DECRETO NÚMERO 28439/LXII/21 QUE REFORMA LA LEY DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, EN SUS ARTÍCULOS 39, 70, 153, FRACCIÓN XIX Y CUARTO TRANSITORIO. AL TRATARSE DE UNA NORMA DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA, LA AFECTACIÓN A LA PARTE QUEJOSA SURGE CON MOTIVO DE SU ENTRADA EN VIGOR, POR LO QUE NO SE REQUIERE LA EXPEDICIÓN DEL ESTUDIO ACTUARIAL QUE EXIGE EL ARTÍCULO 153, FRACCIÓN XIX, DE LA LEY CITADA, PARA EFECTO DE QUE SE MATERIALICE LA DISMINUCIÓN DE LA PENSIÓN HASTA EL LÍMITE MÁXIMO ESTABLECIDO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 19/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 12 DE DICIEMBRE DE 2022. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JESÚS DE ÁVILA HUERTA, RENÉ OLVERA GAMBOA, JACOB TRONCOSO ÁVILA, ROBERTO CHARCAS LEÓN Y OSCAR HERNÁNDEZ PERAZA. DISIDENTES: MOISÉS MUÑOZ PADILLA Y SILVIA ROCÍO PÉREZ ALVARADO. EL MAGISTRADO MOISÉS MUÑOZ PADILLA FORMULÓ VOTO PARTICULAR AL CUAL SE ADHIRIÓ LA MAGISTRADA SILVIA ROCÍO PÉREZ ALVARADO. PONENTE Y ENCARGADO DEL ENGROSE: JESÚS DE ÁVILA HUERTA. SECRETARIO: JOSÉ FRANCISCO GUTIÉRREZ SANDOVAL.
Zapopan, Jalisco. El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en sesión ordinaria (virtual) correspondiente al doce de diciembre de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA, mediante la cual se resuelve la denuncia de contradicción de criterios 19/2022, entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 66/2022; frente al diverso sostenido por el Séptimo Tribunal Colegiado de esa materia y Circuito, al fallar el amparo en revisión 105/2022; y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de criterios. Mediante oficio 1026/2022, la Magistrada y los Magistrados integrantes del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, formulando –por conducto del secretario de Acuerdos adscrito–, denunciaron una posible contradicción de criterios entre los sustentados por ese órgano jurisdiccional, al resolver el amparo en revisión 66/2022, frente al diverso sostenido por el Primer Tribunal Colegiado de esa especialidad y Circuito, al fallar el amparo en revisión 105/2022.
2. SEGUNDO.—Admisión, trámite y turno de la contradicción de criterios. Mediante auto de seis de septiembre de dos mil veintidós, la presidencia de este Pleno de Circuito admitió a trámite el asunto, registrado como contradicción de criterios 19/2022. Lo anterior, de conformidad con los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, vigentes hasta el once de marzo y siete de junio de dos mil veintiuno, respectivamente, con relación al 9o. del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como al punto de Acuerdo 26/2021 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las "Consultas sobre el funcionamiento de los Plenos de Circuito en relación con la reforma constitucional en materia de Justicia Federal, publicada el 11 de marzo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación".
3. En el auto admisorio se ordenó solicitar a la presidencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que remitiera la resolución recurrida y la ejecutoria que integran el amparo en revisión 105/2022 de su estadística, que informara si aún continuaba vigente el criterio sostenido en ese asunto, o bien, si ha sido superado o abandonado; y de ser el caso, si existiera alguna circunstancia por la cual los asuntos contendientes no hubieran causado ejecutoria, entre otros trámites afines, por la interposición de algún recurso, solicitud de facultad de atracción o reasunción de competencia originaria.
4. Además, la presidencia de este Pleno, con fundamento en los artículos 6o., fracción VI y 14, segundo párrafo, del Acuerdo General 17/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó girar oficio a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que informara sobre la existencia de algún asunto radicado ante el Alto Tribunal del País que guardara relación con la temática planteada en la presente contradicción de criterios.
5. Mediante acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo a la presidencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, como órgano jurisdiccional contendiente, remitiendo las constancias que a continuación se describen:
• Ejecutoria dictada en el amparo en revisión 105/2022 y la sentencia recurrida en ese asunto.
