PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO. LOS ARTÍCULOS 39, 70, FRACCIÓN II, 153, FRACCIÓN XIX Y CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL INSTITUTO RELATIVO, REFORMADOS Y ADICIONADOS MEDIANTE DECRETO 28439/LXII/21, CONSTITUYEN UN SISTEMA NORMATIVO COMPLEJO DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA. PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO. LOS ARTÍCULOS 39, 70, FRACCIÓN II, 153, FRACCIÓN XIX Y CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL INSTITUTO RELATIVO, REFORMADOS Y ADICIONADOS MEDIANTE DECRETO 28439/LXII/21, VIOLAN EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL.
AMPARO EN REVISIÓN 362/2022. GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO Y OTROS. 11 DE OCTUBRE DE 2022. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GERARDO VÁZQUEZ MORALES. SECRETARIA: ANA ALICIA CIPRÉS VILLA.
CONSIDERANDO:
OCTAVO.—Estudio. Los agravios planteados son en parte infundados y en otra inoperantes.
• De la sentencia recurrida se desprende lo siguiente:
En el considerando quinto, como cuestión preliminar y acorde con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito procedió al estudio de las causas de improcedencia.
Atendiendo la planteada por las autoridades del Congreso del Estado de Jalisco y el Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado, en el sentido de que la parte quejosa carecía de interés jurídico y, por tanto, se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, debido a que reclamó una posible afectación a su pensión derivada de la aprobación de la reforma contenida en el Decreto 28439/LXII/21, en tanto el perjuicio que alega no es inminente, pues su aplicación se encuentra condicionada a lo que dispone el numeral 153, fracción XIX, de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, sino que resultaba indispensable que exista un acto emitido de manera unilateral y coercitivo de las autoridades señaladas como responsables, pues sólo de esta manera se podría analizar si los actos emitidos le causan un agravio, considerando que el contenido de los artículos del Decreto 28439/LXII/21, referente a las reformas en materia de pensiones del Estado, son de carácter heteroaplicativo o de individualización condicionada, pues las obligaciones de hacer o no hacer que imponen no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que requieren de un acto diverso, por lo que asegura que si no se ha configurado un acto de aplicación, no es suficiente el mero señalamiento de que la parte quejosa se colocará bajo su hipótesis y, por lo tanto, se le aplicará, pues hasta que la norma jurídica afecte su esfera jurídica será cuando se acredite el interés que le asiste para interponer el juicio de amparo.
Argumentos que el Juez Federal calificó de infundados, al considerar que tratándose del juicio de amparo contra leyes, para distinguir entre disposiciones autoaplicativas y heteroaplicativas, debe acudirse al concepto de individualización incondicionada desarrollado por la tesis jurisprudencial P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA."
Precisó que de la lectura de los preceptos reclamados que integran el decreto reclamado se advertía, entre otras cuestiones, lo siguiente:
a) Se modifica el monto de las pensiones que otorga el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco para establecer un tope máximo de treinta y nueve veces el valor de la unidad de medida y actualización elevado al mes, lo que para el año dos mil veintiuno, fecha en que entró en vigor la reforma, corresponde a la suma de $********** (**********/100 moneda nacional).
b) Se dota al consejo directivo la facultad de modificar y reducir por causa de utilidad pública el monto de las pensiones.
c) Se establece que todas las pensiones y prestaciones que se hayan otorgado bajo la vigencia de la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco, contenida en el Decreto Número 12697, del veintidós de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, se regirán por la norma vigente.
d) Se prevé que serán materia de modificación y reducción por causa de utilidad pública las pensiones que se encuentren vigentes y las futuras que se otorguen y que las pensiones que excedan el monto establecido deberán modificarse de manera oficiosa para adecuarse al máximo estipulado.
e) Se instruye al Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco para que dentro del plazo de noventa días modifique y adecue las pensiones vigentes al límite de cuantía establecido, a efecto de nivelar el monto conforme al tope determinado.
Conforme a lo expuesto, determinó que tales preceptos pertenecen a un sistema normativo destinado a adecuar o ajustar las pensiones otorgadas por el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, por virtud del cual los pensionados del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco recibirán sus pensiones.
