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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN DE OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE (PRO FORMA). LA PERSONA TERCERA EXTRAÑA AL JUICIO CONCLUIDO QUE ACOGIÓ LA ACCIÓN Y QUE SE OSTENTA COMO VERDADERA PROPIETARIA DEL INMUEBLE NO TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR LA FALTA DE LLAMAMIENTO AL JUICIO NATURAL. ACCIÓN DE OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE (PRO FORMA). LA PERSONA TERCERA EXTRAÑA AL JUICIO CONCLUIDO QUE ACOGIÓ LA ACCIÓN Y QUE SE OSTENTA COMO VERDADERA PROPIETARIA DEL INMUEBLE TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR LOS ACTOS DE EJECUCIÓN QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 19/2023. · Registro digital (IUS): 31650
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2023-08-11
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JA
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Agosto de 2023, Tomo III, Pág.2253.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 19/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO, EN AUXILIO DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 31 DE MAYO DE 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA HORTENCIA MARÍA EMILIA MOLINA DE LA PUENTE Y DE LOS MAGISTRADOS ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO, QUIÉN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE EN CUANTO AL FONDO Y ABRAHAM SERGIO MARCOS VALDÉS. PONENTE: MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO. SECRETARIO: RAMIRO IGNACIO LÓPEZ MUÑOZ.

PRIMERO.—Competencia.

17. Este Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte es legalmente competente para conocer de la presente contradicción de criterios, en conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.

18. Si bien uno de los criterios contendientes proviene del amparo en revisión administrativo 128/2022, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito (cuyos actos reclamados provienen del juicio agrario en el que se resolvió una acción pro forma) lo cierto es que la respectiva sentencia fue la última en tiempo, respecto de las demás, ya que se dictó el diecinueve de octubre de dos mil veintidós.

19. En cambio, las demás resoluciones en probable contradicción fueron dictadas con anterioridad; esto es:

20. El amparo en revisión civil 32/2014 del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito (auxiliado por el entonces Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región) fue resuelto el veintidós de abril de dos mil catorce.

21. Las sentencias de los amparos en revisión civil 235/2018 y 251/2018 del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Quinto Circuito fueron emitidas, respectivamente, el veintidós de agosto y el once de abril, ambos de dos mil diecinueve.

22. Así, en virtud de que los criterios de los recursos de amparo en revisión en materia civil fueron emitidos primero en tiempo, la competencia se surte para este Pleno Regional de la misma materia, lo cual tiene como fundamento la razón esencial contenida en el artículo 15 del citado Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal(1), así como lo determinado en el Acuerdo de Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictado el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés en la contradicción de criterios 50/2023, en la parte que dice:

"... y en virtud de que en la referida regulación no se prevé expresamente a qué Pleno Regional le corresponde conocer de contradicciones de criterios en las que el punto a dilucidar guarde relación con aspectos comunes de la legislación de amparo y dado que los Tribunales involucrados en el presente asunto están especializados en diferentes materias atendiendo a lo dispuesto en el artículo 7 y aplicando por analogía el principio considerado en el diverso numeral 15, párrafo segundo, ambos del Acuerdo General 67/2022, en relación con lo previsto en el numeral 1, fracción I, inciso 2, del Acuerdo General 108/2022 dado que, por una parte, la aparente contradicción se suscita entre criterios sostenidos por Tribunales Colegiados de Circuitos que pertenecen a la misma Región, es decir, entre el Primero en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito y el Segundo en Materia Administrativa del Cuarto Circuito pertenecientes a la Región Centro-Norte y, por otra parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito es el que emitió el primero de los criterios en contienda, es decir, el contenido en la resolución emitida en el recurso de inconformidad 7/2012 el veintiuno de junio de dos mil doce, remítase por conducto del MINTERSCJN la versión digitalizada de las constancias de cuenta al Pleno Regional en Materia de Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, por ser el competente para conocer del presente asunto al tratarse del Pleno Regional que ejerce jurisdicción por territorio y materia sobre el Tribunal Colegiado que emitió el primero de los criterios en contienda."

23. Con apoyo en lo anterior, y en virtud de que el presente asunto se trata de una posible contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados del Décimo Quinto Circuito, el cual se encuentra comprendido dentro de la referida Región Centro-Norte, este Pleno Regional en Materia Civil tiene competencia legal para conocer del asunto.

SEGUNDO.—Legitimación.

24. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, toda vez que fue realizada por el Magistrado Gerardo Manuel Villar Castillo, presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, que es uno de los órganos jurisdiccionales contendientes; por lo que se encuentra facultado en términos de lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

TERCERO.—Precisiones preliminares.

25. Como preámbulo sobre la existencia de la contradicción de criterios, se estima necesario realizar las precisiones siguientes:

26. Precisión 1. Aunque uno de los criterios contendientes fue dictado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con sede en Mexicali, en el recurso de amparo en revisión administrativo 128/2022, el cual proviene de un juicio agrario, se estima que no hay obstáculo para conocer de la probable contradicción de criterios, toda vez que de acuerdo con la Ley Agraria, las cuestiones sobre títulos de propiedad de parcelas, su inscripción en el Registro Público de la Propiedad correspondiente, así como lo atinente a la adquisición del dominio de tierras agrícolas o ganaderas, se regirán por las disposiciones del derecho común; tal como se prevé en los artículos 81, 82 y octavo transitorio de la citada ley.(2)

27. Lo anterior aunado a que de acuerdo con el artículo 2o. de la Ley Agraria citada, en términos generales es aplicable supletoriamente la legislación civil federal y, en su caso, la mercantil.(3)

28. Asimismo, el artículo 167 de la citada ley dispone, que en los juicios agrarios aplica de forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles.(4)

29. Por consiguiente, al existir disposición expresa de la Ley Agraria en el sentido de que una vez que las tierras dejan de ser ejidales quedan sujetas al derecho común, se estima que, en cuanto a la materia, existe coincidencia sustancial que admite ser conocida por este Pleno Regional en Materia Civil.

30. Precisión 2. Los asuntos en probable contradicción derivan de sendos juicios de amparo indirecto, en donde se reclamaron procesos sobre la acción pro forma, y en los cuales ya se había emitido sentencia definitiva estimatoria que había causado estado. Es decir, las peticiones de la acción constitucional se promovieron respectos de juicios concluidos, lo cual será un elemento a tomar en cuenta en la presente determinación.

31. La información respectiva se refleja en el siguiente cuadro:

Ver cuadro

CUARTO.—Antecedentes y consideraciones de los criterios en probable contradicción.

1. Amparo en revisión 32/2014.

32. Antecedentes destacados.

33. Este asunto tuvo su origen en tres juicios sumarios civiles, promovido por diversos actores en contra del mismo demandado, en los cuales se demandó la acción pro forma, a saber:

I. Expediente ********** del índice del Juzgado Octavo de lo Civil con sede en Tijuana, Baja California.

I.1. El demandado contestó la demanda.

I.2. El veintiocho de octubre de dos mil ocho se dictó sentencia que condenó al otorgamiento de la escritura pública; a abrir una clave catastral y a la certificación del plano del inmueble.

I.3. La sentencia causó ejecutoria el cuatro de febrero de dos mil nueve.

II. Expediente ********** también del índice del Juzgado Octavo de lo Civil con sede en Tijuana, Baja California.

II.1. El demandado contestó la demanda.

II.2. El veintiséis de noviembre de dos mil nueve se dictó sentencia que condenó al otorgamiento de la escritura pública; a abrir una partida para la inscripción correspondiente; a abrir una clave catastral y a la certificación del plano del inmueble.

II.3. La sentencia causó ejecutoria el veintitrés de febrero de dos mil diez.

III. Expediente ********** también del índice del Juzgado Octavo de lo Civil con sede en Tijuana, Baja California.

III.1. El demandado contestó la demanda.

III.2. El nueve de septiembre de dos mil nueve se dictó sentencia que condenó al otorgamiento de la escritura pública; a abrir una partida para la inscripción respectiva; a abrir una clave catastral y a la certificación del plano del inmueble.

III.3. La sentencia causó ejecutoria el veintiséis de octubre de dos mil nueve.

34. Ahora, el diecinueve de abril de dos mil doce, múltiples personas, en su calidad de quejosos, promovieron juicio de amparo indirecto en el que reclamaron la falta de emplazamiento o notificación a los juicios sumarios civiles precisados en párrafos precedentes, así como sus consecuencias, consistentes en el otorgamiento de la cuenta predial; la certificación del plano topográfico; la inscripción de la escritura pública en el Registro Público de la Propiedad y la cancelación de partidas.

