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Modo: Corpus Pro

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES IMPROCEDENTE, POR FALTA DE COMPETENCIA MATERIAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONCLUYE EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DETERMINA EL ENVÍO A LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, PARA EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA QUE CORRESPONDA, CUANDO NO SE JUSTIFIQUE O EXPLIQUE LA PROCEDENCIA DEL INCREMENTO EN SU PATRIMONIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 66/2022. · Registro digital (IUS): 31244
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-02-03
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, SEXTO, DÉCIMO SEXTO Y VIGÉSIMO PRIMERO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCERO DEL SEGUNDO CIRCUITO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Febrero de 2023, Tomo III, Pág.2570.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 66/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, SEXTO, DÉCIMO SEXTO Y VIGÉSIMO PRIMERO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCERO DEL SEGUNDO CIRCUITO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 5 DE OCTUBRE DE 2022. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LORETTA ORTIZ AHLF, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: LILIANA HERNÁNDEZ PANIAGUA.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente de cinco de octubre de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios, suscitada entre los Tribunales Colegiados Sexto, Tercero y Vigésimo Primero en Materia Administrativa del Primer Circuito, así como el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito y el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

El problema jurídico a resolver por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si es procedente el juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, contra la resolución que pone fin al procedimiento de verificación patrimonial, en la que se establece que hubo un incremento patrimonial no explicable o justificable en virtud de la remuneración percibida como servidor público y considera procedente el envío del expediente a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, para que actúe en el ámbito de su competencia (específicamente efectuar la denuncia ante el Ministerio Público, actualmente fiscal).

ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio recibido el nueve de marzo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública denunció la posible contradicción de criterios entre el criterio sustentado por los Tribunales Colegiados Sexto, Tercero y Vigésimo Primero en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los amparos directos 267/2020, 198/2020 y 31/2021, respectivamente, así como el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito y el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar los amparos directos 366/2021 y 30/2021, correspondientemente.

2. Trámite de la denuncia. Por acuerdo de quince de marzo de dos mil veintidós, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia, la registró con el número 66/2022, solicitó a los órganos contendientes que remitieran vía electrónica, en original o copia certificada, las ejecutorias en que emitieron los criterios denunciados e informaran si éstos se encontraban vigentes; además, determinó que la competencia para conocer del asunto, al derivar de la materia administrativa, corresponde a la Segunda Sala de este Alto Tribunal; y, finalmente, lo turnó al Ministro Luis María Aguilar Morales.

3. Avocamiento. Por acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintidós, la presidenta de la Segunda Sala de este Alto Tribunal ordenó que ésta se avocara al conocimiento del presente asunto y se enviaron los autos del asunto al Ministro ponente para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

4. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII,(1) y tercero(2) del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece; en relación con el tercero transitorio(3) del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno, por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación, toda vez que aún no se surte la competencia de los Plenos Regionales prevista en el artículo 42, fracción I,(4) y primero transitorio, fracción II,(5) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que los criterios contendientes los sustentaron Tribunales Colegiados de distintos Circuitos, en materia administrativa, cuya especialidad corresponde a esta Segunda Sala.

II. LEGITIMACIÓN

5. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en atención a que fue formulada por el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, parte tercero interesada en el amparo directo 267/2020 del índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

III. CRITERIOS DENUNCIADOS

6. Con el fin de determinar si existe la contradicción de criterios es pertinente tener en cuenta los antecedentes y los aspectos más relevantes de las ejecutorias denunciadas como contradictorias que, en síntesis, son los siguientes:

A. Criterio del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 267/2020.

7. El quejoso, mediante el juicio contencioso administrativo, impugnó la resolución de treinta de agosto de dos mil diecinueve dictada dentro del procedimiento administrativo de investigación de verificación patrimonial, emitida por el director de Verificación Patrimonial "B" de la Dirección General Adjunta de Verificación Patrimonial de la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública, así como el procedimiento administrativo.

8. De la demanda correspondió conocer a la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, bajo el número de expediente 28266/19-17-03-6 y, mediante auto de cinco de febrero de dos mil veinte, la desechó, porque consideró que no constituye una resolución definitiva o acto de autoridad que pueda ser impugnado ante ese tribunal en términos del artículo 3 de su ley orgánica, al no tratarse de una resolución definitiva.