6. En esa determinación también se tuvo a esa presidencia del Tribunal Colegiado de Circuito contendiente, informando que el criterio sostenido en el asunto de su índice continuaba vigente.
7. De igual forma, se tuvo al director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informando que, en términos de la diversa comunicación oficial SGA/GVP/680/2022 de la Secretaría General de Acuerdos del Alto Tribunal del País, de la consulta realizada en el sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver visible en las direcciones electrónicas https://www.scjn.gob.mx y/o https://intranet.scjn.pjf.gob.mx, apartados Plenos, sección de amparos, contradicciones de tesis y demás asuntos, así como de los acuerdos de admisión de las denuncias de contradicción de criterios dictados por el Ministro presidente, no se advirtió algún asunto que guardara relación con la temática de este asunto.
8. Finalmente, mediante proveído de nueve de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó su turno al Magistrado Jesús de Ávila Huerta, adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para que procediera a la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, dentro del término previsto en el artículo 28 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.
9. TERCERO.—Sesión virtual. Este Pleno de Circuito en Materia Administrativa del Tercer Circuito, sesionará y resolverá el presente asunto de conformidad con el "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO.", punto "CUARTO", artículo 30, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, que disponen:
"CUARTO. Se reforman los artículos 2, fracciones II, XII a XIV, XX, XXV y XXXI; 3; 4; 9; 10 párrafo primero; 12 párrafo primero; 22; 23; 24; 26; 27 párrafos primero y último; 28, fracción XI; 30; 31, párrafos primero y quinto; 33; 36 párrafos segundo y tercero; 37; 40; 61, párrafo segundo; 62, párrafo primero y fracción I; 64, párrafo tercero; la denominación del Capítulo Séptimo; 68, párrafo primero; 69; 70; la denominación del Capítulo Octavo; 71; 72; 76, último párrafo; 80; 81; 82; 84, último párrafo; 85; 89 último párrafo; 91, último párrafo; 92 párrafo segundo; 95, último párrafo; la denominación del Capítulo Décimo Primero; 101, párrafo primero; 107 párrafo primero; 109; 111, párrafo segundo; y 113; y se adicionan las fracciones VI Bis, XI Bis, XX Bis y XXXI Bis al artículo 2; las fracciones XI y XII al artículo 3; un último párrafo al artículo 14; los artículos 26 Bis; 26 Ter; 41 Bis; 72 Bis; 72 Ter; 77 Bis; 78 Bis; 78 Ter; y se deroga el último párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, para quedar como sigue:
"...
"Artículo 30. Los Tribunales Colegiados y los Plenos Regionales podrán celebrar sesiones utilizando el Sistema Electrónico del CJF que permita la celebración de videoconferencias, para lo cual deberán atender en lo que corresponda a lo previsto en el presente Acuerdo y en el Anexo Técnico. Con independencia de la solución digital utilizada, en lo relativo a los lineamientos que regulan las sesiones resulta aplicable lo señalado en los Acuerdos Generales 16/2009 y 8/2015; salvo por lo que hace a la presencia física de sus participantes y del público quienes participarán virtualmente en la sesión de conformidad con lo dispuesto en el presente Acuerdo y su Anexo. ..."
10. Además, con fundamento en el artículo 30 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
CONSIDERANDO:
11. PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en la fracción segunda del artículo primero transitorio(1) del decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, así como el diverso tercero transitorio(2) del decreto publicado en dicho medio oficial el once de marzo de dos mil veintiuno, por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativas al Poder Judicial de la Federación, toda vez que aún no se surte la competencia de los Plenos Regionales prevista en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que el trámite y resolución del presente asunto se rige por los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, vigentes hasta el once de marzo y siete de junio de dos mil veintiuno, respectivamente, en relación con el artículo 9o. del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios sostenidos por distintos Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
12. Asimismo, se surte la competencia de este Pleno para conocer de la presente contradicción de criterios, conforme a lo dispuesto en el punto de Acuerdo 26/2021 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las "Consultas sobre el funcionamiento de los Plenos de Circuito en relación con la reforma constitucional en materia de Justicia Federal, publicada el once de marzo de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación", cuya parte conducente establece lo siguiente:
"PRIMERA. En acatamiento a los artículos 94 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y segundo, tercero y quinto transitorios del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2021 y al Acuerdo General 1/2021, de 8 de abril de 2021, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se determina el inicio de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, y se establecen sus bases, los Plenos de Circuito continuarán operando en los términos en que lo venían haciendo. Asimismo, los órganos del Consejo de la Judicatura Federal continuarán ejerciendo sus atribuciones relativas a su integración, funcionamiento y vigilancia, hasta tanto entran en funciones los Plenos Regionales, en los términos precisados en el AG 8/2015 y la demás normatividad aplicable."(3)
13. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de la contradicción de que se trata proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(4) puesto que –como se estableció en el auto admisorio– fue formulada por los Magistrados integrantes del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
14. TERCERO.—Criterios contendientes. En principio se considera oportuno dar a conocer los antecedentes y consideraciones sustanciales en que se apoyaron los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes para emitir sus respectivas resoluciones.