35. Correspondió conocer del juicio de amparo indirecto al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana (expediente ********) y el treinta y uno de octubre de dos mil doce se dictó sentencia constitucional en la que se sobreseyó en el juicio con base en el artículo 73, fracción V, de la anterior Ley de Amparo, al considerarse que los quejosos no cuentan con interés jurídico.

36. La parte quejosa interpuso recurso de revisión, del que conoció al Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito (expediente 32/2014).

37. El veintidós de abril de dos mil catorce el, entonces Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, resolvió el recurso en el sentido de confirmar la sentencia recurrida que se sobreseyó en el juicio de amparo indirecto.

38. Consideraciones esenciales:

39. - Tuvo por actualizada la causa de improcedencia contenida en la fracción V del artículo 73 de la entonces Ley de Amparo, que disponía que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso.

40. - Sostuvo consideraciones acerca del interés jurídico en el amparo, y consideró que la parte quejosa, quien a su vez era recurrente, no contaba con interés jurídico para reclamar la falta de emplazamiento al juicio en donde se resolvió sobre la acción de otorgamiento y firma de escritura de compraventa (pro forma) y tomó como base las consideraciones que la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió al resolver la contradicción de tesis 25/93, en cuya ejecutoria se consideró que la propiedad del inmueble no es un hecho constitutivo de dicha acción (jurisprudencia 3a./J. 33/93, de rubro: "ACCIÓN DE OTORGAMIENTO ESCRITURA DE COMPRAVENTA. EL DERECHO DE PROPIEDAD DEL VENDEDOR RESPECTO DEL BIEN OBJETO MATERIA DEL CONTRATO NO ES UN HECHO CONSTITUTIVO QUE DEBA PROBARSE POR EL ACTOR."

41. - Estimó que la finalidad de la acción en comento es únicamente la de dar a un contrato la forma exigida por la ley, lo que implica su existencia previa, de tal suerte que el demandante no persigue cuestionar su validez por la concurrencia de algún vicio, sino que pretende que el contrato adquiera validez plena.

42. - La acción pro forma es de carácter personal, en la cual no está en juicio el derecho de propiedad del vendedor respecto del bien objeto materia del contrato informal de compraventa, pues los hechos constitutivos de esa acción son la celebración del contrato informal de compraventa y el cumplimiento de las obligaciones impuestas, de tal manera que, con su acreditamiento, el actor demuestra la existencia de la obligación y su exigibilidad, circunstancias por las que le corresponde el ejercicio de la acción mencionada; por lo que es inadmisible que al actor se le exija probar la propiedad del inmueble, o bien, permitir la incursión en ese juicio de un tercero que aduzca mejor derecho de propiedad que el vendedor en el contrato privado, pues hacerlo conllevaría una alteración de la litis concebida para ese tipo de juicios, cuya única finalidad es dar a un contrato la forma exigida por la ley.

43. En los procedimientos de origen no se prejuzga sobre el derecho de propiedad que aducen los recurrentes, quienes en todo caso tienen las acciones civiles a su alcance para demostrar que cuentan con mejor derecho.

2. Amparos en revisión 235/2018 y 251/2018.

44. Antecedentes del amparo en revisión 235/2018.

i) La parte actora demandó en la vía sumaria civil el otorgamiento de escritura pública del bien inmueble materia de la controversia, que fue admitida el cinco de febrero de dos mil quince, por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Partido Judicial de Tijuana, Baja California admitió el asunto y lo registró con el expediente *********.

ii) El cinco de julio de dos mil dieciséis, el Juez del proceso dictó sentencia definitiva en la que condenó al demandado a otorgamiento y firma de escritura de la compraventa del inmueble.

iii) El veintiuno de agosto de dos mil diecisiete el Juez del proceso ordenó la elaboración de la escritura pública correspondiente y su inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Ensenada, Baja California.

iv) Diversa parte, en su calidad de tercero extraño al procedimiento natural promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó la privación de sus derechos de propiedad respecto del inmueble a que se refiere materia del juicio sumario civil en comento; la falta de llamamiento al juicio; la cancelación de una inscripción en el Registro Público de la Propiedad, así como la inscripción de la escritura pública.

v) El Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California admitió el juicio de amparo indirecto (expediente ********) y el veintitrés de julio de dos mil dieciocho dictó sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo indirecto, al considerar que la quejosa carece de interés jurídico para instar el juicio de amparo indirecto de que se trata.

vi) La parte quejosa interpuso el recurso de revisión. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Quinto Circuito (toca 235/2018) mediante resolución de veintidós de agosto de dos mil diecinueve confirmó el sobreseimiento.

