ELEMENTOS DE LA POLICÍA FEDERAL TRANSFERIDOS A LA GUARDIA NACIONAL. SE LES DEBE RESPETAR LA PRERROGATIVA QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE LA POLICÍA FEDERAL, CONSISTENTE EN QUE AL HABER ALCANZADO LA EDAD LÍMITE PARA LA PERMANENCIA PREVISTA EN LAS DISPOSICIONES QUE LOS RIJAN, PODRÁN SER REUBICADOS, A CONSIDERACIÓN DEL HOY CONSEJO DE CARRERA DE LA GUARDIA NACIONAL, EN OTRAS ÁREAS DE LOS SERVICIOS DE LA PROPIA INSTITUCIÓN, AL CONSTITUIR UN DERECHO ADQUIRIDO.
AMPARO EN REVISIÓN 386/2022. 17 DE NOVIEMBRE DE 2022. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: MARCO ANTONIO BELLO SÁNCHEZ. PONENTE: PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ CORDERO. SECRETARIA: MARÍA ALEJANDRA SUÁREZ MORALES.
CONSIDERANDO:
SEXTO.—Estudio de los agravios. El recurrente en el escrito de expresión de agravios aduce, en esencia, que en la sentencia recurrida la Jueza de Distrito pasó por alto que en el acuerdo de inicio del procedimiento no se respetaron los derechos procesales adquiridos en el servicio civil de carrera policial.
Ello, pues los derechos de los integrantes de la Policía Federal deben proteger de forma retroactiva a los que se incorporen a la Guardia Nacional, ya que se establecía una protección al servicio civil de carrera, en donde otorgaba un derecho al alcanzar la mayoría de edad en el trabajo desempeñado.
Por tanto, es ilegal que se considere que su edad representa una afectación y riesgo para la institución, en razón del manejo, reserva y secrecía de la información institucional; de ahí que el acuerdo de inicio del procedimiento no está debidamente fundado, en términos de la aplicación retroactiva de la ley.
Lo anterior, dado que tiene derecho a la valoración en la permanencia institucional, en razón de su edad, que debe estar protegida por los derechos adquiridos por la normatividad que lo ha regido, y que debió ser analizado por las responsables y establecido en su investigación y acuerdo de inicio del procedimiento, reconocidos en la Ley de la Guardia Nacional y la preexistente Ley de la Policía Federal y su reglamento.
Además, precisa el recurrente que el Máximo Tribunal del País ha establecido como parámetros los derechos adquiridos, las expectativas de derechos y los componentes de la norma jurídica, como son: el supuesto y su consecuencia.
De modo que la sentencia recurrida le causa perjuicio, ya que tiene en su haber jurídico los derechos y beneficios aludidos, dado que ha prestado el servicio civil de carrera policial por 14 años.
Atento a ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 constitucional y los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para interpretar el tema de retroactividad resulta que una norma transgrede tal garantía cuando la ley trata de modificar o alterar derechos adquiridos o supuestos jurídicos y consecuencias de éstos, que nacieron bajo la vigencia de una ley anterior, por lo que la responsable, en el caso, está impedida para ejecutar al caso concreto una aplicación normativa posterior.
Por otro lado, el recurrente arguye que si bien un policía federal no tiene derecho a adquirir la inamovilidad en el cargo, lo cierto es que ello no exime a las autoridades competentes de observar y acatar la Constitución Federal y la normatividad aplicable, es decir, deben apoyar su determinación en una realidad fáctica que garantice la legalidad y oportunidad de la misma, así como su congruencia con los motivos y fines que la justifican.
Así, señala el recurrente que su interés jurídico radica en que si bien es cierto que el cargo y grado que ostentó no es un derecho adquirido, también lo es que la autoridad debe observar las disposiciones normativas y procesales exigidas en el procedimiento instaurado en su contra, ya que de lo contrario se le separaría del servicio de manera arbitraria y se le afectaría indubitablemente su esfera de derechos.
Ello, pues desde el inicio, el procedimiento se generó de forma incompleta e irregular, hallándose a su vez viciado, siendo la misma autoridad que lo instauró la encargada de resolverlo, por lo que no se tiene otro medio de defensa más que el juicio de amparo.
