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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA. III. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ES UN REQUISITO INELUDIBLE EN LA LEGISLACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONALES PARA ASEGURAR LA PERTINENCIA Y CALIDAD DE TODAS LAS ACCIONES ENCAMINADAS A ASEGURAR EL PLENO GOCE DE SUS DERECHOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES CON LAS DEMÁS PERSONAS. IV. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA CONSULTA PREVIA EN MATERIA DE DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ES UNA FORMALIDAD ESENCIAL DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO, CUYA EXIGIBILIDAD SE ACTUALIZA CUANDO LAS ACCIONES ESTATALES OBJETO DE LA PROPUESTA AFECTEN LOS INTERESES Y/O DERECHOS DE ESE GRUPO VULNERABLE. V. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PARA CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 4, NUMERAL 3, DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LA PARTICIPACIÓN DE ESTOS GRUPOS VULNERABLES DEBE SER PREVIA, PÚBLICA, ABIERTA Y REGULAR, ESTRECHA Y CON PARTICIPACIÓN PREFERENTEMENTE DIRECTA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ACCESIBLE, INFORMADA, SIGNIFICATIVA, CON PARTICIPACIÓN EFECTIVA Y TRANSPARENTE. VI. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EN LOS CASOS DE LEYES QUE NO SON EXCLUSIVAS O ESPECÍFICAS EN REGULAR LOS INTERESES Y/O DERECHOS DE ESTOS GRUPOS, LA FALTA DE CONSULTA PREVIA NO IMPLICA LA INVALIDEZ DE TODO EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO, SINO ÚNICAMENTE DE LOS PRECEPTOS QUE DEBÍAN SER CONSULTADOS Y RESPECTO DE LOS CUALES EL LEGISLADOR FUE OMISO EN LLEVAR A CABO LA CONSULTA PREVIA CONFORME A LOS ESTÁNDARES ADOPTADOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. VII. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LAS MODIFICACIONES A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO SON SUSCEPTIBLES DE AFECTAR A DICHAS COMUNIDADES, POR LO QUE DEBEN ESTAR PRECEDIDAS DE AQUÉLLA [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN LII, INCISOS A), B), C) Y E), DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO, REFORMADO MEDIANTE EL DECRETO NO. 151, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS]. VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS, CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE PRIVE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE LOS POSIBLES EFECTOS BENÉFICOS DE LA NORMA INVALIDADA [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN LII, INCISOS A), B), C) Y E), DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO, REFORMADO MEDIANTE EL DECRETO NO. 151, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS]. IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA QUE VINCULA AL LEGISLADOR A DESARROLLAR LAS CONSULTAS RESPECTIVAS EN UN PLAZO DE DOCE MESES [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN LII, INCISOS A), B), C) Y E), DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO, REFORMADO MEDIANTE EL DECRETO NO. 151, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS].

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 106/2022. · Registro digital (IUS): 31670
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-08-11
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Agosto de 2023, Tomo I, Pág.468.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 106/2022. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 5 DE JUNIO DE 2023. PONENTE: MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: IVETH LÓPEZ VERGARA.

ÍNDICE TEMÁTICO

TEMA: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) estima que el artículo 21, fracción LII, incisos a), b), c) y e), de la Ley de Educación del Estado de Durango transgrede el derecho humano de consulta previa porque, con anticipación a su expedición, no se llevó a cabo el procedimiento de consulta al grupo de personas con discapacidad aun cuando prevén cuestiones relacionados con ellas.

Ver índice temático

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día cinco de junio de dos mil veintitrés.

VISTOS los autos para resolver el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad identificada al rubro, y

RESULTANDO:

I. Presentación de la demanda

1. Por escrito presentado el dieciocho de julio de dos mil veintidós, mediante el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su presidenta María del Rosario Piedra Ibarra, promovió acción de inconstitucionalidad contra el artículo 21, fracción LII, incisos a), b), c) y e), de la Ley de Educación del Estado de Durango, en su texto derivado del Decreto 151 publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el dieciséis de junio de dos mil veintidós; señalando como órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las mencionadas normas al Congreso y al gobernador constitucional de ese Estado.

