CONTRADICCION DE TESIS. ES INEXISTENTE SI LOS CRITERIOS DIVERGENTES TRATAN CUESTIONES ESENCIALMENTE DISTINTAS.
CONTRADICCION DE TESIS 37/94. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO Y EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. La denuncia de contradicción proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los preceptos citados en el considerando anterior, toda vez que la formuló el quejoso que tuvo intervención con tal carácter en el juicio de amparo, de donde deriva dicha denuncia.
TERCERO. Corresponde a continuación verificar si existe la contradicción de tesis denunciada, entre las tesis de referencia.
A. Por una parte, del juicio de amparo directo número 408/94 radicado ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, resuelto por unanimidad de votos el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y cuatro, aparece en el considerando tercero, lo siguiente:
"Son infundados los anteriores conceptos de violación. Argumenta el peticionario de garantías que la Junta responsable le causó perjuicio al considerar improcedente el pago de las diferencias que reclamó, respecto de la cantidad que se le cubrió por concepto de indemnización y la que realmente le corresponde, apoyándose para concluir en esos términos en que el propio quejoso celebró un convenio en base a las Cláusulas 20 y 21 del contrato colectivo de trabajo, a pesar de que lo previsto en esas cláusulas es contrario a lo dispuesto en el artículo 33 de la ley laboral, puesto que en ese convenio no se satisfacen los preceptos a que se refieren los artículos 84 y 89 de la precitada ley.
"No asiste razón al quejoso, porque la autoridad del conocimiento para absolver a la parte demandada del pago de las diferencias que reclamó, respecto a la cantidad que se le cubrió por concepto de indemnización y la que, según él, le correspondía, tomó en consideración el resultado de la prueba confesional a cargo del actor, quien al dar respuesta a las posiciones cuatro, cinco y seis, admitió haber dado por terminada la relación laboral voluntariamente, y que por esa causa se le cubrió la cantidad de treinta y un millones ciento diez mil quinientos veinticinco pesos, más setecientos dieciséis mil cuarenta y cuatro pesos; y que el último salario que percibió fue la cantidad de cuarenta y siete mil cuatrocientos setenta y cinco pesos diarios.
"Así las cosas, es claro que no fue separado injustificadamente como argumentó al plantear su reclamación laboral, y que la liquidación respectiva se le hizo en base al último salario que el propio actor reconoció percibía, de ahí que no exista fundamento legal ni contractual para reclamar el pago de diferencias, pues además del reconocimiento hecho por el actor quejoso respecto del monto del salario diario, con el documento que obra a foja 63 de los autos laborales se acredita fehacientemente que las prestaciones que se le pagaron con motivo de la precitada liquidación, se hicieron, precisamente en base al salario admitido por el trabajador.
"Aunado a lo anterior, a fojas 61 y 62 del mismo expediente laboral consta el convenio celebrado entre el actor quejoso y la parte demandada, en el que se precisa que la liquidación que se le hizo, se integra: `con 4 meses de salario diario ordinario correspondiente al nivel 18 del tabulador de salarios, así como el importe de 20 días de salario diario ordinario por cada año de servicios más otros 20 días de salario ordinario por cada año de servicios por concepto de prima de antigüedad'; en tal virtud, es evidente que dicho convenio no puede estimarse contrario a lo dispuesto en el artículo 33 de la ley de la materia, porque no existe dato que permita constatar la existencia de renuncia de derechos, como aduce el inconforme en los conceptos de violación, siendo de añadir que la Junta responsable otorgó valor probatorio al convenio de que se trata porque no fueron objetados por el actor, amén de que en el propio convenio se contemplan -pagadas- prestaciones superiores a las legales, como es lo que corresponde a prima de antigüedad e indemnización constitucional.
"En consecuencia, encontrándose que el laudo reclamado no es violatorio de los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, ni, por ende, de las garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso".