Sentados los argumentos formulados por el recurrente, es necesario tener en consideración lo que se resolvió en la parte conducente de la sentencia recurrida, que es del contenido siguiente:
• Se calificaron de infundados los argumentos, dado que la persona juzgadora federal estimó que las autoridades responsables se encuentran facultadas para iniciar el procedimiento por el incumplimiento a los requisitos de permanencia de los integrantes de la hoy Guardia Nacional, para lo cual se requiere de la solicitud por parte del titular de la Unidad de Asuntos Internos, lo cual se realizó en el caso.
• Posteriormente, se tomó en consideración que el artículo 82 del Manual del Consejo de Carrera de la Guardia Nacional establece los elementos mínimos con los que debe contar el acuerdo de inicio del procedimiento; así, se estimó que el acuerdo de inicio del procedimiento de 10 de enero de 2022 está debidamente fundado y motivado en los artículos 78, 79, fracción I y 233, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional, así como en los artículos 78, último párrafo y 82 del Manual del Consejo de Carrera de la Guardia Nacional.
• Ello, pues se hizo del conocimiento del recurrente el probable incumplimiento al requisito de permanencia previsto en el artículo 88, apartado B, fracción III, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en relación con el artículo 78 del Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional, consistente en: "no superar la edad máxima de retiro que establezcan las disposiciones aplicables".
• A continuación, se enlistaron los medios de prueba consistentes en: 1. Oficio número **********, de 11 de noviembre de 2021, suscrito por la directora general de Recursos Humanos de la Guardia Nacional, a través del cual remitió al titular de la Unidad de Asuntos Internos de la misma corporación el listado del personal de carrera que había alcanzado la edad límite según su jerarquía, entre los que se encuentra el aquí recurrente; 2. Copia certificada del Formato Único de Personal del recurrente; 3. Copia certificada del acta de nacimiento del recurrente, en la que se aprecia que la fecha de nacimiento del citado integrante es 3 de abril de 1969; y, 4. Constancia de consulta de la base de datos de 21 de noviembre de 2021, realizada por el personal adscrito a la Dirección General de Investigación Interna, en la que se hizo constar que el recurrente tiene estatus de activo, mismo que ostenta el grado de agente y tiene la edad de 58 años.
• Asimismo, se advirtió que por oficio número ********** se citó al recurrente a efecto de que compareciera al desahogo de la audiencia de ley a que se refiere el artículo 235 del Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional, para el 10 de febrero de 2022 a las diez horas con treinta minutos y le señalaron domicilio para acudir a la citada audiencia; oficio que fue notificado el 27 de enero del mismo año.
• Con lo anterior se observa que el acto reclamado fue debidamente fundado y motivado por las autoridades responsables, además, se dio la debida audiencia al recurrente para poder presentar su defensa.
• Por último, se obtuvo que el recurrente adujo que el acto de autoridad violenta el principio de irretroactividad previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que cuenta con un derecho adquirido derivado del servicio civil de carrera policial previamente desempeñado.
• Al efecto, la Jueza de Distrito consideró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que los nombramientos para los cargos públicos y, en especial, los de agentes policiales ostentan una naturaleza que en derecho administrativo se denomina "actos condición".
• Lo anterior, toda vez que los nombramientos de ciertos cargos públicos como los policías federales representan actos administrativos condicionados, también conocidos como actos condición, en virtud de que dichos nombramientos o investiduras no se concretan mediante un acto unilateral (aunque sea discrecional) emitido por la persona facultada para hacer la designación, pues no puede imponerse obligatoriamente un cargo público a un administrado sin su aceptación ni tampoco se trata de un contrato, porque el nombramiento no origina situaciones jurídicas individuales.
• Así, se estimó que el Alto Tribunal ha señalado que se trata de un acto diverso en cuya formación concurren las voluntades del Estado y del particular que acepta el nombramiento, cuyos efectos no son el fijar derechos y obligaciones entre Estado y empleado, sino condicionar el cargo a las disposiciones legales preexistentes que fijan en forma abstracta e impersonal los derechos y obligaciones que corresponden a los titulares de los diversos órganos del poder público, el cual por sus caracteres se considera un acto condición.
• De tal manera que dicho acto representa una expresión de la voluntad de la administración pública mediante resolución, generalmente de forma escrita, que se caracteriza porque su validez o extinción se relaciona con acontecimientos futuros e inciertos que representan las condiciones a las cuales se subordina su valor y subsistencia, según corresponda.
• Por otro lado, se consideró que la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional excluyó explícitamente a los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, al establecer que se regirán por sus propias leyes, cuya exclusión constitucional es coincidente con los principios del derecho internacional, rama que se ha ocupado ampliamente del trato innovador que modernamente se dispensa a esos empleados públicos.
