INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA (ACCIÓN PROFORMA). NO LO TIENE LA PERSONA QUE RECLAMA SU FALTA DE LLAMAMIENTO OSTENTÁNDOSE COMO PROPIETARIA DEL INMUEBLE OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 158/2021. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 1 DE MARZO DE 2023. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. DISIDENTES: MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR, Y MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: DAVID GARCÍA SARUBBI.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión correspondiente al primero de marzo de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de tesis 158/2021, suscitada entre los criterios sustentados por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
La problemática jurídica a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se centra en determinar, si tiene interés jurídico la persona que, ostentándose como propietaria del inmueble, reclama su falta de llamamiento al juicio de otorgamiento y firma de escritura (acción proforma).
I. DENUNCIA DE LA CONTRADICCIÓN
1. Mediante oficio 48/2021 recibido a través del MINTERSCJN y registrado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el nueve de junio de dos mil veintiuno, el Magistrado Ricardo Alejandro González Salazar, en atención a lo determinado por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio emitido por ese órgano jurisdiccional en el amparo en revisión 79/2020 y el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el amparo en revisión 271/2017, del cual derivó la tesis I.3o.C.360 C (10a.), de rubro: "ACCIÓN PROFORMA. TIENE INTERÉS JURÍDICO LA PERSONA QUE, OSTENTÁNDOSE COMO PROPIETARIA DEL INMUEBLE, RECLAMA SU FALTA DE LLAMAMIENTO AL JUICIO."
II. TRÁMITE DE LA DENUNCIA
2. Por auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, el entonces Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de posible contradicción de tesis, la cual registró con el número 158/2021; también indicó que pasaran los autos para su estudio al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, integrante de la Primera Sala de este Alto Tribunal. Asimismo, se solicitó a la presidencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito remitiera versión digitalizada del original o, en su caso, de la copia certificada de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 271/2017 de su índice, así como del proveído en el que informara si el criterio sustentado en su asunto se encontraba vigente o, en caso de que se tuviera por superado o abandonado, además de señalar las razones que sustentaran las consideraciones respectivas, debiendo remitir la versión digitalizada de la ejecutoria en la que se sustentara el nuevo criterio. Por último, se instruyó dar vista del acuerdo al Pleno en Materia Civil del Primer Circuito y al Pleno del Vigésimo Primer Circuito, para su conocimiento.
3. Avocamiento del asunto en la Primera Sala. Por acuerdo de primero de julio de dos mil veintiuno, la entonces presidenta de esta Primera Sala acordó el avocamiento en el conocimiento del presente asunto.
4. Mediante proveído de dos de julio de dos mil veintiuno, la entonces presidenta de esta Primera Sala tuvo al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito informando que el criterio sustentado en el amparo en revisión 271/2017, continúa vigente y remitiendo versión digitalizada de la ejecutoria emitida en dicho amparo y, toda vez que se encontraba integrado el presente asunto se instruyó su envío al Ministro ponente para su estudio y resolución.
III. COMPETENCIA
5. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General Número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de distinto Circuito y el tema de fondo se relaciona con la materia civil competencia de la Primera Sala.
IV. LEGITIMACIÓN
6. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, quienes resolvieron el amparo en revisión 79/2020, el cual es uno de los criterios contendientes en la presente contradicción de tesis.
V. CRITERIOS DENUNCIADOS
7. En el presente apartado se dará cuenta de los antecedentes procesales, por los que derivaron los criterios contendientes de los Tribunales Colegiados de Circuito que pudieran dar lugar a una contradicción de tesis.
A. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito emitido en el amparo en revisión 79/2020
Antecedentes procesales
8. El tres de mayo de dos mil seis, Banco Inbursa, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa (en adelante Banco Inbursa), como acreedor, y Banca Mifel, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel (en adelante Banca Mifel) en su carácter de fiduciario del fideicomiso número 634/2005, como deudor y garante hipotecario, por la cantidad de $**********, protocolizaron ante notario público contrato de crédito simple con interés y garantía hipotecaria.
9. Juicio ejecutivo mercantil. Posteriormente, Banco Inbursa promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de Banca Mifel, conoció de éste el Juzgado Cuadragésimo Tercero de lo Civil del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), quien lo registró con el expediente 107/2009 y el catorce de julio de dos mil nueve, dictó sentencia en la que condenó a Banca Mifel al pago de $**********, por concepto de suerte principal, más intereses moratorios y ordinarios, el apercibimiento de que, en caso de no pagar, se procedería a la ejecución forzosa.