B. Del juicio de amparo directo número 528/91, promovido por Graciela Pérez López, y como tercero perjudicado el Instituto Mexicano del Seguro Social, radicado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con residencia en la ciudad de Puebla, resuelto por unanimidad de votos el dieciséis de enero de mil novecientos noventa y dos, aparece en el considerando quinto lo siguiente:
"Los conceptos de violación antes transcritos son parcialmente fundados. Resulta intrascendente analizar el concepto de violación en que la quejosa alega que la Junta responsable indebidamente estimó que no precisó en qué hechos se fundó para estimar violadas en su perjuicio las Cláusulas 55 y 135 del contrato colectivo de trabajo y artículo 36 del reglamento interior de trabajo, que rigen las relaciones obrero-patronales en el Instituto demandado, pues como quiera que sea, la quejosa obtuvo su pretensión de que fuera reinstalada en los términos y condiciones en que venía prestando sus servicios. Es inexacto que el puesto en el que se va a reinstalar a un trabajador que obtuvo pueda ser en un nivel superior al en que venía laborando, ya que precisamente la reinstalación debe hacerse en el mismo puesto que venía ocupando a la fecha del despido injustificado de que fue objeto; además de que en el juicio generador del acto reclamado no existe prueba alguna, ni la quejosa hace referencia a alguna, de la que se pueda desprender que el puesto en el que va a ser reinstalado haya sido elevado a niveles superiores. Es cierto que la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que si un trabajador demanda la reinstalación y el pago de salarios vencidos y el patrón no acredita la causa o causas justificadas de la rescisión, la relación laboral debe entenderse continuada en los términos y condiciones pactados como si nunca se hubiera interrumpido el contrato. Pero también es cierto que la Junta responsable no podía condenar al Instituto demandado ahora tercero perjudicado a pagar a la quejosa vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y quinquenios por antigüedad durante todo el tiempo en que duró el conflicto, en virtud de que dichas prestaciones no fueron reclamadas expresamente en la demanda inicial. Debiendo destacarse que aunque las referidas prestaciones las señaló en el inciso c), del capítulo de antecedentes de su escrito inicial de demanda (fojas uno y dos), no debe perderse de vista que lo hizo pretendiendo que las mismas formaran parte integrante de su salario que debía tomarse como base para cuantificar sus reclamaciones, mas no como prestaciones autónomas que expresamente demandara. Sirve de apoyo a lo anterior, a contrario sensu, la Tesis número 13, visible en la página 17, de la Segunda Parte, Cuarta Sala, del Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su Presidente, al terminar el año de 1986, que dice: `AGUINALDO, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL. SU PAGO, CUANDO SE DEMANDA LA REINSTALACION. Esta Cuarta Sala ha sostenido el criterio de que si un trabajador demanda la reinstalación y el pago de salarios vencidos y el patrón no acredita la causa justificada de la rescisión, la relación laboral debe entenderse continuada en los términos y condiciones pactados como si nunca se hubiera interrumpido el contrato; de ahí que si el trabajador demanda el pago de aguinaldo, de las vacaciones y de la prima vacacional, éstas deben pagarse por todo el tiempo que el trabajador estuvo separado del servicio ya que esto acaeció por una causa imputable al patrón'. También alega que se debe condenar al Instituto demandado al pago de noventa días conforme a la Cláusula 56 del contrato colectivo de trabajo que rige las relaciones obrero-patronales en el demandado. Por principio, es conveniente transcribir lo que establece la referida Cláusula 56, que textualmente dice: `Si un trabajador es separado injustificadamente y optare por la indemnización, y no por la reinstalación, el Instituto se obliga a pagarle de inmediato, como indemnización económica que establece la Constitución, la cantidad correspondiente a ciento cincuenta días de sueldo tabular por concepto de indemnización y cincuenta días por cada año de servicios prestados o parte proporcional del año, como liquidación de antigüedad, más la parte proporcional correspondiente a vacaciones, aguinaldo y las demás prestaciones económicas que el Instituto adeudare al trabajador y que señale este contrato. Mientras la indemnización y antigüedad no sean pagadas, el trabajador seguirá percibiendo el sueldo que corresponda al último puesto que haya desempeñado como trabajador de base, computándose en beneficio de su antigüedad todo el tiempo que transcurra hasta el pago de dichas prestaciones. A las mismas prestaciones tendrá derecho, en los casos en que el Instituto no cumpla con reinstalarle en su puesto, a virtud de laudo definitivo pronunciado por la Junta, cuando ésta condenare a la reinstalación, o cuando el Instituto negare