JUICIO DE NULIDAD. LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN PARA VERIFICAR LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DE CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS GRAVES Y NO GRAVES, PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE DICHO JUICIO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 25/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEXTO Y EL DÉCIMO SEXTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 14 DE JUNIO DE 2022. MAYORÍA DE VEINTE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOEL CARRANCO ZÚÑIGA, ALMA DELIA AGUILAR CHÁVEZ NAVA, JOSÉ PATRICIO GONZÁLEZ LOYOLA PÉREZ, MARÍA ELENA ROSAS LÓPEZ, ANTONIO CAMPUZANO RODRÍGUEZ, FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL, MARÍA DEL PILAR BOLAÑOS REBOLLO, ALFREDO ENRIQUE BÁEZ LÓPEZ, JOSÉ LUIS CRUZ ÁLVAREZ, ÓSCAR GERMÁN CENDEJAS GLEASON, JUAN MANUEL DÍAZ NÚÑEZ, EMMA GASPAR SANTANA, MARÍA GUADALUPE MOLINA COVARRUBIAS, ROLANDO GONZÁLEZ LICONA, JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA, MA. GABRIELA ROLÓN MONTAÑO, GUILLERMINA COUTIÑO MATA, ROSA GONZÁLEZ VALDÉS, JORGE OJEDA VELÁZQUEZ Y ARTURO ITURBE RIVAS. DISIDENTES: EDWIN NOÉ GARCÍA BAEZA, IRMA LETICIA FLORES DÍAZ Y JUAN CARLOS CRUZ RAZO, QUIENES FORMULAN VOTO PARTICULAR. PONENTE: MARÍA ELENA ROSAS LÓPEZ. SECRETARIA: ADRIANA JANETTE CASTILLO HERNÁNDEZ.
Ciudad de México, resolución del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito de catorce de junio de dos mil veintidós.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Por oficio recibido el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno en la presidencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por el Sexto y el Décimo Sexto Tribunales Colegiados en la materia y jurisdicción citados, al resolver los amparos directos D.A. 267/2020 y D.A. 30/2021, respectivamente.
SEGUNDO.—En acuerdos de veintiséis de agosto y dos de septiembre, ambos de dos mil veintiuno, dictados por el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, se ordenó la formación del expediente impreso y electrónico correspondiente a la contradicción de tesis PC01.I.A.25/2021.C.
Se precisó que el promovente de la contradicción, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, señaló que fue parte en los juicios de los cuales derivan los criterios que motivan la contradicción, por lo que se solicitó a la presidencia de los Tribunales Colegiados Sexto y Décimo Sexto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, que informaran el carácter con el que se ostentó tal autoridad en los citados asuntos, a efecto de determinar si quien suscribe la denuncia fue parte en esos juicios; ello, con la finalidad de determinar si es parte legitimada conforme al artículo 227, fracción III, en relación con el diverso 226, fracción III, ambos de la Ley de Amparo.
TERCERO.—Mediante acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno se tuvo por recibido el oficio en el que la entonces Magistrada presidenta del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informó que el denunciante de la contradicción reviste el carácter de parte en el asunto de su conocimiento; por ende, se admitió la denuncia de posible contradicción de criterios y se solicitó a la Magistrada citada en líneas precedentes el informe en cuanto a la vigencia de su criterio.
CUARTO.—Por oficio DGCCST/X/318/09/2021, de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comunicó al Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito que, a través del diverso SGA/GVP/458/2021, de veintiocho del propio mes y año, la Secretaría General de Acuerdos del Alto Tribunal informó que, de la revisión a su base de datos, advirtió que no se encuentra radicada alguna contradicción de tesis en la que el tema a dilucidar guarde relación con:
"DETERMINAR SI UN ACTO O RESOLUCIÓN SUBSTANCIADA AL AMPARO DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA Y EN CONSECUENCIA SI ES POSIBLE SU IMPUGNACIÓN A TRAVÉS DEL JUICIO DE NULIDAD."
