I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OSTENTE EL CARGO DE SÍNDICO PROCURADOR DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA, TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO (ARTÍCULO 39, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA SE ENCUENTRA LEGITIMADA PARA CONTESTAR LA DEMANDA EN REPRESENTACIÓN DE DICHO PODER (ARTÍCULO 42, FRACCIONES XIX Y XX, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SE ENCUENTRA LEGITIMADA PARA CONTESTAR LA DEMANDA EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DE ESE ESTADO (ARTÍCULOS 10 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, 16, FRACCIÓN XXXVIII Y 36 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE LA PARTE ACTORA, REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN GENERAL. V. MIEMBROS DE CORPORACIONES POLICIALES. ORIGEN, EVOLUCIÓN Y MARCO CONSTITUCIONAL QUE RIGE SU RELACIÓN CON EL ESTADO. VI. MIEMBROS DE CORPORACIONES POLICIALES. SI BIEN SE ENCUENTRAN SUJETOS A UNA RELACIÓN ADMINISTRATIVA Y NO LABORAL, ELLO NO IMPLICA QUE CUENTEN CON MENOS DERECHOS, SINO ÚNICAMENTE QUE SU RELACIÓN JURÍDICA ES DIVERSA, LO QUE PUEDE JUSTIFICAR SU TITULARIDAD DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ESPECÍFICAS. VII. MIEMBROS DE CORPORACIONES POLICIALES. LA ATRIBUCIÓN DEL LEGISLADOR LOCAL PARA REGULAR LAS RELACIONES ENTRE LOS MUNICIPIOS Y SUS INSTITUCIONES POLICIALES NO SE SUSTENTA EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN VIII, SINO EN LA FRACCIÓN XIII DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL (DECRETO NÚMERO 645 QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DISPOSICIONES DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO). VIII. TRABAJADORES AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LAS LEGISLATURAS LOCALES TIENEN LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA PARA REGULAR SUS RELACIONES LABORALES EN LO QUE NO CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES (DECRETO NÚMERO 645 QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DISPOSICIONES DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO). IX. SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. EL HECHO DE QUE TENGAN UNA RELACIÓN DE ÍNDOLE ADMINISTRATIVO CON EL ESTADO Y ESTÉN SUJETOS A UN RÉGIMEN ESPECIAL, NO IMPIDE QUE GOCEN DE AQUEL DERECHO, PUES LAS AUTORIDADES DE TODOS LOS NIVELES DEBEN INSTRUMENTAR SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD SOCIAL PARA ESOS SERVIDORES PÚBLICOS (DECRETO NÚMERO 645 QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DISPOSICIONES DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO). X. SEGURIDAD PÚBLICA. SU REGULACIÓN ES UNA FACULTAD CONCURRENTE QUE DEBE EJERCERSE DE MANERA COORDINADA ENTRE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 21, PÁRRAFOS NOVENO Y DÉCIMO, Y 115, FRACCIÓN III, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (DECRETO NÚMERO 645 QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DISPOSICIONES DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO). XI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SINALOA. REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER LA DISPENSA DE TRÁMITES LEGISLATIVOS EN CASOS DE NOTORIA URGENCIA (DECRETO NÚMERO 645 QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DISPOSICIONES DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL SIETE DE JULIO DOS MIL VEINTIUNO). XII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. EN SU EVALUACIÓN DEBE VERIFICARSE EL RESPETO AL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE TODAS LAS FUERZAS POLÍTICAS CON REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA EN CONDICIONES DE LIBERTAD E IGUALDAD (DECRETO NÚMERO 645 QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DISPOSICIONES DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO). XIII. LIBRE ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL. SU ALCANCE EN RELACIÓN CON LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES (DECRETO NÚMERO 645 QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DISPOSICIONES DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO). XIV. PENSIONES DE LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES ESTATALES Y MUNICIPALES DE SINALOA. LA LEGISLACIÓN LOCAL QUE
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 109/2021. MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 10 DE NOVIEMBRE DE 2022. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: ÚRSULA HERNÁNDEZ MAQUIVAR.