Primera postura jurídica: La naturaleza de las normas del Decreto 28439/LXII/21 es autoaplicativa, ya que con su sola entrada en vigor se modifican los derechos de sus destinatarios (los que reciben pensiones que exceden el tope establecido en la normatividad reclamada), precisamente en cuanto al monto de sus pensiones, sin necesidad de acto de autoridad posterior alguno, pues al fijar desde luego un límite a la cantidad que se puede entregar por concepto de pensión (aun cuando dicha pensión hubiera sido otorgada con anterioridad a la norma reclamada), con la sola vigencia de la ley combatida, quedan constreñidos los destinatarios a soportar la disminución de su pensión.
• Antecedentes y consideraciones del recurso de revisión principal 105/2022 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
Juicio de amparo.
i. ********** promovió demanda de amparo en la que señaló como autoridades responsables al Gobernador Constitucional; Congreso; Periódico Oficial y director General del Instituto de Pensiones, todas del Estado de Jalisco, de quienes reclamó: "La emisión, publicación, y entrada en vigor del Decreto Número 28439/LXII/21, mediante el cual reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Pensiones y de la Ley para los Servidores Públicos, ambos del Estado de Jalisco, en específico los artículos 39, último párrafo, fracción II, 153, fracción XIX, así como el transitorio cuarto, de la legislación mencionada en primer término, con motivo del otorgamiento de atribuciones al Consejo Directivo de dicho instituto para modificar y reducir por causa de utilidad pública el monto de las pensiones, así como su ejecución en vía de consecuencia."
ii. El conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en donde se admitió a trámite la demanda bajo el consecutivo 2116/2021; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional y se dio la intervención correspondiente al fiscal de la Federación adscrito; y una vez sustanciado el procedimiento e integrado el expediente, el treinta de diciembre de dos mil veintiuno fue celebrada la audiencia constitucional, en donde se dictó la sentencia definitiva que determinó conceder el amparo solicitado.
Fundamentos jurídicos de la sentencia.
iii. Previo a conceder el amparo en los términos que lo hizo, el Juez Federal analizó la posible actualización de la causa de improcedencia que hizo valer la autoridad responsable Congreso del Estado de Jalisco, quien alegó que se actualizaba la hipótesis de inejercicio prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al considerar que la parte quejosa reclamaba la posible afectación a su pensión derivada de la aprobación de la reforma contenida en el Decreto 28439/LXII/21, empero, que el perjuicio que se alegaba no era inminente, porque su aplicación se encontraba condicionada a lo que dispone el numeral 153, fracción XIX, de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, de ahí que consideraba que la parte quejosa carecía de interés jurídico.
iv. Además, la autoridad responsable alegó que la quejosa no acreditaba que con la sola entrada en vigor del decreto reclamado, se afectaran sus derechos, pues para ello era necesario que existiera un acto de aplicación; y agregó, que los artículos contenidos en el decreto eran de carácter heteroaplicativo o de individualización condicionada, pues las obligaciones de hacer o no hacer que imponen no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que requieren de un acto que debería emitir el Comité Directivo del Instituto de Pensiones del Estado, además del estudio previo que determine su viabilidad, y por esos motivos no podía presumirse una afectación a los derechos adquiridos de la quejosa como pensionada, puesto que la reforma requería de actos posteriores a su aprobación para que se dictaran las medidas que modificaran la pensión.