QUINTO.—Por acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, al advertirse que faltaba el informe del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se solicitó a la presidencia del mencionado órgano jurisdiccional el informe relativo a la vigencia de su criterio o, en su caso, la causa que tuvo para tenerlo por superado o abandonado; así como el archivo de la ejecutoria respectiva.
SEXTO.—Mediante proveído de tres de enero de dos mil veintidós, se precisó que al admitir a trámite la contradicción de que se trata se solicitó a las presidencias de los Tribunales Décimo Sexto y Sexto en Materia Administrativa del Primer Circuito la remisión de los archivos digitales que contuvieran la ejecutoria que pronunciaron a la cuenta del correo electrónico del Pleno para la debida integración del expediente; y toda vez que a la fecha de emisión del citado acuerdo obraba tanto el informe como la ejecutoria emitida por el Sexto Tribunal Colegiado mencionado, se requirió únicamente al Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el informe y ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo D.A. 30/2021, a fin de continuar con el trámite de integración correspondiente.
SÉPTIMO.—Por acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil veintidós el Magistrado presidente del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, rindió el informe solicitado y envió la versión digitalizada de la sentencia dictada en el juicio de amparo directo D.A. 30/2021, de su índice, al mencionado correo electrónico.
OCTAVO.—En proveído de cinco de abril de dos mil veintidós, se turnó el expediente virtual a la Magistrada María Elena Rosas López, integrante del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de posible contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada, en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, que regula la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, con sus modificaciones, y con la circular SECNO/17/2021, de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal (que determina, en lo que interesa, que los Plenos de Circuito continuarán ejerciendo sus atribuciones hasta en tanto entren en funciones los Plenos Regionales), al haberse planteado una probable contradicción entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Circuito Judicial.
SEGUNDO.—La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al haber sido formulada por una de las partes en los juicios de amparo directo cuyos criterios contienden.
TERCERO.—Para determinar si se actualiza la contradicción de criterios, es útil informar, en primer lugar, respecto de las consideraciones sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 72/2010, cuyo rubro y texto se transcriben a continuación:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias,’ entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
(Registro digital: 164120. Jurisprudencia P./J. 72/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Novena Época, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7).
De acuerdo con la jurisprudencia transcrita, para que exista contradicción de tesis basta que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, a condición de que tales variaciones o diferencias no incidan o sean determinantes para el problema jurídico a resolver.
También sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 22/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los Tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."
(Registro digital: 165077. Jurisprudencia 1a./J. 22/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Novena Época, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 122).
Como se observa, para estimar existente una contradicción de tesis, es necesario que los órganos judiciales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que los aspectos fácticos que lo rodean no sean exactamente iguales, es decir, que emitan diversa solución a una problemática jurídica semejante mediante un determinado ejercicio interpretativo.
En ese orden de ideas, para definir si existe la contradicción entre los criterios objeto de la denuncia, se estima oportuno dar noticia de la parte considerativa, en la parte que interesa, adoptada por los órganos colegiados contendientes:
1. Criterio del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver, el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, el juicio de amparo directo D.A. 267/2020:
"SEXTO. Antecedentes
"Mediante escrito presentado el doce de diciembre de dos mil diecinueve,********** promovió juicio de nulidad en contra (sic): a) Resolución de treinta de agosto de dos mil diecinueve, dictada dentro del procedimiento administrativo de investigación de verificación patrimonial **********, emitida por el director de Verificación Patrimonial ‘B’, adscrito a la Dirección General Adjunta de Verificación Patrimonial, de la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial, de la Secretaría de la Función Pública; y b) el procedimiento administrativo llevado a cabo para determinar que no fue aclarado el importe de ********** (**********), por lo que ordenó remitir el expediente a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría, a fin de que determinara respecto de la presentación de la denuncia correspondiente, ante el Ministerio Público de la Federación.