ÍNDICE TEMÁTICO
Normas impugnadas: Los artículos 34, fracción I; 35, párrafo cuarto; 37, párrafo último; 41; 44 Bis y segundo y tercero transitorios de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sinaloa, reformada mediante decreto publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el siete de julio de dos mil veintiuno.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diez de noviembre de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 109/2021, promovida por el Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Sinaloa.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el dos de septiembre de dos mil veintiuno ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, por conducto de Sandra Martos Lara, en su carácter de síndica procuradora del Ayuntamiento de Culiacán promovió controversia constitucional en contra de las autoridades y por las normas generales siguientes:(1)
"III. Autoridad demandada: El Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado por la Sexagésima Tercera Legislatura.
"IV. Norma general cuya nulidad se demanda: Se demanda la discusión, dictamen, aprobación, refrendo, sanción, promulgación y publicación del Decreto Legislativo Número 645 ... mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sinaloa, en específico se reclaman los artículos 34, fracción I, 35 en su cuarto párrafo, 37, último párrafo, 41, 44 Bis, y en especial los artículos segundo y tercero transitorios", publicado en el Periódico Oficial del Estado el siete de julio de dos mil veintiuno.
2. Conceptos de invalidez. En su demanda, la promovente señaló como preceptos violados los artículos 1o., 14, 16, 17, 21, 73, fracción XXIII, 105, 115 y 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, y para sustentar su dicho, expuso los siguientes conceptos de invalidez:
Primero. Los artículos 34, fracción I, 35, cuarto párrafo, 37, último párrafo, 41, 44 Bis, segundo y tercero transitorios de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, contravienen lo dispuesto por el artículo 21, décimo párrafo, inciso a); 115, fracción IV, párrafo segundo; 14; 16; 73, fracción XXIII; 123, apartado B, fracción XIII, todos de la Constitución Federal, pues al establecer un esquema legal para la homologación y actualización de las pensiones de los beneficiarios de los integrantes de las corporaciones policiales municipales fallecidos, vulnera la esfera competencial del Municipio, el cual cuenta con facultades exclusivas para expedir la normatividad en materia de sistemas complementarios de seguridad social.
• Si bien el artículo 21, décimo párrafo, inciso a), de la Constitución Federal, prevé facultades concurrentes a favor de los tres órdenes de gobierno, al encontrarse obligados a coordinarse entre sí para cumplir con los objetivos de la seguridad pública a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo cierto es que también establece facultades exclusivas para cada uno de ellos, al establecer que la operación y desarrollo de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, serán competencia de la Federación, Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus atribuciones.
• Con fundamento en la atribución que le confiere el artículo 73, fracción XXIII, de la Constitución Federal, el Congreso de la Unión emitió la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual sienta las bases de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, así como la competencia que cada uno de ellos tiene en la materia. Así, en su artículo 45, se establece que los Estados y Municipios deben generar, de acuerdo con sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad social.
• Sin embargo, en las normas impugnadas, el Congreso del Estado estableció un esquema jurídico para la homologación y actualización del sistema de pensiones de los integrantes de las corporaciones policiales y de sus beneficiarios, vulnerando con ello la facultad exclusiva del Municipio para generar, aprobar y expedir la normatividad relativa al régimen complementario de seguridad social para los integrantes de las corporaciones policiales municipales, atendiendo a sus propias necesidades, de conformidad con lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal, en relación con el numeral 45 de la ley general citada.
Segundo. Los artículos 34, fracción I, 35, cuarto párrafo, 37, último párrafo, 41, 44 Bis, segundo y tercero transitorios de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, vulneran el artículo 115, fracción IV, párrafo segundo, de la Constitución Federal; particularmente, los principios de libre administración hacendaria y autonomía municipal vinculado al diverso principio de reserva de fuentes ingresos municipales, al establecer un esquema legal para la homologación y actualización de las pensiones de los beneficiarios de los integrantes de las corporaciones policiales municipales fallecidos.