10. Recurso de apelación. Inconforme, la parte demandada interpuso recurso de apelación, conoció de éste la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), quien mediante resolución de dos de octubre de dos mil nueve, confirmó la sentencia impugnada.
11. Amparo directo. En desacuerdo, la demandada instó juicio de amparo directo del que toco conocer al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el cual lo registró como amparo directo civil 729/2009 y, posteriormente, negó el amparo solicitado.
12. El dieciséis de abril de dos mil diez se declaró la firmeza de la sentencia definitiva y, por tanto, se requirió a la parte demandada para que hiciera el pago correspondiente, apercibiéndola que, de no hacerlo así, se procedería a la ejecución forzosa.
13. El treinta y uno de mayo de dos mil diez, Banco Inbursa y Lion México, Consolidated, L.P (en adelante Lion México), presentaron contrato de cesión de derechos; la primera como cedente y la segunda como cesionaria. Documento que fue ratificado ante la presencia judicial, por lo cual a partir de ese momento se tuvo a la cesionaria, como parte actora. Banco Inbursa cedió a Lion México los derechos derivados de diversos juicios, derechos de crédito y derechos de garantía que tenía en contra de Banca Mifel, en su carácter de fiduciario en el fideicomiso 634/2005.
14. El doce de agosto de dos mil diez, al no dar cumplimiento la demandada se le hizo efectivo el apercibimiento, por lo que se ordenó su ejecución forzosa; para tal fin se ordenó la inscripción del embargo que fue trabado sobre los bienes inmuebles relativos.
15. El diez de mayo de dos mil once, Lion México y The Bank Of New York Mellon, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple [en adelante The Bank Of New York Mellon (actualmente Cibanco)], única y exclusivamente en su carácter de fiduciario en el fideicomiso número F/00796, celebraron convenio de aportación de derechos, el cual ratificaron ante la autoridad judicial; por lo que el Juez tuvo por celebrado el contrato mediante el cual el primero de dichos entes, en su carácter de fideicomitente y fideicomisario, transmitió derechos de propiedad al segundo de ellos, para que en su calidad de fiduciario, los bienes formaran parte del patrimonio del fideicomiso y se destinaran a los fines del mismo.
16. Mediante resolución de quince de noviembre de dos mil once, se aprobó la adjudicación directa solicitada por la parte actora y, por ende, se adjudicó a favor de Bank Of New York Mellon (actualmente Cibanco), como fiduciaria del fideicomiso F/00796, la cantidad de $***********, diversos departamentos, entre ellos el conocido como 104, del edificio Torre Bora Bora, del inmueble denominado sección Punta Bruja Club de Playa, Fraccionamiento Brisas del Márquez, en Acapulco, Guerrero.
17. El treinta de noviembre de dos mil once, causó firmeza la resolución de adjudicación directa, y por esa razón, el Juez ordenó turnar lo autos al notario público para otorgar la escritura pública de adjudicación correspondiente.
18. Mediante escritura pública se hizo constar la adjudicación directa que otorgó Banca Mifel única y exclusivamente en su carácter de fiduciario en el fideicomiso número 634/2005, a favor de The Bank of New York Mellon (actualmente Cibanco), única y exclusivamente en su carácter de fiduciario en el fideicomiso número F/00796, respecto de diversos inmuebles, entre ellos el departamento antes referido.
19. El veintidós de abril de dos mil catorce, Lion México, en su carácter de fideicomitente y fideicomisario del fideicomiso número F/00796, notificó a The Bank Of New York Mellon (actualmente Cibanco), únicamente en su carácter de fiduciario en dicho fideicomiso, su deseo de sustituirlo, por Banco Monex, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero (en adelante Banco Monex).
20. Mediante escritura pública se hizo constar la sustitución fiduciaria que otorgó por una parte, The Bank Of New York Mellon (actualmente Cibanco), única y exclusivamente en su carácter de fiduciario en el fideicomiso número F/00796, y por otra, Banco Monex, en su carácter de fiduciario sustituto y, por último, Lion México, en su carácter de fideicomitente y fideicomisario del citado fideicomiso, al tenor de cuyas cláusulas se sustituyó al primero de dichos entes, por el mencionado en último término y, en consecuencia, se convino que a partir de la fecha de tal instrumento, el fiduciario sustituto sería el titular de todas las obligaciones y derechos inherentes a dicho encargo, por lo que el fideicomiso quedaría identificado con el número F/1805.