45. Antecedentes del amparo en revisión 251/2018.

i) El diez de septiembre de dos mil siete la parte actora demandó en la vía sumaria civil el otorgamiento de escritura pública de la compraventa de un inmueble; juicio que se radicó ante el Juez Cuarto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana admitió el asunto y lo registró con el expediente *********.

ii) Se declaró la rebeldía del demandado al contestar la demanda instaurada en su contra.

iii) El dos de junio de dos mil ocho, el Juez de instancia dictó sentencia definitiva en la que condenó al demandado a otorgar en escritura pública a favor del actor del contrato de compraventa del inmueble.

iv) El siete de mayo de dos mil dieciséis, la sentencia causó ejecutoria, por lo que se ordenó remitir el asunto al notario público a fin de que realizara la protocolización de la escritura pública respectiva, a lo que dio cumplimiento.

v) Diversa parte, en su calidad de tercera extraña al procedimiento natural, promovió juicio de amparo indirecto en donde adujo la falta de emplazamiento a la controversia natural, la sentencia ejecutoria y la disposición del bien inmueble del que la quejosa afirma que es de su propiedad.

vi) El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales con residencia en Tijuana, Baja California admitió la demanda (amparo indirecto ********) y el ocho de agosto de dos mil dieciocho dictó sentencia que sobreseyó en el juicio constitucional por falta de interés jurídico.

vii) Interpuso recurso de revisión (toca 251/2018). El once de abril de dos mil diecinueve, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Quinto Circuito dictó resolución que confirmó el sobreseimiento.

46. Consideraciones sustanciales:

47. En ambas sentencias dictadas en los recursos de revisión se sostuvieron consideraciones similares, que admiten resumirse en las siguientes:

48. - En la acción pro forma se demanda que el contrato se eleve a categoría de escritura pública y, por tanto, es una acción personal, en la cual el actor sólo debe demostrar la existencia del contrato previo y que cumplió con sus obligaciones pactadas; por lo que la propiedad no constituye un elemento de dicha acción.

49. - Igualmente se apoyó en la jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, de rubro: "ACCIÓN DE OTORGAMIENTO DE ESCRITURA DE COMPRAVENTA. EL DERECHO DE PROPIEDAD DEL VENDEDOR RESPECTO DEL BIEN OBJETO MATERIA DEL CONTRATO NO ES UN HECHO CONSTITUTIVO QUE DEBA PROBARSE POR EL ACTOR."

50. - La propiedad del inmueble objeto del contrato de compraventa no es un hecho constitutivo de la acción de otorgamiento de escrituras, por lo que es inadmisible que al actor se le exija probar la propiedad del bien materia del contrato, o bien, permitir la controversia sobre ese aspecto en el juicio, pues hacerlo llevaría una alteración de la litis concebida para este tipo de conflicto, cuya única finalidad es dar a un contrato la forma exigida por la ley.

51. - Si la propiedad no puede ser motivo de estudio en la sentencia, pues con ello se alteraría la litis del juicio, debe considerarse que no es posible que un tercero la controvierta en el juicio de la acción pro forma, aduciendo mejor derecho que quien figuró como vendedor en el contrato privado de compraventa; pues lo contrario implicaría obligar al Juez natural a examinar en el juicio de la acción pro forma, cuál de las partes (entre el recurrente como tercero extraño y el demandado natural) cuenta con mejor derecho de propiedad, aspecto sobre el cual no puede pronunciarse, precisamente por la naturaleza de la acción.

52. - Lo anterior, aunado a que no se reclamó un acto específico de desposesión en contra de la recurrente.

53. - Sin que sea óbice que en la jurisprudencia citada, la entonces Tercera Sala haya considerado que la licitud del objeto o la falta de validez del contrato de compraventa debe ser probada por quien tenga interés en afirmarla, como lo es el tercero que, en su caso se ostentara como dueño. Lo anterior, ya que en congruencia con las consideraciones que vertió en torno a la naturaleza de la acción, no es posible en el propio juicio conciliar el ejercicio de ese derecho con el juicio de otorgamiento de escritura pública, en tanto, se reitera, los efectos de la sentencia no son constitutivos del derecho de propiedad; de ahí que dicho juicio de otorgamiento de escritura pública no implica el desconocimiento de derecho alguno de la disconforme, cuyo ejercicio podrá ventilar a través de las instancias correspondientes.