"Del asunto tocó conocer a la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, habiendo sido registrado el asunto con la numeración **********, y, previo requerimiento relativo a la exhibición de la resolución impugnada, en auto de cinco de febrero de dos mil veinte, su Magistrada instructora acordó desechar la demanda de nulidad, por improcedente, ‘...toda vez que del análisis practicado a la resolución de conclusión de fecha 30 de agosto de 2019, dictada dentro del procedimiento administrativo de investigación de verificación patrimonial número **********, emitida por el director de Verificación Patrimonial «B», adscrito a la Dirección General Adjunta de Verificación Patrimonial de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública, se advierte que la misma no constituye una resolución definitiva o acto de autoridad que pueda ser impugnado ante este Tribunal en términos del artículo 3o. de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, toda vez que la procedencia del juicio contencioso administrativo federal tiene como presupuesto necesario la existencia de una resolución definitiva que afecte el interés jurídico del demandante y que, además, actualice alguna de las hipótesis previstas en el propio precepto legal de referencia; lo cual no ocurre en la especie, ya que en la resolución antes descrita únicamente se concluye la verificación patrimonial del **********, por lo que estamos ante la presencia de una resolución que carece del principio de definitividad, pues en el caso en específico, únicamente sería impugnable la resolución definitiva que se emitiera en el procedimiento administrativo que en su caso se le haya iniciado. ...’
"Inconforme con dicha resolución, el actor, ********** interpuso recurso de reclamación, el cual fue admitido en auto de veintiséis de febrero de dos mil veinte, y resuelto en sentencia de diecisiete de agosto de dos mil veinte, en el sentido de confirmar el auto recurrido en el recurso de reclamación, y desechar la demanda de nulidad, con base en las consideraciones siguientes:
"• Que la resolución impugnada concluyó la verificación patrimonial de la parte actora, determinando la existencia de un incremento en su patrimonio que no es explicable o justificable, por lo que resultó procedente el envío del expediente a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, para que en el ámbito de su competencia, determinara lo que en derecho correspondiera.
"• Que, por tanto, dicha resolución impugnada no se trataba de una resolución administrativa que pone fin a un procedimiento resuelto conforme a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ni tampoco se trata de una manifestación aislada que refleje la última voluntad de dicha institución, dado que mediante la misma únicamente se le informó a la accionante que se concluía con una fase de la investigación que correspondía a la verificación patrimonial del ahora promovente y que se enviará para su estudio, a la Unidad de Asuntos Jurídicos.
"• Que, por tanto, la resolución impugnada no afecta el interés jurídico de la parte actora, por tratarse únicamente de una resolución mediante la cual se le informa que ha concluido la verificación patrimonial, dentro del procedimiento administrativo de investigación de verificación patrimonial y, por ende, no se actualizaba la hipótesis prevista en la fracción XII del artículo 3o. de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
"• Que no obstaba lo aducido por el quejoso en cuanto a que el acuerdo recurrido es violatorio de los derechos humanos, pues en ningún momento se le niega el acceso a la justicia, únicamente se le está dando a conocer a la parte actora que la resolución que pretende impugnar no es una resolución administrativa que ponga fin a un procedimiento, ni tampoco se trata de una manifestación aislada que refleje la última voluntad de dicha institución, por lo que en todo caso en el momento en que la Unidad de Asuntos Jurídicos emita una resolución definitiva que cause un perjuicio al interés jurídico de la parte actora, podría ser susceptible de impugnar dicha resolución.
"• Que, contrario a lo referido, no se contraviene el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva, ya que la jurisdicción al tribunal se trata de un mecanismo de jurisdicción restringida, cuya procedencia está condicionada a que los actos administrativos constituyan resoluciones definitivas y que se encuentren mencionadas dentro de la hipótesis de procedencia que señala el citado artículo 3o. de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ‘...aclarando que, aun cuando dicho precepto señala que tendrán el carácter de resoluciones definitivas aquellas que no admitan recurso o admitiéndolo sea optativo, es contrario a derecho determinar el alcance de la definitividad para efectos del juicio contencioso administrativo.’ "• Por último, la Sala concluyó que, si bien es cierto que resultaba importante salvaguardar el principio pro persona, esto es que, como juzgador debe existir un margen de interpretación, dicho principio no alcanza a cambiar la ley, que es lo que la actora pretende.