9. Contra dicha determinación, el entonces actor interpuso recurso de reclamación y, mediante sentencia de dieciséis de agosto de dos mil veinte, la Sala responsable confirmó el auto recurrido y desechó la demanda, al considerar que la resolución inicialmente impugnada no era una resolución administrativa que pusiera fin a un procedimiento resuelto conforme a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ni tampoco se trataba de una manifestación aislada que reflejara la última voluntad de dicha institución; por tanto, no afectaba el interés jurídico de la parte actora, ya que únicamente informó que se concluyó la verificación patrimonial.

10. Inconforme con lo anterior, el quejoso promovió juicio de amparo directo, del cual conoció el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el número 267/2020, el cual, en sesión ordinaria virtual de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, concedió el amparo, cuyo efecto inmediato fue la ineficacia de la sentencia reclamada; asimismo, que la Sala responsable emitiera otra sentencia en la que concluyera que contra la resolución combatida sí procedía el juicio de nulidad.

11. El órgano colegiado apoyó su determinación en la tesis aislada 2a. X/2003, de esta Segunda Sala, de rubro: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ‘RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS’. ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL.", y sostuvo esencialmente, las siguientes consideraciones:

• El director de Verificación Patrimonial "B" de la Dirección General de Responsabilidades resolvió en definitiva el procedimiento de verificación patrimonial seguido en contra del quejoso, quien tuvo un incremento en su patrimonio no explicable o justificable, por lo que resultaba procedente el envío del expediente a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, con lo que sentó las bases para la prosecución de una investigación de índole penal, es decir, concluyó la etapa administrativa del procedimiento de verificación e inició la etapa penal.

• El reconocimiento administrativo de que el servidor público no justificó la procedencia lícita del incremento sustancial a su patrimonio sí puso fin al procedimiento de verificación al patrimonio del servidor público investigado, por lo que en su contra es procedente el juicio de nulidad en términos del artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

B. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 198/2020.

12. En el caso, el servidor público promovió juicio contencioso administrativo, en el que impugnó el acuerdo de veintinueve de julio de dos mil diecinueve, emitido por el director de Verificación Patrimonial "B" de la Dirección Adjunta de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública, y su demanda fue desechada, por lo que interpuso recurso de reclamación, el cual fue resuelto por la Sala responsable el dieciocho de febrero de dos mil veinte, la cual confirmó la resolución recurrida, al considerar que el acuerdo combatido no era impugnable vía juicio contencioso administrativo.

13. Inconforme con lo anterior, el quejoso promovió juicio de amparo directo, el cual fue resuelto por el Tribunal Colegiado del conocimiento, en sentencia de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, en la que concedió el amparo solicitado, para que la Sala responsable dejara insubsistente la resolución reclamada y emitiera otra en la que concluyera que contra la resolución inicialmente impugnada procedía el juicio contencioso administrativo, determinación que sustentó en la tesis aislada 2a. X/2003, de esta Segunda Sala, de rubro: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ‘RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS’. ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL.". En lo que interesa, al considerar que:

• El director de Verificación Patrimonial B de la Dirección General Adjunta de Verificación Patrimonial de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública resolvió en definitiva el procedimiento administrativo de verificación patrimonial estableciendo que el quejoso presentó un presunto incremento en su patrimonio que no era explicable o justificable, por lo que determinó procedente el envío del expediente a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, para que, en su caso, formulara la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público Federal.

• Al haberse agotado la verificación al patrimonio del quejoso, se llevarían a cabo las anotaciones conducentes con la finalidad de que se tuviera por total y definitivamente concluido.

• Contrario a lo afirmado por la Sala responsable, no resultaba procedente el recurso de inconformidad, pues en términos del artículo 102 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas solamente procedía contra la calificación y abstención de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa.

• Aunque no se impuso sanción alguna, no se podía desconocer que la resolución sentó las bases para la prosecución de una investigación de índole penal, por lo que efectivamente, se trataba de una resolución que ponía fin a la etapa administrativa de verificación patrimonial, ya que el siguiente paso correspondía a la etapa penal, con la presentación de la denuncia correspondiente.

• El reconocimiento administrativo de que el servidor público no justificó la procedencia lícita del incremento sustancial a su patrimonio sí ponía fin al procedimiento de verificación al patrimonio del servidor público, por lo que en su contra era procedente el juicio de nulidad en términos del artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

C. Criterio del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 31/2021.

14. El quejoso, mediante juicio contencioso administrativo, combatió la resolución de veintidós de julio de dos mil veinte, dictada dentro del procedimiento administrativo de investigación de verificación patrimonial, por el director de Verificación Patrimonial "B" de la Dirección General Adjunta de Verificación Patrimonial de la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública, así como el procedimiento administrativo, resolución en la que se estableció que tuvo un incremento patrimonial no justificable o explicable en razón de su remuneración como servidor público.