v. Lo anterior, el Juez de amparo lo consideró infundado bajo los siguientes argumentos:
• Sostuvo, que es a través del amparo indirecto que se puede impugnar una ley desde el momento de iniciación de su vigencia, o bien, con motivo de su primer acto concreto;
• Precisó, que para distinguir entre normas autoaplicativas de las que son heteroaplicativas, debe acudirse al concepto de individualización incondicionada;
• Estableció los alcances del interés jurídico y legítimo, en relación con las normas que se pueden combatir ya sea por su sola entrada en vigor o con motivo de un acto de aplicación;
• Que, a fin de examinar la procedibilidad del juicio de amparo contra leyes, es decir, la naturaleza de la disposición jurídica reclamada, se debía hacer un análisis para dilucidarla, ya sea autoaplicativa, por no establecer condición alguna para su individualización, o bien, heteroaplicativa, cuando para que nazca la obligación que refieren las normas se requiere de un acto de particular o de autoridad;
• Luego, transcribió los artículos reclamados, y una vez analizado su contenido, en síntesis, dedujo que conforme a la reforma reclamada, la base de cotización para el pago de las aportaciones de todas las plazas para cualquier afiliado y pago de pensiones, no deberá ser mayor a treinta y nueve veces el valor de la unidad de medida y actualización elevado al mes, y se faculta al Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, para modificar y reducir el monto de las pensiones, para adecuarlas a lo establecido en los artículos 39 y 70, fracción II, de la Ley de Pensiones del Estado, señalando que todas las pensiones y prestaciones inherentes a ellas que se hayan otorgado bajo la vigencia de la ley abrogada pasarán a regirse por la legislación vigente, exclusivamente para los efectos de nivelar el monto conforme al tope establecido en dicho decreto;
• De ahí que, para efecto de poder reclamar una ley de naturaleza autoaplicativa, con motivo de su entrada en vigor, se dijo que bastaba que el particular demostrara ser destinatario de la norma, es decir, estar en el supuesto de ésta, de manera que por su posición frente a ella, esté incondicionadamente vinculado a su contenido;
• De tal manera que, en el caso concreto, era posible sostener que los artículos tildados de inconstitucionales por la disconforme constituyen un sistema normativo de carácter autoaplicativo, que pueden impugnarse desde su entrada en vigor, sin que medie acto de autoridad alguno para ello, pues bastaba demostrar que la quejosa es pensionada del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y que su pensión excede el tope máximo de treinta y nueve veces el valor de la unidad de medida y actualización elevado al mes para encontrarse sujeta al nuevo régimen jurídico que se le impone; y,
• Por tanto, concluyó, que la inconforme tiene interés jurídico para impugnar la aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación del decreto reclamado, pues se trataba de disposiciones de observancia general autoaplicativas, ya que modifican el marco jurídico que regula las pensiones de los pensionados del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.
vi. Luego, el Juez de Distrito, al estudiar los conceptos de violación hechos valer por la impetrante, concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitados, porque consideró que la normatividad reclamada vulneraba el principio de irretroactividad de la ley, contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
vii. Los efectos de la sentencia de amparo se fijaron para que las ejecutoras desincorporaran de la esfera jurídica de la quejosa los preceptos reclamados, y no disminuyeran en el futuro el monto de su pensión obtenida conforme a disposiciones anteriores. Recursos de revisión
viii. Inconformes con la anterior determinación, el apoderado General del Instituto de Pensiones, el coordinador de Asuntos Jurídicos del Congreso y la coordinadora Jurídico de la Dirección de Amparo de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, este último en representación del gobernador, todos ellos del Estado de Jalisco, interpusieron sendos recursos de revisión, de los que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, cuyo presidente los admitió a trámite con el registro 105/2022, y una vez turnado el asunto a la ponencia correspondiente, en sesión virtual de diecinueve de abril de dos mil veintidós,(5) se determinó confirmar la sentencia recurrida, y conceder el amparo solicitado.