21. Luego de que el fiduciario sustituto aceptó el cargo que le fue conferido, se estableció la transmisión del patrimonio fideicomitido, entre el cual se encuentra el departamento de mérito.
Respecto del trámite y resolución del juicio ordinario civil 78/2018.
22. Juicio ordinario civil de acción proforma. Liliana Martínez López demandó en la vía ordinaria civil a Banca Mifel, como fiduciaria del Fideicomiso número F-364/2005, el otorgamiento y firma de la escritura pública definitiva de transmisión de propiedad a su favor, libre de todo gravamen y al corriente de pago de todas sus contribuciones, respecto del departamento de referencia, así como la entrega de la posesión material, real y jurídica de dicho bien inmueble, y el pago de los gastos y costas generados con el juicio.
23. Conoció del juicio el Juez Sexagésimo Tercero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien le otorgó el expediente 78/2018.
24. En auto de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, se tuvo por acusada la rebeldía en que incurrió la parte demandada, al no contestar la demanda instaurada en su contra; consecuentemente, se le tuvo por perdido su derecho para contestar la demanda.
25. El diez de agosto de dos mil dieciocho, el Juez dictó sentencia definitiva en la que declaró procedente la vía ordinaria civil promovida por la actora, pero determinó que no acreditó su acción, en tanto que la demandada se constituyó en rebeldía; en consecuencia, la absolvió de las prestaciones exigidas.
26. Recurso de apelación. Inconforme la parte actora interpuso recurso de apelación, conoció de éste la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la cual lo radicó con el número de toca 726/2018/1 y mediante resolución de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, resolvió revocar la sentencia definitiva, y en ese sentido, condenó a la demandada Banca Mifel, en su carácter de fiduciario en el fideicomiso F-364/2005, a otorgar la escritura pública de compraventa respecto del departamento marcado con el número 104 del edificio Torre Bora Bora, dentro del desarrollo Palmetto Punta Mar, en el Fraccionamiento Brisas Marqués, en Acapulco, Guerrero, a favor de la actora Liliana López Martínez.
27. Para lo anterior, ordenó que se pusieran los autos a disposición del notario público que la actora designara para que elaborara la escritura pública respectiva, y hecho que fuera, se requiriera a la demandada para que compareciera a firmar el instrumento respectivo, con el apercibimiento que, en caso de no hacerlo, el juzgador firmaría en su rebeldía, una vez que la resolución fuera ejecutable.
28. Además, también condenó a la demandada Banca Mifel, en su carácter de fiduciaria del fideicomiso F-364/2005, a entregar la posesión del bien inmueble en cuestión a la actora Liliana López Martínez.
29. Posteriormente, por acuerdo de cuatro de marzo de dos mil diecinueve, el Juez ordenó girar exhorto a su homólogo en la ciudad de Acapulco, Guerrero, para que en auxilio de sus labores, pusiera en posesión a la parte actora del inmueble de mérito.
30. Correspondió conocer del exhorto a la Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, la cual lo radicó con el número 42/2019-III y, posteriormente lo devolvió sin diligenciar, debido a que se hizo constar su imposibilidad para llevar a cabo la diligencia de puesta en posesión ordenada, al no habérsele permitido el acceso al inmueble.
31. Amparo indirecto. Las anteriores actuaciones motivaron que Banco Mónex, única y exclusivamente en su carácter de fiduciario del Fideicomiso F/1805, por conducto de su apoderado legal, solicitara el amparo contra los actos y autoridades siguientes:
a) Del Juez Sexagésimo Tercero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México reclama todas y cada una de las actuaciones practicadas en autos del expediente 78/2018, del juicio ordinario promovido por Liliana López Martinez, contra de Banca Mifel, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso 634/2005, incluyendo la sentencia que recayó al juicio y su notificación.
b) De la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se reclaman todas y cada una de las actuaciones practicadas con motivo de los recursos de apelación interpuestos en el juicio ordinario mercantil 78/2018; incluyendo, en su caso, la sentencia definitiva de segunda instancia dictada en el toca civil 726-2018-001, así como cualquier resolución declarando firme tales sentencias, cualquier orden de ejecución de las mismas y todas sus notificaciones.
c) Del Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en Acapulco, se reclaman todas y cada una de las actuaciones, se reclama todo acto tendiente a la ejecución de la sentencia dictada en el juicio ordinario civil 78/2018 y la orden dictada al actuario del citado juzgado de ejecutar el desalojo sobre diverso inmueble.
d) De la secretaria actuaria adscrita al juzgado con residencia en Tabares, se reclama el pretendido desalojo que intentó realizar del diverso inmueble.