someter sus diferencias al arbitraje sin perjuicio de las demás prestaciones a que tuviere derecho'. De la transcripción anterior, fácilmente se desprende que la prestación a que se refiere la quejosa no está contemplada en la cláusula de que se trata, además de que la misma se refiere a cuando el trabajador al ser separado injustificadamente, opta por la indemnización y no por la reinstalación, lo que no sucedió en el caso; debiendo destacarse que a la fecha no está probado que el demandado se niegue a reinstalar a la quejosa en su puesto o que se hubiere negado a someterse al arbitraje. La quejosa sostiene que formuló aclaración del laudo, y con base en dicha argumentación hace diversas afirmaciones con las que pretende demostrar la ilegalidad del laudo combatido. Sin embargo, la referida aclaración le fue desechada por la Junta responsable por auto de dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y uno (foja quinientos sesenta y uno). Por otra parte, afirma que la Junta responsable violó sus garantías individuales porque no interpretó en su favor la ley, según lo disponen los artículos 17 y 18 de la Ley Federal del Trabajo. Tampoco tiene razón en este aspecto, pues si bien es cierto que dichos preceptos se refieren a los principios y finalidades del derecho laboral y como norma general de interpretación más favorable al trabajador en caso de duda, no debe perderse de vista que en la especie no se suscitó duda alguna para la Junta, o por lo menos no se desprende así del laudo, ni tampoco la quejosa la plantea. Por ello, si dichos preceptos consagran como norma general de interpretación la realización de las finalidades del derecho del trabajo, que no son otras más que la justicia social, la idea de igualdad, libertad y dignidad de la clase trabajadora, así como el propósito de asegurar a los hombres que presten sus servicios un nivel decoroso de vida, cualidades todas éstas que obtiene la quejosa al haber condenado la Junta responsable a la reinstalación reclamada y al pago de salarios caídos, es de concluir que no se violaron en su perjuicio los preceptos que señala. Referente al salario, debe decirse que fue correcto que la Junta responsable tomara como base la suma diaria de once mil ciento setenta y seis pesos, trece centavos, pues efectivamente es la que quedó acreditada en los autos con las nóminas de pago de la primera quincena del mes de enero y de la segunda del mes de agosto, ambas de mil novecientos ochenta y siete (fojas ciento cuarenta y ciento cuarenta y dos); además, es cierto, como lo estimó, que dicho salario únicamente quedó integrado con el porcentaje que por aguinaldo señaló la trabajadora de dos mil quinientos noventa y siete pesos, pues efectivamente, de acuerdo con el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, el salario debe integrarse con los pagos hechos en efectivo, por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su labor; y como el aguinaldo es una percepción creada por la ley y susceptible de ser aumentada en los contratos, es evidente que el pago de esta percepción forma parte de las que se refiere el precepto en comento y, por tanto, sí es computable para los efectos de la integración del salario. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 1715, visible en las páginas 2765 y 2766, de la Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que dice: `SALARIO, EL AGUINALDO ES PARTE INTEGRANTE DEL. De acuerdo con el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo de 1970, el salario se integra con los pagos hechos en efectivo, por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Ahora bien, si el aguinaldo es una percepción creada por la ley susceptible de ser aumentada en los contratos, es evidente que el pago de esta percepción forma parte de las percepciones a que se refiere el citado artículo y por lo tanto es computable para los efectos de la integración del salario, y para su cálculo debe tomarse en cuenta de que se trata de una prestación pagadera anualmente por el año de servicios o el tiempo proporcional'. También fue correcto que la Junta responsable estimara que la ayuda de renta fija y la ayuda de renta proporcional que en cantidad de mil quinientos pesos, y tres mil setecientos veinticuatro pesos, setenta centavos, que en forma quincenal percibe la quejosa, forme parte integrante del salario, pues en términos del precepto a que se ha hecho mérito, si el demandado le otorgaba dicha prestación en forma constante y fija, debe concluirse que la misma sí es parte integrante del salario. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Cuarta Sala del máximo Tribunal de la Nación, en la tesis visible en la página 27, del Tomo 90, de la Séptima Epoca del Semanario Judicial de la Federación, que dice: `SALARIO, INTEGRACION DEL, PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES. COMPRENDE EL PORCENTAJE POR CONCEPTO DE RENTA DE CASA. En los términos del artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, el porcentaje de renta de casa sí queda comprendido dentro del salario, por establecer tal precepto que se integra por los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, así como por las gratificaciones, percepciones, habitación, primas y, en general, cualquiera otra cantidad o prestación entregada al obrero por razón de su trabajo. En tales condiciones, si la empresa demandada no tomó en cuenta el porcentaje de renta de casa para fijar la indemnización a que tenía derecho el trabajador, se impone concluir la procedencia de la acción laboral ejercitada y al no establecerlo así la Junta responsable, infringió en perjuicio del trabajador tanto el precepto antes mencionado, por falta de aplicación, como los artículos 775 y 776 de la ley laboral'. Antes de continuar con el análisis de este concepto de violación, debe decirse que como la quejosa no acreditó dentro del juicio generador del acto reclamado haber percibido en forma constante y fija las cantidades que identifica como quinquenios por antigüedad, estímulos por puntualidad y estímulos por asistencia, y se advierte que este tipo de pago no es normal ni constante, no puede entenderse que dichas prestaciones formen parte integrante de su salario; es decir, tales prestaciones se le cubrían de cumplir las condiciones (determinada puntualidad o bien cierto número de asistencias); de ahí que sea correcto que la responsable no las estimara como parte integrante del salario base de la cuantificación de la condena. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis número 56, visible en la página 56, Cuarta Sala, Segunda Parte, del Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su Presidente al terminar el año de 1977, que dice: `SALARIO. Si el trabajador acreditó dentro del juicio laboral, que percibió en forma permanente las cantidades que la empresa demandada identifica como correspondientes a `tiempo extra ocasional' y se evidencia que en realidad no se trata de un pago derivado de circunstancias extraordinarias, dicho pago forma parte del salario'. Además, la gratificación por antigüedad prevista en el contrato colectivo de trabajo que rige las relaciones del Seguro Social con sus trabajadores, y que la quejosa denomina quinquenios, es una prestación extraordinaria, según la Cláusula 144 de dicho pacto colectivo, por lo que no debe tomarse en cuenta como parte del salario. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 239, visible en la página 222, de la Quinta Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1975, que dice: `SEGURO SOCIAL, LA GRATIFICACION POR ANTIGÜEDAD, NO FORMA PARTE DEL SALARIO DE LOS TRABAJADORES DEL. La gratificación por antigüedad prevista en el contrato colectivo de trabajo que rige las relaciones del Seguro Social con sus trabajadores, es una prestación extraordinaria según la Cláusula 144 del mismo contrato, por lo que no debe tomarse en cuenta como parte del salario para el incremento de las prestaciones que deban otorgarse en caso de fallecimiento del trabajador'. Por lo que se refiere a las vacaciones y a la prima vacacional, debe decirse que las cantidades que por estos conceptos recibe el trabajador no incrementan en modo alguno su salario diario, ya que no es más que lo que recibe por el pago de los días dejados de laborar, por lo que también fue correcto que la Junta responsable estimara que esas prestaciones no forman parte integrante del salario. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por este Tribunal Colegiado, al resolver el amparo directo número 304/88, que dice: `SALARIO, INTEGRACION DEL. PARA INDEMNIZACION. Si bien es cierto que el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo establece que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo al trabajador, por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación por su trabajo; sin embargo, también lo es que no pueden considerarse, para efectos del pago de las indemnizaciones a que se refiere el artículo 89 del citado ordenamiento, como parte del salario, todas esas prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación por su trabajo', ya que, en lo tocante a las cantidades que percibe el trabajador por concepto de vacaciones, las mismas no incrementan de modo alguno el salario diario, pues éstas sólo son las correspondientes a los días que deja de laborar para disfrutar de su período vacacional; y en lo referente a las aportaciones al INFONAVIT, éstas son cantidades que cubre el patrón destinadas a resolver el problema habitacional de los trabajadores, de manera solidaria, sin que incrementen el salario para efectos de su integración, ya que su destino es crear sistemas de financiamiento que les permita obtener crédito barato y suficiente para adquirir habitaciones cómodas e higiénicas, para la construcción, reparación y mejoras de sus casas y para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. En cuanto al fondo de ahorro, debe decirse que se trata de una gratificación