II. Preceptos constitucionales e internacionales que se estiman violados y concepto de invalidez

2. La accionante estimó violados los artículos 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; y V de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

3. Asimismo, expuso como concepto de invalidez que el artículo 21, fracción LII, incisos a), b), c) y e), de la Ley de Educación del Estado de Durango transgrede el derecho humano de consulta previa, porque con anticipación a su expedición, no se llevó a cabo el procedimiento de consulta al grupo de personas con discapacidad aun cuando prevén cuestiones relacionados con ellas, habida cuenta de que:

a. El artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece la obligación de los Estados de celebrar consultas previas con las personas con discapacidad, incluidos niños y niñas, a través de las organizaciones que los representan, para la elaboración de legislación sobre cuestiones relacionadas con ellas; deber que tiene que ser cumplido por las autoridades mexicanas al tenor de los artículos 1o. y 133 de la Constitución Federal, pues se trata de una medida obligatoria prevista en un instrumento internacional que opera de manera previa a la aprobación de normas generales legales, reglamentarias y administrativas, así como de políticas públicas vinculadas con la discapacidad.

b. La observación general 7 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad estableció que las consultas deben materializarse antes de aprobar leyes, reglamentos y políticas sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, entendiéndose por esto último toda lo que pueda afectarlas de forma directa o indirecta.

c. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 68/2018, sostuvo que esta consulta a las personas con discapacidad tiene como finalidad superar el modelo rehabilitador para dar paso a un modelo social, que permita su intervención en la definición de sus necesidades y abandonando su condición como sujetos pasivos de la ayuda que se les brinda.

d. El Alto Tribunal, al resolver la acción de inconstitucionalidad 41/2018 y su acumulada 42/2018, definió que la consulta debe ser previa, abierta y pública, abierta y regular; estrecha y con participación directa de las personas con discapacidad; accesible; informada; significativa; con participación efectiva; y transparente.

e. La disposición legal impugnada incide en la situación de las personas con discapacidad, porque establece las facultades de la Secretaría de Educación del Estado de Durango para llevar a cabo acciones tendientes a impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Estatal; para promover un programa estatal de becas para personas con discapacidad; para implementar programas de formación y certificación de intérpretes estenógrafos del español, del uso conjunto de éste y la lengua de señas, y del sistema de escritura Braille y otras tecnologías; y para celebrar convenios con los Ayuntamientos para que las bibliotecas y salas de lectura sean dotadas de equipos que permitan el acceso a las personas con discapacidad.

f. Las porciones normativas impugnadas tienen repercusión en la situación de las personas con discapacidad, en la medida en que contienen medidas que les permiten integrarse a la vida social, en especial en el ámbito educativo y cultural, a partir de la eliminación de obstáculos y barreras en el sistema educativo; además de que se trata de hipótesis legales que contribuyen al ejercicio de los derechos de expresión y acceso a la información, pues fomenta la profesionalización de la lengua de señas y la escritura Braille.

g. De un análisis del proceso legislativo que dio origen a la norma impugnada, se aprecia que no existió consulta previa, estrecha y activa a las personas con discapacidad, a través de sus representantes o con las asociaciones que fungen para ese efecto; de ahí que su contenido no atiende ni fue diseñado a partir de la particular perspectiva de ese sector de la población.

III. Admisión de la acción de inconstitucionalidad

4. Mediante proveído de dos de agosto de dos mil veintidós, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la que correspondió el expediente 106/2022, y designó al Ministro Alberto Pérez Dayán para que actuara como instructor en el procedimiento.

5. Por auto de tres de agosto del mismo año, el Ministro instructor admitió la acción, ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma y al ejecutivo que la promulgó para que rindieran su respectivo informe.

IV. Informe de las autoridades

6. Fue rendido en los términos siguientes:

A. El Congreso del Estado de Durango (por conducto de su secretario de servicios jurídicos), rindió su informe en relación con la acción de inconstitucionalidad, en el que reconoció como cierto el acto impugnado y, en síntesis, expuso lo siguiente:

A.1. El proceso de creación de la disposición impugnada satisfizo los requisitos constitucionales y legales, conforme se desprende de los antecedentes que integran el proceso legislativo respectivo.

A.2. Las iniciativas de ley fueron turnadas a la Comisión de Educación Pública para estudio, mientras que el dictamen correspondiente fue sometido a la determinación de la Legislatura Local, en términos de los artículos 93, 127, 176, 183, 184, 186, 187, 188 y 189 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado.