• En ese sentido, el Alto Tribunal ha establecido que los mencionados grupos en la doctrina de derecho internacional (militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones policiales) coinciden puntualmente con la excepción constitucional del artículo 123 constitucional, en el apartado B, fracción XIII, misma que jurídicamente se encuentra reconocida y aceptada en el consenso del exterior, pues los cuerpos militares, de Armada, Marina y policiales, así como del servicio exterior, desempeñan servicios públicos cuyo objetivo es el establecimiento del orden, la estabilidad y defensa de la nación o para su imagen interna, cuyo control requiere de una rígida disciplina jerárquica de carácter administrativo, una constante vigilancia y una movilidad de los cargos y servidores públicos en razón de las necesidades que se vayan suscitando para el Estado.
• En ese orden de ideas, se consideró que no asistía razón al aquí recurrente, ya que no le resulta aplicable la afectación a derechos adquiridos, como tampoco la inmutabilidad de las condiciones de subsistencia de su nombramiento.
Precisado lo que se resolvió en la parte conducente de la sentencia recurrida, ahora es necesario tener en consideración los antecedentes relevantes del acto reclamado en el juicio de amparo del que deriva el presente recurso de revisión, siendo los siguientes:
EI recurrente ingresó a la entonces Policía Federal el 16 de septiembre de 2003, con grado de Policía Segundo, hoy agente.
La normatividad que regía a la entonces Policía Federal establecía una protección al servicio civil de carrera, en donde otorgaba un derecho al alcanzar la mayoría de edad en el trabajo desempeñado, en el sentido de que podía ser reubicado en otras áreas de los servicios de la propia corporación policial.
La Guardia Nacional fue creada a partir del anexo y extinción del órgano administrativo desconcentrado Policía Federal.
El 27 de enero de 2022 el Consejo de Carrera de la Guardia Nacional le notificó el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo iniciado el 10 del mismo mes y año.
En dicho acuerdo se establece que no cumplió con el requisito de permanencia consistente en "no superar la edad máxima de retiro que establecen las disposiciones aplicables"; por ello, se impuso como medida precautoria la suspensión temporal del empleo, cargo o comisión del aquí recurrente.
Sentados los antecedentes relevantes del acto reclamado en el juicio de amparo indirecto, es preciso tener en consideración que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio relativo a que las normas generales que establecen los requisitos de permanencia como miembro de las instituciones policiales no son susceptibles de analizarse a la luz de la prohibición de retroactividad, reconocida en el artículo 14 constitucional.
Por consiguiente, debe declararse infundado el planteamiento del recurrente en el que pretende la conservación de las condiciones del ejercicio del cargo en la Policía Federal, a la luz de la garantía de irretroactividad.
Ese criterio se contiene en la jurisprudencia 1a./J. 105/2010, que esta Segunda Sala (sic) comparte, y cuyo contenido es el siguiente:
"POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. EL NOMBRAMIENTO Y LA PERMANENCIA EN EL CARGO DE SUS AGENTES NO SON SUSCEPTIBLES DE ANÁLISIS CONSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. El nombramiento de Policía Federal Ministerial representa un acto condición y, por ende, debe reconocerse que no tiene el efecto de fijar derechos ni obligaciones entre la persona designada y el Estado, sino de condicionar la existencia del acto al cumplimiento de las disposiciones legales existentes por parte de la persona destinataria, las que determinan en forma abstracta e impersonal los derechos y obligaciones que le corresponden, aunado a que constitucionalmente los policías y el personal de seguridad pública se encuentran excluidos de los derechos de estabilidad en el empleo conforme a la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, los nombramientos de los agentes policiales y su permanencia en dichos cargos representan cuestiones que no son susceptibles de análisis constitucional a través de la garantía de irretroactividad de la ley contenida en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que no pueden invocarse derechos adquiridos en ese ámbito, pues el acto condición se caracteriza por regir sobre la obligación de cumplimiento de las exigencias presentadas en términos de las leyes y exigencias de subsistencia vigentes, y la permanencia, al representar un estado de inmutabilidad y estancia en un mismo lugar. Esto es, se trata de un concepto referido hacia el futuro, ya que ‘permanecer’ no es un concepto que actúe hacia el pasado ni afecta situaciones que pudieran constituir derechos adquiridos, sino que trata situaciones y acontecimientos que sólo se presentan en tiempo futuro, porque la satisfacción de requisitos para mantener dicho estado presupone que su contenido se satisfaga al porvenir, es decir, se trata de situaciones cuyo tiempo gramatical denota una acción, proceso o estado de cosas posteriores."