3. Amparo en revisión administrativo 128/2022.

54. Antecedentes relevantes:

a) La parte actora inició juicio agrario, procedimiento administrativo de titulación, en el que demandó a las autoridades dependientes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para hacer valer la acción pro forma de otorgamiento de título de propiedad del predio materia de la controversia. b) El Tribunal Unitario Agrario del Distrito 45, con residencia en Ensenada, Baja California admitió el asunto, lo registró con el expediente ******** y dictó sentencia definitiva en la que condenó al demandado al otorgamiento y firma de escritura del inmueble referido.

c) El veintiuno de agosto de dos mil diecisiete el Juez del proceso ordenó la expedición del título de propiedad.

d) Una persona que se ostentó tercera extraña al procedimiento natural promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó la falta de emplazamiento al juicio agrario; todo lo actuado en éste; la expedición del título de propiedad por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario; la inscripción de dicho título en el Registro Público de la Propiedad; los trabajos técnicos de deslinde y levantamiento de los terrenos.

e) El diez de noviembre de dos mil veintiuno, el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California emitió la sentencia constitucional en la que concedió la protección constitucional.

Los efectos fueron los siguientes:

"- El amparo se otorga para el efecto de que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 45, con sede en Ensenada, Baja California:

"- 1. Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio agrario **********, a partir del auto admisorio, y se requiera a la actora **********, para que, si lo desea, amplíe su demanda frente a **********, a fin de que esté en aptitud de defender sus derechos en ese juicio agrario, que aduce tener sobre el predio sin número denominado ***********, del distrito de colonización**********, delegación ********** Municipio de **********, (**********); en la inteligencia de que el llamamiento al juicio de la quejosa constituye una exigencia para dar trámite al juicio agrario natural.

"- Amparo que se hace extensivo respecto de aquellos actos de ejecución reclamados, pues lo cierto es que su constitucionalidad depende de manera directa del procedimiento que aquí fue declarado ilegal"

f) La parte tercera interesada interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Quinto Circuito (toca 128/2022) y el diecinueve de octubre de dos mil diecinueve confirmó la sentencia constitucional que concedió el amparo.

55. Consideraciones esenciales:

56. - La acción pro forma tiene como finalidad la exteriorización material de un acto que, por su naturaleza y características, la ley le impone una determinada formalidad; es decir, a que el acto jurídico celebrado se haga patente en un documento que contenga la transmisión del derecho de propiedad. Por tanto, es una acción personal, en la cual, la propiedad no constituye un elemento de dicha acción ejercida con motivo de una compraventa.

57. - En cambio, la propiedad del inmueble objeto del contrato de compraventa no es un hecho constitutivo de la acción de otorgamiento de escritura pública, por lo que es inadmisible que al actor se le exija probar la propiedad del bien materia del contrato, o bien, permitir la controversia sobre ese aspecto en el juicio, pues hacerlo llevaría una alteración de la litis concebida para este tipo de conflicto.

58. - Sin embargo, al margen de la naturaleza jurídica de la acción pro forma, su ejercicio sí puede afectar el derecho de quien estime que efectivamente es el propietario del inmueble, a quien es preciso llamar a efecto de que rinda prueba y alegue al respecto; debido a que en ese escenario existe la posibilidad de que haya dos propietarios; pero conforme al principio lógico de no contradicción, que reza que es imposible que una misma cosa sea y no sea al mismo tiempo, no es factible que, dada esa incertidumbre, se pueda ordenar que se emita el título de propiedad materia de la acción pro forma.

59. - Si bien es cierto que la opinión predominante de los órganos jurisdiccionales es que en esta clase de juicio un tercero extraño carece de interés jurídico para reclamar la transgresión al derecho fundamental de audiencia, también lo es que lo resuelto por ellos no es imperativo para el tribunal que resuelve, pues la convicción en torno al tema debatido es que no existe razón lógica ni jurídica para negar la participación de quien se ostenta como titular del inmueble en cuestión, ya que ello implica una clara violación al principio de eficacia de las resoluciones judiciales, pues carece de razón un juicio que va a ordenar que se emita un título de propiedad respecto de un inmueble, cuando al respecto existe una diversa persona que también se ostenta como propietaria; por lo que no debe negársele a un tercero que afirma ser propietario del inmueble y ofrece pruebas para acreditar tal extremo, la oportunidad de ser llamado para probar que se pretende expedir un título de propiedad respecto de un predio del que ya detenta un acto traslativo de propiedad, ello, sin analizar aspectos vinculados con el indicado derecho.