A.3. Las consideraciones esenciales que llevaron a aprobar la reforma fueron:

• El objetivo es fomentar el acceso abierto a la información de carácter científico, educativo, tecnológico y de innovación que se produce en la entidad federativa.

• Se procura reafirmar el compromiso con la divulgación y el conocimiento, así como en la divulgación de la tecnología y la digitalización de la información para mejorar la comunicación entre científicos, investigadores y sociedad en general.

• Es necesaria la instalación de comités escolares de salud encargado de la capacitación a la comunidad escolar sobre la aplicación de protocolos y medidas de higiene y seguridad.

• La pandemia por coronavirus requiere aprender nuevas formas de convivencia, así como revisar los insumos e infraestructura de los planteles atinentes a su saneamiento e higiene.

A.4. La reforma legal tiene sustento en el artículo 3o. de la Constitución Federal, en la Ley General de Educación y en la Ley Estatal para la Integración Social de las Personas con Discapacidad.

A.5. La norma impugnada constituye un sistema marco y, por ello, una mera base de una regulación futura más detallada para las personas con discapacidad, por lo que no resulta menester una consulta previa. Esto es, la norma no incide en la situación de las personas con discapacidad, porque establece un contexto general que requiere de disposiciones específicas posteriores.

A.6. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha determinado que la falta de consulta no implica la invalidez de todo el cuerpo normativo, sino sólo de los preceptos que afectan al grupo vulnerables, en términos de lo fallado en las acciones de inconstitucionalidad 121/2020, 131/2020, 179/2020, 193/2020, 214/2020 y 18/2021.

B. El gobernador del Estado de Durango (por conducto de su consejero general de Asuntos Jurídicos), rindió su informe en el que se limitó a reconocer como cierto el acto impugnado, sin esgrimir argumentos en su defensa.

V. Cierre de Instrucción

7. Una vez que se pusieron los autos a la vista de las partes para la formulación de sus alegatos, por acuerdo de once de noviembre de dos mil veintidós, se tuvieron por recibidos los de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (accionante).

8. Finalmente, por auto de cinco de diciembre del mismo año, se declaró cerrada la instrucción.

CONSIDERANDO:

I. Competencia

9. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se solicita la declaración de inconstitucionalidad del artículo 21, fracción LII, incisos a), b), c) y e), de la Ley de Educación del Estado de Durango.

II. Oportunidad

10. En principio, debe tenerse en cuenta que el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá "de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución", las cuales "podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la publicación de la norma" impugnada; mientras que el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que "el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente". Lo que permite establecer que, tratándose de acciones de inconstitucionalidad, el plazo para la presentación de la demanda es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a aquel en que se publique la norma impugnada en el correspondiente medio oficial, sin que deban excluirse los días inhábiles, en la inteligencia de que si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda se podrá presentar al primer día hábil siguiente.

11. En el caso, el precepto legal impugnado se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango el jueves dieciséis de junio de dos mil veintidós; de ahí que el plazo de treinta días naturales para ejercer la acción de inconstitucionalidad corrió del viernes diecisiete de junio al sábado dieciséis de julio siguientes.

12. Por tanto, si el escrito de demanda relativo a la presente acción de inconstitucionalidad fue presentado el lunes dieciocho de julio de dos mil veintidós mediante el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, el día hábil inmediato siguiente al último del plazo que fue inhábil, es claro que la promoción de la acción resulta oportuna.

III. Legitimación

13. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal establece que este Alto Tribunal conocerá de las acciones de inconstitucionalidad contra normas de carácter general promovidas por "La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea Parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas".

14. Disposición que ha sido interpretada en la jurisprudencia del Tribunal Pleno de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. QUIÉNES SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA ATENDIENDO AL ÁMBITO DE LA NORMA IMPUGNADA.",(1) conforme a la cual las acciones de inconstitucionalidad contra leyes locales pueden promoverse, entre otros, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si se trata de leyes que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal.

15. En el caso, la demanda fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de su presidenta María del Rosario Piedra Ibarra, lo que acredita con la copia certificada de su designación en ese cargo por el Pleno del Senado de la República para el periodo del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve al quince de noviembre de dos mil veinticuatro.