Precisó que, en el caso, el quejoso allegó al presente juicio constancia expedida por la directora general de Prestaciones del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, emitida el diez de septiembre de dos mil veintiuno, en la que hace constar que el quejoso es pensionado de dicha institución por jubilación, con patente **********, a partir del uno de septiembre de dos mil diecisiete; asimismo, que a la fecha en que se emitió la certificación el importe mensual de su pensión era de $********** (********** moneda nacional); documento, con el cual tuvo por acreditado que el quejoso a la fecha en que entró en vigor la reforma legal es un pensionado por jubilación del instituto, y que el monto que percibe es superior al límite que prevé la fracción II del artículo 70.
Por tal motivo, el Juez Federal estimó que en términos de lo dispuesto por el artículo sexto transitorio, el Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco deberá modificar y adecuar dicha pensión al límite de cuantía establecido, la cual tendrá como máximo un límite inferior al que venía percibiendo, lo que indiscutiblemente tiene como consecuencia que la adecuación sucederá en dicho plazo y que traerá una reducción a sus percepciones.
Señaló que no le pasaba inadvertido que la fracción XIX del artículo 153 modificado disponga que para la modificación y reducción de una pensión se requerirá estudio actuarial que lo justifique; sin embargo, aun cuando se contemple ello, indefectiblemente en el plazo de noventa días el quejoso tendrá una reducción de su pensión a un nivel menor al que percibe, pues por sí misma excede del límite que prevé la fracción II del artículo 70.
Que conforme a lo anterior, la norma tenía el carácter de autoaplicativa para todos los pensionados cuya remuneración supere dicho límite; de ahí que el quejoso sí tiene interés jurídico y no se está frente a normas heteroaplicativas, por lo que no se actualizaba la causa de improcedencia analizada.
Enseguida, en el considerando sexto el Juez Federal consideró que al no existir diversa causa de improcedencia que las partes hagan valer o que se advierta de oficio, procedía el estudio de los conceptos de violación.
Determinó calificar de fundado el concepto de violación a través del cual el quejoso controvirtió el ámbito temporal de validez de la reforma, lo que señaló tornaba innecesario el análisis de los restantes en virtud del efecto que tendría la concesión solicitada.
Precisó que en el caso, la parte quejosa toralmente argumenta que ha adquirido derecho a recibir una pensión en los términos que lo estableció la ley vigente al momento en que se incorporó su derecho pensionario, por lo que no puede reducirse o restringirse sin que ello implique la transgresión al principio de irretroactividad de la norma, por un lado, y la restricción de un derecho fundamental por otro, sin que en el caso se satisfaga el test de proporcionalidad necesario para ello.
Inicialmente señaló que el artículo 14, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como ámbito temporal de validez del sistema jurídico mexicano, (sic) y que de tal se deducían las reglas siguientes: a) Las normas sólo regirán para hechos futuros. b) Las normas nunca regirán sobre hechos anteriores, cuando sea en perjuicio. c) Las normas podrán regir sobre hechos anteriores, sólo cuando sean en beneficio.
Que dichas reglas tienden a satisfacer uno de los fines primordiales del derecho, la seguridad jurídica, por lo cual, su aplicación aparentemente no presenta mayores dificultades, pues resulta claro que las leyes únicamente rigen durante su periodo de vigencia y, por ende, sólo pueden regular los hechos que se produzcan entre la fecha de su entrada en vigor y la de su abrogación o derogación; que no obstante lo anterior, cuando se trata de llevar a la práctica este principio, se suscitan diversos problemas que revisten gran complejidad, y pueden ser reducidos a los dos siguientes:
"a) Los medios jurídicos no siempre producen sus efectos instantáneamente; existe una infinidad de relaciones jurídicas que se conocen como de tracto sucesivo, las cuales tienen la característica de prolongar sus efectos a lo largo del tiempo, en algunas ocasiones indefinidamente. Estas relaciones jurídicas se constituyen de conformidad con las prescripciones de una determinada ley y pueden seguir produciendo consecuencias después de que esta ley ha sido sustituida por nuevos ordenamientos. Por esta razón, es necesario dilucidar si la ley antigua, a pesar de haber perdido su vigencia, debe regular los efectos que se sigan causando –ultractividad de la norma– o si, por el contrario, es la nueva ley la encargada de regular dichas consecuencias, considerando que éstas se producen después de que había entrado en vigor. En otros términos, hay que determinar el alcance exacto del principio de irretroactividad, estableciendo en qué casos se puede considerar que una ley es aplicada retroactivamente; y,
"b) La evolución de un sistema jurídico exige nuevas normas que satisfagan de mejor manera las cambiantes necesidades económicas, políticas y culturales de una comunidad. Estas nuevas normas contribuyen a la eliminación de prácticas e instituciones sociales que se consideran injustas o inconvenientes. Por esta razón, la aplicación retroactiva de la ley es frecuentemente un instrumento legítimo de progreso social y, por lo tanto, se plantea el problema de determinar desde el punto de vista jurídico cuáles deben ser las excepciones al principio de irretroactividad de la ley."
