una reserva absoluta de información, ya que está limitada y condicionada a los s

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30339-04d3ed45/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.