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COMPENSACIÓN POR DAÑO A LA INTEGRIDAD FÍSICA DE UNA VÍCTIMA DIRECTA FALLECIDA. ES IMPROCEDENTE PORQUE EL DERECHO A LA VIDA LESIONADO ES IMPOSIBLE DE RESTITUIR O INDEMNIZAR. REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO. VARIANTES Y POSIBILIDADES DE ARGUMENTOS Y SUS PECULIARIDADES QUE DEBEN OBSERVARSE EN LAS SENTENCIAS CORRESPONDIENTES A RECLAMOS POR LOS HECHOS VICTIMIZANTES OCURRIDOS EN LA GUARDERÍA ABC, PARA DAR RESPUESTA AL SIGNIFICADO DE LA LOCUCIÓN "CRITERIO ORIENTADOR O VINCULANTE" Y CALCULAR EL MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN RELATIVA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 231/2022. · Registro digital (IUS): 31253
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2023-02-10
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Febrero de 2023, Tomo IV, Pág.3504.

AMPARO EN REVISIÓN 231/2022. 3 DE NOVIEMBRE DE 2022. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: RICARDO GALLARDO VARA. PONENTE: JEAN CLAUDE TRON PETIT. SECRETARIA: AIDEÉ PINEDA NÚÑEZ.

CONSIDERANDO:

Estudio

44. Son sustancialmente fundados los agravios propuestos por la quejosa recurrente.

45. En efecto, la quejosa recurrente señala que el a quo omitió estudiar sus conceptos de violación en los que señaló que la CEAV no se apegó a los efectos ordenados en la ejecutoria del amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, resuelto en sesión de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve y confirmado en sesión de primero de julio de dos mil veinte por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 1133/2019 y se limitó a declararlos inoperantes.

46. En este sentido, tiene razón la recurrente, toda vez que el Juez de Distrito calificó como inoperantes los conceptos de violación propuestos al considerar que no combatían las consideraciones hechas en la resolución entonces reclamada, sin emitir pronunciamiento en relación con los diversos argumentos formulados en su escrito inicial de demanda.

47. Sin embargo, contrario a lo resuelto por el Juez de amparo, la parte quejosa expuso diversos argumentos encaminados a controvertir el acto reclamado, además de plantear diversas omisiones de estudio en las que, dijo, incurrió la autoridad responsable, por lo que el Juez del conocimiento estaba obligado a emitir pronunciamiento al respecto, a fin de verificar si en efecto la autoridad responsable incurrió en las ilegalidades y omisiones que le fueron atribuidas.

48. Sin que sea obstáculo para realizar dicho análisis el hecho de que los conceptos de violación reiteraran las consideraciones hechas valer en el desahogo de la vista del cumplimiento de sentencia en el diverso juicio de amparo ********** de su mismo índice, porque en el caso no es materia de análisis el cumplimiento dado a dicha ejecutoria, sino la constitucionalidad de la resolución reclamada, que si bien fue emitida en cumplimiento a tal determinación de amparo, se trata de un nuevo acto reclamado en el que sobre diversos aspectos se le dejó libertad de jurisdicción a la autoridad responsable, tal como el Juez de Distrito lo resolvió al desestimar la causa de improcedencia invocada en el juicio de amparo.

49. En consecuencia, ante lo fundado de los agravios analizados, este órgano colegiado reasume jurisdicción y procede a analizar los cuatro conceptos de violación propuestos en la demanda de origen en los que la quejosa, esencialmente, hace valer los siguientes temas:

Primero

• La compensación determinada a la víctima indirecta ********** es discriminatoria frente a otras víctimas indirectas –hermanas o hermanos de víctimas directas fallecidas– en el mismo hecho victimizante.

• Solicita que se ordene realizar un nuevo cálculo de todas las indemnizaciones y medidas de compensación por cuanto a la víctima directa para pagar la medida de compensación complementaria por reparación del daño moral para la víctima directa en cantidad de ********** por el mismo concepto a favor de la víctima indirecta, descontando únicamente lo que efectivamente ha recibido.