•·El principio de libre administración hacendaria, consagrado en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, implica que los Municipios puedan tener la libre disposición y aplicación de los recursos previstos en los incisos de dicha fracción, por lo que ninguna norma puede condicionar, limitar o restringir su decisión sobre la forma en que dichos recursos serán ejercidos. Por su parte, el principio de reserva de fuentes asegura que los Municipios tengan disponibles ciertas funciones de ingreso para atender al cumplimiento de sus necesidades y responsabilidades públicas. Ambos principios buscan reforzar la autosuficiencia y autonomía económica del Municipio.
•·En el caso, con la homologación y actualización del sistema de pensiones, se restringe la discrecionalidad del Ayuntamiento de Culiacán para ejercer los recursos sujetos al principio de libre administración hacendaria, ya que, sin considerar sus necesidades económicas, se le obliga a realizar las adecuaciones presupuestales correspondientes para cumplir con las obligaciones que derivan de la modificación al sistema de pensiones.
•·Además, aun cuando en el artículo tercero transitorio del decreto impugnado se señala que únicamente será el Ejecutivo Estatal quien deberá realizar la adecuación presupuestal correspondiente y que, en el ámbito municipal, se deben realizar las acciones que le correspondan, lo cierto es que el Municipio se encuentra obligado a modificar su presupuesto para poder brindar las prestaciones que derivan del nuevo esquema implementado, incluso de manera retroactiva, restringiendo su derecho a decidir tanto el destino de los recursos como la forma de ejercerlos.
Tercero. Los artículos 34, fracción I, 35, cuarto párrafo, 37, último párrafo, 41, 44 Bis, segundo y tercero transitorios de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, contravienen los artículos 14, 16, 21 y 115 de la Constitución Federal; particularmente, los principios de libre administración hacendaria, autonomía municipal y reserva de fuentes, en relación con los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica y adecuada motivación al no haberse realizado previamente un estudio actuarial sobre el impacto económico en los presupuestos del Municipio.
•·Del artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se desprende que la normatividad relativa a los regímenes complementarios de seguridad social debe ser acorde a las necesidades presupuestales de los Municipios; sin embargo, en el procedimiento legislativo de las normas impugnadas, el Congreso no efectuó cálculo o estudio actuarial alguno sobre el impacto económico que la homologación y actualización retroactiva de pensiones tendría sobre el presupuesto del Municipio.
Cuarto. Los artículos 34, fracción I, 35, cuarto párrafo, 37, último párrafo, 41, 44 Bis, segundo y tercero transitorios de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, contravienen los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Federal, al vulnerar los principios constitucionales de audiencia, debido proceso y legalidad pues no se le garantizó al Municipio una plena oportunidad de defensa.
•·El Tribunal Pleno de la Suprema Corte ha sostenido que la potestad legislativa de los Estados no es irrestricta. Por ejemplo, en el caso de leyes relativas a contribuciones o tarifas sobre la propiedad inmobiliaria, la facultad de los Municipios de presentar iniciativas no se agota a ese simple acto, sino que, en caso de que el legislador busque apartarse del sentido de la iniciativa, aquél deberá realizar un proceso de reflexión apoyado en argumentos objetivos y razonables (en términos de la jurisprudencia P./J. 111/2006). De la misma manera, cuando el procedimiento legislativo tenga por objeto la creación de municipalidades debe darse una motivación reforzada (en términos de la jurisprudencia P./J. 153/2005).
•·De los anteriores criterios se desprende que cuando con la actividad legislativa se afecten intereses o derechos del Municipio, en el procedimiento legislativo se deberán respetar los principios de previa audiencia, debido proceso y legalidad.
•·En el caso, no se cumplieron tales principios, pues al Ayuntamiento de Culiacán no se le otorgó un plazo razonable para defender sus intereses, ni tampoco se le dio la oportunidad para presentar, en su caso, el cálculo o estudio actuarial a efecto de determinar el impacto a su presupuesto y si las modificaciones propuestas se ajustaban o no con sus necesidades presupuestales, vulnerando con ello el artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
•·Además, el artículo 45 referido impone un debito procesal exigible a los Poderes Legislativos Locales, consistente en la exigencia de una motivación reforzada que permita acreditar que la modificación del sistema de pensiones es acorde a las necesidades y viabilidad presupuestal del Municipio.