32. Conoció del juicio el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco, quien lo admitió con el expediente 542/2019 y emitió sentencia determinando, sobreseer por una parte, respecto de los actos identificados con los incisos a) y b), consistentes en la falta de emplazamiento al juicio, todo lo actuado, la sentencia definitiva y las resoluciones recaídas a los recursos de apelación; y, por otra parte, concedió el amparo en contra de los actos de ejecución de sentencia, delimitados en los incisos a), c) y d).
33. Amparo en revisión. En desacuerdo con la anterior sentencia, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, conoció de este el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, quien le otorgó el expediente 79/2020 y emitió sentencia el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno en la que determinó confirmar la sentencia recurrida; sobreseer por una parte y conceder el amparo por otra.
Argumentación de la sentencia
34. El Tribunal Colegiado consideró infundados los argumentos del recurrente, en los que adujo que al generarse una duplicidad de títulos respecto del mismo bien inmueble, se estaría ante una condena estéril porque acreditó ser la única y exclusiva propietaria del mismo y, por ende, no se podrá inscribir la escritura que refiere la sentencia de apelación reclamada; de modo que, tal acto sí le genera un interés jurídico como persona extraña al procedimiento ante la posibilidad de una vulneración en el goce, uso y disfrute de su propiedad, porque a pesar de contar con un título debidamente inscrito -inoponible-, quedaría a expensa de futuras conductas de la actora quien podría incluso trasladar la propiedad, y se le obligaría a litigar cuando ello puede evitarse con la concesión del amparo.
35. Añade que, con la decisión de la Juez de Distrito, cualquier persona podría celebrar contratos de compraventa sin ser titular del derecho de propiedad respecto del objeto materia de obligación y, posteriormente, ante una acción proforma se legitimaría ese derecho que podría utilizarse como título de propiedad; de ahí, que haya reclamado en el amparo violación a tal derecho, así como al de audiencia para no ser privada o afectada en tal propiedad y posesión.
36. En apoyo el recurrente invocó la tesis de rubro: "ACCIÓN PROFORMA. TIENE INTERÉS JURÍDICO LA PERSONA QUE, OSTENTÁNDOSE COMO PROPIETARIA DEL INMUEBLE, RECLAMA SU FALTA DE LLAMAMIENTO AL JUICIO."
37. El Tribunal Colegiado calificó de infundados los anteriores argumentos, porque en sustancia, la propiedad del inmueble no constituye un elemento de la acción proforma, que le conceda interés jurídico; pues se trata de una acción personal que sólo afecta a las partes involucradas en el contrato, sin que lo determinado sobre ellas pueda tener trascendencia sobre los derechos de terceras personas.
38. Ello, pues en el juicio de origen –al que la ahora recurrente efectivamente es tercera extraña porque no es parte formal ni material en el mismo– se advierte que la acción versó sobre un aspecto de naturaleza personal porque la actora demandó de Banca Mifel, como fiduciaria en el fideicomiso número F-364/2005, el otorgamiento y firma de la escritura pública definitiva de trasmisión de propiedad a su favor, libre de todo gravamen y al corriente de pago de sus contribuciones, respecto del diverso inmueble. 39. Ahora bien, los artículos 25 y 27 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, aplicables al procedimiento de origen, establecen, respectivamente, que las acciones personales se deducen para exigir el cumplimiento de una obligación de dar, de hacer o de no hacer, de modo que con los antecedentes antes precisados y que el tercero por falta de título legal tiene acción para exigir que el obligado le extienda el documento correspondiente.