Que para solucionar los problemas anteriormente descritos la doctrina ha elaborado numerosas teorías; entre las principales y jurisdiccionalmente empleadas se encuentran los derechos adquiridos y las expectativas de derechos, así como los componentes de la norma jurídica.
Que de conformidad con las teorías que existen sobre los derechos adquiridos (que redundan en la irretroactividad de las leyes), debe distinguirse entre los derechos adquiridos y las expectativas de derechos, de manera que el derecho adquirido es definible cuando el acto realizado introduce un bien, una facultad o un aprovechamiento al patrimonio de una persona y ese hecho ya no puede afectarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario, esto es, el titular del derecho dispone a cabalidad del mismo. En cambio, la expectativa de derecho es una esperanza o una pretensión de que se realice una determinada situación jurídica, pero que no entra al patrimonio de la persona.
De forma que la ley es retroactiva cuando trata de modificar o destruir los derechos que una persona adquirió bajo la vigencia de la ley anterior, porque esos derechos ya habían entrado en su patrimonio o esfera jurídica, pero no sucede lo mismo cuando se trata de expectativas de derechos.
Agrega que de acuerdo con la teoría de los componentes de la norma debe advertirse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, en el que si el supuesto se realiza, la consecuencia debe producirse, generándose así los derechos y obligaciones correspondientes; sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo, por lo que para que se pueda analizar la retroactividad o irretroactividad de las normas es conveniente analizar las siguientes hipótesis que pueden llegar a generarse a través del tiempo:
a) Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan de modo inmediato el supuesto y la consecuencia en ella regulados no se puede variar, suprimir o modificar ese supuesto o consecuencia, sin violar el principio de irretroactividad de las normas, toda vez que ambos nacieron a la vida jurídica con anterioridad a la entrada en vigor de una nueva ley.
b) Cuando la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas, si el supuesto y algunas de las consecuencias se realizan bajo la vigencia de una ley, quedando pendientes algunas de las consecuencias jurídicas al momento de entrar en vigor una nueva disposición jurídica, dicha ley no podría modificar el supuesto ni las consecuencias ya realizadas.
c) Cuando la realización de alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior no se producen durante su vigencia, pero cuya realización no depende de los supuestos previstos en esa ley, sino únicamente estaban diferidas en el tiempo por el establecimiento de un plazo o término específico; en este caso la nueva disposición tampoco podría suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, toda vez que estas últimas no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley.
d) Cuando para la ejecución o realización de las consecuencias previstas en la disposición anterior, pendientes de producirse, es necesario que los supuestos señalados en la misma se realicen después de que entró en vigor la nueva norma, tales consecuencias deberán ejecutarse conforme a lo establecido en ésta, en atención a que antes de la vigencia de dicha ley no se actualizaron ni ejecutaron ninguno de los componentes de la ley anterior (supuestos y consecuencias acontecen bajo la vigencia de la nueva disposición).
Con respecto a lo anterior, invocó la jurisprudencia P./J. 123/2001, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA."
Señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tomado en consideración como parámetros para determinar un conflicto de leyes, las teorías antes citadas, es decir, la de los derechos adquiridos, de las expectativas de derechos y la de los componentes de la norma jurídica, como son: el supuesto y su consecuencia.
Que conforme a la primera teoría, para determinar si los preceptos impugnados son o no violatorios de la garantía mencionada, es necesario precisar, en primer lugar, si el quejoso tenía ya dentro de su haber jurídico los derechos y prestaciones a los que aluden o se trataba sólo de una expectativa de derecho.
Precisó que conforme a lo anterior, para estar en posibilidad de determinar si una disposición normativa es violatoria de lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución General de la República, con base en la teoría de los componentes de la norma, es menester tener en cuenta los distintos momentos en que se realiza el supuesto o supuestos jurídicos, la consecuencia o consecuencias que de ellos derivan y la fecha en que entra en vigor la nueva disposición.
