DECRETO ADMINISTRATIVO. LA TERCERA SALA ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA REVISION EN QUE SE CUESTIONA SU CONSTITUCIONALIDAD SI ES EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN USO DE LA FACULTAD REGLAMENTARIA.
AMPARO EN REVISION 906/92.COMPAÑIA AZUCARERA DEL INGENIO BELLAVISTA, SOCIEDAD ANONIMA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, 12, fracción XXXVIII, y 26, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo I/88, dictado por el Pleno de este alto Tribunal el diecinueve de enero de mil novecientos ochenta y ocho, toda vez que se interpone en contra de una sentencia dictada por un juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que se reclaman un decreto expedido por el presidente de la República en uso de la facultad reglamentaria que le otorga el artículo 89, fracción I, de la Carta Magna, como es el decreto que establece las cuotas de aseguramiento de los productores de caña de azúcar y sus trabajadores estacionales en el Régimen del Seguro Social Obligatorio, durante los ciclos de 1990-1991, 1991-1992, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de diciembre de 1991. Son aplicables al respecto la tesis X/89, que aparece publicada en el Informe de mil novecientos ochenta y nueve, Segunda Parte, Tercera Sala, páginas 162 y 163, así como la tesis CLXIII/91, ambas de este órgano colegiado, que textualmente dicen:
"DECRETO ADMINISTRATIVO. LA TERCERA SALA ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA REVISION EN QUE SE CUESTIONA SU CONSTITUCIONALIDAD SI ES EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN USO DE LA FACULTAD REGLAMENTARIA.- El artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece la competencia de la Tercera Sala para conocer del recurso de revisión interpuesto contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los jueces de Distrito cuando subsista en el recurso el problema de constitucionalidad, si en la demanda de amparo se hubiese impugnado un reglamento federal en materia civil expedido por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 de la Constitución, o un reglamento en materia civil expedido por el gobernador de un Estado". Ahora bien, aun cuando en este precepto legal se alude expresamente a reglamentos, debe entenderse que esta referencia se hace no en un aspecto formal, sino material, es decir, a aquellos ordenamientos que, independientemente de la forma en que se les denomine, sean expedidos por el presidente de la República en uso de la facultad reglamentaria que le confiere el artículo 89, fracción I, a fin de proveer en la esfera administrativa la exacta observancia de las leyes. Por consiguiente, si un decreto administrativo es expedido por el presidente de la República en uso de tal facultad reglamentaria, debe considerarse que la Tercera Sala es competente para conocer de la revisión en que se cuestiona su constitucionalidad, sin que obste para ello la materia del mismo, pues de conformidad con el punto segundo del Acuerdo I/88, dictado por el Pleno de la Suprema Corte el 19 de enero de 1988, "se distribuirán en igual número entre las cuatro Salas, los juicios de amparo en revisión de nuevo ingreso contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito cuando subsista en el recurso el problema de constitucionalidad, si en la demanda de amparo se hubiese impugnado un reglamento expedido por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 de la Constitución...", determinación que hizo el Pleno de este alto Tribunal con base en lo dispuesto en los artículos 94, párrafo sexto, constitucional y 12, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en el sentido, respectivamente, de que el Pleno tiene la facultad de emitir acuerdos generales a fin de lograr la mayor prontitud en el despacho, mediante una adecuada distribución entre las Salas, de los asuntos que competa conocer a la Suprema Corte, y de que una de las atribuciones de ese órgano es emitir acuerdos generales necesarios para la adecuada distribución de los asuntos cuyo conocimiento es de la competencia de las Salas".
"COMPETENCIA. SE SURTE EN FAVOR DE LA TERCERA SALA PARA CONOCER DE LOS DECRETOS EXPEDIDOS POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, EN USO DE LA FACULTAD REGLAMENTARIA.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, 26, fracción I, inciso a), y 12, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo I/88, dictado por el Tribunal Pleno el diecinueve de enero de mil novecientos ochenta y ocho, corresponde a la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de la inconstitucionalidad de los decretos que expida el presidente de la República en uso de la facultad que le confiere el artículo 89, fracción I, constitucional, pues no obstante que los numerales citados en primer término, aluden a reglamentos y no a decretos, tal referencia debe entenderse no en un aspecto formal, sino material, o sea, que tal connotación debe interpretarse en el sentido de que es aplicable a todos aquellos ordenamientos que emita el Presidente en uso de la facultad reglamentaria, a fin de proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes".