Por otro lado, respecto al argumento del recurrente referente a que con la emisión de los actos reclamados se desconocen los derechos adquiridos que se habían generado con motivo de su situación jurídica como miembro de la Policía Federal, debe atenderse el mandato expreso contenido en el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve.
Dicho transitorio es de contenido siguiente:
"Tercero. Los elementos de las Policías Militar y Naval, así como otros elementos de mando y servicios de apoyo de la Fuerza Armada Permanente, que sean asignados a la Guardia Nacional, conservarán su rango y prestaciones; la ley garantizará que cuando un elemento sea reasignado a su cuerpo de origen, ello se realice respetando los derechos con que contaba al momento de ser asignado a aquélla, así como el reconocimiento del tiempo de servicio en la misma, para efectos de su antigüedad. Lo anterior será aplicable, en lo conducente, a los elementos de la Policía Federal que sean adscritos a la Guardia Nacional."
De la disposición transitoria transcrita se desprende que los elementos de las Policías Militar y Naval, así como otros elementos de mando y servicios de apoyo de la Fuerza Armada Permanente que sean asignados a la Guardia Nacional conservarán su rango y prestaciones, y que la ley garantizará que cuando un elemento sea reasignado a su cuerpo de origen, ello se realice respetando los derechos con que contaba al momento de ser asignado a aquélla, así como el reconocimiento del tiempo de servicio en la misma, para efectos de su antigüedad.
Lo anterior será aplicable, en lo conducente, a los elementos de la Policía Federal que sean adscritos a la Guardia Nacional.
De modo que los derechos de los miembros de la Policía Federal que sean remitidos a la Guardia Nacional se encuentran regulados y tutelados por el artículo transitorio de la reforma constitucional mencionada, a pesar de que la legislación secundaria y las normas administrativas reclamadas no prevean expresamente tales medidas de garantía.
Entonces, quedó definido que la Guardia Nacional se integraría con elementos de la Policía Federal –mediante una transición definitiva derivada de la desaparición de esa institución de origen–, así como de las Policías Militar y Naval, salvaguardando los derechos adquiridos de quienes provengan de otras corporaciones, ya que, se insiste, se definió que los elementos provenientes de las Policías Militar y Naval o de otros elementos de mando y servicios de apoyo de la Fuerza Armada conservarían su rango y prestaciones, lo que también sería aplicable a los elementos originarios de la Policía Federal.
Y es en este contexto que debe darse contenido al artículo tercero transitorio pues, en una primera parte, otorga dos prerrogativas en favor de los elementos de las Policías Militar y Naval, a saber: (1) al ser asignados a la Guardia Nacional conservarán su rango y prestaciones; y, (2) en el caso de que sean reasignados a su cuerpo de origen, deberán respetárseles los derechos con que contaban al momento de la asignación, así como reconocérseles el tiempo de servicios para efectos de su antigüedad. Mientras que en relación con los elementos de la Policía Federal que sean adscritos a la Guardia Nacional, se establece que ese régimen será aplicable "en lo conducente".
Esta última oración hace referencia a una parte que concuerde, que sea pertinente o que guarde relación con una situación determinada, lo que pone de manifiesto que por disposición expresa del Constituyente Permanente, de las dos prerrogativas otorgadas a los elementos de las Policías Militar y Naval conforme a la norma en estudio, será aplicable a los elementos de la Policía Federal la que sea pertinente o concuerde con su situación y, por el contrario, la que no tenga relación con sus circunstancias, no podrá aplicarse.
Así, se hace evidente que la prerrogativa consistente en el respeto de sus derechos atinentes al servicio en el caso de una eventual reasignación a sus órganos de origen sólo puede ser aplicable para los elementos de las Policías Militar y Naval –pues son los únicos que tienen la posibilidad de que, en su momento, puedan regresar a sus instituciones de origen–, mientras que los que provengan de la Policía Federal no pueden ser beneficiarios de ella dado que no existe la posibilidad de regresar a su institución de origen que se extinguirá.
En cambio, por lo que hace al derecho de conservar el rango y prestaciones al momento de ser asignados a la Guardia Nacional, debe entenderse que rige no sólo para los elementos de las Policías Militar y Naval, sino también para los miembros de la Policía Federal, en la medida en que no existe circunstancia alguna que impida que así opere sino que, al contrario, es consistente con su situación.