16. Por tanto, si en el caso se plantea la inconstitucionalidad del artículo 21, fracción LII, incisos a), b), c) y e), de la Ley de Educación del Estado de Durango, en su texto derivado del Decreto 151 publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el dieciséis de junio de dos mil veintidós –por considerarlo violatorio del derecho a la consulta previa a grupos de personas con discapacidad en el ámbito del derecho humano a la educación–, es evidente que la Comisión tiene la legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad.

IV. Causas de improcedencia

17. Las partes no plantearon causas de improcedencia ni de oficio se advierte la actualización de alguna, por lo que procede emprender el análisis de los conceptos de invalidez.

V. Estudio de fondo

18. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que el artículo 21, fracción LII, incisos a), b), c) y e), de la Ley de Educación del Estado de Durango, en su texto derivado del Decreto 151 publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el dieciséis de junio de dos mil veintidós, vulnera el derecho a la consulta de las personas con discapacidad reconocido en los artículos 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales y 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en virtud de que se trata de porciones normativas estrechamente vinculadas con los derechos de las personas con discapacidad, al regular cuestiones relativas a la educación inclusiva.

19. Es fundada esta violación, sobre lo cual es necesario destacar que, en múltiples precedentes construidos a partir de las acciones de inconstitucionalidad 80/2017 y su acumulada 81/2017(2) y 68/2018,(3) este Alto Tribunal reconoció que la obligación de consultar a las personas con discapacidad, aun cuando no se encuentra previsto en forma expresa en la Constitución Federal ni en una ley o reglamento específico, lo cierto es que está establecido en el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual tiene rango constitucional conforme a la jurisprudencia de este Tribunal Pleno de rubro: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.";(4) disposición convencional que se reproduce a continuación:

"Artículo 4. Obligaciones generales. ...

"3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Parte celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan."

20. La razón que subyace, en primer lugar, a la exigencia de consultar a las personas con discapacidad consiste en que se supere un modelo rehabilitador de la discapacidad –donde las personas con estas condiciones son sujetos pasivos a la ayuda que se les brinda(5)– favoreciendo un "modelo social" en el que la causa de la discapacidad es el contexto que la genera; es decir, las deficiencias de la sociedad en la que estas personas se encuentran para generar servicios adecuados una vez consideradas las necesidades particulares de las personas con esta condición. Dicho de otro modo, una ausencia de consulta en cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad significaría no considerarlas en la definición de sus propias necesidades, volviendo de alguna manera a un modelo rehabilitador o asistencialista.

21. En segundo lugar, el derecho a la consulta de las personas con discapacidad está estrechamente relacionado con los principios generales de autonomía e independencia que rigen la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (artículo 3.a), su derecho de igualdad ante la ley (artículo 12) y su derecho a la participación (artículo 3.c y artículo 29) que se plasmó en el lema del movimiento de personas con discapacidad: "Nada de nosotros sin nosotros".

22. Finalmente, el derecho a la consulta es uno de los pilares de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, puesto que el proceso de creación de dicho tratado fue justamente uno de participación genuina y efectiva, colaboración y consulta estrecha con las personas con discapacidad. La Convención sobre Personas con Discapacidad fue resultado de todas las opiniones ahí vertidas. Ello aseguró la calidad de dicho instrumento y su pertinencia para esas personas.

23. Por tanto, el derecho a la consulta de las personas con discapacidad en la legislación y políticas públicas nacionales es un requisito ineludible para asegurar la pertinencia y calidad de todas las acciones encaminadas a asegurar el pleno goce de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás. Dicho de otro modo, la consulta es lo que asegura que las medidas dirigidas a las personas con discapacidad sean una respuesta a sus necesidades reales.

24. Ahora bien, este Tribunal Pleno sostuvo, al resolver la acción de inconstitucionalidad 33/2015,(6) que la consulta previa en materia de derechos de personas con discapacidad es una formalidad esencial del procedimiento legislativo, cuya exigibilidad se actualiza cuando las acciones estatales objeto de la propuesta incidan en los intereses y/o derechos de esos grupos.