"Sentencia que es materia de estudio en el presente amparo directo.
"SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación.
"En el concepto de violación primero, la quejosa aduce, en esencia, que la sentencia reclamada carece de la debida fundamentación y motivación.
"En los conceptos de violación segundo, tercero, cuarto y parte del quinto, razona que, contrario a lo resuelto, la resolución impugnada dictada dentro del procedimiento administrativo de investigación de verificación patrimonial, constituye una resolución definitiva que afecta el interés del quejoso, en términos de lo establecido en los artículos 3o., fracciones II y XIX, 29, 30, 31, y 36, fracción I, del Código Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
"Razona que ello es así, toda vez que no es un acto previo, sino que pone fin a la actuación administrativa produciendo efectos jurídicos, ya que remite el expediente administrativo a la Unidad de Asuntos Jurídicos para fincar una responsabilidad al quejoso, por el incremento no explicable o justificable en su patrimonio, con independencia de que la denuncia llegue a presentarse en el ámbito de su competencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 37, último párrafo, de la Ley Federal (sic) de Responsabilidades Administrativas, aplicable al procedimiento de verificación patrimonial, ya que precisamente le corresponde a dicha autoridad la representación legal, así como la facultad de presentar denuncias, y no la de analizar o estudiar el procedimiento administrativo sancionatorio respectivo, que le corresponde a diversa Unidad.
"Que la resolución que determina el presunto incremento no explicable o justificable en su patrimonio, no se trata de un acto administrativo de mero trámite, sino de un acto de autoridad unilateral y definitivo, al determinar una afectación jurídica entre el quejoso y la autoridad fiscalizadora, por la determinación de un presunto incremento en cantidad líquida, e incluso, por la presentación de una denuncia por infracción a las normas administrativas federales.
"Refiere, que el procedimiento administrativo de verificación patrimonial se llevó a cabo mediante una serie de etapas que culminaron con la resolución impugnada, por lo que en su contra procede el juicio contencioso administrativo.
"Igualmente razona, que el acto impugnado satisface los requisitos previstos por el artículo 3o. de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en virtud de que derivó del procedimiento señalado en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y produce efectos jurídicos, máxime que la autoridad que llevó a cabo el procedimiento fiscalizador emitió juicio de valor con relación a los elementos de prueba aportados, para acreditar el supuesto incremento de su patrimonio, consistentes en las documentales y determinaciones realizadas por el personal de la autoridad demandada.
"Para determinar lo conducente, conviene tener presente lo dispuesto en los artículos 30, 36, 37, y 41, primer párrafo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores públicos, y 76, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, que es la normativa que fundamentó la resolución impugnada, son del contenido que textualmente señala:
"‘Artículo 30. (Se transcribe).’
"‘Artículo 36. (Se transcribe).’
"‘Artículo 37. (Se transcribe).’
"‘Artículo 41. (Se transcribe).’
"‘Artículo 30. (Se transcribe).’
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública
"‘Artículo 76. (Se transcribe).’
"De los numerales transcritos se desprende que, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Secretaría de la Función Pública y órganos internos de control, según sea el caso, podrá llevar a cabo investigaciones o auditorías para verificar la evolución patrimonial de los servidores públicos; y cuando exista alguna anomalía, iniciarán la investigación que corresponda, y se le solicitará sea aclarado el origen de dicho enriquecimiento.
"También se observa que, de no justificarse la procedencia de dicho enriquecimiento, las Secretarías y los órganos internos de control procederán a integrar el expediente correspondiente para darle trámite conforme a lo establecido en esta ley, y formularán, en su caso, la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.
"Asimismo, se desprende que las Secretarías y los órganos internos de control, según corresponda, tendrán la potestad de formular la denuncia al Ministerio Público, en su caso, cuando el sujeto a la verificación de la evolución de su patrimonio no justifique la procedencia lícita del incremento notoriamente desproporcionado de éste, representado por sus bienes, o de aquellos sobre los que se conduzca como dueño, durante el tiempo de su empleo, cargo o comisión.
