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Modo: Corpus Pro

RESPONSABILIDAD OFICIAL, QUEJA ADMINISTRATIVA POR. EL DENUNCIANTE CARECE DE LEGITIMACION PARA PROMOVER AMPARO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1792/95. · Registro digital (IUS): 3172
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ANTONIO ALEJANDRO MORA JIMENEZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, , Pág. 393.

AMPARO EN REVISION 1792/95. ANTONIO ALEJANDRO MORA JIMENEZ.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Resultan infundados los agravios transcritos, sin que la facultad de suplir la deficiencia de la queja conduzca a una opinión contraria.

En efecto, de la lectura de la demanda de garantías que originó la sentencia que ahora se recurre, se advierte que el acto reclamado lo fue la resolución emitida por el Magistrado Visitador del Juzgado Décimo Octavo del Arrendamiento Inmobiliario, en que se declaró que el titular de dicho juzgado, no incurrió en la responsabilidad administrativa que se le imputó.

Tal determinación, se emitió al resolver una queja administrativa que contra ese juzgador interpuso Antonio Alejandro Mora Jiménez, en su condición de sucesor preferente de ISAAC JIMENEZ SERRALDE, en el juicio ordinario civil seguido por éste, contra ABEL JIMENEZ AGUILAR, imputándole la posible comisión de faltas oficiales al negarse a ejecutar la sentencia recaída en dicho juicio.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 277 a 287 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, se establece un procedimiento para sancionar las faltas que cometen los servidores públicos de la administración de justicia, en el ejercicio de sus cargos; faltas y sanciones que se encuentran previstas en los artículos 288 a 306 del mismo ordenamiento legal.

Es decir, el motivo de las sanciones a que estos preceptos se refieren, está sujeto a un procedimiento, con la participación específica de los sujetos a que los propios numerales se refieren, y que, culminan con una resolución como la reclamada en el juicio de amparo.

Empero, para que la resolución recaída a esa queja administrativa sea susceptible de reclamarse en la vía constitucional, resulta presupuesto ineludible para su procedencia, que sea precisamente el servidor público de que se trate, en caso de ser sancionado, quien reclame tal resolución, en virtud de que, evidentemente, ésta incidiría directamente en su esfera jurídica, lo que lo legitima para impugnarla si considera que con ella se violaron en su perjuicio garantías individuales.

No sucede lo mismo si, quien acude al amparo, es la persona física o moral que hizo del conocimiento la posible comisión de las faltas aludidas, en caso de que la resolución respectiva exonere al servidor público, en virtud de que este tipo de fallos no producen una afectación inmediata y directa a sus intereses jurídicos.

Efectivamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse como lo que la doctrina conoce como derecho subjetivo; es decir, como la facultad o potestad de exigencia consagrada en la norma objetiva de derecho, que conlleva a la conjunción de dos elementos: una facultad de exigir y una obligación correlativa de cumplir dicha exigencia. Derecho que da lugar, entonces sí, a la procedencia del amparo.

Sin embargo, cuando las leyes regulan una determinada situación abstracta en beneficio de la colectividad, pero, como en el caso, no otorgan al particular el poder de exigir que esa situación abstracta se cumpla, puede decirse que sólo existe un interés simple, el cual no da lugar a la procedencia del juicio de garantías.

En este orden de ideas, los artículos 279 y 280, fracción I, de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, otorgan a cualquiera de las partes en el juicio en que se cometan faltas imputables a los servidores públicos, un derecho a formular por escrito su denuncia respectiva.

De acuerdo con lo asentado, es aquí cuando surge como relación correlativa, el deber de la autoridad ante quien se haga la denuncia, de no impedirle el ejercicio de esa facultad y recibírsela para su sustanciación. En este caso, sí se está en el ejercicio de un derecho subjetivo y, por tanto, un interés jurídico que puede exigirse por quien formula dicha queja, a fin de que se le reciba.

Luego, si esa facultad de denunciar se ve atendida con la recepción de su queja administrativa, es claro que el derecho del denunciante queda plenamente satisfecho, en virtud de que el sentido que rija la resolución respectiva, (sea cual fuere el resultado), no incidiría ya en la esfera jurídica del que denuncia, pues su derecho sólo obliga a la autoridad ante quien se presentó, a resolverla; pero no necesariamente a declararla fundada.

Contrariamente a lo que aduce el recurrente, con motivo de la resolución que reclama, no se le priva de sus posesiones, derechos y propiedades, en virtud de que aun cuando su reclamo lo haya hecho porque el juzgador denunciado no ha dado cumplimiento a una sentencia que causó ejecutoria, la queja administrativa en modo alguno constituye un medio que permite examinar esa sentencia, ni por medio de la misma se puede determinar si se revoca, modifica o confirma; o bien si ya quedó o no cumplida.

Esto es comprensible si se toma en cuenta, de acuerdo a lo hasta aquí dicho, que la queja administrativa sólo constituye una denuncia, la cual -de resultar fundada- faculta al superior jerárquico, únicamente a aplicar las sanciones establecidas en las leyes, como en el caso lo sería la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, sin que con esto se cree una relación jurídica entre el servidor público y la persona afectada con la conducta positiva u omisa en que se haga consistir la falta.

Ciertamente, este tipo de quejas, cuyo derecho a interponerlas corresponde a cualquiera de las partes contendientes, tienden sobre todo, a corregir la prestación de servicios en sí, de manera que sea cada vez más óptima la entrega de ese servicio; sin embargo, no es la vía para modificar, revocar o anular, en su caso, las molestias o agravios infringidos a personas determinadas y, por tanto, la misma no afecta los intereses jurídicos del quejoso.

En los casos en que la persona que formula una queja administrativa o una denuncia, y no está conforme con la decisión final que recae a la misma, e interpone el juicio de amparo contra dicha resolución (porque no se sancionó al servidor público denunciado), este Tribunal Colegiado ha sustentado el criterio aplicable al caso concreto que se analiza, y publicado en la página 85, Tercera Parte del Informe de Labores de 1986, en la tesis de rubro:

" El denunciante de faltas oficiales de funcionarios públicos carece de interés jurídico para impugnar a través del juicio de amparo la resolución emitida en favor del funcionario en el procedimiento respectivo porque la ley de la materia no tutela intereses particulares, sino públicos, de tal suerte que, en forma análoga a lo que sucede en materia penal, la acción del particular se agota en la denuncia respectiva, cuyo destino final queda al arbitrio exclusivo de la autoridad que de ella conozca".

En tales condiciones, no obstante que el recurrente aduzca en sus agravios que tiene acreditado su interés jurídico, en mérito a su condición de parte en el juicio ordinario civil de donde emanó la queja administrativa, cuya resolución constituyó el acto reclamado en el juicio de amparo, este Tribunal Colegiado considera que dicho promovente carece de legitimación para intentar el recurso de revisión de que se trata, al devenir su actuación de un mero interés simple que obliga a confirmar el sobreseimiento dictado por el juez de Distrito.

Por lo expuesto y fundado; con apoyo, además, en los artículos 82, 83, 85, 86, 90 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO. Queda intocado el sobreseimiento decretado en el segundo considerando de la sentencia que se revisa.

SEGUNDO. Se confirma la sentencia en la parte recurrida.

TERCERO. Se sobresee en el juicio de garantías a que este toca se refiere.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese este asunto.

Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados: Presidente Carlos Amado Yáñez (ponente), Arturo Iturbe Rivas y Ma. Antonieta Azuela de Ramírez, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3172-9d4afaa2/responsabilidad-oficial-queja-administrativa-por-el-denunciante-carece · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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