extraordinaria que se entrega a la trabajadora en la segunda quincena del mes de julio de cada año, según las Cláusulas 143 y 143 Bis del contrato colectivo de trabajo a que se ha hecho mérito; por tal razón, como correctamente lo consideró la Junta responsable, no puede ser parte integrante del salario. Este criterio también lo ha sostenido el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en el amparo directo número 113/90, identificable en el sistema de informática con que cuenta el Poder Judicial Federal, con la clave TC-0403026-LAB., que dice: `FONDO DE AHORRO. NO FORMA PARTE INTEGRANTE DEL SALARIO.' (La transcribe). En este orden de ideas, debe concluirse que conforme al artículo 784 fracción XII de la Ley Federal del Trabajo, el demandado sí cumplió con su carga probatoria respecto del salario, pues efectivamente demostró que el salario que venía percibiendo la trabajadora ahora quejosa, fue de once mil ciento setenta y seis pesos, trece centavos. Cabe destacar que atento a lo establecido por el artículo 78 de la Ley de Amparo, el acto reclamado en el juicio de amparo directo, debe apreciarse tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, sin que sean admisibles pruebas no rendidas ante dicha autoridad responsable para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada; en consecuencia, son inatendibles las probanzas a que alude y que ofrece en su demanda de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por este Tribunal Colegiado, al resolver los amparos directos números 347/88, 503/91 y 514/91, que dice: `ACTO RECLAMADO, PRUEBA DEL. NO RENDIDA ANTE LA RESPONSABLE.' (La transcribe). Sin embargo, tiene razón la quejosa cuando alega que si en el juicio generador del acto reclamado demandó la reinstalación y el pago de los salarios vencidos y el Instituto demandado ahora tercero perjudicado no acreditó alguna de las causales de rescisión de su contrato individual de trabajo, la relación laboral debe entenderse que continúa en los mismos términos y condiciones pactados como si nunca se hubiera interrumpido el contrato de trabajo. De ahí que, si durante la tramitación del juicio, hasta la fecha en que materialmente se reinstale a la trabajadora hubo incrementos salariales, éstos deben ser contemplados en los salarios caídos a que fue condenado el Instituto demandado, pero como no lo hizo así la Junta responsable, ya que fijó el salario base de once mil ciento setenta y seis pesos, trece centavos diarios, en este aspecto el laudo es violatorio de garantías individuales. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por este Tribunal Colegiado, al resolver el amparo directo 188/88, que dice: `SALARIOS CAIDOS, MONTO DE LOS, EN CASO DE INCREMENTOS SALARIALES DURANTE EL JUICIO. TRABAJADORES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.' (La transcribe). Finalmente, si bien es cierto que se ha sostenido en forma reiterada el criterio de que la orden de apertura del incidente de liquidación está en contravención con lo dispuesto por los artículos 843 y 844 de la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, cuando se condena a la reinstalación y al pago de salarios caídos y deben demostrarse los aumentos legales o contractuales comprendidos desde la fecha del injustificado despido hasta la reinstalación material, es decir, cuando se trate de aumentos que surjan durante la tramitación del juicio laboral, debe considerarse que se está en presencia del caso de excepción a que alude la última parte del artículo 843 del código laboral en cita, supuesto que no sería práctico que cada vez que se suscitaran dichos aumentos se rindiera la prueba superveniente respectiva, pues ello implicaría que los juicios se hicieran interminables. En esas condiciones, la Junta responsable debe cuantificar la condena en el laudo conforme a los aumentos probados en autos y ordenar la apertura del incidente de liquidación respecto de los demás, o bien, de todos los que se han dado. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Cuarta Sala del máximo Tribunal de la Nación, visible en la página 321, de los precedentes que no han integrado jurisprudencia, de 1969-1986, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: `INCIDENTE DE LIQUIDACION, ORDEN DE APERTURA DEL. CUANDO NO ES VIOLATORIA DE GARANTIAS.' (La transcribe). Las consideraciones que preceden conducen a conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la Junta responsable, dejando insubsistente el laudo combatido, dicte otro en el que la condena de los salarios caídos efectuada sea sobre la base de tomar en cuenta los incrementos salariales habidos durante la tramitación del juicio, para lo cual tendrá que ordenar la apertura del incidente de liquidación correspondiente y si lo estima conveniente reiterar las demás consideraciones que al efecto expuso en cuanto al fondo, tomando en consideración la ejecutoria pronunciada en el diverso juicio de garantías 527/91, por este propio Tribunal Colegiado."