•·No obstante, en el procedimiento legislativo no se cumplió con la garantía de motivación reforzada prevista en el artículo 16 de la Constitución Federal, al no haberse demostrado de manera objetiva y razonable que las modificaciones son conformes a las necesidades presupuestales del Municipio.
Quinto. Los artículos 34, fracción I, 35, cuarto párrafo, 37, último párrafo, 41 y 44 Bis de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, contravienen lo previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal, toda vez que en el artículo segundo transitorio del decreto se previó que la homologación y actualización de las pensiones se efectuará de manera retroactiva.
•·El Tribunal Pleno ha sostenido el criterio, aunque no obligatorio, que un ordenamiento o su aplicación será retroactiva cuando se afecten situaciones o derechos que han surgido con apoyo en disposiciones legales anteriores, o cuando lesionan efectos posteriores de tales situaciones o derechos que están estrechamente vinculados con su fuente y no pueden apreciarse de manera independiente.
•·El artículo 46 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, establece que el pago de las pensiones a los beneficiarios será exigible a partir del día siguiente del fallecimiento del integrante de las instituciones policiales en activo o pensionado, por lo que a partir de ese momento constituyen derechos adquiridos tanto como para el beneficiario que se hace acreedor de la pensión por fallecimiento, como para el Municipio interesado.
•·Por lo anterior, las condiciones y cuantías de las pensiones deberán ser las que estén vigentes al momento en el que se adquiere el derecho, sin que sea posible aplicar en perjuicio del Ayuntamiento una disposición posterior que redunde en detrimento de su esfera jurídica y de su patrimonio, pues de lo contrario, se vulneraría el derecho fundamental de irretroactividad.
•·Además, ha sido criterio reiterado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte que las pensiones se rigen por la ley vigente al momento en que se adquiere el derecho. Resulta aplicable la tesis aislada emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva de rubro: "SEGURO SOCIAL, ASIGNACIONES FAMILIARES PARA BENEFICIARIOS DE PENSIONADOS DEL. IMPROCEDENTE APLICACIÓN RETROACTIVA."
•·Por tanto, no resulta posible aplicar de manera retroactiva el texto modificado mediante el decreto impugnado, no sólo porque el nuevo sistema de homologación y actualización del régimen de pensiones no se encontraba vigente al momento en que se adquirió el derecho, sino también porque la aplicación de la ley en beneficio del gobernado solamente procede en la materia penal; máxime cuando existe una parte, como lo es el Municipio, a la que dicha aplicación retroactiva le perjudica.
Sexto. El artículo 44 Bis, segundo párrafo, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, es contrario al derecho humano de seguridad jurídica previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal.
•·El artículo 44 Bis, segundo párrafo, al establecer la obligación de los gobiernos municipales de determinar los porcentajes de aportaciones solidarias que correspondan en atención a los años de servicios prestados, cuando los agentes policiales hayan prestado sus servicios del Estado y uno o más Municipios, o en dos municipalidades, resulta contrario al artículo 16 constitucional, pues en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa no existe ninguna disposición que prevea el procedimiento a seguir para realizar tal cálculo, generando un estado de incertidumbre jurídica, debido a que no existen parámetros objetivos para cuantificar el concepto indicado.
Séptimo. El artículo 35, cuarto párrafo, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, vulnera el derecho humano a la seguridad jurídica, previsto por el artículo 16 constitucional, al establecer que los pensionados por retiro, retiro anticipado, vejez, orfandad y muerte, recibirán los incrementos salariales y prestaciones económicas en los mismos términos que los integrantes de las instituciones policiales municipales.