25. En dicho asunto, se sostuvo que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad involucra a la sociedad civil y, más concretamente, a las organizaciones representativas de las personas con discapacidad en las acciones estatales que incidan en esos grupos, ya que éstas tienen un impacto directo en la realidad, al reunir información concreta sobre presuntas violaciones de los derechos humanos de ese grupo vulnerable, y colaboran para que la discapacidad sea vista como un tema fundamental de derechos humanos. 26. Dentro del desarrollo jurisprudencial sobre el tema, uno de los precedentes más importantes es la acción de inconstitucionalidad 41/2018 y su acumulada 42/2018,(7) en la que este Alto Tribunal señaló que, como elementos mínimos para cumplir con la obligación de consulta previa, su participación debe ser:

• Previa, pública, abierta y regular. El órgano legislativo debe establecer reglas, plazos razonables y procedimientos en una convocatoria, en la que se informe de manera amplia, accesible y por distintos medios la forma en que las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan podrán participar tanto en la iniciativa como en el proceso legislativo, dentro del cual se debe garantizar su participación, de manera previa al dictamen y ante el Pleno del órgano deliberativo, durante la discusión, por lo cual deben especificarse en las convocatorias los momentos de participación.

• Estrecha y con participación preferentemente directa de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad no deben ser representadas, sino que, en todo caso, cuenten con la asesoría necesaria para participar sin que se sustituya su voluntad, es decir, que puedan hacerlo tanto de forma individual, como por conducto de las organizaciones de personas con discapacidad, además, de que también se tome en cuenta a las niñas y niños con discapacidad, así como a las organizaciones que los representan.

• Accesible. Las convocatorias deben realizarse con lenguaje comprensible y claro, en formato de lectura fácil, adaptadas para ser entendibles de acuerdo con las necesidades por el tipo de discapacidad, por distintos medios, incluidos los sitios web de los órganos legislativos, mediante formatos digitales accesibles y ajustes razonables cuando se requiera, como, por ejemplo, los macrotipos, la interpretación en lengua de señas, el Braille y la comunicación táctil. Además, las instalaciones de los órganos parlamentarios deben ser accesibles a las personas con discapacidad.

Aunado a ello, el órgano legislativo debe garantizar que la iniciativa, los dictámenes correspondientes y los debates se realicen con este mismo formato, a efecto de que se posibilite que las personas con discapacidad comprendan el contenido de la iniciativa y se tome en cuenta su opinión, dando la posibilidad de proponer cambios tanto a ésta como durante el proceso legislativo.

La accesibilidad también debe garantizarse respecto del producto del procedimiento legislativo, es decir, el decreto por el que se publique el ordenamiento jurídico en el órgano de difusión estatal.

• Informada. A las personas con discapacidad o comunidades involucradas se les debe informar de manera amplia y precisa sobre la naturaleza y consecuencia de la decisión que se pretenden tomar.

• Significativa. Lo cual implica que en los referidos momentos del proceso legislativo se debata o se analicen las conclusiones obtenidas de la participación de las personas con discapacidad y los organismos que las representan.

• Con participación efectiva. Que abone a la participación eficaz de las personas con discapacidad, las organizaciones y autoridades que los representan, en donde realmente se analice y tome en cuenta su opinión, con el propósito de que no se reduzca su intervención a una mera exposición, sino que enriquezcan con su visión la manera en que el Estado puede hacer real la eliminación de barreras sociales para lograr su pleno desarrollo en las mejores condiciones, principalmente, porque son quienes se enfrentan y pueden hacer notar las barreras sociales con las que se encuentran, a efecto de que se puedan diseñar mejores políticas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones, no obstante el estado físico, psicológico o intelectual que presenten en razón de su discapacidad, así como por su género, minoría de edad, y con una cosmovisión amplia de las condiciones y dificultades sociales –condiciones de pobreza, de vivienda, salud, educación, laborales, etcétera–.

• Transparente. Es elemental garantizar la transparencia en la información que generen los órganos estatales, la que aporten las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, así como del análisis y debate de sus aportaciones.

27. Además, en el señalado precedente se puntualizó que esta obligación no es oponible únicamente ante los órganos formalmente legislativos, sino a todo órgano del Estado Mexicano que intervenga en la creación, reforma, o derogación de normas generales –criterio que ha sido reiterado entre múltiples precedentes–.

28. De manera más reciente, este Tribunal Pleno, por falta de consulta a las personas con discapacidad, declaró la invalidez de diversos preceptos de las leyes de educación de los Estados de Tlaxcala, Zacatecas, San Luis Potosí, Sonora, Puebla, Guerrero, Baja California, Chiapas, Yucatán, Guanajuato, Aguascalientes, Michoacán, Jalisco, Morelos, Nuevo León y Ciudad de México, respectivamente –algunas en relación con el decreto de expedición de la ley y otras en relación con decretos de reforma–, a través de las diversas acciones de inconstitucionalidad 212/2020,(8) 193/2020,(9) 179/2020,(10) 214/2020,(11) 131/2020 y su acumulada 186/2020,(12) 299/2020,(13) 18/2021,(14) 291/2020,(15) 239/2020,(16) 178/2020,(17) 240/2020,(18) 129/2020,(19) 207/2020,(20) 168/2020 y su acumulada 177/2020,(21) 71/2021,(22) 29/2021(23) y 109/2021.(24)

29. Específicamente, al resolver la acción de inconstitucionalidad 121/2019,(25) declaró la invalidez de los artículos 61 a 68 de la Ley General de Educación publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado treinta de septiembre de dos mil diecinueve.

30. En suma, se puede considerar que la consulta previa a personas con discapacidad es una formalidad esencial del procedimiento legislativo cuando se actualizan los estándares precisados.

31. Cabe precisar que en las acciones de inconstitucionalidad referidas en las líneas precedentes, este Tribunal Pleno ha sostenido que en los casos de leyes que no son exclusivas o específicas en regular los intereses y/o derechos de personas con discapacidad o pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, la falta de consulta previa no implicaba la invalidez de todo el procedimiento legislativo, sino únicamente de los preceptos que debían ser consultados y respecto de los cuales el legislador fue omiso en llevar a cabo la consulta previa conforme a los estándares adoptados por esta Suprema Corte.

32. En efecto, a partir de la acción de inconstitucionalidad 212/2020, este Tribunal Pleno ha sostenido que la determinación de si el vicio de ausencia de consulta tiene el potencial de invalidar toda la ley o solamente determinados preceptos legales, dependerá de si las normas que regulan a las comunidades indígenas y personas con discapacidad tienen un impacto en el ordenamiento en su integridad, que permitan considerar que la ley tiene como objeto específico su regulación.

33. Así, se determinó que en el supuesto de que una norma o un ordenamiento general no esté específicamente relacionado con los grupos vulnerables que deben ser privilegiados con una consulta, esto es, que no se refieran única y exclusivamente a ellos, sino que, en el contexto general estén inmiscuidos, las normas por invalidar son precisamente las que les afecten, pero sin alcanzar a invalidar toda la norma.

34. Por el contrario, cuando los decretos o cuerpos normativos se dirijan específicamente y en forma integral a estos grupos vulnerables, la falta de consulta invalida todo ese ordenamiento.

35. Pues bien, en el caso, la accionante impugnó el artículo 21, fracción LII, incisos a), b), c) y e), de la Ley de Educación del Estado de Durango, en su texto derivado del Decreto 151 publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el dieciséis de junio de dos mil veintidós, que se reproduce a continuación:

"Artículo 21. Corresponden a la Secretaría, las siguientes atribuciones:

"...

"LII. Las demás que con tal carácter establezca esta ley y otras disposiciones aplicables. Para tales efectos, llevara a cabo entre otras acciones:

"a) Hacer los ajustes curriculares a los programas de educación, para la incorporación y oportuna canalización de las personas con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Estatal; así como verificar el cumplimiento de las normas para su integración educativa en apego a lo establecido a la Ley Estatal para la Integración Social de las Personas con Discapacidad;

"b) Promover el establecimiento de un programa estatal de becas educativas y becas de capacitación para personas con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Estatal;

"c) Diseñar e implementar programas de formación y certificación de intérpretes estenógrafos del español y demás personal especializado en la difusión y uso conjunto del español y la Lengua de Señas; así como de las formas de comunicación de las personas con discapacidad visual entre ellas el sistema de escritura Braille y otras tecnologías; ...

"e) Firmar convenios de colaboración con los ayuntamientos, a fin de que en las bibliotecas y salas de lectura, entre otros, se incorporen equipos de cómputo con tecnología adaptada, escritura e impresión en el Sistema de Escritura Braille, ampliadores y lectores de texto, espacios adecuados y demás innovaciones tecnológicas que permita su uso a las personas con discapacidad; ..."

36. Como se ve, esta porción normativa –apreciada en relación con el artículo 10 del mismo ordenamiento legal–(26) forma parte de la regulación que otor

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31670-58a7a25a/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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