40. Por otra parte, el artículo 3011 de la legislación adjetiva invocada, señala que la acción real es apta para reclamar derechos reales, y se ejerce en contra de quien tiene en su poder la cosa y tiene obligación real, con excepción de la petición de herencia y la negatoria. Esto es, la acción real es aquella que garantiza el ejercicio del demandante para reclamar o hacer valer un derecho sobre alguna cosa, con base en un título que determina el derecho sobre ésta, y se ejercita contra quien tiene en su poder la cosa y tiene obligación real, en términos del numeral citado.
41. En ese sentido, la acción personal es aquélla en la que se exige el cumplimiento de una obligación, como su nombre lo indica, de índole personal, es decir, de dar, hacer o no hacer determinado acto, conforme a lo establecido en el artículo 25 del ordenamiento legal antes invocado.
42. De modo que la diferencia entre una acción real y una personal, sustancialmente radica en el objeto o finalidad que cada una persiguen, pues mientras en la primera el derecho recae en la cosa, la segunda deriva del cumplimiento de la obligación contraída por el sujeto, lo que indiscutiblemente radica en la actuación de quien se compromete a hacer o dejar de hacer algo.
43. Así, la acción proforma prevista en el numeral 27 invocado, que faculta al perjudicado por falta de título legal para exigir del obligado la expedición del documento correspondiente, por supuesto, derivado de una cuestión contractual, determina que se trata de una acción de carácter personal, en tanto requiere que el vendedor suscriba el mencionado título.
44. Cita como apoyo la tesis VII.2o.C.25 C, de rubro: "ACCIÓN DE OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PARA QUE PROSPERE LA, NO SE NECESITA ACREDITAR QUE EL VENDEDOR ES PROPIETARIO DEL BIEN INMUEBLE OBJETO DEL CONTRATO INFORMAL DE COMPRAVENTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)."
45. En ese contexto, si en el juicio de origen se dilucidó una acción personal, y la quejosa, pretende se le dé intervención a ese procedimiento con la finalidad de oponer el derecho de propiedad que aduce tener respecto del bien inmueble controvertido, por virtud de la sentencia de adjudicación dictada por el Juez Cuadragésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México, en el juicio ejecutivo mercantil 107/2009; es claro que su pretensión es que se respete en ese procedimiento el derecho real que dice ejercer respecto al inmueble cuya escrituración se demandó.
46. Sin embargo, si el objeto del juicio de origen fue legalizar el pacto de voluntades suscrito por quienes intervinieron en ese procedimiento, el derecho de propiedad que dice tener la parte quejosa, ahora recurrente, respecto al inmueble relacionado, no se ve afectado por lo actuado y resuelto en ese juicio, pues en dicho asunto no se dilucidó sobre la existencia o vigencia de derecho real alguno, sino que sólo tuvo la finalidad de dar forma legal a un contrato en el que la ahora recurrente no formó parte y, por ende, no puede justificar su interés jurídico por dos situaciones específicas, a saber:
1. Porque las determinaciones dictadas en el juicio de otorgamiento y firma de escritura, sólo afectan a las partes involucradas en ese procedimiento, derivado del contrato que se exhibió como base de la acción.
2. Porque la garantía de audiencia que refiere no se respetó y que fundó en la falta de intervención al juicio, radica en un derecho real, distinto al que se persiguió con la acción personal ejercida en dicho asunto.
47. Esto es, si la demanda de amparo versó en el hecho de que no fue oída ni vencida en el juicio de otorgamiento y firma de escritura respecto al inmueble cuya formalización ahí se solicitó, y del que aduce ser propietaria por virtud de una sentencia de adjudicación dictada en un juicio ejecutivo mercantil, es incuestionable –como lo consideró la Juez de Distrito– que ello constituye la defensa de un derecho diverso al que fue materia de la mencionada controversia, que estrictamente derivó de un contrato de compraventa, en la medida en que en éste lo que se persigue es que la autoridad determine la procedencia o no de la legalización reclamada, es decir, si conforme al contrato de compraventa exhibido en ese juicio existe obligación de otorgar la escritura respectiva.