15. De la demanda correspondió conocer a la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, bajo el número de expediente 14331/20-17-01-3 y, mediante auto de trece de octubre de dos mil veinte, fue desechada.

16. El actor interpuso recurso de reclamación contra dicha determinación y, mediante sentencia de uno de diciembre de dos mil veinte, la Sala responsable confirmó el auto recurrido. En esencia, determinó que el acto no podía impugnarse vía contenciosa administrativa, porque solamente implicaba el resultado de una investigación el cual sería dado a conocer a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, quien, de así considerarlo, impondría la sanción que correspondiera, sin que constituyera el producto final o la voluntad definitiva de la administración pública.

17. Inconforme con lo anterior, el servidor público promovió demanda de amparo directo, de la que conoció el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el número de expediente 31/2021, el cual, en sesión de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, concedió el amparo solicitado, con base en la tesis aislada 2a. X/2003, de esta Segunda Sala, de rubro: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ‘RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS’. ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL.". Al considerar, medularmente que:

• El director de Verificación Patrimonial "B" de la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial de la Unidad de Responsabilidades Administrativas, Controversias y Sanciones de la Subsecretaría de Combate a la Impunidad de la Secretaría de la Función Pública resolvió el procedimiento administrativo de verificación patrimonial, determinando que el quejoso presentó un presunto incremento en su patrimonio que no era explicable o justificable, por lo que resultaba procedente el envío del expediente al titular de la Unidad de Asuntos Jurídico de dicha secretaría.

• La resolución impugnada puso fin al procedimiento administrativo de verificación patrimonial del quejoso y, aunque éste no hubiera concluido con una resolución que impusiera alguna sanción al servidor público, no podía desconocerse que la declaratoria de ilicitud de los recursos materiales con que contaba el servidor público daba por concluido el procedimiento administrativo de verificación de su patrimonio, constituyendo la base administrativa de la presunción de que el servidor público se enriqueció ilegalmente.

• El juicio contencioso administrativo era procedente con base en el artículo 3, al actualizarse la primera hipótesis de la fracción XII, en relación con la fracción XVI del mismo precepto, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

D. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 366/2021.

18. El quejoso promovió demanda en la vía contenciosa administrativa, contra la resolución de quince de febrero de dos mil veintiuno, dictada por el director de Verificación Patrimonial "B" de la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial de la Unidad de Responsabilidades Administrativas, Controversias y Sanciones de la Secretaría de la Función Pública, así como el acuerdo por el que se levantó la suspensión de plazos y términos legales en la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte.

19. De dicha demanda correspondió conocer a la Sala Regional Sur y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, bajo el número de expediente 365/21-29-01-5, la cual fue desechada, al considerar que no se surtía ninguna de las hipótesis de competencia previstas en el artículo 3 de su ley orgánica.

20. El actor interpuso recurso de reclamación y mediante sentencia de catorce de julio de dos mil veintiuno, la Sala responsable consideró que carecía de competencia para conocer de la resolución impugnada, debido a que no tenía el carácter de definitiva. En esencia, determinó que no se actualizaba la hipótesis de competencia contenida en la fracción V del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que se acotaba a que la resolución, acto o procedimiento causara agravio en materia fiscal. Asimismo, tampoco se actualizaba la diversa hipótesis de la fracción XVI del precepto mencionado, pues era aplicable cuando la resolución, determinación o procedimiento impusiera una sanción al servidor público.

21. Inconforme con lo anterior, el quejoso promovió demanda de amparo directo, de la que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, bajo el número de expediente 366/2021 y, en sesión de diez de febrero de dos mil veintidós, negó el amparo solicitado, en lo que aquí interesa, al considerar que:

• No se surtía hipótesis de procedencia del juicio, ya que la resolución impugnada no impuso una sanción al solicitante del amparo y el dictado de dicha determinación controvertida no daba fin al procedimiento de responsabilidad administrativa.

• La conclusión de la investigación en materia de verificación a su evolución patrimonial no le generaba agravio, pues esa determinación no era una sanción administrativa ni penal, ya que para ello era necesario sustanciar el procedimiento relativo y que la autoridad emitiera una decisión final.

• No desconocía que las autoridades competentes podían dar vista al Ministerio Público Federal, pero esa posibilidad no se traducía en una sanción, de manera que únicamente se combatía una determinación que lo único que resolvió era la existencia de un probable incremento del patrimonio del servidor público que no fue explicable o justificable.