Segundo

• La responsable no realizó un estudio individualizado de las medidas de reparación, utiliza constancias cuyos efectos han cesado, sigue incorporando una gráfica detallando diversos "apoyos" otorgados a las familias de los menores fallecidos y lesionados –"Acuerdos del Consejo Técnico", "Fondo de Ayudas Extraordinarias con motivo del incendio de la Guardería ABC", denominado "Fideicomiso Público" y "Fondo de Apoyo, Manutención y Educación", denominado "Fideicomiso Privado"–.

• La responsable aplica el estudio de complementariedad sólo para las medidas de compensación y no para las otras medidas de reparación.

• Al realizar el análisis de complementariedad, descontó de las medidas de compensación cantidades que corresponden a otras medidas de rehabilitación y restitución.

• Ofrece como prueba el **********, en el que se destacan distintos aspectos a las medidas de reparación que la autoridad responsable no debe descontar ilegalmente de la compensación.

Tercero

• El acto reclamado omite recabar información y fijar una cantidad indemnizatoria por pérdida de oportunidades, lucro cesante, gastos de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación, respecto de las víctimas indirectas.

Cuarto

• La cantidad determinada como medida de compensación por concepto de daño en la integridad física de la menor fallecida –víctima directa– en cantidad de **********, está indebidamente fundada y motivada y no justifica la razón de la falta de proporcionalidad entre lo cuantificado como daño moral y el daño a la integridad física.

Análisis de los conceptos de violación

50. Es infundado el primer concepto de violación en el que dice la quejosa que la sentencia reclamada viola los principios de legalidad, seguridad jurídica, equidad y no discriminación, porque la compensación determinada a la víctima indirecta ********** es discriminatoria frente a otras víctimas indirectas –hermanas o hermanos de víctimas directas fallecidas– en el mismo hecho victimizante, como sucede en el juicio **********, del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito.

51. Señala que la resolución reclamada es violatoria de los principios de equidad, no discriminación y pro persona respecto a las víctimas indirectas, porque la autoridad responsable determina una medida de compensación inferior a la calculada para la familia del expediente ********** citado.

52. Para dar respuesta al significado de la locución "criterio orientador o vinculante" usado tanto por la Corte IDH como por la SCJN, es pertinente una vista panorámica respecto de algunas y variadas posibilidades argumentativas.

53. En principio, conviene distinguir casos donde se dan las siguientes circunstancias:

• Reglas específicas y hechos probados, iguales o sustancialmente análogos, para lo cual basta un razonamiento deductivo y es lo que se conoce como casos fáciles, debiéndose reiterar criterios para evitar incongruencias y contradicciones de criterio.

• Circunstancias análogas en mayor o menor intensidad, pero asociadas a casos en que los marcos normativos sean distintos, distinguiendo casos donde puedan darse soluciones normativas exhaustivas o concluyentes, respecto de otros donde no exista o sea poco clara o concluyente la regla respectiva. La solución para estos eventos conocidos como lagunas o imprecisiones en cuanto a las reglas, impone que la respuesta específica se fundamente aplicando argumentos analógicos.

• Fines, principios o valores que merecen ser considerados, atendiendo a las circunstancias fácticas de casos específicos, se trata de casos para los que no existen respuestas normativas puntuales, siendo necesario entonces desarrollar o construir algún argumento: razonable, principialista o probabilístico, a efecto de propiciar la mejor opción regulatoria y decisoria, siendo determinante elegir los medios idóneos para obtener las mejores consecuencias o resultados.

54. Generalmente, las sentencias no se basan en un determinado y específico texto normativo (leyes en abstracto) que resulte suficiente y satisfactorio para resolver el diferendo.

55. En cambio, es necesario configurar, armar o construir un entorno regulatorio específico –lo que se conoce como reglas individualizadas– basado en aplicaciones o adecuaciones, a través de argumentos que acrediten la pertinencia de la decisión en el contexto de circunstancias del caso y la búsqueda de las mejores consecuencias, propias de cada evento.

56. Y son precisamente estas reglas individualizadas o particulares de cada caso lo que se conoce como ratio decidendi –concreciones normativas específicas para decidir el diferendo–, pertinentes para resolver casos controversiales que exigen una decisión o decisum, pero asociada a obtener las mejores consecuencias. Es necesario construir, caso por caso, una teoría jurídica especial y acorde a las proposiciones fácticas.

57. Conviene puntualizar que en las sentencias el estudio o análisis de las pretensiones deducidas implica una compleja construcción valorativa y argumentativa, destacando diversos razonamientos que es necesario desarrollar de manera individual, como son:

• Decisum, solución del problema. ¿Qué se decide respecto de lo debatido? ¿qué consecuencias se obtienen? dicho en otras palabras, son resultados concretos y puntos resolutivos, respecto a los temas, pretensiones y problemas inherentes al caso particular.

• Ratio decidendi es el razonamiento normativo específico o regla individualizada, basada y deducida de un principio normativo o regla específica que determinará y regirá la decisión de la específica y concreta controversia.

• Obiter dictum, cuestión que se aborda en una resolución judicial de manera tangencial para corroborar o ilustrar la decisión que se toma con la que, sin embargo, no está directa y necesariamente relacionada. Se compone del análisis, razonamientos y principios invocados por el juzgador en un caso concreto, pero que no constituye el principio normativo que sea la base de su decisión y, por tanto, no representa la parte obligatoria del precedente, ni vinculante para casos posteriores.(45)

58. En las sentencias respectivas a reclamos de reparación integral por los hechos victimizantes HV ocurridos en la Guardería ABC, deben considerarse las siguientes variantes y posibilidades de argumentos y sus peculiaridades:

Ver variantes y posibilidades de argumentos

59. Los criterios de carácter orientador aluden, como marco referencial, a principios y políticas que se estiman deseables y convenientes de alcanzar como un referente general. Y su propósito es para que quien decide, pueda ser persuadido o inducido para seguirlos y aplicarlos, o bien, apartarse de tal criterio en determinado y diverso caso al que convenga otra decisión, por tanto, implica un arbitrio o recomendación abierta.

60. Es así que las sentencias de la CorteIDH pronunciadas en contra de países diversos al nuestro constituirían un referente orientador, en tanto que las dictadas en contra de México serían vinculantes (según la SCJN en el expediente varios 912/2010).

61. Cabe considerar una cierta analogía respecto de las recomendaciones o interpretaciones de convenciones emitidas por la CIDH.

62. El argumento analógico iuris permite solventar lagunas normativas o axiológicas que deban regir en determinado asunto. La peculiaridad radicaría en que dos o más casos partieran de circunstancias semejantes en lo sustancial, por ocurrir identidad o coincidencia de razones, motivos y finalidades, lo que conlleva aplicar una misma regla, sea general o individualizada, bastando con que se dé la misma ratio legis y que sea conducente para la debida solución del caso.(46)

63. Existen decisiones judiciales de contenido vinculante y obligatorio para otros tribunales o para futuras decisiones. En estos casos, es categórico que debe seguirse el respectivo criterio, siendo ejemplos las decisiones de órganos superiores que deciden frente a criterios contradictorios.

64. Otros ejemplos son el control difuso que debe ejercerse, así como la continuidad y consistencia que proclama la doctrina del stare decisis, dónde los tribunales inferiores deben seguir los criterios (ratio decidendi) de superiores. Análogas razones se deben tomar ante sentencias de la CorteIDH donde México haya sido condenado.

65. Por otro lado, existe el argumento principialista,(47) axiológico o teleológico, que adscribe el significado de la norma que orienta la decisión, a través de interpretar y aplicar sus valores o fines, concluyendo que la norma debe ser entendida atendiendo a la finalidad que se identifica con la realidad social que se estima debe prevalecer, por lo que dispone la exigibilidad de una conducta como la más adecuada.

66. Un ejemplo de esta modalidad argumentativa es, entre otros, el principio non reformatio in peius, conforme al cual, de existir alguna decisión judicial firme que confiera privilegios, derechos, prestaciones o algún otro concepto similar que satisfaga intereses o pretensiones de alguna parte, se entienden como derechos adquiridos que prima facie y salvo casos excepcionales, no pueden ser desconocidos o variados.

67. Los argumentos razonables están orientados y justifican concretar o conseguir los fines o resultados más adecuados para supuestos específicos, a través de elegir y proponer los medios pertinentes. En este concepto se ubican los razonamientos prácticos o pragmáticos y de equidad. Ocasionalmente se refuerza lo decidido a partir de contraponer un argumento de reducción al absurdo, para evidenciar que una decisión opuesta o diferente no es aceptable o no resulta ser la más pertinente.

68. Precisado lo anterior, como se anunció, resulta infundado el argumento en estudio, porque al respecto en el amparo en revisión 1133/2019, relacionado con el presente asunto, la Primera Sala de la SCJN expresamente señaló que no es posible determinar montos por concepto de indemnización a partir de analogías a casos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, criterio que en el concepto de violación en estudio es aplicable por tratarse de similares consideraciones.

69. En efecto, en el amparo en revisión 1133/2019 la Primera Sala de la SCJN sostuvo que(48) cuando se trata de la cuantificación de la indemnización que debe otorgarse a las víctimas de violaciones a derechos humanos se deben tomar en cuenta múltiples factores que, en términos generales, tienen que ver con el derecho humano o el bien jurídico constitucional lesionado, la magnitud y/o gravedad del daño causado, si las afectaciones fueron materiales y/o inmateriales, otros factores relevantes propios de cada caso y la proporcionalidad del monto cuantificado en relación con el ilícito provocado.

70. Dijo que todos esos elementos atienden a las características o elementos propios de cada caso o ilícito en concreto que hubiere vulnerado los derechos humanos de determinadas personas. Por lo que los factores que se deben valorar a propósito de la cuantificación de una indemnización por ese daño, a su vez, deben atender a las características o elementos propios de cada caso o ilícito en concreto, es decir, atender a la naturaleza y a la situación específicas tanto de las personas que sufrieron la violación a su esfera fundamental como de los derechos humanos que se hubieren afectado, ello tanto en términos cuantitativos como cualitativos.

71. La Primera Sala de la SCJN consideró que pretender aplicar de forma analógica el cálculo realizado por cualquier autoridad a propósito de la definición de la indemnización que se otorgue a determinadas víctimas de derechos humanos puede llegar a ser una solución contraria tanto a la propia naturaleza jurídica de la indemnización como parte complementaria de la reparación integral, y también del propio régimen constitucional vigente.

72. Por lo anterior, si bien en su análisis la Corte se refirió a la fijación del monto de las indemnizaciones calculadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dicho criterio es aplicable al caso por tratarse de similares consideraciones, porque si bien se trata de un mismo hecho victimizante, se debe realizar un estudio cuidadoso y pormenorizado sobre cada caso en concreto, pues tal como lo señaló la Primera Sala del Máximo Tribunal, de otra manera no sería posible satisfacer los elementos estrictamente indispensables e individuales de las víctimas para alcanzar su redignificación y rehabilitación.

73. Por lo que como lo señaló la Primera Sala de la SCJN, no se pueden obviar o pasar por alto las condiciones o particularidades específicas de cada violación, así como de cada una de las personas que hubieren sido víctimas de lesiones, lo que sería contrario a la naturaleza legal de la indemnización, como parte de la reparación integral del daño por violaciones a derechos humanos, así como del objetivo de esta última: la redignificación de las víctimas.

74. Porque como lo indicó, si bien es posible que acontezcan ciertos ilícitos análogos y que, por tanto, se traduzcan en violaciones a derechos humanos similares que hayan sucedido dentro de acontecimientos distintos entre sí, también lo es que las condiciones o particularidades de las víctimas pueden no ser análogas –pues puede tratarse de personas completamente diferentes– y al ser diferentes merecen un trato y consideración diversos y, en tales condiciones, el cálculo del monto de la indemnización procedente también debe ser diverso, pues debe atender a las características o particularidades propias de esas víctimas.

75. Por otra parte, es inatendible el argumento de la recurrente en el que solicita que se ordene a la CEAV realizar un nuevo cálculo de todas las indemnizaciones y medidas de compensación por cuanto a la víctima directa para que se haga el pago de la medida de compensación complementaria por reparación del daño moral para la víctima directa en cantidad de ********** y ********** por el mismo concepto a favor de la víctima indirecta, descontando únicamente lo que efectivamente ha recibido.

76. Lo anterior, porque las medidas de compensación complementarias fueron fijadas en el juicio de amparo indirecto ********** en los siguientes términos:

"SEXTO.—Efectos de la concesión del amparo. La protección constitucional se concede para que el Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas lleve a cabo las siguientes medidas:

"...

"e) Se ordene que con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación se realice el pago de la medida de compensación complementaria por reparación del daño moral para la víctima directa la cantidad de **********.

"f) Se ordene que con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación se realice el pago de la medida de compensación complementaria por reparación del daño moral para las víctimas indirectas las cantidades siguientes:

Ver cantidades

..."

77. Lo que fue confirmado por la Primera Sala de la SCJN en el amparo en revisión 1133/2022, al señalar expresamente:

"390. Y, finalmente, esta Primera Sala concluye que por lo que hace al resto de los efectos decretados por el Juez de Distrito, este último no se sustituyó en las facultades de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, sino que se avocó a recuantificar los montos indemnizatorios por ésta calculados, en la medida en que fueron esos cálculos –precisamente– los que fueron impugnados, vía juicio de amparo indirecto, por la parte quejosa.

"391. En específico, se estima que fue correcta la decisión del Juez de Distrito de haber recuantificado el monto indemnizatorio como medida de compensación por concepto de daño moral, tanto sobre la víctima directa como sobre las indirectas, toda vez que lo expresamente reclamado por la parte quejosa fue –precisamente– el cálculo realizado previamente por la ahora parte recurrente.

"392. Así, se estima que fue conforme a derecho la determinación de ordenar el cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de las cantidades de ********** –por el daño moral ocasionado a las víctimas indirectas–, pues esas cantidades resultaron del análisis del cálculo previamente realizado y consecuencia de su recuantificación, ello como parte de la obligación de reparar a las víctimas de la violación de sus derechos humanos y de garantizarles su acceso a una justicia pronta, expedita, completa e imparcial.

"393. Y por lo que hace al efecto consistente en ordenar con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación el pago de la cantidad de ********** por concepto de lucro cesante, esta Primera Sala advierte que también asiste la razón al Juez de Distrito, toda vez que esa cantidad ya había sido decretada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; sin embargo, no de forma efectiva, pues esta última fue omisa en determinar la forma en que habría de ser satisfecha dicha cantidad. "394. Así, lo conducente era que el Juez de Distrito, en aras de restituir a la parte quejosa en el derecho que estimó vulnerado en razón de esa parte de la resolución reclamada, ordenara el cargo correspondiente al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación, ello a propósito de que se cumpliera con los artículos relativos de la Ley General de Víctimas, en específico, los relativos al principio de complementariedad que opera sobre la figura de la reparación integral del daño, como se ha tratado de dejar claro en el transcurso de esta sentencia.

"395. Por esas razones, esta Primera Sala estima que este último agravio –octavo– también es infundado, pues la sentencia recurrida fue emitida de conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo.

"396. En esa tesitura, toda vez que los agravios propuestos por la quejosa-recurrente y por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas son infundados, esta Primera Sala se permite confirmar la sentencia recurrida."

78. Por lo que al emitir la resolución de 16 de marzo de 2021 dentro del expediente administrativo **********, la CEAV únicamente se ciñó a lo ordenado por el Juez de amparo y confirmado por el Alto Tribunal resolviendo, en lo que interesa:

"Segunda. Considerando los razonamientos antes esgrimidos, la totalidad de las constancias que obran en el expediente de mérito y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26, 27, 64, 65, 69, fracción III, 88, fracción XXIII, 131, 144, 145, 146, 148, 149, 150 y 152 de la Ley General de Víctimas y 78, 82, fracción II y 83 a 87 de su reglamento, resultan procedentes las medidas complementarias de reparación integral del daño en favor de las víctimas peticionarias en los términos que a continuación se detallan:

Ver medidas complementarias

"Es de precisarse que la Dirección General de Administración y Finanzas deberá entregar el monto aprobado en la presente resolución atendiendo lo dispuesto en los Lineamientos para el otorgamiento de Recursos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (RAARI) a personas en situación de víctima, es decir, en moneda nacional, de manera íntegra y sin que puedan ser sujetos a ninguna deducción de carácter fiscal o comisión bancaria.

"Asimismo, la Dirección General de Administración y Finanzas deberá tomar las precauciones necesarias con la finalidad de evitar alguna posible duplicidad de los pagos por montos compensatorios, tomando en consideración la resolución previa emitida y que ha sido decretada como insubsistente."

79. En tales condiciones, como se dijo, son inatendibles los planteamientos de la quejosa recurrente, al pretender que se realice un nuevo cálculo de las medidas de compensación complementarias a favor de las víctimas indirectas, cuando ello ya fue materia de análisis y determinación pues, como se ha dicho, la CEAV únicamente se ciñó a lo ordenado tanto por el Juez Federal como por la Primera Sala de la SCJN, lo que imposibilita un nuevo pronunciamiento y un nuevo cálculo de todas las indemnizaciones y medidas de compensación como lo solicita la quejosa por tratarse de cosa juzgada, por lo que, además, el argumento deviene inoperante.

80. Es aplicable a lo anterior, por las razones que informa, la tesis de la SCJN,(49) de rubro y contenido siguientes:

"PRECLUSIÓN Y COSA JUZGADA. PERSONALIDAD. Entre los diversos principios que rigen el proceso civil, está el de la preclusión. Este principio está representado por el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados; esto es, que a virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, ese acto ya no podrá realizarse nuevamente. Doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal; resulta, normalmente, de tres situaciones: 1a. Por no haber observado el orden u oportunidad dado por la ley para la realización de un acto; 2a. Por haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; 3a. Por haberse ejercido ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades significan que la institución que se estudia no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del juicio. Por lo que hace a la tercera situación o posibilidad, y que es la que se refiere a situaciones en que ha operado la cosa juzgada se ha dicho que ésta es la máxima preclusión, en cuanto ella impide la renovación de alegaciones apoyadas en los mismos hechos que fueron objeto del proceso anterior, a este respecto cabe precisar que aunque existen diferencias de extensión y de efectos entre la cosa juzgada sustancial y la preclusión, el concepto es claramente aplicable; y lo es con mayor precisión aun, para referirse a las situaciones de cosa juzgada formal, en las cuales el impedimento de nueva consideración recae sobre las cuestiones que ya han sido objeto de decisión y definidas por resolución firme, como en el caso de la cuestión de personalidad, decidida por interlocutoria, que no pueden volver a verse, ni a pretexto de que es una cuestión de orden público o que se trata de un presupuesto procesal, por haberse operado preclusión respecto de dicho punto."