48. De modo que, la intervención de la quejosa, aquí recurrente, en ese juicio no podría tener por efecto que se examinara el derecho real que dice tener exclusivamente respecto al inmueble relacionado, en tanto que en el litigio de origen se analizó una acción que por su naturaleza es diversa de aquella en la que su objeto lo constituye el examen de un derecho de propiedad; de ahí que, si en el amparo reclamó –en su carácter de tercera extraña al juicio de otorgamiento y firma de escritura– que no se respetó su garantía de audiencia, en tanto no fue oída ni vencida, debe decirse que la tramitación de ese procedimiento no justifica la afectación al derecho de propiedad que dice tener, pues lo resuelto en ese juicio sólo perjudica a quienes fueron parte en él, por tratarse de una acción personal que se ejerció con el objeto de que la demandada otorgara la escrituración del inmueble, materia del contrato de compraventa, a favor de la actora.
49. Es decir, la sentencia que se pronunció en segunda instancia sólo se ocupó de las cuestiones que fueron materia de la litis en ese procedimiento, sin que exista razón legal para que, a través del juicio de amparo se ordene llamar a un tercero, si no fue parte del litigio y, por lo mismo, que el derecho real que dice tener y en el que pretende sustentar su interés jurídico carezca de sustento para su procedencia, en tanto la controversia reclamada ventiló derechos distintos al de propiedad que reclama la quejosa, y lo resuelto en el juicio de origen no prejuzga ni nulifica el derecho que dice tener la ahora recurrente; pues no existe acto de autoridad alguno que permita establecer la privación o afectación de ese pretendido derecho, aun cuando aduzca que generó una duplicidad de títulos que conllevaría su anotación preventiva y su inscripción definitiva en el Registro Público de la Propiedad de Acapulco, Guerrero, afectando su propiedad frente a terceros con la orden de posesión material del referido bien inmueble, pues se trata de futuros actos que no tienen una consecuencia directa sobre lo sentenciado respecto de la acción proforma, sino, se trata de actos secundarios que derivan de la actuación que a la postre podría realizar el fedatario público encargado de la escrituración; por tanto, se insiste, lo resuelto en el juicio de origen no prejuzgó ni nulificó el derecho que dice tener la ahora recurrente.
50. No se desatiende que, en el caso concreto, en la sentencia reclamada también se condenó a la entrega del bien inmueble; empero, esa resolución fue materia de un estudio autónomo por parte del Juez de Distrito, no como una consecuencia directa del otorgamiento y firma de escritura.
51. Entonces, si la finalidad del mencionado juicio de origen consistió en determinar si a virtud del contrato de compraventa ahí exhibido, procedía su formalización en escritura pública, mas no así la propiedad del mencionado inmueble, razón por la que no puede tener cabida la intervención en ese procedimiento de la quejosa, aquí recurrente, para dirimir el aludido derecho de propiedad que dice tener, al perseguir una finalidad diversa a la acción personal ahí ejercida, es por ello que no se justifica la afectación que dice le ocasiona dicho juicio y, por ende, no es verídico que en ese juicio se haya disputado la propiedad y la posesión del bien inmueble relacionado con el mismo.
52. De ahí que, como lo consideró la Juez de Distrito, en el caso sí se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5o., fracción XXIII y 6o., de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados consistentes en la falta de emplazamiento al juicio; todo lo actuado; la sentencia definitiva y las resoluciones recaídas a los recursos de apelación.
53. Señala el Tribunal Colegiado, que por las razones que expuso, no comparte el criterio I.3o.C.360 C (10a.), invocado bajo el rubro: "ACCIÓN PROFORMA. TIENE INTERÉS JURÍDICO LA PERSONA QUE, OSTENTÁNDOSE COMO PROPIETARIA DEL INMUEBLE, RECLAMA SU FALTA DE LLAMAMIENTO AL JUICIO."
54. Esto es así, porque la hipotética duplicidad de títulos no le causaría agravio alguno a la quejosa, pues tal acto no podría inscribirse en el registro público, como se sostiene también en dicho criterio; además, en el considerando octavo de la sentencia recurrida, se otorgó el amparo a la quejosa respecto del aludido derecho de propiedad frente a terceros, al revestirle la calidad de tercera extraño en la etapa de ejecución de sentencia y por haber demostrado su interés jurídico en la misma para defender en el amparo el derecho de propiedad del inmueble materia de controversia en el juicio de origen; protección que tuvo por objeto dejar sin efectos todas las actuaciones que tuvieran como finalidad la entrega del referido bien, donde encuadra precisamente cualquier acto tendiente a la elaboración y firma de e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31738-fe642084/interes-juridico-en-el-juicio-de-otorgamiento-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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