Fundamentos jurídicos en la revisión principal
ix. Para resolver los medios de impugnación en ese sentido, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito analizó los motivos de disenso expuestos por las autoridades responsables-recurrentes, y con relación a la naturaleza –autoaplicativa– de las disposiciones reclamadas, sostuvo:
• Que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un criterio útil para distinguir entre leyes autoaplicativas o heteroaplicativas es el que se basa en el concepto de individualización incondicionada;
• Señaló, que se estará frente a una norma de individualización condicionada o heteroaplicativa cuando la ley requiere de un acto o hecho jurídico para individualizarse, es decir, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que establece requieren para su nacimiento de un acto diverso;
• En cambio, se estará frente a una ley de individualización incondicionada o autoaplicativa cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, sin que sea necesario que se actualice condición ajena alguna para producir un perjuicio;
• Indicó, que una norma es de individualización incondicionada, cuando con motivo de su sola entrada en vigor, ya impone obligaciones y cargas a cumplir para evitar sanciones;
• Sin soslayar –señaló– que existen disposiciones íntimamente relacionadas que pudieran ser tanto de naturaleza autoaplicativa como heteroaplicativa, pero que al formar un sistema normativo complejo pueden reclamarse de forma conjunta cuando se acredite el acto de aplicación o cuando el gobernado se ubicó en el supuesto jurídico que le irroga un perjuicio en su esfera de derechos desde su vigencia;
• En apoyo de tales consideraciones se incluyó la cita de las jurisprudencias, de rubros: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA."(6) y "AMPARO CONTRA LEYES. PARA IMPUGNARLAS COMO SISTEMA NORMATIVO ES NECESARIO QUE CONSTITUYAN UNA VERDADERA UNIDAD."(7)
• Luego de analizar el contenido de las normas reclamadas, el Primer Tribunal Colegiado contendiente advirtió dos categorías de personas a quienes van dirigidas, a saber: trabajadores en activo y trabajadores jubilados;
• Con relación a los primeros –en activo–, indicó que se adicionó un párrafo sexto al artículo 39 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, en el que se determinó que la base con la que se calcularán las aportaciones de los afiliados al instituto, sin importar la plaza, no podrá ser mayor a treinta y nueve veces el valor de la unidad de medida y actualización elevado al mes; es decir, dicha disposición resulta aplicable únicamente para los trabajadores en activo afiliados al instituto, no así a los jubilados, dado que las entidades para las que laboraron ya no realizan aportaciones al instituto, sino que este último les paga una pensión, al haberse retirado del servicio activo y reunir los requisitos para una pensión;
• En cuanto a los segundos –jubilados–, en el artículo 70, fracción II, de la ley reclamada, se estableció que el monto máximo que por concepto de pensión podrá percibir una persona con cargo al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, es de treinta y nueve veces el valor de la unidad de medida y actualización elevado al mes, sin que para ello resulte trascendente el número de plazas desempeñadas y el monto de los salarios sobre los que hubiere cotizado ante el instituto;
• Además, que en la fracción XIX del artículo 153 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, se otorgaron atribuciones a su Consejo Directivo para modificar y reducir por causa de utilidad pública el monto de las pensiones, a fin de que sean ajustadas a los términos y condiciones establecidos en los artículos 39 y 70, fracción II, de la propia legislación, siempre y cuando exista estudio actuarial que lo justifique y la medida no vulnere el derecho a una pensión digna; lo que implica que el Consejo Directivo fue facultado para reducir las pensiones que excedan de treinta y nueve veces el valor de la unidad de medida y actualización elevado al mes;
• En tanto que el artículo cuarto transitorio fue reformado en su párrafo sexto, para establecer que las disposiciones (reformadas) también serán aplicables a las pensiones y prestaciones inherentes a ellas que se hubiesen otorgado durante la vigencia del régimen de la abrogada Ley de Pensiones del Estado de Jalisco, contenida en el Decreto Número 12697, de veintidós de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, con lo cual se nivelará el monto de tales pensiones al límite máximo ya descrito;
• Que las limitaciones al monto máximo de las pensiones que cubre el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco entraron en vigor al día siguiente de su publicación, esto es, el diez de septiembre de dos mil veintiuno, inclusive, se determinó expresamente que las pensiones vigentes que excedan de ese límite deben ser reducidas, en tanto que las futuras deben ajustarse a ese máximo, sin importar el salario base con que hubiere cotizado o esté cotizando el trabajador;