81. También es aplicable la tesis de jurisprudencia I.4o.A. J/58,(50) sustentada por este órgano colegiado, del siguiente contenido:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS INOPERANTES CUANDO EXISTE COSA JUZGADA. Son inoperantes los conceptos de violación planteados en un amparo o los agravios que se esgrimen en un recurso cuando van dirigidos a combatir aspectos que ya no pueden estar sujetos a discusión ni mucho menos reexaminarse en virtud de que ya fueron analizados y desestimados en un asunto anterior constituyendo por ello cosa juzgada, pues en ambos asuntos coinciden o concurren los elementos que distinguen tal institución jurídica: a) El objeto de la decisión; b) El fundamento jurídico; y, c) Los sujetos."

82. Por otra parte, en el segundo concepto de violación dice la quejosa que el análisis de complementariedad determinado por la autoridad responsable viola su derecho a la reparación contenido en el párrafo tercero del artículo 1o. constitucional, así como sus prerrogativas de legalidad y certeza jurídica y los principios de integralidad, indivisibilidad e interdependencia.

83. Lo anterior, al sostener que la autoridad responsable no estudió individualmente las medidas de reparación y utilizó constancias cuyos efectos ya cesaron. Además de que sigue incorporando la gráfica detallando diversos "apoyos" otorgados a las familias de los menores fallecidos y lesionados –"Acuerdos del Consejo Técnico", "Fondo de Ayudas Extraordinarias con motivo del incendio de la Guardería ABC", denominado "Fideicomiso Público" y "Fondo de Apoyo, Manutención y Educación", denominado "Fideicomiso Privado"–.

84. Aduce que la resolución reclamada viola sus derechos constitucionales, porque se descuentan de las medidas de compensación cantidades que corresponden a otras medidas de rehabilitación y restitución o, en su caso, de un instrumento de naturaleza privada que no puede considerarse como parte de la reparación otorgada por el Estado Mexicano a consecuencia del hecho victimizante –lo que, dice, se prueba con el contenido del oficio No. 09521761400/1180 del 11 de agosto de 2020, suscrito por la titular de la Unidad de Atención al Derechohabiente de la Dirección Jurídica del IMSS, anexo–.

85. Ofrece como prueba el ********** del **********, en el que, dice, se destacan distintos aspectos de las medidas de reparación que la autoridad responsable no debe descontar de la compensación, por lo que considera que la autoridad responsable debe quitar del capítulo correspondiente toda mención a los citados oficios y a sus efectos legales.

86. Agrega que al fijar una cantidad a los servicios prestados a las víctimas de la Guardería ABC omite considerar que éstas son derechohabientes del IMSS y que al ser medidas de rehabilitación no deben afectar las medidas de compensación.

87. Dice que similar situación acontece con el "Fideicomiso Público", porque del oficio ********** de ********** se advierte que dicho instrumento no puede considerarse como una medida compensatoria al tratarse de una medida de restitución; de ahí que al realizar el estudio de complementariedad, no se debe hacer referencia a dichos instrumentos como parte de la compensación.

88. Por lo anterior, insiste en que no se debe descontar de la medida de compensación lo correspondiente a los "Acuerdos del Consejo Técnico", "Fondo de Ayudas Extraordinarias con motivo del incendio de la Guardería ABC", denominado "Fideicomiso Público" y "Fondo de Apoyo, Manutención y Educación", denominado "Fideicomiso Privado".

89. Finalmente, señala que en la resolución no se contempla el "Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del diverso por el que se otorgan ayudas extraordinarias con motivo del incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC, Sociedad Civil, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2020, como parte de las medidas de rehabilitación y restitución, y se hace referencia a constancias que ya no tienen validez y/o efectos jurídicos. Lo que genera incertidumbre jurídica sobre los alcances de dicho decreto y la función de la autoridad responsable.

90. Es infundado en parte e inoperante en otra el concepto de violación en estudio.

91. En principio, se debe tener en cuenta que en el apartado "Sexto. Sobre el plan complementario de reparación integral"(51) de la resolución reclamada, la CEAV indicó que en términos de lo establecido

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31253-550c18f1/compensacion-por-dano-a-la-integridad-fisica-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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