"De igual forma, se prevé que las Direcciones de Verificación Patrimonial A, B (como lo es la autoridad demandada), C y D, respecto de los asuntos que les sean encomendados, tienen entre otras atribuciones, la de emitir el acuerdo por el que se determina el envío a la Unidad de Asuntos Jurídicos, del expediente integrado con motivo de la investigación realizada para verificar la evolución del patrimonio del servidor público, para efectos de la presentación de la denuncia que corresponda cuando no se justifique la procedencia del enriquecimiento, como ocurre en el fallo impugnado.
"Ahora bien, en la resolución impugnada, emitida el treinta de agosto de dos mil diecinueve, por el director de Verificación Patrimonial ‘B’, de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, de la Secretaría de la Función Pública, en el procedimiento de verificación patrimonial del quejoso, expediente **********, se determinó lo siguiente:
"En mérito de lo expuesto, es menester citar lo previsto en el artículo 37 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, respecto a las acciones a seguir por parte de esta autoridad administrativa como consecuencia de que ********** no explicó o justificó el incremento en su patrimonio en virtud de su remuneración como servidor público en el cargo de director de Administración en ********** en el periodo comprendido del quince de diciembre de dos mil doce al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, es por un monto total de **********. ...
"En ese sentido, de conformidad con los razonamientos lógico jurídicos asentados, esta autoridad determina que es procedente remitir el presente expediente a la Unidad de Asuntos Jurídicos de esta Secretaría, a fin de que en el ámbito de su competencia determine respecto de la presentación de la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público de la Federación, lo anterior, de conformidad con los artículos 37 y 41 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en relación con lo dispuesto en los artículos 221, 222 y 224 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 16, fracción XVII y 25, fracción I, del Reglamento Interior de esta Secretaría de la Función Pública.
"Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, es de acordarse y se:
"ACUERDA
"PRIMERO.—Por las consideraciones lógico jurídicas vertidas a lo largo del Considerando Séptimo, se determina que ********** presenta un presunto incremento en su patrimonio que no es explicable o justificable en virtud de su remuneración como servidor público en el cargo de director de Administración **********, en el periodo comprendido del quince de diciembre de dos mil doce al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, por un monto total de ********** (**********), por lo que resulta procedente el envío del presente expediente a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, para que en el ámbito de su competencia determine lo que en derecho corresponda.
"SEGUNDO.—Al haberse agotado la verificación al patrimonio de **********, llévense a cabo las anotaciones conducentes en el sistema de control interno de la Dirección General Adjunta de Verificación Patrimonial, con la finalidad de que se tenga por total y definitivamente concluido. ...
"De lo anterior se desprende, que el director de Verificación Patrimonial ‘B’, de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, resolvió en definitiva, el procedimiento administrativo de verificación patrimonial seguido en contra del quejoso, determinando que **********, presentó un presunto incremento en su patrimonio que no era explicable o justificable, por lo que resultaba procedente el envío del expediente a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, para que en el ámbito de su competencia determinara lo que en derecho corresponda, a fin de que, en su caso, formulara la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.
"De igual forma, se precisó en el fallo impugnado, que al haberse agotado la verificación al patrimonio de **********, se llevarían a cabo las anotaciones conducentes en el sistema de control interno de la Dirección General Adjunta de Verificación Patrimonial, con la finalidad de que se tuviera por total y definitivamente concluido.
"De lo que se puede concluir que la resolución impugnada puso fin al procedimiento administrativo de verificación patrimonial del quejoso.
En efecto, si bien es cierto que el procedimiento administrativo en estudio no concluye con una resolución que imponga alguna sanción al servidor público investigado, no puede desconocerse que al efectuarse la declaratoria desc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30935-e31f2b1e/juicio-de-nulidad-la-resolucion-emitida-en-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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