Esto es, una norma transgrede el precepto constitucional antes señalado cuando la ley trata de modificar o alterar derechos adquiridos o supuestos jurídicos y consecuencias de éstos, que nacieron bajo la vigencia de una ley anterior, lo que, sin lugar a dudas, conculcaría en perjuicio de los gobernados ese derecho fundamental, pero que no sucede cuando se está en presencia de meras expectativas de derecho o de situaciones que aún no se han realizado, o consecuencias no derivadas de los supuestos regulados en la ley anterior, pues en esos casos sí se permite que la nueva ley las regule.
Que una norma general trastocará la regla de irretroactividad de la ley contemplada en el artículo 14 constitucional cuando modifique o altere derechos adquiridos o supuestos jurídicos y las consecuencias de éstos, que nacieron bajo la vigencia de una ley anterior, situación que excluye la posibilidad de que pueda considerarse retroactiva la ley que regula expectativas de derecho o situaciones que aún no se han realizado o consecuencias no derivadas de los supuestos regulados en la ley anterior.
Acotó que de acuerdo con las teorías destacadas, la pensión que se otorga a los trabajadores no es un derecho que adquieran al momento de comenzar a laborar, dado que su otorgamiento está condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos futuros; por lo cual, la modificación de un marco jurídico de las pensiones no puede considerarse retroactivo por sí sólo, pues debe entenderse que sus efectos son hacia el futuro, en virtud de lo siguiente:
"i. Los trabajadores que inicien labores con posterioridad al inicio de la vigencia de la reforma respectiva no han generado supuesto alguno bajo el régimen anterior; de ahí que su situación se encuentre regulada en su totalidad por el nuevo acto legislativo y, por ende, pueda ser objeto de regulación en los términos que se prevean.
"ii. Los trabajadores que con anterioridad al inicio de la vigencia de la reforma cumplieron los requisitos establecidos para la pensión, su situación jurídica en relación con dicha prestación se encuentra constituida bajo el régimen anterior, por lo que no resultan aplicables los nuevos requisitos.
"iii. Los trabajadores que iniciaron labores con anterioridad a la modificación del sistema de seguridad social, pero que no cumplieron con los requisitos para su pensión del régimen anterior, sólo contaban con una expectativa de derecho, por lo que la modificación de los requisitos en sí misma no puede considerarse retroactiva."
Precisó que del decreto reclamado se observaban las siguientes premisas básicas: 1. La pensión máxima total que se pague a una persona no podrá ser superior a treinta y nueve veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización elevado al mes –artículo 70, fracción II–. 2. El consejo directivo tendrá la atribución de modificar o reducir el monto de las pensiones para adecuarlas a lo establecido en los artículos 39 y 70, fracción II –numeral 153, fracción XIX–. 3. Todas las pensiones y prestaciones que se hayan otorgado bajo la vigencia de la ley abrogada (Ley de Pensiones del Estado de Jalisco, contenida en el Decreto Número 12697 del 22 de diciembre de 1986), pasarán a regirse por la legislación vigente, exclusivamente para los efectos de nivelar el monto establecido en el decreto –sexto párrafo del artículo cuarto transitorio del Decreto 22862/LVIII/09–. 4. Transitorios: a. Se derogan las disposiciones que se opongan –segundo–. b. El Instituto de Pensiones del Estado tendrá treinta días hábiles para presentar los proyectos de reforma a las disposiciones reglamentarias del instituto para adecuarlas al decreto –tercero–. c. Serán materia de modificación y reducción por causa de utilidad pública las pensiones que se encuentren vigentes y las futuras que se otorguen –cuarto–. d. Las pensiones que excedan el monto establecido en el artículo 70, fracción II, deberán modificarse de manera oficiosa para adecuarse al máximo estipulado, con la consecuente reestructura de créditos, préstamos y demás obligaciones –quinto–. e. Se instruye al consejo directivo para que dentro del plazo de noventa días modifique y adecue las pensiones vigentes al límite establecido, a efecto de nivelar el monto conforme al tope establecido en el artículo 70, fracción II –sexto–.
En tanto que en el juicio de amparo quedó acreditado que el quejoso percibe desde el uno de septiembre de dos mil diecisiete una pensión por edad avanzada, cuyo importe mensual en el dos mil veintiuno ascendió a la suma de $********** (********** pesos **********/100 moneda nacional), lo cual reveló que dicha pensión se encuentra por encima del valor de treinta y nueve veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización elevada al mes correspondiente tanto al propio año dos mil veintiuno, lo que es indicativo de que encuadra como sujeto destinatario de la normativa general impugnada.