• El legislador no dotó de competencia al tribunal responsable para conocer de las resoluciones con que concluyera el procedimiento de investigación por incremento patrimonial previsto en el artículo 37 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, porque, respecto de la fracción V del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Sala responsable contaba con competencia para conocer de resoluciones administrativas que causaran agravio en materia fiscal a los contribuyentes. Y, respecto de la fracción XVI del mismo precepto, la resolución impugnada debía imponer una sanción de conformidad con la legislación aplicable. E. Criterio del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 30/2021.

22. Una persona moral, mediante juicio contencioso administrativo, demandó la nulidad de la resolución de dos de diciembre de dos mil diecinueve, dictada por el director de Investigaciones "D" de la Dirección General de Denuncias e Investigaciones perteneciente a la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, en la que comunicó que, mediante acuerdo de treinta de noviembre de dos mil diecinueve, se ordenó el archivo y conclusión del expediente de investigación por falta de elementos suficientes que acreditaran la presunta comisión de actos u omisiones susceptibles de configurar una irregularidad administrativa; así como el acuerdo mencionado.

23. A la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa correspondió conocer de tal demanda y, mediante proveído de once de febrero de dos mil veinte, se desechó por improcedente, al considerar que no constituía una resolución impugnable ante ese tribunal en términos del artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

24. Inconforme con lo anterior, la persona moral actora interpuso recurso de reclamación, el cual mediante resolución de dos de octubre de dos mil veinte, se declaró parcialmente infundado y revocó el auto, al considerar que la resolución impugnada no ponía fin a un procedimiento administrativo en términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que era una resolución derivada de una investigación llevada a cabo en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por lo que no se actualizaba el supuesto previsto en el artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

25. Contra dicha decisión, la persona moral actora promovió demanda de amparo, de la que correspondió conocer al Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el número de expediente 30/2021, el cual, mediante sentencia de dos de junio de dos mil veintiuno negó el amparo solicitado. En lo que importa destacar, consideró que:

• La Sala responsable fundó y motivó debidamente la resolución recurrida, al establecer cuál era la naturaleza del acto impugnado y el por qué estimó que no encuadraba en alguna de las hipótesis que prevé la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que el acto no se fundó en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

• De la resolución inicialmente combatida, se advertía que el director de Investigaciones "D" comunicó que se emitió un acuerdo en el que se determinó el archivo y conclusión del expediente, porque no se encontraron elementos suficientes que acreditaran la presunta comisión de actos u omisiones susceptibles de configurar una irregularidad administrativa, respecto de la presunta obligación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para realizar el pago referido en su denuncia.

• El juicio contencioso administrativo federal procedía contra resoluciones definitivas, siempre que se tramitaran en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no obstante, el acto impugnado se emitió, entre otros, con fundamento en los artículos 90, 91, 93, 94, 95 y 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

• Por tanto, la resolución derivaba de una investigación llevada a cabo en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y no conforme a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que no se colma el requisito previsto en el artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

26. De conformidad con el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, una contradicción de criterios existe cuando concurren los siguientes supuestos:

• Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes.

• Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.

27. Además, el Pleno de esta Suprema Corte ha determinado que la contradicción de criterios es existente, independientemente de que las resoluciones contendientes partan de aspectos fácticos distintos, siempre y cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, esto se refleja en la jurisprudencia P./J. 72/2010, que establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(6)

28. Asimismo, se ha considerado que para que exista la contradicción es indispensable que lo afirmado en una sentencia se niegue en la otra o viceversa y que la cuestión jurídica estudiada en los criterios antagónicos goce de generalidad y no de individualidad, de manera que con la jurisprudencia que derive del fallo de la contradicción se cumpla el propósito de unificar criterios y, en consecuencia, dar seguridad jurídica.

29. En ese sentido, la existencia de la contradicción de criterios no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no incida o sea determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos contendientes, sino que solamente forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

30. De ahí que si las cuestiones fácticas, aun siendo parecidas influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque a partir de dichos elementos particulares se construyó el criterio jurídico o la legislación, o incluso, la jurisprudencia aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, la contradicción de criterios no puede configurarse, ya que no podría arribarse a un criterio único, ni tampoco sería posible sustentar una jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto.

31. Precisado lo anterior, de los aspectos relevantes que se desprenden de las ejecutorias que dieron origen a los criterios que se consideran discrepantes, esta Segunda Sala advierte que existe la contr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31244-cbe7b241/juicio-contencioso-administrativo-es-improcedente-por-falta-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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