Ciertamente este alcance dado al artículo tercero transitorio no sólo deriva de su interpretación gramatical sino que, además, da congruencia a las intenciones plasmadas durante el proceso de reforma constitucional –que, se insiste, pugnaron por salvaguardar los derechos laborales adquiridos por quienes provienen de otras corporaciones entregándoles prestaciones no inferiores a aquellas que hubieren recibido en sus anteriores instituciones–, así como a las circunstancias de los policías e, incluso, con el texto mismo de la norma al tenor de la tesis P. XII/2006 del Tribunal Pleno, de rubro: "INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL. AL FIJAR EL ALCANCE DE UN DETERMINADO PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DEBE ATENDERSE A LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN ELLA, ARRIBANDO A UNA CONCLUSIÓN CONGRUENTE Y SISTEMÁTICA." Ello porque, en lo esencial, se advierte que el espíritu del Constituyente Permanente fue mantener las percepciones de los elementos que se incorporan a la Guardia Nacional de cualquier otra corporación, a efecto de no generarles una afectación en ese aspecto. Esto es, el mandato constitucional en cuanto a que los elementos de la Policía Federal que se incorporen a la Guardia Nacional "conservarán su rango y prestaciones" tiene como antecedente un imperativo categórico, a saber, la desaparición de la corporación en la que se desempeñaban, lo que provoca la imposibilidad absoluta para continuar prestando sus servicios en ella aun sin haber incurrido en alguna conducta atribuible a esos policías.
Por tanto, la actualización de ese supuesto tuvo como consecuencia que se procurara afectarlos en menor medida, para lo cual se estableció que era necesario mantenerles su categoría e ingresos al ser transferidos a la nueva institución.
De ahí que se hace patente que los elementos que provengan de la Policía Federal deben mantener en la Guardia Nacional el rango que detentaban en aquella corporación, así como la remuneración ordinaria, beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, haberes, compensaciones o cualquier otro concepto que los elementos percibían por la prestación de sus servicios –desde luego, en el monto, condiciones y periodicidad con las que se les pagaban–, pues el Texto Constitucional no hace salvedad, exclusión o excepción alguna, por lo que es claro que el propósito es procurar, hasta cierta medida la continuación de su situación, al menos en estos aspectos.
Sentado el marco contextual que antecede, es menester tener en consideración que en el acuerdo de 10 de enero de 2022, el comisario general, presidente del Consejo de Carrera de la Guardia Nacional, determinó lo que sigue:
"III. Medios de prueba. Se procede al estudio de las constancias que integran el expediente en que se actúa, de las cuales se advierten los siguientes elementos de prueba:
"1. Oficio número **********, de once de noviembre de dos mil veintiuno, suscrito por la directora general de Recursos Humanos de la Guardia Nacional, a través del cual remitió al titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional el listado del personal de carrera que ha alcanzado la edad límite según su jerarquía, entre la que se encuentra el C. **********, con número de expediente **********, grado agente. (foja 3)
"2. Copia certificada del Formato Único de Personal del C. **********, con número de folio **********, documental pública que acredita que causó alta voluntaria en la Guardia Nacional, con número de expediente **********, RFC **********, grado de agente, con clave del puesto **********. (foja 4)
"3. Copia certificada del acta de nacimiento del C. **********, expedida por el Registro Civil, en la que se aprecia la fecha de nacimiento del citado integrante es 3 de abril de 1969. (foja 5)
"4. Constancia de la consulta de la base de datos, de veintiuno de noviembre de dos mil veintiuno, realizada por el personal adscrito a la Dirección General de Investigación Interna, en la que se hizo constar que el C. **********, con número de expediente **********, R.F.C. **********, tiene estatus de activo, mismo que ostenta el grado de agente y tiene la edad de 52 años. (foja 8)
"Elementos de prueba con los que se acredita que el C. **********, nació el 3 de abril de 1969, contando al día de la fecha con 52 años, excediendo la edad requerida para el grado que ostenta, es decir, los 50 años de edad conforme al artículo 79, fracción I, del Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional; medios probatorios que revisten la calidad de documentos públicos, en términos de los artículos 239, fracción I, del Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional; 91, fracción I, del Manual del Consejo de Carrera de la Guardia Nacional y 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el artículo 244 del Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional; los que sometidos a las reglas de valoración, en términos de los artículos 79, 197 y 202 del ordenamiento anteriormente invocado, se les otorga pleno valor probatorio, lo cual resulta bastante y suficiente para tener por acreditado el probable incumplimiento al requisito de permanencia que se le imputa al agente **********, contenido en el artículo 88, apartado B, fracción III, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en relación con el artículo 78 del Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional, sirviendo de apoyo por analogía el criterio emitido por nuestro Más Alto Tribunal, que a la letra dice: (transcribe)