•·El artículo 44 Bis, segundo párrafo, al establecer la obligación de los gobiernos municipales de determinar los porcentajes de aportaciones solidarias que correspondan en atención a los años de servicios prestados, cuando los agentes policiales hayan prestado sus servicios al Estado y uno o más Municipios o en dos municipalidades, resulta contrario al artículo 16 constitucional, pues en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa no existe ninguna disposición que prevea el procedimiento a seguir para realizar tal cálculo, generando un estado de incertidumbre jurídica, debido a que no existen parámetros objetivos para cuantificar el concepto indicado (sic).
Octavo. Se cita como concepto de invalidez lo expresado en el capítulo "VII. Preceptos constitucionales violados".(2) Además, si no se declara la invalidez del decreto impugnado, se vulneraría la Ley de Disciplina Financiera, particularmente el principio de equilibrio presupuestal, así como la Ley de Contabilidad Gubernamental, en tanto que no se puede gastar más de lo que se tiene.
Además, si se pretende argumentar que el impuesto predial puede ser fuente de pago, debe tomar en cuenta que el Poder Legislativo del Estado ha hecho nugatorio el derecho de los Ayuntamientos a recaudar el impuesto predial en los términos del artículo 31 de la Constitución Federal.
3. Admisión y trámite. Mediante proveído de seis de septiembre de dos mil veintiuno, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo bajo el número 109/2021 y lo turnó al Ministro Luis María Aguilar Morales para la instrucción de procedimiento.
4. Posteriormente, por acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda y, entre otras cosas, tuvo por autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Sinaloa, este último con la finalidad de integrar debidamente el expediente, aun cuando no fue señalado expresamente por el actor; ordenó darles vista para que rindieran su informe y los requirió para que el primero de ellos, enviara copia certificada de los antecedentes legislativos del decreto impugnado y, el segundo, exhibiera original o copia certificada de un ejemplar del Periódico Oficial del Estado en el que conste su publicación. Asimismo, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, en caso de estimar que la materia del juicio trasciende a sus funciones constitucionales, manifieste lo que a su esfera competencial convenga.
5. Posteriormente, mediante proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, entre otras cosas, se integró al expediente el escrito y anexo presentados por María del Rosario Valdez Páez, en su carácter de síndica procuradora del Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, para el periodo dos mil veintiuno a dos mil veinticuatro, a quien se le tuvo por presentada con la personalidad que ostenta.
6. Contestación del Poder Legislativo del Estado. Por escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gene René Bojórquez Ruiz, quien se ostentó como el presidente de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, dio cumplimiento al requerimiento solicitado y acompañó, en copias certificadas, los antecedentes legislativos del decreto impugnado.
7. Posteriormente, por escrito recibido el diez de noviembre de dos mil veintiuno en el sistema electrónico de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicho promovente dio contestación a la demanda de controversia constitucional, en la cual ofreció diversos argumentos relacionados con la procedencia del presente medio de control constitucional, así como con la regularidad constitucional de las normas impugnadas, los cuales se sintetizan a continuación.
Causal de sobreseimiento. En relación con lo previsto en el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal, se deriva la obligación del Municipio de Culiacán de demostrar la existencia del conflicto competencial al que alude como existente entre tal ente y el Poder Legislativo del Estado de Sinaloa, cuestión que en el caso no aconteció, por lo que debe sobreseerse en la presente controversia constitucional, a la luz de lo siguiente:
•·En primer lugar, no es posible alegar una invasión de competencias con sustento en el artículo 21, décimo párrafo, inciso a), de la Constitución Federal, pues en dicho precepto no se le confiere al Municipio la facultad para presentar y aprobar la normatividad relacionada con el régimen complementario de seguridad social y reconocimientos, de conformidad con sus necesidades y a cargo de su presupuesto, sino únicamente se refiere a la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de las instituciones de seguridad pública.