En consecuencia, determinó que era de establecerse válidamente que son inconstitucionales los dispositivos legales reclamados, en la medida que violan en su perjuicio el derecho a la no retroactividad de la ley tutelado en el artículo 14 de la Carta Magna, toda vez que los numerales 70, fracción II y 153, fracción XIX, de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, transitorios segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto del Decreto 28439/LXII/21, así como el sexto párrafo del artículo cuarto transitorio del diverso Decreto 22862/LVIII/09, inciden sobre los derechos de trabajadores que previo a su entrada en vigor, tenían reconocido el carácter de pensionados por el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, al sujetarlos a que se adecue su pensión a un monto que no exceda treinta y nueve veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización elevado al mes, lo que se traduce en una reducción en el monto de su pensión, pese a que ese derecho ingresó en su patrimonio como un derecho legítimamente adquirido. Que en términos de lo previsto por el ordinal 3o., fracción XII, de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, pensionado es la persona física que habiendo sido afiliada obtuvo el otorgamiento de una pensión prevista en esa legislación, previo acuerdo del consejo directivo y una vez cumplidos los requisitos aplicables al caso; de manera que la pensión es el derecho pecuniario para el pago periódico y vitalicio que reciben las personas señaladas por esa ley por concepto de jubilación, edad avanzada, invalidez, viudez y orfandad, en los términos y con las condiciones y excepciones establecidas en la propia ley.
Por tales motivos, estableció que los preceptos reclamados no afectaban meras expectativas de derecho, sino que operaban sobre derechos que les fueron reconocidos a los pensionados por la respectiva dependencia, en el caso, al trabajador quejoso que adquirió los derechos derivados de su pensión, como es precisamente el monto de ésta en los términos y proporción que se indicaba en la ley vigente en la época en que el derecho a pensionarse y los derechos derivados de su pensión ingresaron a su patrimonio como derechos legítimamente adquiridos.
Agregó que tratándose de las relaciones de servicio que se rigen por el apartado B del artículo 123 constitucional, a saber, las que surgen entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores, la jubilación constituye una prestación de seguridad social consagrada constitucionalmente a favor de los trabajadores; por lo cual, si bien las condiciones y cuantías en que opere ese derecho adquirido conforme a las leyes aplicables, pueden ser superadas mediante acuerdos, convenios o por la propia ley, en virtud de que las normas laborales sólo consagran los derechos mínimos de que deben disfrutar los trabajadores con motivo de la relación de trabajo; sin embargo, no es factible considerar que sea válido que el legislador emita una nueva normativa en perjuicio del trabajador jubilado o pensionado que reduzca o cercene cualquiera de los derechos adquiridos y derivados de la pensión obtenida conforme a una disposición anterior.
Ello en razón de que tal eventualidad implica la transgresión al derecho fundamental de irretroactividad de la ley que consagra el artículo 14 constitucional, en términos de lo que se ha considerado como "derechos adquiridos" por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues la prohibición de dar efectos retroactivos a las leyes se dirige tanto al legislador como a los diversos órganos encargados de llevar a cabo su aplicación o ejecución y se traduce en el principio de que las leyes sólo deben ser aplicables a los hechos ocurridos durante su vigencia.
Concluyó que las autoridades responsables efectivamente violaron lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al desconocer la cuantía de las pensiones otorgada a personas conforme a la normativa anterior y ordenar que se recalculen y ajusten sus pensiones conforme al nuevo sistema normativo pensionario, si en cuenta se tiene que la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, en específico, los artículos 70, fracción II y 153, fracción XIX, al igual que el sexto párrafo del artículo cuarto transitorio del Decreto 22862/LVIII/09, así como los transitorios segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto del Decreto 28439/LXII/21 reclamado, transgreden el principio de no retroactividad de la ley, al desconocer y modificar los derechos pensionarios del peticionario del amparo, que adquirió durante la vigencia de la ley abrogada.
En consecuencia, en el considerando séptimo fijó los efectos de la protección constitucional, precisando que de conformidad con los artículos 74 y 77 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables debían:
• Desincorporar de la esfera jurídica del quejoso el Decreto legislativo 28439/LXII/21, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, por el que se reformaron diversos artículos de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, entre ellos, los artículos 33, primer párrafo, 70 fracción II, 153, fracción XIX, se adicionó un párrafo al artículo 39 y la fracción XX al 153; asimismo, se reformó el sexto párrafo del artículo cuarto transitorio del Decreto 22862/LVIII/09, todos de la ley enunciada.