60. - Inclusive, en la jurisprudencia de rubro: "ACCIÓN DE OTORGAMIENTO DE ESCRITURA DE COMPRAVENTA. EL DERECHO DE PROPIEDAD DEL VENDEDOR RESPECTO DEL BIEN OBJETO MATERIA DEL CONTRATO NO ES UN HECHO CONSTITUTIVO QUE DEBA PROBARSE POR EL ACTOR.", la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró, aunque de manera velada, la posibilidad y la necesidad de llamar a un juicio pro forma a un tercero que se ostente como propietario del inmueble.

61. - Cuando se ejerce la acción pro forma, existen dos posibles escenarios; uno, en el que no existe el menor indicio de que la propiedad –condición genérica, normal y constante– corresponde a otra persona y donde traer a colación esa cuestión, como un requisito de procedencia, efectivamente desnaturalizaría la litis y, otro, en el que por casualidad un tercero conoce la existencia de un juicio en el que se pretende dar forma a un contrato de compraventa, cuyo objeto es un bien de su propiedad, donde dar curso a tal pretensión no sólo es jurídicamente posible, sino, ante todo, necesario.

62. Dijo compartir el criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, reflejado en la tesis aislada I.3o.C.360 C (10a.) (registro digital: 2021187), de rubro: "ACCIÓN PROFORMA. TIENE INTERÉS JURÍDICO LA PERSONA QUE, OSTENTÁNDOSE COMO PROPIETARIA DEL INMUEBLE, RECLAMA SU FALTA DE LLAMAMIENTO AL JUICIO."

63. Hasta aquí las consideraciones sustanciales de los tribunales contendientes.

QUINTO.—Existencia de la contradicción.

64. El análisis sobre la existencia de una contradicción de criterios tiene que abordarse desde la necesidad de unificar criterios jurídicos en el país, pues su objetivo es otorgar seguridad jurídica a los juzgadores y a los justiciables; dado que lo que se pretende es preservar la unidad en la interpretación de las normas jurídicas.

65. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido, que para que exista una contradicción de criterios basta con identificar, en principio, una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales; con independencia de que exista o no identidad en las situaciones fácticas que los precedieron.

66. Lo anterior tiene sustento en las tesis siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(5)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(6)

67. Si la finalidad de la contradicción de criterios es, precisamente, la unificación de criterios y el problema radica en los procesos de interpretación –que no en los resultados– adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes, entonces, como lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte, es posible afirmar la existencia de una contradicción cuando se cumplan los siguientes requisitos:

1. Que los órganos jurisdiccionales contendientes, a fin de resolver alguna cuestión litigiosa ejerzan su arbitrio judicial a través de algún ejercicio interpretativo, con independencia del método utilizado.

2. Que en tales ejercicios interpretativos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico y con posturas contrarias o contradictorias; ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

3. Que la situación anterior pueda dar lugar a la formulación de un cuestionamiento genuino acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

68. En atención a lo anterior, se procederá a analizar si en el caso se acreditan los requisitos para determinar la existencia de una contradicción de criterios.

A. Primer requisito: realización de un ejercicio interpretativo.

69. Este requisito se colma en el caso, toda vez que los tres Tribunales Colegiados de Circuito ejercieron su arbitrio judicial al resolver las cuestiones de derecho que les fueron presentadas.

70. Esto es así, pues los tres órganos colegiados realizaron ejercicios interpretativos sobre la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo (uno de los tribunales aplicó el artículo 73, fracción V, de la ley de la materia vigente hasta el dos de abril de dos mil trece) consistente en que el acto reclamado no afecte el interés jurídico de la parte quejosa.

B. Segundo requisito: el ejercicio interpretativo realizado por los tribunales contendientes gira en torno a un mismo problema jurídico y se arriba a soluciones contradictorias o contrarias.

71. Este requisito también se colma.

72. Una contradicción se produce cuando existen dos o más posiciones, las cuales, a la vez, una afirma, y la otra niega, igual cualidad respec

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31650-c7dc8447/accion-de-otorgamiento-de-escritura-publica-de-compraventa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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