"Finalmente, con base en los razonamientos y circunstancias anteriormente señalados, así como el caudal probatorio exhibido por la Unidad de Asuntos Internos, los cuales se consideran aptos, bastantes y suficientes para acreditar el probable incumplimiento del requisito de permanencia atribuido al agente **********, por lo que esta presidencia, con fundamento en los artículos 14, 16, 21, párrafo noveno y 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 73, 88, apartado B, fracción III, 104 y 105 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 26, fracción III, 28, fracción III, de la Ley de la Guardia Nacional; 233, párrafo segundo, de su reglamento; 10, fracciones IV y VII, y 78 del Manual del Consejo de Carrera de la Guardia Nacional: resuelve que ha lugar a iniciar el procedimiento en contra del C. **********, solicitado por la Unidad de Asuntos Internos, por el supuesto incumplimiento al requisito previsto en el artículo 88, apartado B, fracción III, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en relación con el 78 del Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional, consistente en ‘no superar la edad máxima de retiro que establezcan las disposiciones aplicables’.
"IV. Radicación. En este orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, 44 y 51 del Manual del Consejo de Carrera de la Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de agosto de dos mil veintiuno, y toda vez que la imputación que se le atribuye al agente ********** constituye probablemente un incumplimiento a los requisitos de permanencia, esta presidencia acuerda que la Tercera Comisión para Substanciar los Procedimientos Administrativos por Incumplimiento a los Requisitos de Permanencia, instruya el presente procedimiento, por lo que sus integrantes deberán realizar todas aquellas providencias de trámite y practicar todas las diligencias necesarias hasta su cierre de instrucción; ordenándose que se radique bajo el número de expediente administrativo **********, a fin de que el Pleno del Consejo de Carrera de la Guardia Nacional, en el momento procesal oportuno, esté en condiciones de resolver si en el presente asunto el agente ********** incumplió uno de los requisitos de permanencia; asimismo, regístrese en el libro de gobierno correspondiente que se lleva en la citada comisión, con el número de expediente antes citado.
"V. Formalidades esenciales del procedimiento. Hágase del conocimiento del agente ********** que en todo procedimiento que instruya el Consejo de Carrera y las Comisiones para Substanciar los Procedimientos Administrativos por Incumplimiento a los Requisitos de Permanencia de la Guardia Nacional contra un integrante, se salvaguardará en todo tiempo la garantía de audiencia y las formalidades esenciales del mismo, de conformidad con los artículos 235 al 242 del Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional; 86 a 99 del Manual del Consejo de Carrera de la Guardia Nacional; que durante la sustanciación de éste el integrante podrá por sí o por un defensor ofrecer pruebas, formular los alegatos pertinentes a su causa, que le serán facilitados todos los datos que requiera para su defensa y que consten en el expediente; por otro lado, infórmesele que todo lo no previsto en la normatividad de la Guardia Nacional que tenga que ver con actuaciones procesales el ordenamiento supletorio a la materia, es el Código Federal de Procedimientos Civiles de conformidad con el artículo 244 del referido ordenamiento.
"VI. Medida cautelar. Atento a lo dispuesto por los artículos 236, párrafo tercero, del Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional y 110 del Manual del Consejo de Carrera de la Guardia Nacional, en relación con la medida solicitada por la Unidad de Asuntos Internos, se determina procedente imponer al agente ********** la suspensión temporal del empleo, cargo o comisión que desempeña, hasta tanto se resuelva el asunto, toda vez que la continuidad en el servicio activo representaría una afectación y riesgo para la institución, en razón del manejo, reserva y secrecía de la información institucional que siga conociendo al permanecer en funciones el integrante que presuntamente no reúne el requisito de la edad para permanecer en servicio de acuerdo al grado que ostenta de conformidad con el Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional, sin que se omita manifestar que la presente medida no prejuzga sobre la responsabilidad que se le imputa al presunto infractor.
"Es importante mencionar que la citada suspensión tiene el carácter de provisional y temporal, toda vez que ésta durará hasta tanto se dicte la resolución correspondiente en el procedimiento por el incumplimient
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31187-0302e809/elementos-de-la-policia-federal-transferidos-a-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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