C. Por otra parte, del juicio de amparo directo número 55/90, radicado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, promovido por Industrial Minera México, S.A. de C.V. y resueltopor unanimidad de votos el veintidós de marzo de mil novecientos noventa, aparece en el considerado quinto lo siguiente:
"Los conceptos de violación son infundados. En efecto, el hoy tercero perjudicado demandó ante la Junta responsable a la empresa quejosa, el pago de ciertas diferencias del salario con el cual se le cubrió su retiro voluntario, definitivo, por haber sido cubierto este beneficio de conformidad con el salario tabulado y no con el integrado como debería ser contractualmente, así como otras prestaciones derivadas de tal prestación. Así las cosas, la autoridad laboral en su laudo por esta vía reclamado, resolvió que debía condenarse a la ahora quejosa a pagarle al actor una cantidad determinada por diferencias existentes entre el salario tabulado y el integrado con que se le pagó su retiro voluntario, más medio mes proporcional que se le adeudó, absolviéndose a la misma del pago de las demás reclamaciones. Tal determinación pronunciada por la responsable contrariamente a lo afirmado por la apoderada de la negociación quejosa, resulta correcta y apegada a la legalidad, en virtud de que aun cuando el tribunal del trabajo consideró que: `no se encuentre controvertida por las partes la celebración del convenio de 27 de noviembre de 1987...'; sin embargo de tal razonamiento claramente se deduce que la Junta se refiere exclusivamente a la participación de los contendientes en la realización del mismo, y no a los términos en que fue liquidada la prestación demandada, ya que éstos específicamente en cuanto al salario con el cual se cuantificó la misma, constituye la cuestión a debate en el juicio laboral del cual emana el acto reclamado. Resultando intrascendente que tal acuerdo de voluntades se haya hecho por escrito, conteniendo la relación de los hechos que lo motivaron y se encuentre ratificado ante la Junta, la cual lo aprobó, debido a que el referido convenio no constituye cosa juzgada, porque al aprobarlo la responsable no resuelve como órgano jurisdiccional las cuestiones sometidas a su conocimiento en arbitraje, sino que sólo se limita a dar el visto bueno al acuerdo de las partes; siempre y cuando no implique perjuicio alguno a los trabajadores, lo cual no podía estimarse en tal ocasión por no plantearse ante dicho órgano resolutor tal cuestión, la cual se refiere exclusivamente a la interpretación adecuada de determinadas cláusulas del contrato colectivo. Además de que cuando un empleado reclama del patrón el pago de diferencias por las prestaciones que le hubieran sido liquidadas mediante un convenio, y para ello señala que éste contiene renuncias a los derechos que la ley consigna en favor de los trabajadores, como en el presente caso, y prueba la existencia de tales renuncias, dichas estipulaciones son nulas y no obligan a los contrayentes conforme a la fracción XXVII del inciso a) del artículo 123 constitucional; sin que fuera necesario que el actor solicitara específicamente la nulidad del mismo, ya que nunca invocó que dicho convenio careciera de validez, ni que sufrió error o que fue engañado por la empresa; sino que lo que demandó es que en éste no quedó incluido el pago de algunos conceptos que deberían haber sido tomados en consideración para deducir el salario integrado conforme al cual tenía que recibir su indemnización por retiro voluntario. No siendo por ello en este caso, materia de controversia la falta de pago de los años de servicios del obrero, como pretende hacerlo creer la parte quejosa, sino el salario que se tomó en consideración para cuantificarle su liquidación respectiva, con el cual no se encontró conforme el tercero perjudicado, lo cual motivó la interposición de su demanda laboral. Idéntico precedente ha sido sustentado al respecto por este Colegiado al resolver los juicios de amparo directo 453/88 y 472/88, interpuestos también respectivamente por la parte de aquí quejosa, en contra de actos de la misma Junta ahora responsable. Ahora bien, es incorrecto lo sostenido por la empresa en el sentido de que el artículo 115 del contrato colectivo de trabajo no es aplicable en lo relativo al pago del retiro voluntario, debido a que dicho numeral es el que precisa cómo se fija el salario y qué prestaciones comprende el mismo, lo que viene a traducirse en el salario integrado; ya que aun cuando en virtud de un convenio se aumenten respecto a determinada indemnización el número de días de salario que deba abarcar la misma, su pago debe hacerse en los términos del artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, es decir de acuerdo con el salario integrado; máxime que en este caso la Cláusula 256 del pacto laboral que regula las relaciones de las partes, la cual se refiere al pago del retiro voluntario; únicamente establece que para su cuantificación se tomará como base el último sueldo disfrutado por el trabajador, sin especificarse si se refiere al tabulado o al integrado, de ahí que deba concluirse necesariamente lo anterior, como lo hace la responsable, ante la omisión del contr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3104-60c8d613/contradiccion-de-tesis-es-inexistente-si-los-criterios · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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