•·Sin que pase inadvertido que en la demanda se enfatiza la porción normativa "permanencia ... de los integrantes de las instituciones de seguridad pública", ya que se pasa por alto que ese tema nada tiene que ver con el régimen complementario de seguridad social sino con la regulación de los requisitos que deben cumplir los integrantes de las instituciones de seguridad pública para asegurar su permanencia en dichas instituciones, tal como lo prevé el artículo 88 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. •·También resulta incierto que dicho precepto establezca las bases para la coordinación de esfuerzos entre la Federación, Estado y sus Municipios, para expedir la normatividad relacionada con los regímenes complementarios de seguridad social de los integrantes de las corporaciones policiales, pues tal coordinación es para hacer posible el cumplimiento los objetivos en materia de seguridad pública.
•·Por otra parte, el establecimiento del régimen complementario de seguridad social no es una facultad exclusiva del Municipio de Culiacán, pues del artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la Constitución Federal, se desprende que se trata de una facultad concurrente conferida tanto a las autoridades federales, como a las autoridades estatales y municipales, de forma que no existe la invasión de competencias alegada por el actor (a efecto de apoyar su conclusión, cita las jurisprudencias P./J. 15/98 y P./J. 14/98).
•·Además, es la propia Constitución Federal la que respalda la competencia del Congreso Local para emitir el decreto impugnado, toda vez que en términos del artículo 115, fracción VIII, de tal ordenamiento, las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados, con base en lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución.
•·Por su parte, en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, se reconoce la competencia del Congreso del Estado para instrumentar sistemas complementarios de seguridad social a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal de las corporaciones policiales, así como de sus familias y dependientes; sistemas que, en términos de la fracción XI, inciso a), de dicho artículo, deben tener, entre sus bases mínimas a cubrirse, la jubilación, invalidez y muerte.
•·Lo anterior ha sido reconocido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LXXXIII/99, pues en ella se sostuvo que el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal, establece como obligación del ente municipal regir las relaciones de sus trabajadores conforme a las leyes que expida la Legislatura Estatal y que, por ello, el manejo de su hacienda municipal no es ilimitado o absoluto.
Contestación a los conceptos de invalidez del escrito de controversia constitucional. El Poder Legislativo del Estado refiere que si bien son suficientes los argumentos vertidos para decretar el sobreseimiento en el presente asunto, de manera cautelar se contestan los conceptos de invalidez planteados, de la siguiente manera:
Primero, segundo, tercero y octavo. Los conceptos de invalidez referidos son infundados, por lo siguiente:
•·El Municipio actor parte de una premisa falsa, pues contrario a lo que sostiene, del artículo 21, décimo párrafo, inciso a), de la Constitución Federal, no se desprende una facultad exclusiva a su favor para aprobar la normatividad relacionada con el régimen complementario de seguridad social, sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que en su demanda enfatice y resalte la porción que hace referencia al concepto de permanencia, pues nada tiene que ver con el tema del régimen complementario de seguridad social sino con la regulación sobre los requisitos que deben cumplir los integrantes de las instituciones de seguridad pública para asegurar su permanencia en dichas instituciones, los cuales se encuentran previstos en los artículos 40, 85 y 88 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
•·Además, si bien en dicho precepto constitucional se establece un deber de coordinación entre las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, lo cierto es que ello es para lograr el cumplimiento de los objetivos en materia de seguridad pública.
•·Tampoco es obstáculo para la constitucionalidad del decreto impugnado el contenido del artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque aun cuando se prevé que los Municipios deberán generar una normatividad de régimen complementario de seguridad social, de acuerdo con sus necesidades y con cargo a su presupuesto, en su parte final se delimita tal facultad a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal, el cual reconoce la potestad de las autoridades federales, estatales y municipales de instrumentar sistemas complementarios de seguridad social; de ahí que no puede considerarse que tal aspecto sea una facultad exclusiva del Municipio.
•·Además, la emisión del decreto impugnado no impide que el Municipio actor, en ejercicio de la facultad que la Constitución le confiere, emita sistemas complementarios, aunque para ello deba observar lo dispuesto en las leyes que emita el Congreso Local, en términos del artículo 115, fracción VIII, segundo párrafo, del a Constitución Federal.
Por todo lo anterior y tomando en cuenta que la Constitución Federal prevé que las autoridades de los Estados instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social y que, entre las bases mínimas que deben cubrir, se encuentra la jubilación, invalidez y muerte, debe concluirse que el Congreso no vulneró facultad alguna con la emisión del decreto impugnado.