• Conforme a ello, que ninguna autoridad podrá disminuir en el futuro el monto de la pensión de la parte quejosa obtenida conforme al marco legal anterior y vigente durante el otorgamiento de dicha pensión, aplicando los artículos que se estiman inconstitucionales.
• A efecto de controvertir tales consideraciones, las autoridades responsables recurrentes, en sus respectivos escritos de agravios, plantearon los siguientes argumentos:
1. Congreso del Estado de Jalisco
Primer agravio
La autoridad señalada como responsable aduce que el Juez Federal realizó un indebido análisis de la causal de improcedencia interpuesta por tal autoridad, esto es, la que se refiere a la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la falta de interés jurídico de la parte quejosa para promover juicio de amparo contra actos y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia, lo cual fue desestimado.
Que contrario a lo decidido por el Juez Federal, atendiendo a lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estima que las normas reclamadas no tienen el carácter de autoaplicativas, pues con su sola entrada en vigor no se afecta la esfera jurídica de la parte quejosa, ya que para ello se requiere una condición para que sus efectos pudieran materializarse en su perjuicio, esto es, que se haya modificado su pago de pensión. Ello teniendo en cuenta que el artículo 153 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco dispone en su fracción XIX como atribución del referido instituto, que para modificar y reducir el monto de una pensión, o sea, adecuarla a los términos y condiciones que establecen los artículos 39 y 70, fracción II, del mismo ordenamiento, debe existir un estudio actuarial que lo justifique y que la medida no vulnere el derecho a una pensión digna.
Que por ello, la norma no genera a su destinatario obligaciones concretas de manera automática, sino por el contrario, deben ocurrir ciertas condiciones a parte de encontrarse vinculada conforme a su contenido, o sea no nada más que se encuentra en la hipótesis legal reformada, sino que debe ocurrir diversa condicionante para que le produzca una afectación a su esfera jurídica encontrarse en posibilidad de cuestionar su constitucionalidad.
Que si bien es cierto que la parte quejosa acreditara situarse dentro de los supuestos de jubilación que marca la reforma contenida en el Decreto 28439/LXII/21, también resulta cierto que no acreditó que la sola entrada en vigor del referido decreto legislativo haya ocasionado una afectación directa a su esfera de derechos; de ahí que la distinción para la procedencia del juicio de amparo radique en la actualización de un acto que afecte o restrinja algún derecho adquirido, pues resulta indispensable que para el análisis de constitucionalidad exista un acto emitido de manera unilateral y coercitiva de las autoridades señaladas como responsables, pues es sólo de esta manera cuando podrá analizarse si los actos emitidos en efecto causan algún agravio y, en consecuencia, será hasta ese momento cuando se cumpla con los requisitos para la procedencia de la acción constitucional.
Que el interés jurídico a que se hace mención sólo podrá tener vigencia sobre actos de aplicación de la reforma combatida, esto es, podrán acudir a reclamar su afectación aquellos que demuestren ver afectada su esfera jurídica ante la emisión de un acto en concreto que lesione un derecho adquirido, por lo cual, reitera que el contenido de los artículos del Decreto 28439/LXII/21 referentes a las reformas en materia de pensiones del Estado, son de carácter heteroaplicativo y de individualización condicionada, pues las obligaciones de hacer o no hacer que imponen no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione su aplicación, ya que la ejecución jurídica o material de la norma se encuentra sometida a la realización de ese evento.
Agrega que en el caso no se ha configurado un acto de aplicación para el quejoso, pues no es suficiente el mero señalamiento de que se colocará bajo su hipótesis y, por tanto, se le aplicará, puesto que hasta que la norma jurídica no afecte su esfera jurídica será hasta cuando se acredite el interés jurídico para interponer el amparo en su contra, por lo cual señala que en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el presente juicio es improcedente.
Agrega que no le pasa inadvertido el hecho de que el artículo cuarto del capítulo de transitorios establezca que las pensiones y prestaciones otorgadas se regirán de acuerdo con la legislación vigente, sin embargo, precisa que la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31246-7b3dcb33/pensiones-del-estado-de-jalisco-los-articulos-39 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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