SEGUNDO.- No se transcriben las consideraciones que rigen la sentencia recurrida, ni los agravios planteados contra la misma, pues los mismos no serán objeto de análisis por que debe desecharse el recurso de revisión.
En efecto, en el presente caso el recurso de revisión fue interpuesto por Daniel Carrillo Carrillo, ostentándose como autorizado de la parte quejosa, Compañía Azucarera del Ingenio Bella Vista, Sociedad Anónima, según se observa en la siguiente transcripción de la parte relativa del escrito de interposición de tal recurso:
"DANIEL CARRILLO CARRILLO, licenciado en derecho, con cédula profesional número 152387 expedida el veinte de julio de mil novecientos sesenta y ocho, registrada ante ese H. Juzgado a fojas ocho del libro de registro de Cédulas Profesionales con fecha veintidós de enero de mil novecientos noventa y dos; autorizado en términos de lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley de Amparo, con el debido respeto expongo:..."
Sin embargo, de los autos del juicio de amparo deriva que el juez del conocimiento sólo tuvo por autorizada a tal persona para oír notificaciones e imponerse de los autos no gozando, por consecuencia, de las demás facultades a que se refiere el artículo 27 de la Ley de Amparo hasta en tanto informara que registró su cédula profesional o carta de pasante en el libro que para tal efecto se lleva en el Juzgado, sin que lo haya hecho, de lo que deriva que carece de representación para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo 365/91.
El artículo 27 de la Ley de Amparo, en su segundo párrafo, dispone:
"El agraviado y el tercero perjudicado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal; quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento, pedir que se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de este párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización; pero las partes podrán designar personas solamente autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere este párrafo."
Del anterior precepto legal transcrito deriva que el quejoso y el tercero perjudicado pueden autorizar para oír notificaciones en su nombre a cualquier persona con capacidad legal, quien tendrá, entre otras facultades, la de interponer los recursos que procedan; empero, la misma está condicionada, en las materias civil, mercantil y administrativa, al hecho de que debe acreditar, ante el juez que conozca del amparo, encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado.
Ahora bien, en el caso a estudio, el apoderado legal de la quejosa autorizó en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo a Daniel Carrillo Carrillo, según se observa en la parte inicial de la demanda de garantías en la que señaló:
"JORGE MARTINEZ LICONA, en mi carácter de apoderado y representante legal de COMPAÑIA AZUCARERA DEL INGENIO BELLA VISTA, S. A., personalidad que acredito en términos de la copia certificada del testimonio notarial que se anexa, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en RIO MARNE No. 13, DESPACHO 301, COLONIA CUAUHTEMOC, EN MEXICO, D.F., autorizando para los mismos efectos, así como para recoger toda clase de documentos, en términos y con la amplitud que establece el artículo 27 de la Ley de Amparo, a los señores licenciados Jorge J. Martínez Licona, Daniel Carrillo Carrillo, Juan Flores Herrera, Ma. Elena Acevedo Domínguez, ante usted con el debido respeto..."
Por auto de veinte de diciembre de mil novecientos noventa y uno, el juez del conocimiento requirió a la quejosa para que precisara algunas de las autoridades señaladas como responsables ejecutoras, anexando copias de la demanda y de su escrito aclaratorio. Habiéndose dado cumplimiento a dicho requerimiento por escrito presentado el treinta de diciembre de mil novecientos noventa y uno, mediante diverso proveído de treinta y uno del mismo mes y año se admitió la demanda de amparo, señalándose expresamente en el auto relativo que "No se tienen como autorizados en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo a las personas que indica, hasta en tanto informen que registraron su cédula profesional o carta de pasante en el libro que para tal efecto se lleva en este juzgado, sin embargo se les autoriza para oír notificaciones e imponerse de autos, de conformidad con el último párrafo del precepto legal antes citado".
Mediante escrito presentado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal el veintisiete de enero de mil novecientos noventa y dos, Daniel Carrillo Carrillo, ostentándose como autorizado de la quejosa en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo ofreció, a nombre de la quejosa, diversas pruebas.
En la audiencia constitucional, celebrada el mismo día veintisiete de enero de mil novecientos noventa y dos, la juez del conocimiento acordó en relación al escrito señalado que "no ha lugar a tener por ofrecidas las pruebas que menciona Daniel Carrillo Carrillo, en virtud de que no se le ha tenido con el carácter que se ostenta en el juicio, pues no ha informado tener registrada su cédula profesional en este juzgado..."
De lo anterior deriva que durante la tramitación del juicio de garantías, Daniel Carrillo Carrillo no cumplió con el requisito de informar tener registrada su cédula profesional en el Juzgado del conocimiento y que, por ende, no se le tuvo por autorizado en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, sino sólo para oír notificaciones e imponerse de los autos.
Consecuentemente, tal persona carece de representación para interponer el presente recurso de revisión, procediendo su desechamiento.
Al respecto son aplicables la tesis LIII/90 del Pleno de este Alto Tribunal, así como la tesis LVII/90 de este órgano colegiado que textualmente dicen:
"REVISION. CARECE DE PERSONALIDAD PARA INTERPONERLA EL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO SI EL JUEZ DE DISTRITO CONDICIONO SU RECONOCIMIENTO AL REGISTRO DE SU CEDULA PROFESIONAL Y NO LO HIZO.- Si en la demanda de amparo en materia civil, mercantil o administrativa, la quejosa autoriza a determinada persona en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo y el Juez de Distrito, al proveer sobre la admisión de dicha demanda, decidió no tenerla por autorizada mientras no registrara su cédula profesional en el libro de control correspondiente y durante la tramitación del juicio no cumplió con ese requisito, ello implica que la mencionada persona carece de representación para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el juicio respectivo. El hecho de que el juez de Distrito la haya tenido por autorizada para oír notificaciones e imponerse de los autos no le permite interponer recursos, ya que según lo dispone el artículo 27 de mérito, las personas nombradas para esos efectos no gozarán de las demás facultades a que se refiere el párrafo segundo del mismo, entre las que se encuentra la de hacer valer medios de impugnación".
"REVISION. PROCEDE DESECHAR ESE RECURSO SI EL AUTORIZADO PARA OIR NOTIFICACIONES, NO ACREDITA ESTAR FACULTADO LEGALMENTE PARA EJERCER LA PROFESION DE ABOGADO EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA.- De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, reformado mediante decreto de 26 de diciembre de 1987, el quejoso y el tercero perjudicado pueden autorizar para oír notificaciones en su nombre a cualquier persona con capacidad legal, quien tendrá, entre otras facultades, la de interponer los recursos que procedan; empero, la misma está condicionada, en las materias civil, mercantil y administrativa, al hecho de que debe acreditar ante el Juez que conozca del amparo, encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Por tanto, para que jurídicamente pueda decirse que una persona tiene el carácter de autorizada en las materias civil, mercantil y administrativa y pueda ejercer esa facultad, es necesario que no únicamente proporcione los datos relativos al ejercicio de su profesión de abogado, sino que también acredite encontrarse legalmente autorizada para ese efecto, y si no lo hace, lo procedente es desechar el recurso que hace valer con tal carácter."
No obsta a la anterior conclusión el hecho de que por auto de catorce Daniel Carrillo Carrillo, ostentándose como representante legal de la quejosa, toda vez que tal auto no causa estado de conformidad con la tesis jurisprudencial 9/90 de este órgano colegiado que establece:
"REVISION. EL AUTO ADMISORIO DEL RECURSO NO CAUSA ESTADO.- El auto admisorio de un recurso de revisión sólo corresponde a un examen preliminar del asunto, pues el estudio definitivo de la procedencia del mismo compete realizarlo a la Sala y, por ello, no causa estado. Por consiguiente, si con posterioridad, se advierte que el recurso de revisión interpuesto es improcedente, el mismo debe desecharse".
Atento todo lo anteriormente expuesto, debe desecharse el recurso de revisión.
Por lo expuesto, y con fundamento además en el artículo 90 de la Ley de Amparo, se resuelve:
UNICO.- Se desecha el recurso de revisión hecho valer por Daniel Carrillo Carrillo, ostentándose como autorizado de Compañía Azucarera del Ingenio Bella Vista, Sociedad Anónima, a que este toca se refiere.
Notifíquese; con testimonio de la presente resolución vuelvan los autos al Juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así lo resolvió la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de tres votos de los señores Ministros: presidente José Trinidad Lanz Cárdenas, Mariano Azuela Güitrón y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, en contra del voto emitido por el señor Ministro Miguel Montes García. Fue ponente el segundo de los señores Ministros antes mencionados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/314-3acaaa36/decreto-administrativo-la-tercera-sala-es-competente-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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