•·En otra línea argumentativa, resulta infundado que el decreto impugnado vulnere los principios de libre administración hacendaria y reserva de fuentes de ingresos municipales, toda vez que no se estableció disposición alguna que le indique al Municipio el destino que debe darle a sus recursos, ni tampoco alguna otra que afecte o menoscabe alguna fuente de ingresos de las previstas en el artículo 115, fracción IV, incisos a) y c), de la Constitución Federal.
•·Aunado a lo anterior, en el artículo tercero transitorio del decreto impugnado se instruyó, en primer término, al Ejecutivo del Estado para que realice las adecuaciones presupuestales correspondientes y, posteriormente, a los Ayuntamientos para que realicen las acciones que les correspondan, de conformidad con las disposiciones aplicables y en el ámbito de sus competencias, lo que demuestra que no se actualiza la interferencia alegada en la administración hacendaria del Municipio de Culiacán o alguna afectación a sus fuentes de ingresos.
•·Sobre lo anterior, debe tenerse en cuenta que es al Municipio a quien le compete presentar las iniciativas de Ley de Ingresos ante el Congreso, facultad que ni siquiera se señala como vulnerada, y la cuales deberán servir de base para formular y aprobar su propio Presupuesto de Egresos.
•·Por tanto, debe reiterarse que fue con el objetivo de que el Municipio dé cumplimiento a las nuevas disposiciones, que en el artículo tercero transitorio se le instruyó a realizar las acciones correspondientes, de conformidad con las disposiciones aplicables y en el ámbito de sus competencias.
•·Entre dichas disposiciones se encuentra el artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del cual se desprende la obligación del Municipio de generar con cargo a su presupuesto un régimen complementario de seguridad social; obligación que debe traducirse en perfeccionar el régimen ya propuesto por el Congreso del Estado. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia PC.II.A. J/22 A (10a.), emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito.
•·Incluso suponiendo sin conceder que el contenido del dictamen impugnado implicara alguna afectación al principio de libre administración hacendaria del Municipio, o le impusiera una carga presupuestaria, lo cierto es que su emisión atiende a la facultad que la Constitución Federal le confiere al Congreso del Estado en su artículo 115, fracción VIII, segundo párrafo, en relación con el diverso 123, fracción XI, inciso a), y tercer párrafo de la fracción XIII; la cual ha sido interpretada por el Tribunal Pleno en la jurisprudencia P. LXXXIII/99.
•·Por otra parte, resultan inoperantes los argumentos en los que el actor alega que en el procedimiento legislativo del decreto impugnado no se realizó un estudio actuarial sobre el impacto económico de los presupuestos de los Municipios, incumpliendo con el multicitado artículo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; que no se le dio una segunda lectura al dictamen y que no se le notificó la intención de dicha reforma. Ello, toda vez que son argumentos relacionados con cuestiones de legalidad y violaciones indirectas a la Constitución, siendo que al resolver la reclamación 150/2019-CA, el Tribunal Pleno limitó la procedencia de las controversias constitucionales cuando se invoquen violaciones directas a la Constitución Federal.
•·Sin embargo, de manera cautelar, debe decirse, en primer lugar, que en el artículo 145 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa se prevé que podrá dispensarse la segunda lectura de las iniciativas presentadas cuando así lo acuerde la Cámara, a petición de algún diputado; situación que aconteció en el caso, tal y como se desprende del acta de la sesión pública de seis de julio de dos mil veintiuno.
•·En segundo lugar, del artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública no se desprende la obligación del Congreso del Estado de realizar un estudio actuarial sobre el impacto económico que sufrirían los presupuestos de los Municipios. Por el contrario, las únicas obligaciones que derivan de dicho precepto están dirigidas a autoridades distintas al Congreso del Estado, como lo son las instituciones de Seguridad Pública, a las cuales se les impone el deber
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31511-2972849d/i-controversia-constitucional-la-persona-que-ostente-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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