• En ese contexto, concluyó, que la naturaleza de las normas reclamadas es de carácter autoaplicativa debido a que, con su sola entrada en vigor, se modifican los derechos de sus destinatarios (los que reciben pensiones que exceden el tope establecido en la normatividad reclamada), precisamente en cuanto al monto de sus pensiones, sin necesidad de acto de autoridad posterior alguno, pues al fijar un límite a la cantidad que se puede entregar por concepto de pensión (aun cuando dicha pensión hubiera sido otorgada con anterioridad a la norma reclamada), con la sola vigencia de la ley combatida, quedan constreñidos los destinatarios a soportar la disminución de su pensión;
• Que el estudio actuarial que requiere la ley para que sean ajustadas a los términos y condiciones establecidos en los artículos 39 y 70, fracción II, de la propia legislación, no se trata de una actuación futura e incierta, sino de un acto inminente y obligado que la ley impone por sí para efecto de reducir el monto de las pensiones y que éstas no rebasen el límite fijado, por lo que la autoridad ejecutante no se encuentra en posibilidad de evitar esa actuación y mantener por sí el monto de las pensiones que venía entregando;
• De ahí que de inmediato puedan los destinatarios acudir al amparo, para evitar la pronta ejecución de la norma y llegar a obtener sentencia favorable, sin necesidad de esperar a que se reduzca su pensión;
• En ese sentido, se consideró que si la quejosa probó que es pensionada del instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, y por concepto de pensión, recibe un monto que excede de treinta y nueve veces el valor de la unidad de medida y actualización elevado al mes, demostró entonces que se ubica en los supuestos previstos en el ordenamiento reclamado;
• Por ende, que sí contaba con interés jurídico para impugnar la norma reclamada en la vía constitucional, por su sola entrada en vigor;
• En cuanto al fondo del asunto, estimó que los conceptos de agravio resultaron ineficaces, en virtud de que la pensión jubilatoria, como beneficio de seguridad social y prerrogativa constitucional, constituye una prestación a la que los trabajadores acceden una vez que satisfacen los años de servicio y edad previstos legalmente; y una vez establecida la cantidad a la que tendrá derecho el pensionado, y la forma de su incremento, no podrá, válidamente, ser reducido su monto ni forma de incremento conferidos, por lo que ello sí constituye un derecho adquirido y, por ende, si la ley o la autoridad reducen el monto en forma posterior, se configura una transgresión al principio de irretroactividad consagrado por la Constitución; y,
• Finalmente, luego de destacar algunas consideraciones relacionadas con el principio de irretroactividad de la ley, resolvió que fue correcto lo resuelto por el a quo, por lo que se determinó confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado.
• Antecedentes y consideraciones del recurso de revisión principal 66/2022 del índice del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
Juicio de amparo
x. ********** promovió demanda de amparo en la que señaló como autoridades responsables al gobernador Constitucional y Congreso; ambas del Estado de Jalisco, de quienes reclamó: "La discusión, aprobación, promulgación, orden de publicación, refrendo y publicación del Decreto Número 28439/LXII/21 por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Pensiones y de la Ley para los Servidores Públicos, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco."
xi. El conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Décimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien admitió a trámite la demanda bajo el consecutivo 1867/2021; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional y se dio la intervención correspondiente al fiscal de la Federación adscrito; y una vez substanciado el procedimiento e integrado el e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31760-20d79c8a/decreto-numero-28439-lxii-21-que-reforma-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PARA RECLAMAR COMO AUTOAPLICATIVO EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO NÚMERO 28439/LXII/21 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALI (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO. LOS ARTÍCULOS 39, 70, FRACCIÓN II, 153, FRACCIÓN XIX Y CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL INSTITUTO RELATIVO, REFORMADOS Y ADICIONADOS MEDIANTE DECRE (AMPARO EN REVISIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- DECRETO NÚMERO 28439/LXII/21 QUE REFORMA LA LEY DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, EN SUS ARTÍCULOS 39, 70, 153, FRACCIÓN XIX Y CUARTO TRANSITORIO. AL TRATARSE DE UN (PC.III.A. J/30 A (11a.))
- PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO. LOS ARTÍCULOS 39, 70, FRACCIÓN II, 153, FRACCIÓN XIX Y CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL INSTITUTO RELATIVO, REFORMADOS Y ADICIONADOS MEDIANTE DECRE (III.1o.A. J/2 A (11a.))
- INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PARA RECLAMAR COMO AUTOAPLICATIVO EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO NÚMERO 28439/LXII/21 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALI (PR.A.CS. J/30 A (11a.))
- PENSIONES EN EL ESTADO DE JALISCO. EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO 28439/LXII/21, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DE PE (2a./J. 24/2023 (11a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis